Sentencia 18104 de abril 28 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE ESTAFA

GIRO DE CHEQUES SOBRE CUENTA CANCELADA

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Fiscal Tercero de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira contra la sentencia dictada por esa corporación, el 17 de octubre de 2000, por medio de la cual revocó la condena impuesta a Édgar Eduardo Mejía Restrepo por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, lo absolvió por el delito de estafa.

Hechos

En el primer día del mes de noviembre de 1996, entre los señores Enrique Campos Devia y Édgar Eduardo Mejía Restrepo se celebró un contrato verbal de compraventa, donde el primero vendió al segundo una camioneta marca Toyota Van Previa, modelo 1991, tipo Station Wagon, color azul, placa CAN-419 y motor Nº 015753 por valor de $ 33.000.000.

Para cubrir el citado valor Édgar Eduardo Mejía Restrepo entregó 5 cheques de la cuenta corriente 588-02502-3 del Banco de Bogotá, Sucursal Sevilla (Valle), los que no pudieron hacerse efectivo por cuanto la citada cuenta había sido saldada meses atrás por mal manejo.

Los títulos valores dados por aquel en calidad de pago fueron los siguientes: cheque Nº 4865232 por $ 5.000.000fechado el 3 de noviembre de 1996; el número 4865231 por valor de 10.000.000 con fecha de 10 de noviembre de ese año; el número 4865233 por valor de $ 5.000.000 fechado el 15 de noviembre siguiente, el número 4865229 por valor de $ 3.000.000 fechado el 19 de noviembre de esa anualidad y otro por valor de $ 10.000.000 que el vendedor endosó a Jesús Alberto Gallo Santa.

Actuación procesal

Con fundamento en la denuncia presentada por el señor Édgar Enrique Campos Devia, la Fiscalía Séptima de la Unidad de Patrimonio Económico Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, el 1º de marzo de 1999, declaró la apertura de la instrucción.

Escuchado en indagatoria Édgar Eduardo Mejía Restrepo, la situación jurídica le fue resuelta, el 10 de julio de 1999, con medida de aseguramiento de caución prendaria por el delito de estafa.

La investigación se cerró el 13 de octubre de 1999 y, el 24 de enero de 2000, se calificó el mérito de sumario con resolución de acusación en contra del procesado, por la conducta punible citada en precedencia.

El expediente pasó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira que, luego de tramitar el juicio, el 5 de septiembre de 2000, condenó a Édgar Eduardo Mejía Restrepo a las penas principales de 14 meses de prisión y multa de $ 1.500 a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad y al pago de perjuicios materiales por valor de $ 200.000.000, de acuerdo con lo que estatuía el artículo 295 del Decreto 2700 de 1991 (hoy 278 de la L. 600/2000), como autor del delito de estafa. De igual manera, le negó el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.

Apelado el fallo por el defensor, el Tribunal Superior de Pereira, al desatar el recurso, el 17 de octubre de 2000, lo revocó en su integridad y, en su lugar, absolvió al citado procesado del cargo formulado en la resolución de acusación.

(...).

Consideraciones de la Corte

(...).

La Sala procederá a estudiar el fondo del asunto:

3. El tribunal fundó los argumentos para revocar el fallo de condena en los siguientes aspectos:

a) Que el cheque cuando no es girado para ser cobrado “al día” “se desnaturaliza...” y se convierte en un medio de pago, razón por la cual “deja de convertirse la conducta en delictiva y se transforma en un incumplimiento de una obligación civil”.

b) Que si la actividad comercial se sustenta en “el grado de confiabilidad ... provocado por el conocimiento que se tienen entre sí —las partes—; y toda vez que no hay la certeza de que uno de los citados títulos valores hubiesen sido girado “como medio de pago”, “... en modo alguno puede originarse allí ese ardid...”, motivo por el cual la conducta no es punible.

c) Que dada la precariedad de la prueba, “hacen imposible que con solo unos leves indicios, amarrados al comportamiento antecedente del incriminado, se construya atinadamente un juicio de reproche...”.

Aclarado lo anterior, estima la Sala que no le asiste la razón al sentenciador para concluir en los argumentos expuestos. Veamos:

Como atinadamente lo destaca el procurador delegado, en este supuesto no interesaba la naturaleza jurídica del cheque, sino en establecer si el comportamiento desplegado por el procesado constituía punible de estafa.

Es verdad que dicho título valor, al tenor del artículo 713 del Código de Comercio, contiene una orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Del mismo modo, el artículo 717 del citado estatuto complementa que “cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque posdatado será pagadero a su presentación.

En el supuesto que ocupa la atención de la Sala, es claro que los medios de pruebas allegados al expediente indican que el 1º de noviembre de 1996, los señores Enrique Campos Devia y Édgar Eduardo Mejía Restrepo celebraron contrato de compraventa de manera verbal sobre una camioneta Toyota Van Previa, modelo 1991, tipo Station Wagon, color azul y de placas CAN-419. Por ese motivo, Mejía Restrepo, en calidad de comprador, giró cinco (5) cheques de la cuenta corriente número 588 -02502-3 del Banco de Bogotá, sucursal Sevilla (Valle), así: el número 4865232 por valor de $ 5.000.000 (fechado el 3 de noviembre de 1996), el 4865231 por cuantía de $ 10.000.000 (con fecha del 10 de noviembre del mismo año), el 4865233 por el guarismo de $ 5.000.000 (fechado el 15 de noviembre de esa anualidad), el 4865229 por $ 3.000.000 (el 19 de noviembre siguiente) y, finalmente, uno por valor de $ 10.000.000 (se desconoce el número del título valor y la fecha, toda vez que no fue allegado por la víctima). Y Campos Devia, como vendedor, entregó el automotor y los documentos que lo acreditaban como su legítimo propietario, esto es, “las cartas abiertas, la tarjeta de propiedad y el seguro”.

Así mismo, está demostrado que la citada cuenta corriente “para el mes de noviembre de 1996...”, estaba saldada “por mal manejo”, de acuerdo con la constancia expedida por el jefe de operaciones (E) del Banco de Bogotá, Sucursal Sevilla, sin que su titular hubiese informado de esa situación especial al denunciante.

Finalmente, obra en el proceso plurales fallos de condena dictados en contra del procesado, los que están debidamente ejecutoriados, por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, estafa, uso de documento público falso y fraude procesal. Todos ellos relacionados con la compraventa de vehículos.

En esas condiciones, es evidente que cuando el señor Édgar Eduardo Mejía Restrepo emitió los cheques sabía de antemano que no iban a ser pagados por cuanto la cuenta le había sido saldada. Así, como atinadamente lo destacó el instructor y el sentenciador de primera instancia, el hecho de que este no hubiese informado de tal situación a la víctima constituye el ardid con el que lo engañó a fin de apropiarse ilícitamente del automotor.

En otras palabras, el procesado era conocedor que, al girar los pluricitados títulos valores, no podía cumplir económicamente con la obligación que estaba adquiriendo en virtud del contrato de compraventa, aspecto que de haber sido conocido por la víctima necesariamente la habría llevado a desistir de la negociación, habida cuenta que advertiría que Mejía Restrepo no contaba con el respaldo monetario para adquirir el rodante.

En esas condiciones, no resulta atinado el juicio del tribunal, según el cual, a efecto de establecer la tipicidad del comportamiento se hace necesario verificar si los cheques fueron dados a título de garantía o girados a la fecha, puesto que si se entregaron para ser cobrados “al día”, la conducta del procesado no es delictual, pues la experiencia enseña que en la comisión de este punible el sujeto activo se vale de artificios o engaños para inducir en error, constituyéndose en unos eventos la fecha en que se emite el título valor en el ardid para despojar a la víctima de sus bienes.

A lo anterior súmesele el otro desatino del juzgador de segunda instancia, que riñe con las máximas de la experiencia, consistente en que el incumplimiento del contrato de compraventa debió resolverse ante la jurisdicción civil, toda vez que, frente a este puntual aspecto, la Corte ha reiterado que hay eventos en que el negocio jurídico constituye el medio más idóneo para hacer incurrir a la víctima en error y, por consiguiente, vulnerar el bien jurídico tutelado del patrimonio económico, pues a través de este acto se le da visos de legalidad a un acuerdo de voluntades que está regido para una de las partes en la obtención de un provecho ilícito. Es así como en decisión del 10 de agosto de 2000, se dijo.

“... en que nada impide y por el contrario es un mecanismo inductivo en error para la comisión de esta delincuencia contra el patrimonio económico de muy frecuente empleo, que el agente se valga como medio de engaño de la celebración de negocios jurídicos, típicos o atípicos, que si bien como es natural entender están respaldados en normas de derecho o en todo caso son admitidas en la cotidiana práctica comercial, se utilizan para viciar el consentimiento de la víctima, conforme bien lo pone de presente el procurador delegado aconteció en este proceso, pues si bien como lo alega el libelista, en principio las partes involucradas en el contrato de compraventa lo suscribieron libremente, es esta una circunstancia aparente si se tiene en cuenta que nada distinto perseguía el timador con su celebración, que obtener un provecho, que en efecto se ha calificado ilícito, en la medida en que para dicho cometido no solo se valió de una impostura económica y moral, sino que primó en sus actos posteriores el deseo de hacer suyo el inmueble objeto del acto negocial a sabiendas y sobre esa base de no cancelar ningún emolumento como contraprestación...” (2) .

En providencia del 29 de agosto de 2002, se reiteró:

“... la permisibilidad de un contrato lícito no descarta la existencia de artificios o engaños, pues nada impide que la inducción o el mantenimiento en error tengan origen precisamente en la aparente sinceridad y legalidad de que se revista ese acuerdo de voluntades. Por eso, ha reiterado la Sala que el contrato en muchos casos resulta utilizado como medio idóneo para ocultar el verdadero ánimo de defraudar. Así por ejemplo en decisión de agosto 5 de 1992 con ponencia del magistrado Juan Manuel Torres Fresneda se dijo que:

“... lejos de excluir el artículo 356 del Código Penal los contratos como medio de artificio o engaños que utilizados por el timador como simple apariencia de obligarse pueden generar error esencial en el ofendido, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten la posibilidad de su empleo como parte de los medios defraudatorios, destacando justamente en aquellos la sutileza del ardid y su no infrecuente uso, al punto de sostener que:

““... pasan al campo penal la mentira o el silencio cuando recaen sobre elementos fundamentales del contrato, por ejemplo, la existencia de una contraprestación, porque esta es la causa misma del acto o contrato según el derecho civil.

““Si una parte engaña a la otra, por ejemplo, sobre su capacidad de pagar, haciéndole creer que la tiene cuando, en realidad, carece de ella, bien sea de modo absoluto o en forma que, de saber su situación, la otra no hubiera contratado, o cuando calla estando obligado a manifestar su incapacidad de pagar, ya no se trata de un silencio o de una mentira lícitos, sino plenamente delictuosos...” (Sent. Cas. jun. 23/82, M.P. Dr. Luis Enrique Romero Soto) (3) ””.

Finalmente, entre otras, en sentencia del 12 de junio de 2003, se insistió:

“Es verdad que en ocasiones “... pasan al campo penal la mentira o el silencio cuando recaen sobre elementos fundamentales del contrato, por ejemplo, la existencia de una contraprestación, porque es la causa misma del acto o contrato según el derecho civil”, pero la actividad inductora en error no se reduce solo a no decir la verdad sino que la mentira o el silencio hacen parte de una compleja situación vivencial, a la que nada hay que añadir para que se produzca el efecto patrimonial deseado por el timador. Es, por decirlo de otra forma, el aprovechamiento de las circunstancias concretas en que se establece o permanece una relación social, personal o comercial específica, que le dan respaldo y hacen creíble la mentira.

Téngase en cuenta que para la tipificación del delito de estafa no se requiere únicamente que se induzca o mantenga a otro en error sino que además se precisa que a este estado se llegue “por medio de artificios o engaños” (C.P. de 1980, art. 356, que corresponde al 246 del actual estatuto). Tal la razón para que se le califique como “delito de inteligencia para lograr el engaño”, como en alguna oportunidad lo recordó la Sala.

Pero ciertamente, como lo señala la delegada en su estudio, haciendo eco a la teoría de la imputación objetiva, “se considera que no todo engaño que pudiera concebirse causal respecto del resultado perjudicial permite la imputación del resultado a la conducta del autor, pues, de acuerdo con el argumento victimológico, la víctima debe acudir a los mecanismos de autotutela exigibles, porque será entonces punible el comportamiento capaz de sobrepasar la barrera de contención que supone la actitud diligente del perjudicado”.

Esta conclusión no parece ser muy diferente de la que expuso la Sala en la sentencia del 10 de abril de 1951 citada por el tribunal, al precisar que si el perjudicado “fue engañado a pesar de su prudencia, por virtud de las actitudes del agente”, el hecho debe ser considerado delictivo” (4) .

Aquí, como se ha dicho, Mejía Restrepo guardó silencio sobre su capacidad económica para cumplir con la obligación, presentando una verdad distinta al comprador, pues era conocedor, con la suficiente antelación, que para la época en que se celebró el contrato de compraventa la cuenta corriente le había sido saldada, “por malos manejos”, situación que de haber sido conocida por Campo Devia necesariamente lo llevaría a no participar en el negocio jurídico.

Por demás, tampoco se puede predicar que la víctima fue imprudente al contratar con el procesado, pues precisamente por ser Mejía Restrepo una persona que negociaba con vehículos y que frecuentaba a una de las sobrinas de aquel le inspiró la confianza y la honestidad suficiente para venderle el automotor, al punto que una vez girados los títulos valores Campo Devia hizo entrega del mismo y de los documentos pertinentes.

Frente a este puntual tema, la víctima adujo:

“PREGUNTADO: ¿Ud había efectuado negocios con Édgar anteriormente? CONTESTÓ: No. PREGUNTADO: ¿Por qué le recibió cheques si era primera vez que negociaban? CONTESTÓ: Porque él frecuentaba tanto la casa de mi sobrina, se hizo conocido en la casa y yo le veía a él que constantemente tenía negocios de vehículos, creí que era una persona de confiar y es por eso que ni contrato de compraventa hice con don Édgar. Solamente en contraparte recibí cheques”.

Y si lo anterior fuera poco Campo Devia creyendo en la veracidad del negocio civil, por razón al error a que fue sometido, da unos de los cheques a una tercera persona a quien le adeudaba la suma de $ 10.000.000 instrumento que posteriormente tuvo que proceder a recoger por los motivos en precedencia reseñados.

Así, no se puede predicar, como lo hace el tribunal, que el incumplimiento del pago de la obligación debe ser objeto de trámite ante la jurisdicción civil, toda vez que en el expediente emergen los suficientes medios de prueba, en grado de certeza, para predicar que Mejía Restrepo indujo en error a Campo Devia, en cuanto a su capacidad económica, a fin de apropiarse, de manera ilícita, del automotor objeto del contrato de compraventa, afectando de esta manera el patrimonio económico de la víctima.

(sic)3.3. De otro lado, no es cierto que el tribunal hubiese excluido en la apreciación de las pruebas los distintos fallos condenatorios dictados en contra del procesado por los delitos, entre otros, de estafa y hurto, ya que en la providencia recurrida se hace mención de los mismos, concluyéndose que constituían indicios leves en contra de Mejía Restrepo.

3.4. Por consiguiente, para la Corte es evidente que de las pruebas allegadas al diligenciamiento se infiere, en grado de certeza, la conducta punible de estafa y la responsabilidad del procesado, según así lo estipula el artículo 247 del Decreto 2700 de 1991 (hoy art. 232 de la L. 600/2000), razón por la cual se casará la sentencia impugnada y, por consiguiente, acorde con lo establecido en el artículo 217, numeral 1º del Código de Procedimiento Penal, la Sala confirmará la condena impuesta en primera instancia. No obstante, en lo relativo a la determinación de la pena, se modificará por los siguientes motivos:

El juzgador de primera instancia, al momento de dosificar la pena, consideró que no podía partir del mínimo, por cuanto en el comportamiento de Édgar Eduardo Mejía Retrepo “concurrían circunstancias genéricas de agravación punitiva que dimanan de la conducta anterior del sindicado...”.

Ahora bien, si se revisa el pliego de cargos, se observará que el instructor no le atribuyó de manera fáctica, jurídica y expresa una circunstancia genérica o específica de agravación punitiva (hoy circunstancias de mayor punibilidad). Todo lo contrario, fue claro en afirmar que al procesado “se le imputa..., el delito de estafa, descrito y sancionado en el título XIV, capítulo tercero, artículo 356 del Código Penal”.

Por ello, el juzgador no podía atribuirles circunstancias de agravación punitiva (hoy de mayor punibilidad) que no fueron imputadas de manera fáctica, jurídica y expresa en la resolución de acusación, pues ello sería atentar contra el principio de consonancia entre la acusación y sentencia.

A más de lo anterior, esas “circunstancias genéricas de agravación punitiva que la dimanan de la conducta anterior del sindicado...”, tampoco fueron identificadas y motivadas para predicar a qué circunstancias se hacía referencia.

Por consiguiente, se procederá a redosificar el quantum punitivo, de la siguiente manera:

Como quedó reseñado en precedencia, el procesado fue acusado por el delito de estafa, de acuerdo como lo reglaba el artículo 356 del Decreto 100 de 1980, que contemplaba una pena de prisión que oscilaba entre uno (1) y diez (10) años de prisión y multa de un mil a quinientos mil pesos.

Con el advenimiento del nuevo Código Penal dicha conducta sufrió modificaciones en lo relativo al mínimo y al máximo del quantum punitivo (prisión y multa), al tenor del artículo 246 de la Ley 599 de 2000. En efecto, la pena de prisión quedó entre dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera dicha preceptiva contempla en el inciso 3º, que “la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales”.

En este supuesto, es claro que el valor de lo apropiado es de $ 33.000.000, suma que supera los diez salarios mínimos a que hace referencia el citado artículo 246.3, el que estaba para el año de 1996 en $ 142.125, motivo por el cual, con estricto apego en el principio de favorabilidad, se tendrá en cuenta las penas que reglaba el citado artículo 356 del Decreto 100 de 1980.

Así mismo, como quiera que en la acusación al procesado no se le atribuyó ninguna circunstancia de agravación punitiva, genérica o específica, como quedó visto, a efecto de la individualización de la pena y en virtud del principio de favorabilidad, en lo que atañe al sistema previsto en el nuevo Código Penal, divididos en cuartos los 9 años que constituyen el ámbito punitivo de movilidad, cada uno equivale a 27 meses, significando que el primer cuarto va de 12 meses a 39 meses; el segundo entre 39 meses y 1 día a 66 meses; el tercero entre 66 meses y 1 día a 93 meses; y el cuarto entre 93 meses y 1 día a 120 meses.

Del mismo modo, como en este asunto no se dedujo circunstancia alguna de agravación genérica en la resolución acusatoria, como en precedencia se resaltó, teniendo en cuenta los parámetros adoptados por el juzgador de primera instancia, se fija como pena privativa de la libertad doce (12) meses de prisión.

Ahora bien, si se individualiza la dosificación punitiva de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 61 del derogado estatuto penal se tiene que el procedimiento es más simple, habida cuenta que el marco punitivo genérico uno (1) a diez (10) años no está afectado por factores reales (5) , de modo que si bien de acuerdo a lo que disponía el artículo 67, puede partirse del mínimo de la pena, porque no concurren circunstancias de agravación, ello evidencia un tratamiento similar al correspondiente para el primer cuarto de movilidad establecido en el Código Penal vigente, fijándose la pena privativa en 12 meses de prisión.

Así las cosas, estima la Sala que para efectos de establecer la pena imponible y al evaluar el ámbito del principio de favorabilidad de la ley, por resultar imperioso partir en ambos ordenamientos del mínimo de sanción establecido para el delito, no se advierte que uno de los dos resulte favorable, como ya se advirtió. En suma, la pena imponible al procesado es de 12 meses de prisión.

Respecto de la sanción de multa, teniendo en cuenta la situación económica del condenado, se advierte que puede pagar la suma que le fue fijada en dicho fallo, es decir, $ 1.500, razón por la cual la sentencia de instancia en este aspecto no se modifica.

Así mismo, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas (hoy inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas) será por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, es decir, por un (1) año, aspecto que también se modifica.

Como lo dispuso el juzgador de primer grado, el procesado no tiene derecho al subrogado penal de la condena de ejecución condicional (hoy suspensión condicional de la ejecución de la pena) y la condena de perjuicios causados con la infracción en la ley penal tampoco se modifica.

De otro lado, atendiendo a que la prisión domiciliaria es una pena sustitutiva creada por el nuevo Código Penal para que los condenados a penas de prisión las purguen en su residencia o morada y no en un centro de reclusión, es obvia su aplicación inmediata por favorabilidad siempre y cuando se reúnan los requisitos legales que hacen viable su reconocimiento.

Según el artículo 38 del nuevo Código Penal, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la de prisión, se podrá reconocer en los siguientes eventos:

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.

2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones a que hace referencia esta preceptiva.

Así, en cuanto al aspecto objetivo es claro que se satisface, en tanto el monto de pena mínima prevista en la ley para el delito de estafa es menor de cinco (5) años.

En lo relativo con su desempeño personal, laboral, familiar o social, no es posible deducir fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad.

En efecto, recuérdese que la finalidad del examen de las características familiares, laborales y sociales, en orden a la sustitución de que se trata, se encuentra enmarcada, entre otros eventos, en la necesidad de que el acusado no vuelva a colocar en peligro a la comunidad mediante la continuación de su actividad delictual. Teniendo en cuenta los datos que obran en el expediente, se puede concluir que el procesado pondrá en riesgo a la comunidad si se le sustituye la pena de prisión por la domiciliaria, por cuanto se advierte que ha hecho del delito un medio de vida, al punto que en su contra se han proferido plurales sentencias condenatorias por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, estafa, uso de documento público falso y fraude procesal.

En estas condiciones, lo anterior lleva a la conclusión de que no resulta viable, sustituirle la pena de prisión por la domiciliaria, en tanto es criterio de esta corporación que ciertos comportamientos ameritan un trato más drástico en la ejecución de la pena.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE.

1. CASAR la sentencia impugnada. En consecuencia, condenar a Édgar Eduardo Mejía Restrepo a las penas principales de doce (12) meses de prisión y multa de $ 1.500 y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad, como autor del delito de estafa, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2. El procesado Édgar Eduardo Mejía Restrepo no tiene derecho a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.

3. En lo demás, se confirma el fallo de primera instancia.

4. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(Sentencia de casación, 28 de abril de 2004. Radicación 18.104. Magistrado Ponente: Dr.Jorge Luis Quintero Milanés)

(2) M.P. Carlos Augusto Gálves Argote. Radicación 13.247.

(3) M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Radicación 15.248.

(4) M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Radicación 17.1968.

(5) Ver sentencia del 3 de septiembre de 2001, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

SALVAMENTO DE VOTO

He salvado el voto parcialmente, por las siguientes razones, que conducirían a otorgar la condena de ejecución condicional o la prisión domiciliaria:

1. La pena impuesta es corta: 12 meses. Con la tradición y la actualidad criminológica y penológica, es claro que a los condenados a penas breves no se les debe someter a prisión física, fundamentalmente porque esa sanción corporal debe acompañar a los delitos graves —punitivamente hablando— y porque la cárcel por rápido lapso produce más daños que beneficios.

2. Con más o menos las mismas palabras, la justicia, entre otras cosas, ha utilizado los “antecedentes” del procesado para, primero, deducir su responsabilidad; segundo, negarle la condena de ejecución condicional; y, tercero, para negarle la sustitutiva de prisión domiciliaria. Esto, sin duda, viola el principio de prohibición de doble o múltiple valoración.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón 

Julio 26 de 2004.

___________________________