Sentencia 18076 de noviembre 19 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 18076

Acta Nº 53

Magistrado Ponente:

Dr. Germán Valdés Sánchez 

Bogotá, D. C., diecinueve de noviembre de dos mil dos.

Resuelve la Corte sobre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de Santa Marta, dictada el 19 de julio de 2001 en el juicio ordinario laboral que promovieron MÓNICA MARÍA CÓRDOBA DÍAZ y su hija contra TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP., TENCO, Y PROMIGAS S.A.

Antecedentes

Mónica María Córdoba Díaz, en su propio nombre y en el de su hija menor de edad, Stephanie Andrea Gómez Córdoba, demandaron a Techint International Construction Corp., Tenco, y solidariamente a Promigas S.A. con el fin de obtener la indemnización prevista por el artículo 216 del CST, así como la indexación y los intereses.

Para fundamentar las pretensiones afirmaron que Camilo S. Gómez Ortiz celebró contrato de trabajo con la empresa Tenco para desempeñar el cargo de capataz; que el 27 de noviembre de 1992 el trabajador sufrió un accidente de trabajo cuando desarrollaba el procedimiento de limpieza y calibración de los tubos del gasoducto, que le produjo la muerte; que el procedimiento aludido es altamente peligroso y el siniestro se dio por falta de seguridad en la operación, para la cual el operario fallecido no se encontraba capacitado; y que Promigas S.A. fue la sociedad que contrató a la sociedad empleadora, por lo cual responde solidariamente con ella.

Tenco se opuso e invocó como excepciones falta de competencia, inexistencia de la obligación, pago y carencia de título y de causa.

Promigas también se opuso a las pretensiones e invocó como excepciones falta de competencia, inexistencia de la responsabilidad, ausencia de solidaridad, pago y falta de causa.

El Juzgado 4º Laboral de Santa Marta, mediante sentencia del 12 de abril de 2000, condenó a las empresas demandadas a pagar a las demandantes, por partes iguales, $279.662.772.00 por perjuicios materiales, y en la misma proporción, $4.000.000.00 por perjuicios morales. Absolvió de lo demás.

La sentencia del tribunal

Apelaron las demandantes y la empresa Tenco. El Tribunal de Santa Marta, en la sentencia aquí acusada, modificó la del Juzgado en el sentido de reducir a $165.324.720.00 los perjuicios materiales y elevar a $10.000.000.00 los perjuicios morales. En lo demás, la confirmó.

Dijo el Tribunal:

“Lo que se discute es la culpa del señor Camilo Stefan Gómez Ortiz, en la ocurrencia del accidente.

“De la investigación realizada por Techint (folios 412-451), en el proyecto de ampliación del Gasoducto Ballenas-Barranquilla, tramo Gaira-Barranquilla, se desprende que el señor Camilo Stefan Gómez Ortiz se desempeñaba como capataz de la fase de empalme y limpieza de tubería. Y se agrega: El día del accidente el señor Camilo Stefan Gómez Ortiz llega a la trampa de raspados hacia las 7:15. Hace inspección visual de la trampa y procede a retirar un tapón para introducir una varilla y verificar si estaban o no los raspadores, comprobó que no se encontraban; sabiendo que la tubería se encontraba bajo presión, abre la tapa de la trampa y observa que el raspador se encontraba obstruido entre el barril y la válvula de 24. Ordena prender los compresores que se encuentran en el PK 202 + 300 para impulsar los raspadores. A pesar de lo anterior, los raspadores no salieron, entonces ordena ubicar la grúa frente a la trampa con el propósito de liberarlos, utilizando manila y grúa. Ordena apagar los compresores. Luego que se apagaron los compresores se acerca a la puerta de la trampa, y por los efectos de la presión de aire súbitamente salieron disparados los marranos y en el recorrido golpearon su cuerpo proyectándolo violentamente contra los apoyos de la grúa”.

Examinó los testimonios de Giampetro Zanin, Roberto Tobo, Ramón Roberto Baumgartner, Jaime Velásquez Pardo, Aníbal Manual Muñoz, Fabio Rodríguez Gutiérrez, Hernando Vanegas Cuenca, Fernando Rojas Rodríguez, Pedro Bermúdez Acosta y Álvaro Sánchez Hernández.

En seguida dijo:

“A pesar de que la mayoría de los testigos hacen referencia a la seguridad industrial que suministraba Techint, y que algunos de ellos, porque otros dicen lo contrario, manifiestan que la labor desarrollada por el demandante la puede realizar una sola persona, y que el demandante no era la primera vez que realizaba la labor de limpieza, hay aspectos que permiten concluir en el accidente culpa del empleador, porque el señor Camilo Gómez tenía como labor a desarrollar ese día la limpieza, y era la primera vez que iba a realizar dicha labor en esa obra lo que exigía no sólo una capacitación teórica, sino tomar las medidas de seguridad necesarias para que las pudiera realizar. No debieron enviarlo a desarrollar dicha labor por primera vez, sin estar asistido de personal experto y capacitado. Porque además es razonable que un trabajador cuando está realizando por primera vez la labor encomendada quiera demostrar su capacidad para efectuar, y hace todo lo necesario para culminarla con éxito, pues de eso depende que conserve su trabajo.

“Si el señor Gómez no estuviera desarrollando como jefe máximo la labor de limpieza, su actitud podría haber sido otra, esperar las órdenes o sugerencias del personal de seguridad o de quien estuviera capacitado directamente en el lugar de trabajo.

“Por consiguiente lo alegado por la demandada, que el accidente ocurrió por imprudencia del trabajador, no es totalmente de recibo. Es cierto que a éste no se le puede exonerar de toda culpa, pues actuó con suficiencia y riesgo, no con la familiaridad de los riesgos propios del oficio de un trabajador experimentado, pero la empresa no obstante que en ese trayecto era la primera vez que se realizaba esa obra lo dejó solo, el personal de seguridad no llegó a la hora indicada para empezar la labor, y cuando llegó el accidente ya había ocurrido”.

Más adelante dijo:

“La empresa como se expuso no está exenta de culpa. Todo lo que la empresa señala debió hacer el señor Gómez, como esperar la llegada de los marranos sin necesidad de abrir la tapa del lugar de la tubería a donde éstos llegan, hacen parte de una debida instrucción para enviar a un trabajador a realizar un trabajo, como el que el señor Gómez iba a hacer.

“Algunos de los testigos hacen referencia a que no era una labor peligrosa, podía que así fuera para un trabajador con mucho tiempo de estar desarrollando esa labor, por lo tanto no se puede decir que la presencia de el supervisor era inocua; en ese momento hubiera sido decisiva, porque el procedimiento para retirar los marranos hubiera sido otro, como lo indica el mismo recurrente y <nunca hubiera ocurrido la tragedia que ahora nos ocupa>, o el demandante hubiera sido menos atrevido en el desempeño de sus labores, le habían podido advertir del peligro que significaba el trabajo que el iba a hacer. Este procedimiento no se podía omitir en el caso del señor Gómez, porque entre otras cosas era la primera vez que iba a realizar la labor de limpieza y es por esto que no se le puede endilgar al trabajador la culpa grave, que es la que, en el caso de culpa suficientemente comprobada libera de responsabilidad al empleador.

“La culpa de la empresa no sólo radica en no enviar una persona que supervisara la operación que estaba efectuando el señor Camilo Gómez, sino también en enviarlo a realizar dicha labor, sin una instrucción práctica. No es una obligación del trabajador solicitar la presencia del jefe de seguridad, es obligación de la empresa, cuando el personal está empezando en una labor como la que debía desarrollar el señor Camilo Gómez, exigir personal para que estuviera atento. A una persona sola le queda muy difícil estar pendiente de todo el procedimiento que indican los testigos, porque no se trataba de alguien con una profesión y experiencia en ese campo. Para tal responsabilidad, que se repite no estaba exenta de riesgo, no era una prueba sencilla y rutinaria como lo considera el inspector o supervisor de seguridad. Por consiguiente, no hay bases para cambiar lo dispuesto en primera instancia con respecto a la concurrencia de culpas y asignarle ésta únicamente al trabajador, porque basta con que esté demostrado que la empresa no suministró al trabajador la instrucción y vigilancia adicional, que no tomó las medidas de seguridad necesarias para que no se presentaran accidentes, para que no esté exenta o niegue su responsabilidad. Por consiguiente, hay que concluir que se estuvo ante a una culpa compartida, pues como se expuso el trabajador actuó con imprudencia profesional, pero no con provocación deliberada o culpa grave.

“3.- Con respecto al monto de la condena. Perjuicios Materiales:

Daño Emergente.- No se demostró en el proceso que se hubieran sufragado gastos, a consecuencia del accidente, pues la muerte fue inmediata.

Lucro Cesante.- Se queja el apoderado de la parte demandante del salario que tomó la juez para liquidar este rubro, que en el proceso se encuentra probado que el salario base de liquidación era de $955.196.58, pero el promedio teniendo en cuenta todas las prestaciones sociales era $1.000.000. Que no se debe tomar como lo hizo la juez de primera instancia, un salario de $653.000 que aparece en el contrato de trabajo.

“En esta instancia, se practicó una nueva prueba pericial, para resolver la objeción presentada al primer dictamen, el cual se rindió en audiencia, y del que se corrió el respectivo traslado (folios 43 a 58, 113 a 115). En este se tomó como salario el señalado en la liquidación final como último salario $650.000 más el salario en especie de $3000 (folio 107), para un total de $653.000.

“Dictamen que al tenor de lo dispuesto en el art. 238-5 del C. de P.C., no admite objeciones, sólo aclaración o complementación.

“La parte demandante insiste en que la base salarial no es de $653.000, sino de $955.190.56, y es el que la empresa tiene como base de liquidación de las prestaciones sociales.

“Es cierto que al contestarse el hecho tercero de la demanda se dice que esta suma de $955.190.56, se constituyó con el promedio de lo devengado, pero para efectos de determinar el lucro cesante, hay conceptos salariales que por el hecho de corresponder a un trabajo efectivo, no se puede tener en cuenta como salario, por ejemplo las horas extras o el del trabajo nocturno. No se desconoce que el ingreso base de liquidación para efectos de cotizar al Sistema de Pensiones y Riesgos Profesionales, corresponde a todo lo que el trabajador haya devengado y constituya salario, pero esta cotización se paga con lo que realmente trabajó el afiliado.

“La indemnización plena de perjuicios no se construye, requiere de unos supuestos especiales, y en la base para liquidarla no se deben incluir conceptos que dependen de que el trabajador labore tiempo suplementario, es decir por encima de la jornada de trabajo, o que dicha jornada se desempeñe en horario diurno o nocturno.

“Por consiguiente, el salario que tomó el perito para liquidar la indemnización de perjuicios es al que efectivamente se debe acudir.

“3.1.- Con relación al porcentaje que se descontó por la coparticipación en el accidente de la víctima. En primer lugar hay que anotar que cuando se concluye la culpa compartida hay que establecer la distribución del monto de la reparación se reduce en consecuencia lo que debe pagar el demandado. Algunos han estimado que debe ser de 50 y 50, pues consideran que si las dos culpas son causa del daño, cada una la produjo en su integridad, no en parte. La tesis de la jurisprudencia Colombiana es que la distribución debe hacerse con el criterio de gravedad y trascendencia de la culpa, y este es el que comparte la Sala.

“El perito para determinar el monto que correspondió a la víctima tomó el porcentaje de la sentencia de primera instancia, es decir el 15%. Pero en esta instancia, se considera que el porcentaje es mayor, y se determina en un 30%. Por consiguiente, la indemnización a cancelar será de $165.324.720, los cuales se distribuirán en partes iguales para las demandantes.

“3.2.- Perjuicios Morales.- La jurisprudencia laboral ha acogido, lo expuesto por la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la cuantía de los perjuicios morales, según la cual, dada la índole subjetiva de éstos, y por ser inconmensurable el monto del daño moral, no puede ser materia de regulación pericial, sino del prudente arbitrio del juzgador.

“En el caso a estudio, no se puede desconocer el sufrimiento, que la trágica muerte de señor Camilo Gómez Ortiz produjo a su esposa e hija, por lo que se fijará en la suma de $5.000.000 para cada una.

“4.- Con respecto a la solidaridad, la juez de primera instancia la declara y condenó a Promigas S. A. y a Techint International Construction Corp. Tenco, al pago de las condenas. Como la demandada que apeló no formuló ninguna objeción al respecto, este punto no es motivo de discusión. Por lo tanto, se confirma dicha solidaridad”.

El recurso de casación

Fue propuesta por las demandantes y por las dos sociedades demandadas, pero de estas últimas el recurso solo fue sustentado por Tenco.

Como la empresa Tenco persigue la anulación integral de las condenas, se estudiará antes que el de las demandantes.

El recurso de casación de Tenco

Persigue que la Corte case la sentencia del Tribunal en sus resoluciones de condena, para que, en función de instancia, revoque las que impusiera en el mismo sentido el Juzgado del conocimiento y que, en su lugar, absuelva a la parte demandada.

Con esa finalidad formula un único cargo contra la sentencia del Tribunal, que fue replicado por las demandantes.

El cargo acusa la violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 216 del CST, en relación con los artículos 11, 18, 56 y 57-2 y 199 del CST, 63, 1604, 1613, 1614, 1616, 1757 y 2357 del Código Civil.

Afirma que la violación de la ley se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho evidentes:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO fue culpable de la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió el Señor CAMILO STEFAN GÓMEZ ORTIZ.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora junto con la empresa contratante de la obra, tenía un procedimiento para las periódicas operaciones de limpieza y calibración de la tubería del gasoducto en construcción.

“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la operación de limpieza y calibración era algo extraordinario que se hacía por primera vez.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que la operación de limpieza y calibración de la tubería es algo normal en obras de construcción de ductos y que en la obra de ampliación del gasoducto Ballenas, tal operación ya se había realizado con anterioridad con participación del Señor GÓMEZ.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que para la operación de limpieza y calibración de tubería, como la que se realizaba el día del accidente ocurrido al Señor GÓMEZ y, específicamente, para la que se llevó a cabo en dicho día, la tubería tenía mecanismos de seguridad o válvulas para despresurizar el tubo antes de abrir la tapa y extraer los <scraper> o <marranos> con los cuales se hacía la limpieza y calibración de dicha tubería.

“6. No dar por demostrado, estándolo, que el riesgo que se deriva de una operación de limpieza de la tubería de un ducto en construcción es propio de la actividad constructora de oleoductos y, por lo tanto, está dentro del ámbito de la responsabilidad objetiva.

“7. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador cumplió con la obligación de haber dado previa instrucción y capacitación al Señor GÓMEZ sobre la forma como debía proceder en la actividad normal que se realizaba el día del accidente del trabajador.

“8. No dar por demostrado, estándolo, que el Señor GOMEZ tenía experiencia, estaba capacitado y ya había realizado tareas relacionadas con la operación de limpieza y calibración de la tubería del gasoducto en construcción.

“9. No dar por demostrado, estándolo, que el Señor GOMEZ actuó en contra de su experiencia y conocimiento al desatender el procedimiento a seguir para extraer los <scraper o marranos>.

“10. No dar por demostrado, estándolo, que el Señor GOMEZ, sin concurrir culpa de la empleadora, asumió de manera inconsulta una conducta flagrantemente violatoria del procedimiento establecido para las operaciones de limpieza y calibración de la tubería del gasoducto en construcción”.

Dice la sociedad recurrente que los errores de hecho ocurrieron debido a la equivocada apreciación de la contestación de la demanda presentada por Tenco y de la investigación realizada por la misma empresa (folios 412 a 451), así como a la falta de apreciación del contrato civil de obra celebrado entre Promigas y Tenco (folios 30 a 75), el informe patronal del accidente (folios 109 y 399), la contestación de la demanda de Promigas, el contrato de trabajo (folios 389 a 395), la certificación expedida por el señor Giampetro Zanin, las fotos y planos de la tubería y los mecanismos de seguridad de folios 473 a 476, las certificaciones de pruebas de limpieza de la tubería, expedidas por el señor Camilo Gómez (folios 477 y 478) y el acta de inspección judicial (folios 660 a 662).

Y agrega que, demostrado el yerro fáctico con las pruebas idóneas, se corrobore su demostración con los testimonios de Roberto Tobo, Ramón Baumgartner, Aníbal Manuel Muñoz, Fabio Rodríguez, Jaime Velásquez Pardo, Hernando Vanegas Cuenca, Fernando Rojas, Pedro Bermúdez, Álvaro Sánchez Hernández y Hugo Ferney Díaz.

Para la demostración del cargo la sociedad comienza por hacer unos comentarios sobre el alcance del artículo 216 del CST, y en seguida dice:

“(…)

“5. La violación de la normatividad sustancial por el ad quem, por causa del error de hecho que se aduce se demuestra al observarse lo siguiente:

“a. Si para una actividad de trabajo, como lo era en este caso, la limpieza y calibración de una tubería en la construcción de un oleoducto, la empresa tiene un procedimiento; si este procedimiento es normal en obras relacionadas con la construcción de ductos; si para este procedimiento normal existen mecanismos de seguridad; si además se han impartido las instrucciones pertinentes; si el trabajador que lo ejecuta conoce tal procedimiento y tiene experiencia y capacidad para hacerlo, por no ser siquiera la primera vez y si, el trabajador con conocimiento, instrucción, capacidad y experiencia desatiende tal procedimiento, no puede concluirse que la parte demandante que alega la culpa patronal ha demostrado plena y lo suficientemente dicha culpa del empleador.

“b. No obstante, no haber demostrado la parte actora, plena y suficientemente, la culpa patronal de TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. TENCO y, en cambio, aparecer acreditada la diligencia y cuidado ordinario y medianos que se le exige a la parte empleadora para los efectos de estar exonerada de la culpa leve a la que se refiere el artículo 216 C.S.T., el Ad Quem condena a TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. TENCO a la indemnización plena, al no revocar la condena que había impuesto el Juez de primera instancia y decidir solamente ajustar las cuantías de dicha condena.

“c. Los asertos precedentes se demuestran al establecerse lo siguiente:

“1) Respecto de la operación de limpieza y calibración de la tubería como algo normal de la actividad de construcción de un gasoducto.-

“a) No tuvo en cuenta el Ad Quem en la Sentencia recurrida el contrato entre PROMIGAS y TECHINT (Folio 30 a 75). Si lo hubiera tenido en cuenta habría establecido:

“1) Que la obra consistía en construir una línea de conducción de gas, es decir, instalando 81.50 Kilómetros de tubería (Folio 30-vuelto).

“2) Que entre los trabajos a ejecutar, es apenas normal que haya pruebas de presión y limpieza (Folio 60).

“3) Que la tubería y demás equipos con los cuales se construye la línea de conducción de gas, materia del contrato civil y, por ende, materia de los contratos de trabajo como el celebrado con el Señor GOMEZ ORTIZ, debía tener unas especiales condiciones de calidad.

“4) Que las operaciones de limpieza y calibración son normales y necesarias en esta clase de obras.

“b) No tuvo en cuenta el Ad Quem en la Sentencia recurrida el contrato de trabajo por obra o labor determinada, y sus adiciones, suscrito con el Señor GOMEZ ORTIZ, obrante a folios 389 a 395 del expediente.

“Si lo hubiera tenido en cuenta habría establecido que el Señor GOMEZ había sido contratado como CAPATAZ I y que en la fecha del accidente la adición al contrato vigente (Folio 395) incluye la actividad del Señor GOMEZ en la fase de <empalmes>; fase ésta que en el citado documento describe entre las tareas que le son propias, la de unir la tubería de manera continua, atendiendo procedimientos especiales que, en las cláusulas Séptima y Octava del contrato de trabajo, el trabajador considera incorporadas a dicho contrato (Folio 393) y, por lo tanto, aceptados como parte de sus obligaciones.

“c) No apreció correctamente el Ad Quem en la Sentencia recurrida el escrito de la contestación de la demanda presentada por TECHINT (Folios 340 a 367) y, particularmente, la explicación técnica del procedimiento de limpieza de la tubería (Folios 353 a 356).

“Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente este documento, en concordancia, con el contrato civil entre PROMIGAS y TECHINT y el contrato de trabajo del actor, hubiera concluido que las tareas de limpieza o calibración en la construcción de una línea de conducción de gas o gasoducto, son algo normal a esta clase de obras. De suerte que, personas como el Señor GOMEZ, desde cuando son vinculadas saben, máxime siendo CAPATAZ I y no simples operarios, que se trata de tubería de especiales características, que exigen especiales procedimientos e instrucciones, las cuales se entendían incorporadas a su contrato de trabajo desde el momento en que lo suscribió.

“Esta circunstancia aparece además expresamente ratificada en la certificación expedida por el Señor Giamprieto Zanin, obrante a folios 467 y 468, que el ad quem también dejó de apreciar.

“2) Respecto de la existencia del procedimiento específico para recibir los <marranos> o scrapers (cepillos cilíndricos de metal) con los cuales se hace la limpieza y calibración de la tubería; procedimiento respecto del cual existe seguridad suficiente.

“a) No tuvo en cuenta el ad quem el acta correspondiente a la prueba de Inspección Judicial obrante a folios 660 a 662 del expediente, particularmente la descripción que obra a folios 661 del acta en cuestión, ni su concordancia con las fotos y el plano obrantes a folios 473 a 476 del expediente.

“b) Esta deficiencia en la apreciación de las pruebas antes mencionadas y la equivocada apreciación del escrito de la contestación de la demanda presentada por TECHINT, al no valorar adecuadamente la explicación técnica del procedimiento de limpieza y calibración del tubo (Folios 353 a 356), condujeron al Tribunal a un protuberante yerro fáctico.

“c) Si el ad quem hubiera apreciado la prueba de inspección judicial y los documentos obrantes a folios 473 a 476, en concordancia con la explicación técnica contenida en el documento de contestación de la demanda obrante a folios 353 a 356, hubiera concluido:

“(1) Que en la tubería en la cual se adelantaba la actividad de limpieza y calibración el día del accidente, existe una así llamada, <trampa> de recibo o de envío de los <scrapers>, los cuales caen en ella.

“(2) Que existen válvulas de bloqueo para despresurizar el tubo antes de extraer los scrapers y válvulas de bloqueo y drenaje para sacar la presión del barril de la <trampa> donde han caído los scrapers o <marranos>.

“(3) Que dichas válvulas tienen <timones> externos para accionar desde afuera la posibilidad de abrirlas o cerrarlas.

“(4) Que hay tapas, las cuales solo pueden abrirse cuando se despresuriza la tubería que ha sido limpiada y calibrada.

“(5) Que los <marranos> o scrapers solamente se sacan después de despresurizar la tubería y solo en ese momento es que se abre la tapa para tal efecto, no antes.

“(6) Que si se abre la tapa de la <trampa> con presión en el tubo, debe cerrarse la válvula para evitar accidentes.

“(7) Que la empresa nunca hace operaciones de limpieza o resistencia de la tubería con <la boca> del tubo abierta (Folio 662).

“d) Agrégase a lo expuesto, para abundar en demostración de este yerro fáctico que, al no apreciar el contrato civil suscrito entre PROMIGAS y TECHINT (Folios 30 a 75), el ad quem no pudo establecer que según la cláusula vigésima segunda de dicho contrato (Folio 71-vuelto) en concordancia con la cláusula duodécima (Folio 64), era obligación de TECHINT cumplir las normas de seguridad industrial y los reglamentos existentes para esta clase de obras y que PROMIGAS es la entidad interventora competente para establecer si TECHINT cumplió o no.

“Si el ad quem hubiera apreciado esta prueba, habría valorado la certificación que en tal sentido hace PROMIGAS en la contestación de la demanda (Folios 278 a 303), pues no obstante estar refiriéndose al insuceso, textualmente expresa, en el folio 301, que <TECHINT> cumplió con sus obligaciones contractuales a satisfacción y desarrolló la construcción en perfectas condiciones de seguridad industrial, con un índice mínimo de accidentalidad laboral, cumpliendo los requisitos que se establecen en estas obras para la atención médica y asistencias, y ejecutando la obra ajustada a los parámetros internacionales de seguridad y calidad (el subrayado es mío).

“e) Todo lo anterior aparece, además, plenamente corroborado por el Señor Giamprieto Zanin en certificación obrante a folios 467 y 468; prueba ésta que tampoco fue considerada por el ad quem.

“En efecto, en dicho documento, el experto acredita que no solo se cumplieron las medidas de seguridad industrial, sino también que la operación de limpieza de la tubería es segura si quien la realiza cumple los procedimientos claramente establecidos para el efecto.

“3) Respecto del conocimiento, experiencia y capacidad del Señor Camilo Gómez en la actividad de recibir los scrapers o marranos al término de una operación de limpieza y calibración de un ducto.-

“a) No tuvo en cuenta el ad quem en la Sentencia recurrida la certificación expedida por el Señor Giampetro Zanin. (Folios 467 y 468 del expediente) ni el Acta de la Inspección Judicial obrante a folio 661.

“b) Si el Tribunal hubiera tenido en cuenta estos documentos, junto con el contrato de trabajo obrante a folio 389, habría establecido:

“(1) Que los trabajadores de la obra <construcción gasoducto Gaira Barranquilla> eran instruidos respecto de las tareas propias de su cargo.

“(2) Que el Señor GÓMEZ era un CAPATAZ I y que el CAPATAZ I en esta clase de obras es el segundo al mando después del Jefe de Fase y ejerce funciones de supervisión.

“(3) Que en esta obra el único CAPATAZ I era el Señor GÓMEZ, por su conocimiento de las operaciones normales de la construcción del gasoducto, como lo era la de limpieza, según lo ya demostrado.

“(4) Que el Señor GÓMEZ ORTIZ conocía el procedimiento de la operación normal de la limpieza del oleoducto y, según se lee en el Acta de la Inspección Judicial, obrante a folio 661, este procedimiento lo había realizado muchas veces antes, cuando trabajó con el Señor Álvaro Sánchez, en el Oleoducto Colombia e, inclusive, el Señor GOMEZ había sido profesor del Señor Sánchez en lo relacionado con el procedimiento para esta operación.

“c) Agrégase a lo expuesto que el ad quem no apreció los documentos obrantes a folios 477 y 478 del expediente. Si los hubiera apreciado hubiera concluido que, en ellos, aparece la firma del Señor GOMEZ acreditando no solo su participación en la operación de limpieza de otros tramos de la tubería, particularmente las realizadas los días 11 y 14 de Noviembre de 1992, sino también su conocimiento del procedimiento a seguir.

“4) Respecto de la desobediencia injustificada en la que incurrió el Señor GOMEZ el día del infortunio, al desatender el procedimiento seguro establecido por la empresa, del cual era experta y ampliamente conocedor, en relación con la actividad de recibir los <marranos> o scrapers en desarrollo de una operación de limpieza y calibración de tubería del gasoducto en construcción.

“a) Se refiere el ad quem en la Sentencia recurrida a la investigación realizada por TECHINT (Folios 412 a 451) y al resumir dicho informe (Folio 196), describe que, según lo allí expresado, el Señor GOMEZ <sabiendo que la tubería se encontraba bajo presión abre la tapa y ordena prender los compresores, sin operar las válvulas>.

“b) El Tribunal, al no apreciar las pruebas obrantes en el proceso o apreciarlas equivocadamente, y a las cuales me he referido anteriormente, considera erróneamente el documento que contiene la investigación en comento, pues precisamente el accionar descrito en dicho informe, lejos de conducir a la culpa patronal, pone de presente una desatención flagrante por parte del Señor GOMEZ, del procedimiento seguro establecido por el empleador, a pesar que el Señor GOMEZ lo conocía y que se había obligado a cumplir de acuerdo con su experiencia y con su situación laboral calificada, dada su condición de CAPATAZ I.

“c) Tampoco observó el ad quem que esta desafortunada realidad, también aparece acreditada con evidencia en el informe del accidente obrante a folios 109 y 399 del expediente; prueba ésta que el Tribunal ignoró.

“Si el ad quem hubiera apreciado dicho informe del accidente, habría ratificado lo antes expresado en el sentido que el accidente tuvo lugar porque el Señor GOMEZ <estaba realizando una maniobra no autorizada ya que la tubería tenía aire a presión> y que <el trabajador conocía los procedimientos y normas preventivas de accidente en esta clase de labor>.

“6. Demostrados como están los yerros fácticos en que incurrió el ad quem en la Sentencia recurrida por apreciación errónea o falta de apreciación de los medios de prueba idóneos para configurar el error de hecho en casación, es procedente, según lo aceptado por esa Honorable Corte en jurisprudencia reiterada, entrar a examinar la abundante prueba testimonial obrante en el proceso (Folios 695 a 739).

“En efecto la declaración de los testigos Roberto Tobo, Ramón Baumgartner, Aníbal Manuel Muñoz, Fabio Rodríguez, Jaime Velásquez Pardo, Hernando Vanegas Cuenca, Fernando Rojas, Pedro Bermúdez, Álvaro Sánchez Hernández y Hugo Ferney Díaz, corroboran de manera suficiente lo expresado en el numeral 5, precedente, de esta demanda de casación y ratifican el error de hecho en que incurrió el ad quem en la Sentencia recurrida.

“7. La deficiencia del ad quem antes demostrada, lo condujo a conclusiones completamente opuestas a lo que las pruebas analizadas permiten concluir.

“En efecto, solo así es entendible que el Tribunal haga en la Sentencia afirmaciones que, como las siguientes, ponen en evidencia la equivocada conclusión a la que llegó:

“a. <... hay aspectos que permiten concluir en el accidente culpa del empleador, porque el Señor Camilo Gómez tenía como labor a desarrollar ese día la limpieza, y era la primera vez que iba a realizar dicha labor en esa obra>.

“¿De dónde obtiene el Tribunal tal conclusión, cuando está demostrado que el Señor Gómez era experto conocedor de esta clase de operaciones y, además, días antes del accidente había certificado la realización de esta operación en esta misma obra? (ver folios 477 y 478).

“b. <Todo lo que la empresa señala debió hacer el Señor Gómez... hacen parte de una debida instrucción...>.

“Si el ad quem hubiera apreciado las pruebas cuya no apreciación o cuya estimación errónea aparecen señaladas en el numeral 5. anterior, habría concluido que el Señor Gómez no solo había recibido la instrucción, sino que era conocedor, tenía experiencia y sabía del procedimiento que debía seguir el día del accidente.

“e. <... no se puede decir que la presencia del supervisor era inocua>.

“Si el ad quem no hubiera incurrido en los yerros fácticos en que incurrió, hubiera concluido que el Señor Gómez como CAPATAZ I era quien supervisaba la actividad y que debía esperar el funcionario de PROMIGAS, como si lo hizo días antes, según lo acreditó con su firma en los documentos obrantes a folios 477 y 478 del expediente.

“d. En fin, contra lo afirmado por el ad quem, resulta violatorio del artículo 216 C.S.T., considerar que en este caso la parte actora hizo una demostración plena y suficiente de la culpa leve patronal por <no enviar una persona que supervisara>, siendo el Señor Gómez quien supervisaba y por enviarlo <sin una instrucción práctica> (Folio 212-col-Trib), cuando esta conclusión frente a la prueba no observada o apreciada erróneamente, es claramente equivocada, máxime tratándose de una operación normal en esta clase de obras.

“En suma, el error de hecho en el que incurrió el ad quem lo condujo a concluir de manera equivocada que TECHINT INTERNATIONAL CONTRUCTION CORP TENCO incurrió en la culpa leve patronal consagrada en el artículo 216 C.S.T. y que la parte actora la demostró de manera plena y suficiente.

“Si el Ad Quem no hubiere incurrido en los yerros fácticos demostrados, habría absuelto a la parte demandada de todas las pretensiones de la demanda”.

Sostienen las demandantes, en extensa alegación, que el Tribunal no incurrió en los errores de hecho que el cargo le formula a la sentencia.

Consideraciones de la Corte

La sociedad recurrente sostiene en primer lugar, que la operación de limpieza y calibración de la tubería del gasoducto es una actividad normal que no fue tenida en cuenta por el sentenciador y dice al respecto, que el Tribunal no consideró una serie de pruebas. Así, el contrato celebrado entre Promigas y Techint de folios 30 a 75; el contrato de trabajo concertado por el fallecido trabajador Gómez Ortiz de los folios 389 a 395 del expediente; la contestación de la demanda que presentara la sociedad empleadora; y una “certificación” que expidiera el trabajador Giampetro Zanin.

Pero el documento de folios 30 a 75 podrá ser demostrativo de las estipulaciones de un contrato que conciertan dos personas jurídicas, pero no prueba la diligencia y cuidado de una de ellas. La contestación de la demanda que formulara la sociedad empleadora no prueba en su beneficio, porque los hechos no se demuestran con las propias afirmaciones. Y la “certificación” expedida por el señor Giampetro Zanin es un documento proveniente de un tercero y de contenido declarativo, que la ley dispone que se le valore con sujeción a las reglas del testimonio (artículo 277 CPC), de manera que solo podría ser examinado en este recurso al demostrarse previamente que el error de hecho se dio en la prueba que para el efecto establece el artículo 7º de la ley 16 de 1969, lo que aquí no ocurre.

Además, para el Tribunal no fue determinante que la actividad de limpieza y calibración de la tubería del gasoducto fuese una de carácter extraordinario, ni desconoció el calificativo de actividad ordinaria que la sociedad recurrente presenta en este aparte del cargo como un supuesto determinante para hacer a un lado la culpa patronal. Lo cierto es que este tema del cargo es una mera alegación, intrascendente en buena medida, porque el sentenciador no desconoció que el señor Gómez Ortiz fue contratado para ejercer el cargo de capataz y que contaba con experiencia para desarrollar la labor por haberla realizado en otro oleoducto; pero en cambio sí tuvo en cuenta que carecía de una específica experiencia para realizar la operación de limpieza del oleoducto en el que perdió la vida o, como surge del contexto del fallo, que carecía de la necesaria práctica operativa, lo cual unido a otras circunstancias, fue el fundamento de la culpa patronal, que esta primera alegación no desvirtúa.

La sociedad recurrente señala en segundo término, que el Tribunal no tuvo en cuenta pruebas demostrativas del procedimiento específico para recibir los elementos con los cuales se hace la limpieza y calibración de la tubería del oleoducto.

Se refiere en primer lugar a la inspección judicial de folios 660 a 662 y en particular al folio 661, que pone en relación con las fotos y el plano que obran a los folios 473 a 476, así como con su propia contestación de demanda.

Sin embargo, nada indica que el Tribunal hubiera ignorado el procedimiento que se utilizaba en la empresa para la limpieza y calibración del gasoducto; por el contrario, en el aparte de la sentencia que se transcribió antes, inició el examen probatorio con la investigación que realizó Techint (de folios 412-451), en la cual se destacan los aspectos relevantes de esa operación; además, el Tribunal en seguida aboca el examen de los testimonios, y estos igualmente ponen de presente la manera como esa operación se efectuaba, de modo que este otro aspecto del cargo carece de incidencia en la parte resolutiva de la sentencia, porque no fue por desconocimiento del sistema de limpieza y calibración del gasoducto por lo que el Tribunal dio por demostrada la falta de diligencia de la empresa demandada, sino porque encontró, en la valoración de la prueba testimonial, que el trabajador sufrió el accidente porque no contaba con la necesaria práctica operativa y no conocía suficientemente ese sistema en particular, lo que a juicio del sentenciador hacía imperativo que la empresa, para que pudiera exonerarse de culpa, hubiera actualizado la instrucción operativa y supervisado su trabajo.

Por lo mismo, no prueba en contra de esa conclusión del sentenciador la acusación que hace el cargo de que el mismo habría dado por demostrada la diligencia de la empresa de haber examinado el contrato civil de obra concertado por Promigas y Tenco, o la mal llamada “certificación” de folios 278 a 303 expedida por Promigas, en la que esta otra empresa asegura que Tenco ejecutó la obra con sometimiento a los parámetros internacionales de seguridad industrial.

La sociedad recurrente presenta este tercer tema: asegura que el Tribunal no tuvo en cuenta el conocimiento, la experiencia y la capacidad del señor Camilo Gómez para desarrollar la actividad que le ocasionó la muerte.

Para este aspecto de su impugnación a la sentencia acude a la mal llamada “certificación” de Giampetro Zanin, con lo cual incurre en una deficiencia técnica para este recurso, pues está dicho que no se trata de un medio de prueba admisible por sí mismo en casación (artículo 7º de la ley 16 de 1969).

La recurrente complementa esta tercera alegación con los documentos de folios 477 y 478, que así sirvieran para demostrar la intervención del señor Gómez en la operación de limpieza de otros tramos de la tubería, no sirven para determinar su grado de participación, en orden a establecer si, de haberlos examinado el Tribunal, tendría que haber hecho a un lado la conclusión que extrajo de la prueba testimonial.

La sociedad recurrente presenta un cuarto tema y para el efecto afirma que hubo desobediencia injustificada atribuible al trabajador por desatender el procedimiento establecido por la empresa.

Sobre este particular no encuentra la Corte una demostración suficiente en el cargo. La sociedad recurrente comienza por anotar que la sentencia resumió el informe hecho por Tenco, el que consta a folios 412 a 451, y que destacó que el señor Gómez, “sabiendo que la tubería se encontraba bajo presión abre la tapa y ordena prender los compresores, sin operar las válvulas”; pero considera la sociedad recurrente que el sentenciador estimó erróneamente ese informe investigativo, porque él descarta la culpa patronal y prueba la del trabajador, con lo cual nada nuevo agrega a su intento de demostración, porque el Tribunal no desconoció la culpa del propio operario y porque fundó su decisión en la falta de diligencia de la empresa, que extrajo de otras pruebas. Precisamente porque el trabajador incurrió en culpa, el Tribunal limitó la cuantía de los perjuicios; y porque juzgó que hubo culpa compartida, el cargo tenía que demostrar que eso no ocurrió así, y que la culpa fue exclusivamente de la víctima.

El cargo equivocadamente asume, en el numeral 6, que los errores de hecho están demostrados con base en los medios de prueba idóneos y que por ello es posible el examen de los testimonios. Pero esa afirmación no es correcta y adicionalmente ocurre que, al paso que el sentenciador fue claro al advertir que un grupo de testigos, que no todos, rindieron declaración sobre el cumplimiento cabal de las medidas de seguridad laboral que incumbían a la empresa, los de otro grupo lo convencieron de que había un margen de incumplimiento que la hacía responsable en los términos del artículo 216 del CST, con limitaciones atribuibles a la parcial culpa del trabajador. Y como la sociedad recurrente se limitó a proponer el examen de la prueba testimonial, pero no asumió su propio análisis para mostrar que el sentenciador erró en su apreciación, también por este otro aspecto el cargo resulta insuficiente.

No prospera el ataque, en consecuencia.

El recurso de las demandantes

Persiguen que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto condenó por un menor valor del que se pretende, y que, en instancia, se revoque en el mismo sentido la sentencia del Juzgado y, en su lugar, se ordene el pago de los perjuicios materiales en cuantía de $800.000.000.00 y los morales en 1.000 gramos oro. Y piden, igualmente, que la sentencia sustitutiva aclare el tema de la solidaridad.

Con esa finalidad formulan tres cargos, que fueron replicados.

Primer cargo

Acusan la violación indirecta del artículo 216 del CST, aduciendo que el Tribunal “… acogiendo las motivaciones de primera instancia, hace una interpretación errónea y/o no tiene en cuenta LA PRUEBA DE CONFESION que sobre el salario base de la liquidación que es el ingreso real del trabajador al momento de su muerte, hace el empleador, la sociedad demandada TECHINT al contestar el hecho número 38 de la demanda, aceptando que su ingreso real promedio era de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M.L. ($955.190.56). Y el documento, auténtico contentivo de la liquidación definitiva del trabajador que obra a folio 107, y quien también fue aportado por la sociedad demandada”.

En seguida dicen:

“La falta de apreciación y/o la interpretación errónea de estas pruebas lleva al Juez de Primera instancia y al Tribunal de Segunda Instancia a validar y tener en cuenta como suma base para la liquidación de los perjuicios materiales $653.000.00, que se encontraban fijados en el texto del contrato del trabajador fallecido al inicio de su relación laboral, y por supuesto a validar el dictamen pericial que para establecer perjuicios se realizó sin ninguna técnica, y que pido sea revisado por la Honorable Corte de Justicia como consecuencia de la falta de apreciación de la confesión y el documento mencionado, pues entendemos claramente que no existe apreciaciones erróneas por la prueba pericial pero si por confesión y en virtud de esta se puede hacer extensivo el examen a otras pruebas sobre todo cuando está tan directamente ligadas con la violación ya que al no haberse tenido en cuenta la prueba de confesión, ni los ingresos reales del trabajador fijados en el documento de su liquidación el dictamen pericial tuvo un punto de partida equivocado el cual lleva a violar indirectamente el precepto legal trascrito anteriormente (artículo 216 C.S.T.) cuando establece como consecuencia de la culpa probada del patrono el derecho <A LA INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIO>.

“Es evidente que por virtud de la falta de apreciación de la prueba de confesión y documental referida, o de su interpretación errónea, se incurrió, en un error de hecho, por virtud del cual los demandantes no van a recibir LA INDEMNIZACIÓN TOTAL DE SU PERJUICIOS, porque el monto de esta, es mayor al fijado en la sentencia recurrida.

“Es fácilmente determinable lo asegurado por que si el Tribunal hubiese tomado como base para la liquidación del perjuicio material la suma que confesó la parte demandada ($955.190.56 Hecho 38 contestación de la demanda), apoyada en la prueba documental, esta hubiera sido muy superior, tal como quedó evidenciado en el salvamento de voto a la sentencia recurrida que hizo el Magistrado LUIS ALEJANDRO MIER ZANIN, quien con un verdadero criterio de justicia y conocimiento técnico del sistema para el cálculo de los perjuicios, estimó su base para fijarlo inclusive en una suma superior a la confesada por la parte demandada ($1.160.190.00), consecuente con toda la Doctrina Moderna como lo sostiene el Honorable ex Magistrado y Tratadista JAVIER TAMAYO JARAMILLO en el tema de los ingresos como base para liquidación del perjuicio de un trabajador en su libro de la Responsabilidad Civil Tomo II en el literal C del Punto 256 que a su texto dice, <FINALMENTE, AL LIQUIDAR EL MONTO INDEMNIZABLE SE DEBERAN INCLUIR TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE LA VICTIMA OBTENIA COMO LUCRO DE SU CAPACIDAD LABORAL 16. POR LO TANTO, EL MONTO MENSUAL O ANUAL, DEL DAÑO DEBERA CONTENER SALARIO BASICO, CESANTIAS, PRIMAS VACACIONES, BONIFICACIONES, HORAS EXTRAS Y EVENTUALMENTE, SALARIOS ADICIONALES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DIRIERENTES DE LAS DEL EMPLEO BASICO...>.

“Así las cosas, al no tenerse en cuenta las pruebas documentales y de confesión antes mencionadas o haber sido estas interpretadas erróneamente se incurrió en un error de hecho que viola indirectamente el artículo 216 del C.S.T por las razones expuestas.

“La misma argumentación en cuanto a la infracción indirecta de la norma en cuestión, es procedente para sustentar la petición de aumento de perjuicios morales, pues con lo fijados no se cumple con lo ordenado por la Ley en cuanto a pagar el perjuicio total”.

La sociedad opositora solicitó la desestimación del cargo por defectos de técnica.

Consideraciones de la Corte 

El cargo está mal formulado porque, a pesar de que con él se acusa la violación indirecta de la ley sustancial, las recurrentes aluden a una errada interpretación de la misma por el Tribunal, lo cual constituye un desatino dado que la vía indirecta implica desacuerdo con los hechos que el sentenciador tuvo por demostrados, en tanto que, para que un cargo pueda formularse por interpretación errónea, el censor debe admitir esos hechos, tal como el fallador los tuvo por demostrados, cuestionándose únicamente el entendimiento de la norma sustancial.

Ahora, si se entiende que el error de interpretación es referido a la prueba, tampoco es correcta la formulación, pues ella se plantea en el ataque como concomitante con la falta de apreciación, lo cual entraña una clara contradicción, o como subsidiaria de la misma que también es inaceptable pues es obligación del recurrente identificar la falencia que justifica su ataque a la sentencia que acusa de ser violatoria de la ley.

De otro lado, y aunque la Corte pudiera pasar por alto la insuperable deficiencia anterior, el cargo tampoco permitiría el examen de fondo, porque las recurrentes, al contrario de lo que establece el artículo 90 del CPL, no determinaron los supuestos errores de hecho, y propusieron, al mismo tiempo, la falta de apreciación y la apreciación equivocada de las mismas pruebas.

Por último, la acusación involucró la prueba pericial, la que, conforme al artículo 7º de la ley 16 de 1969 y a reiterada jurisprudencia de la Corte, solo puede ser examinada en casación cuando previamente se ha demostrado que el Tribunal ha incurrido en error de hecho originado en la falta de apreciación o en la estimación equivocada de la confesión judicial, el documento auténtico o la inspección judicial.

Se rechaza el cargo, en consecuencia.

Segundo cargo

Lo proponen por la infracción directa del artículo 216 del CST.

Desarrollan el cargo de la siguiente manera:

“El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que venimos comentando y defendiendo, consagró, expresamente la obligación para el patrono declarado culpable en la ocurrencia de un accidente de trabajo, de pagar LA INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA POR PERJUICIOS.

“Es claro y conocido que la casación Laboral tiene dentro de su objetos preservar la jurisprudencia laboral pero no por este hecho puede sacrificarse la Ley Laboral. También es entendido, que la aplicación, de normas consagradas en otros códigos es procedente en materia laboral solo supletivamente o sea cuando la misma Ley Laboral no regule la materia.

“El artículo 216 del CST en comentario, expresamente obliga al patrón declarado culpable del accidente de trabajo a pagar LA INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA POR PERJUICIOS.

“Y dicha norma no consagra por ninguna parte la posibilidad de reducir LA INDEMNIZACIÓN TOTAL, ni en el código Laboral existe en ninguna parte norma que haga referencia a la concurrencia de culpa.

“No soy ajeno a la respetable jurisprudencia que sobre el tema viene sustentando esa honorable CORPORACION pero si con todo respeto pediría se revisara, pues los criterios y situaciones consagradas en el Derecho Civil, Legislación que sí la consagra, son muy diferentes.

“Que puede hacer un trabajador, eficiente y bueno, reconocido como tal por el patrono, cuando en el estadio del patrono en horas hábiles de trabajo recibe una orden o se le asigna una función, pues simplemente atenderla y tratar de ejecutarla. La subordinación y el temor reverencial al patrono, hacen que un trabajador de inclusive más de lo que puede dar y su mente no alcanza a proteger sus intereses individuales por que rechaza la idea del enfrentamiento de los suyos propios, con los del patrono, en razón de lo que implica la necesidad del trabajo para su vida y su familia y el riesgo que un enfrentamiento de intereses tiene sobre la seguridad del empleo.

“Es así como, le corresponde exclusivamente al patrón velar por la seguridad de sus empleados, preparándolos e implementado planes de seguridad y salud ocupacional que le permitan estar protegidos pues este no está en capacidad de rehusaras para cumplir los encargos ni mantener el control sobre su entorno, es por esto que el tema de seguridad es tan importante.

“Lo anterior no quiere decir que un trabajador de manera deliberada e intencional, o con culpa grave, no pueda causar un accidente, pero ya este no será el llamado ACCIDENTE DE TRABAJO a que se refería el artículo 199 del C.S.T, y que por supuesto permitiría liberar al patrón de su responsabilidad por que en estos casos no existe accidente de trabajo.

“Así las cosas y no consagrando la concurrencia de culpas la norma laboral para el accidente de trabajo por razones de justa lógica como las expuestas anteriormente, no puede hablarse de concurrencia de culpa en este y menos aplicarse para el efecto las normas del Código Civil Colombiano.

“Por las razones expuestas con la concurrencia de culpa se viola directamente el precepto en estudio por cuanto el trabajador no recibe LA INDEMNIZACIÓN TOTAL.

“Obsérvese que en las demás INDEMNIZACIONES consagradas en la Ley laboral proceden objetivamente es decir calificado el accidente de trabajo o la enfermedad profesional ya la Ley establece el valor de la INDEMNIZACION y el tema de la concurrencia de culpa no opera”.

También aquí la sociedad opositora observa que el cargo adolece de defectos de técnica.

Consideraciones de la Corte 

El cargo está mal formulado. Acusa, en efecto, infracción directa del artículo 216 del CST, lo que significa que, para las recurrentes, la dicha norma dejó de aplicarse por ignorancia o rebeldía del sentenciador; y a pesar de ello, cuestiona en el cargo el entendimiento que el Tribunal le asignó a esa misma norma sustancial, lo cual significaría que la norma sí fue aplicada.

Se rechaza el cargo.

Tercer cargo

Lo propone con base en la causal segunda de casación laboral.

Se presenta así:

“La sentencia recurrida contiene decisiones que hicieron más gravosa la decisión del apelante demandante, al reducir el monto de los perjuicios materiales fijados en primera instancia en DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L. ($279.662.772) folio 1.157, a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($165.324.720).

“La reducción del monto de la condena como se expresó en el cargo obedece fundamentalmente a la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba de confesión, y del documento contentivo la liquidación definitiva del trabajador, que fijan las base por la que se debió liquidar el perjuicio tal como se encuentra a sustentado anteriormente. En consecuencia pido respetuosamente se revise los sistemas utilizados para la cuantificación de los perjuicios, pues no es justo que después de nueve años de litigio con tan importantes empresas quedemos en manos de un perito sin ninguna capacidad para adelantar su trabajo y que desconociendo todas las técnicas, que en esa Honorable Corte Suprema de Justicia se han desarrollado para la cuantificación de perjuicios materiales, el Tribunal Superior de Santa Marta convalide el dictamen, y profiera su fallo con fundamento en este.

“Por todo lo anteriormente expuesta solicito respetuosamente a la Honorable Corte, casar la sentencia en la forma solicitada y en consecuencia como viene pedido en Tribunal de instancia falle la litis de acuerdo a lo expuesto en la declaración de alcance de la impugnación”.

Dijo la sociedad opositora, por su parte, que la acusación no se configura, por cuanto las demandantes no fueron las únicas apelantes.

Consideraciones de la Corte

Como lo advierte la opositora, las demandantes no fueron las únicas que apelaron la sentencia del Tribunal, de manera que el fallo impugnado no fue violatorio del principio de la reformatio in pejus. Por haber recurrido la sociedad empleadora, el sentenciador tenía competencia funcional para modificar el fallo en favor de ella y en contra de las demandantes.

El cargo, por lo demás, introduce cuestiones ajenas a la causal segunda y que, de estar bien formuladas, podrían proponerse por la primera.

No prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Santa Marta, dictada el 19 de julio de 2001 en el juicio ordinario laboral que promovieron Mónica María Córdoba Díaz y Stephanie Andrea Gómez Córdoba contra Techint International Construction Corp., Tenco, y Promigas S.A.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Germán G. Valdés Sánchez—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.