Sentencia 18117 de septiembre 29 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 81

Magistrado Ponente

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil cuatro.

VISTOS:

Se pronuncia la Sala respecto de la acción de tutela instaurada por Rafael María Ruiz Vargas a través de apoderado, contra la Sala de Casación Laboral de esta corporación en procura de la salvaguarda de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, seguridad social y el principio de favorabilidad en materia laboral, los cuales considera le fueron vulnerados con la sentencia de casación proferida el 13 de marzo de 2001 dentro del proceso ordinario laboral que el accionante promovió contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en liquidación.

Antecedentes

Marco Tulio Meza Ricardo demandó en proceso ordinario laboral a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, a efecto de obtener el reajuste de la primera mesada pensional que se le reconoció, aplicando al salario promedio devengado por él al momento de su retiro, el valor de la devaluación monetaria causada desde la época de su desvinculación de dicha entidad hasta el día en que empezó a disfrutar del citado derecho prestacional; y, cumplida la indexación de la primera mesada pensional el 6 de septiembre de 1996, ajustar las siguientes de acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley 71 de 1988, incluidas las especiales de junio y diciembre.

Como fundamento de sus pretensiones adujo que laboró para la entidad demandada desde el 10 de agosto de 1971 hasta el 15 de noviembre de 1991; que su último salario fue de $ 228.784,67, que equivalía a 4.423 salarios mínimos legales mensuales de 1991; que por Resolución 262 del 21 de abril de 1997, la demandada le reconoció la pensión convencional de jubilación a partir del 6 de septiembre de 1996 por una suma de $ 171.588,50, muy inferior al 75% del valor real del salario que devengaba al momento de su retiro, pues su equivalente para el año en que se le concedió tal prestación es de $ 784.397.

En su defensa, la demandada invocó las excepciones de pago, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, falta de causa, ausencia de vicios del consentimiento, compensación, cobro de lo no debido y las genéricas, oponiéndose así a las pretensiones de la demanda.

Habiéndole correspondido conocer del asunto al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, por fallo del 24 de marzo de 2000 absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante, determinación que confirmó el Tribunal Superior de Bogotá en proveído del 24 de mayo del mismo año al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado. Impugnado el fallo del tribunal en sede extraordinaria de casación, la Sala Laboral de la Corte en providencia del 13 de marzo de 2001 no casó la sentencia recurrida.

Pretende el demandante que a través del presente recurso de amparo se le protejan a su asistido los derechos constitucionales fundamentales que le permitan acceder a una pensión en condiciones dignas y justas, de conformidad con los preceptos legales y constitucionales, y de acuerdo también con los pronunciamientos jurisprudenciales que sustentan la indexación de la primera mesada pensional, pues por una nueva conformación de la Sala de Casación Laboral y mediante fallo de simple mayoría, se cambió diametralmente el criterio que imperaba en la Corte Suprema en relación con el tema de la indexación de la primera mesada, perjudicándose de esta manera al accionante con los susodichos pronunciamientos, los cuales cataloga de vías de hecho, en cuanto no logra satisfacer su congrua subsistencia y la de su familia.

Consideraciones de la Corte

Como en verdad lo que el apoderado de Rafael María Ruiz Vargas cuestiona a través de la presente acción de tutela es una decisión definitiva, proferida por la Sala de Casación Laboral de esta corporación como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en dicha especialidad y, por ende, como autoridad límite, tiene dicho esta Corte que en un tal evento se impone el rechazo del correspondiente libelo, habida cuenta que cualquier posibilidad de revisión de las providencias dictadas dentro del trámite de la casación queda agotada, dado el carácter de "intangible e inmutable" de una determinación de esa naturaleza, pues, como se dijera en reciente pronunciamiento de la Sala (T-17.338 de julio 28 de 2004) con ponencia de quien aquí cumple similar cometido, tal posición no es fruto del capricho de la Corte, sino que obedece a claros mandatos constitucionales.

Así, el artículo 113 de la Carta Política establece que “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”, mandato constitucional con fundamento en el cual puede decirse que la creación del derecho en nuestro sistema jurídico es una labor compartida en la cual participan diversos órganos estatales, que en el ejercicio de sus funciones están limitados por una serie de condicionamientos materiales fijados en la misma Constitución.

Del mismo modo, a la Corte Suprema de Justicia se le asignó la condición de “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” —artículo 234—, y dentro de sus atribuciones, la de actuar como “tribunal de casación” —artículo 235-1—, con la muy específica función de unificar la jurisprudencia nacional, en el entendido de ser ésta un elemento auxiliar de las decisiones judiciales.

La función que se ha encomendado a la Corte Suprema de poner fin a las decisiones judiciales en materia civil, laboral y penal, y la legitimidad que encarna dentro de esas ramas la corporación, no admite que las decisiones por ella proferidas como organismo máximo, puedan de alguna manera ser revocadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, porque la propia Constitución les da el sello de intangibilidad, al situarla en la cúspide de la jurisdicción ordinaria.

Y ello resulta perfectamente entendible porque la administración de justicia, y en general todo el funcionamiento de los órganos estatales, está determinado por el tipo de Estado al que pertenecen, y de acuerdo con el artículo 1º de la Carta, nuestro país es un “Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria”. Esta forma de organización implica la unidad del ordenamiento jurídico, que se vería desdibujada si se desconoce la autoridad otorgada constitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia como órgano encargado de establecer la interpretación que se debe dar al ordenamiento dentro de su respectiva jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución.

Las atribuciones y funciones de los distintos órganos que componen la administración de justicia, no pueden modificar la estructura de competencias prevista por la propia Constitución, por cuanto ello implica que un órgano del poder constituido para una específica función pueda modificar la propia Carta sin facultad alguna para ello. Por ello, no resulta razonable que si a la Corte Suprema de Justicia se le atribuyó la específica función de actuar como tribunal de casación con raigambre constitucional, sus decisiones puedan ser revisadas por otros organismos, así éstos tengan igualmente la guarda de los mismos derechos y garantías que la Corte defiende actuando como tal, pues ellos no pueden exceder sus facultades y desconocer los límites constitucionales que en lo ordinario, se reitera, han sido puestos en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.

Agréguese a lo anterior, que la casación, cualquiera sea su especialidad, responde al fin supremo de velar por la efectividad de los derechos básicos de quienes intervienen en el proceso, y que si bien las sentencias que arriban a esa sede extraordinaria apenas alcanzan la presunción de acierto y legalidad, tales facetas se concretizan con grado de certeza en el fallo de casación, haciéndolo intangible e inmutable.

En suma, como en el asunto a examen la Sala Laboral de la Corte actuó como tribunal de casación, su sentencia es intangible y por lo tanto no puede ser desconocida acudiendo a otra vía.

Así las cosas, se rechazará la demanda de tutela promovida por el apoderado de Ruiz Vargas.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

RECHAZAR la demanda de tutela instaurada en razón del presente asunto por el apoderado de Rafael María Ruiz Vargas, conforme a las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Herman Galán Castellanos—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Núñez.

Teresa Ruiz Núñez, secretaria

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