Sentencia 18096 de febrero 18 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 011

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «La Corte considera

La determinación del Tribunal Superior de Bogotá se confirmará, por las siguientes razones:

1. Dos son concretamente las conductas que se reputan como lesivas del ordenamiento legal y jurídico, la primera, referente a la nulidad decretada por el juez 53 civil municipal dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, contenida en auto del 22 de febrero de 1995 y, a consecuencia de ello, la devolución de las áreas no arrendadas a la parte que se opuso a la diligencia de entrega llevada a cabo por la inspección de Policía; de otra parte, por la diligencia de entrega que llevó a cabo directamente el mismo funcionario judicial, que se realizó el 16 de noviembre de 1995.

Sobre esta base, la inconformidad de la censora se traduce en puntos concretos, de los que se ocupará la Corte para resolver la impugnación, tales como que la materialidad del hecho está demostrada y no lo vio así el tribunal; que se reconoció derecho de poseedora a la señora Rosa María Arenas Morales cuando no lo tenía; que se hizo suscribir un contrato sui generis soslayando derechos del nuevo propietario; que el juez contradijo su inicial posición en torno a tener a esta señora como parte arrendataria para luego negársela; que fue tenida en cuenta como opositora en la inicial diligencia de entrega cuando como parte no lo podía hacer y, por último, que sin ser parte no podía tramitarse la nulidad propuesta.

2. En estas condiciones, analicemos uno a uno los puntuales aspectos que trae la censora, para justificar la desestimación de la impugnación y así mantener la absolución, pero no reconociendo la duda en torno a la tipicidad o el dolo del juez acusado como lo dedujo el Tribunal de Bogotá en su sentencia, sino por llegar la Sala a la conclusión de que se trató de conductas que no se adecuan a lo normado como prevaricato.

En verdad que la ilicitud de los actos que se tildaron de prevaricadores no se podía demostrar, pues es sabido y se ha reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que el delito de prevaricato posee un ingrediente normativo de imprescindible consideración al momento de efectuarse el proceso de adecuación, como que requiere del proferimiento de una resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley.

Este señalamiento normativo, no es otra cosa que la firme y concreta determinación del legislador de cobijar solamente a través de este tipo penal a los comportamientos que el apartamiento del orden legal fuese patente, claro, transparente, pero especialmente, perceptible a primera vista.

En el presente asunto, la nulidad decretada por el juez, poseía un asiento normativo con referencia a la protección de derechos constitucionales que impedirían que se llegue a tal conclusión.

En efecto, el contrato de arrendamiento que se suscribió entre los señores Ernesto Pulecio y Héctor Camargo, entre otros, fue determinante y claro en señalar que se concedía “... el goce de un inmueble que consta de: dos habitaciones y hall (únicamente) del apartamento Nº 202 del edificio Pulecio ...”, cosa que se insistió, remitió y transcribió en la demanda que soportó el proceso civil de restitución.

Tampoco hay duda que en la sentencia se hizo referencia a que el bien inmueble sobre el que se procedía al lanzamiento era el “... alinderado e identificado en los hechos de la demanda ...”, luego no puede caber duda que cuando la inspectora de Policía decide lanzar a los ocupantes de la totalidad del inmueble, excedió la orden y facultades del comitente, sin que sea del caso ahora calificar la conducta de la inspectora, pues se le envió, para cumplir la comisión, copia del contrato de arrendamiento, de la demanda y, además, de la sentencia.

Ahora, que sobre las áreas no arrendadas la señora Rosa María Arenas Morales hubiera entrado en posesión de buena o mala fe, mal intencionadamente o no, no era del caso que la funcionaria comisionada valorara esa situación, el todo era que no se le había comisionado para devolver lo que ocupaba por fuera del contrato de arrendamiento, lo cual se podría dilucidar a través de un proceso reivindicatorio o posesorio, pero nunca a través del proceso abreviado de restitución de bien inmueble arrendado.

El juez, entonces, cuando advierte la situación presentada, en donde se había entregado la totalidad del apartamento, cuando solo ha debido ser dos alcobas y el pasillo (hall), por evidente, se insiste, extralimitación de las facultades del comisionado, lo que hizo fue tratar de entrar a solucionar la anómala situación y así devolver las cosas a su estado anterior, tomando el instrumento invalidatorio consagrado en el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, que para estos particulares casos prevé: “... Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula.

Indistintamente que la inspectora no haya advertido la individualización y determinación del inmueble a entregar, si lo fue por falta de diligencia y cuidado o no, lo cierto es que se excedieron las facultades entregadas por el juez, máxime cuando se sabe que el juez civil no puede emitir fallos extrapetita, tal como lo señala el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, pues los prohíbe.

Es cierto que el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil señala que la nulidad solamente podrá proponerse por cualquiera de las partes, sin embargo, la excusa del juez para tramitar la petición de nulidad solicitada por el apoderado de la señora Rosa María Arenas Morales, en el sentido que podía tomarla como tercero interesado por la afectación de sus derechos constitucionales, representa una coherente y fundada permisión que para nada podría entenderse como la violación a la ley, por el contrario surgió como una interpretación razonable de la citada disposición.

Esto no puede servir de punto de partida para concluir que el juez con la declaratoria de nulidad estuviera entregando a la parte opositora y solicitante de la nulidad, es decir a Rosa María Arenas Morales, derechos de posesión, pues esa condición solamente podría ser reconocida o negada a través de un proceso reivindicatorio o posesorio, según el caso, pero nunca a través del trámite de restitución, de ahí que en la decisión de nulidad tan solo el juicio de reproche a la actuación de la inspectora se redujo a comparar el inmueble sobre el cual se ordenó la entrega con el que finalmente se entregó, para llegar a la conclusión que no correspondían exactamente y en consecuencia se invalidó parcialmente esa entrega.

Tampoco encuentra la Sala como motivo justificado para deducir responsabilidad, lo dicho por la recurrente en cuanto a que el juez contradijo su inicial posición en torno a que no tuvo, a Rosa María Arenas como parte arrendataria en la inicial diligencia de lanzamiento y entrega, para luego aceptarla como “parte” legitimada para reclamar la nulidad, pues precisamente el juez lo que replica es que la señora Arenas Morales si bien es cierto no era arrendataria, o parte demandada en el proceso civil de restitución, en tanto lo era su compañero Héctor Camargo, cuando se procede por la inspectora al indebido lanzamiento, expulsándola de la parte que no fue arrendada y que estaba ocupando de hecho, le hace surgir un interés como tercero afectado, en la medida que esa determinación no se había adoptado por autoridad judicial alguna.

Con relación a que se hizo suscribir un contrato sui generis, que en verdad así lo parecería, debe decirse que cuando se advierten y entienden los loables propósitos del juez 53 civil municipal, se llega a la conclusión que la declaratoria de nulidad era una alternativa de solución que sanamente se encontró para restablecer los derechos de la señora Rosa María Arenas Morales, quien se había opuesto a la inicial diligencia de entrega del bien pero que no se le había atendido su pedido, y que había resultado afectada por el hecho de ser despojada de una ocupación de un predio que estaba poseyendo no como arrendataria, frente a lo cual se quiso volver las cosas a su estado anterior.

Ahora, los supuestos perjuicios que se podían derivar para el denunciante Jorge Eduardo Ochoa Lombana, propietario del inmueble para cuando el juez acusado decide volver las cosas al estado en que debían estar, si bien pueden verse como inmediatamente propiciados por el juez, no así se representan jurídicamente cuando es sabido que todo comprador posee acciones civiles contra el vendedor ante vicios o afectaciones de la cosa vendida, pero que en todo caso deberá ventilar a instancias de la jurisdicción civil.

Corolario de lo anterior, entiende la Sala que la situación a la que el juez en su momento se enfrentó, no era otra que una problemática de interpretación frente a lo normado en el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, que para solventarla se apoyó en criterios que si bien es cierto pueden o no ser discutibles, no por ello se puede generar un reproche penal pues el comportamiento del funcionario judicial lo asistía un motivo razonable y argumentativamente justificado que dilucidó a través del ejercicio de la hermenéutica jurídica.

Cuando la interpretación es motivo para llevar al convencimiento de que un determinado precepto no debe ser aplicado en un caso concreto, o debe ser aplicado en un determinado sentido, no puede aflorar para el servidor público, salvo que esa labor de hermenéutica se torne en ilógica, irracional, desproporcionada o desbordante del orden constitucional y legal, una reprochabilidad en su comportamiento. Que no es, innegablemente, este el caso.

Ahora, reafirma la tesis el hecho que las decisiones producidas a raíz de acciones de tutela promovidas por los señores Ernesto Pulecio Esguerra y Jorge Eduardo Ochoa Lombana y resueltas por los juzgados 28 Civil del Circuito de Bogotá, dos Salas de Decisión Civil del Tribunal Superior de esta misma ciudad y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, en las cuales se abordó el estudio de fondo de la situación concreta, fueron desestimadas, lo que infiere que los hechos que demanda la Fiscalía como constitutivos de irregularidad manifiesta, no así lo vieron los jueces constitucionales de tutela.

Así, la burda contrariedad a la ley que se exige para la configuración del delito de prevaricato, no adquiere en el presente caso relevanciaalguna, motivo este que permite desvirtuar la tipificación del comportamiento adscrito en la resolución de acusación, por lo que la absolución es lo pertinente tal como lo predicó el tribunal en la sentencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia motivo de impugnación por las razones expuestas en precedencia.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

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