Sentencia 18155 de junio 9 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 18.155 (R-2012)

Consejera Ponente (e):

Dra. Gladys Agudelo Ordoñez

Actores: Vitapan Limitada

Demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías

Bogotá, D.C., nueve de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 11 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada y se la condenó al pago de los perjuicios causados a los demandantes.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentra acreditado lo siguiente:

a. Según escritura pública Nº 4814 de 3 de agosto de 1983 de la Notaría Segunda de Cali, documento que obra en copia auténtica, la señora María Epcela Rodríguez Mogollón, en representación de la Sociedad Vitapan Ltda., adquirió a título de compraventa el predio denominado “La Cascada”, con un área de 500 metros cuadrados y una edificación de dos pisos, construida con paredes de ladrillo, losas de cemento, pisos de mosaico, con servicios de agua y energía eléctrica, techo de eternit, servicios sanitarios y vestier, una piscina con azulejo y planta de purificación, ubicado en el corregimiento de Mondomo, sitio denominado “La Agustina”, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, con folio de matrícula inmobiliaria Nº 132-0001748 (fls. 2, 3, 7, cdno. 1).

De conformidad con lo anterior, se encuentra acreditada que la Sociedad Vitapan Ltda., representada legalmente por el señor Bernardo Abad Rodríguez Mogollón, según certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Cali, documento que obra en original (fls. 8 y 9, cdno. 1), es la propietaria del predio denominado “La Cascada”, el cual habría resultado afectado con la construcción de una variante en la carretera que comunica los municipios de Popayán y Cali.

La propiedad sobre bienes inmuebles se acredita demostrando el título y el modo; el primero de ellos está constituido por cualquiera de las fuentes que constituyen las obligaciones(1), mientras que el segundo lo será cualquiera de las formas que taxativamente ha precisado el legislador según lo dispuesto por el artículo 673 del Código Civil(2).

El artículo 756 del mismo ordenamiento jurídico dispone que “se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. En armonía con esta disposición, el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970 señala que están sujetos a registro todo “acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario”.

Queda claro, entonces, que la tradición de los derechos reales constituidos sobre bienes inmuebles se realiza mediante la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos(3); es decir, la propiedad de un bien de esa naturaleza se acredita, entre otros, con la escritura pública de compraventa y con la inscripción de esta en la oficina de instrumentos públicos del lugar del inmueble. Faltando cualquiera de estos dos elementos, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada. Dicho de otro modo, una persona es propietaria de derechos reales cuando tiene título y modo, esto es, cuando acredita, entre otros, la escritura pública de compra venta y la inscripción en el registro inmobiliario. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido:

“En este orden de ideas, se tiene que el título de propiedad sobre un bien inmueble se entiende acreditado con la escritura pública de compraventa, sin perjuicio de que se cuente con otra fuente de obligaciones para efectos de probar ese derecho, más el modo correspondiente que en este caso se materializa con la inscripción de aquella en la oficina de instrumentos públicos, para lo cual es aceptable aportar, entre otros, el certificado del inmueble expedido por la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad, en el cual consten las inscripciones de los títulos que hubieren servido de fundamento para enajenar, gravar o afectar de cualquier manera esa propiedad(4).

En el sub lite y atendiendo a las previsiones hechas anteriormente, puede concluirse que la Sociedad Vitapan Ltda., cuya existencia se encuentra acreditada en el proceso con el certificado de existencia y representación(5), es la propietaria del predio denominado “La Cascada”, el cual habría resultado afectado como consecuencia de la ejecución de una obra pública ordenada por el Instituto Nacional de Vías, Invías.

Cabe recordar que en el ordenamiento jurídico procesal, la legitimación en la causa se entiende como la calidad que tiene una persona para formular u oponerse a las pretensiones de la demanda por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial, de tal suerte que cuando la controversia se centra en la reclamación por un daño causado a un bien inmueble, como ocurre en este caso, el legitimado para ejercer la acción es quien demuestre tener la calidad de propietario, tenedor o poseedor de dicho bien, según la condición con la cual se presente al proceso.

En este orden de ideas, la sociedad actora se encuentra debidamente legitimada para acudir al proceso, a fin de reclamar los perjuicios que dice haber sufrido por una actuación de la entidad demandada, razón por la cual debe desestimarse la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la Empresa Pavicón Ltda.

Tampoco tiene vocación de prosperidad la excepción de inepta demanda propuesta por la llamada en garantía, consistente en que los actores no señalaron el valor de los perjuicios que habrían sufrido como consecuencia de la construcción de la obra pública que afectó el predio de su propiedad, toda vez que en el escrito de demanda se evidencia que los perjuicios fueron tasados en $ 90’000.000, suma que comprende el valor del terreno y las mejoras allí construidas, como la casa de 2 pisos en la cual habría funcionado un establecimiento de comercio, y la piscina con todas sus anexidades (fl. 27, cdno. 1).

b. El 17 de julio de 1997 se realizó diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, la cual fue encabezada por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cauca y que contó con la presencia de la parte actora y de dos ingenieros peritos, quienes tomaron posesión del cargo para el cual fueron designados y se comprometieron a rendir dictamen pericial en un plazo de 10 días hábiles, diligencia en la que se consignaron las siguientes apreciaciones:

“La construcción que se deja descrita se encuentra ostensiblemente deteriorada: su cubierta en pésimo estado, con huellas de haber sido rota por impactos de roca y piedra; agrietaciones (sic) en el piso de baldosa y de pintura en las paredes prácticamente desaparecida por abandono. Al interior del inmueble se observan arrumados varios elementos que sugieren que el inmueble fue destinado en otra época a un establecimiento abierto al público, como que se pueden ver vitrinas, enfriadores, estufas. Hacia el frente del inmueble colinda con la vía Panamericana, al borde de la cual se ha construido en extensión aproximada de ocho metros un muro de contensión (sic). Al momento de la diligencia la casa está dotada de servicios de energía y agua particular. El inmueble antes descrito es conocido con el nombre de La Cascada (...) se encuentra a 59 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Popayán, siendo el mismo para el cual se decretó la presente diligencia de inspección judicial y peritación (...)” (fl. 132, cdno. 2).

c. El 13 de agosto de 1997, los peritos designados por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cauca durante la diligencia de inspección judicial practicada en el predio denominado “La Cascada” de propiedad de la sociedad actora, rindieron el siguiente dictamen:

“(...).

“3. Estado de conservación: mal estado.

“II. Obras ejecutadas por el Instituto Nacional de Vías:

“a. Muro de contención de 17.80 m. de largo, 1.50 m. de altura y 0.3 m. de ancho; al frente de la edificación para su estabilidad.

“b. Cuneta y berma (en antigua zona de parqueaderos)

“c. Peine de talud aledaño, con terrraza que mejora la estabilidad.

“III. Daños en la propiedad:

“1. Debido a las voladuras, las piedras ocasionaron daños menores a la edificación sobre el techo de eternit (16 hojas rotas) que también dañaron algunas hojas de eternit plano (2) del cielo raso del segundo piso y vidrios rotos.

“2. Filtración de piscina:

“Se causaron grandes grietas en la piscina, la cual presentó filtración; según el celador se debió a las piedras que cayeron sobre ella, cuando se llevaron a cabo las voladuras. En el momento de la visita técnica no se pudieron observar las grietas para determinar su origen, pues la piscina estaba completamente llena de tierra.

“3. Daños en los vestier:

“Solamente se ve el piso donde existieron los cuartos que conformaban la zona de vestier.

“IV. Distancia del eje actual de la vía a la pared de la casa: 10.50 m.

“V. Distancia del antiguo eje a la pared de la casa: 15.60 m (ver planta adjunta) (se subraya).

Conclusiones:

“1. De acuerdo a lo anteriormente dicho los daños ocasionados por los trabajos son mínimos y el deterioro del inmueble se debe al abandono. Los daños en el área de piscina debido a su exposición si son susceptibles de haber sido dañados por las piedras provenientes de las voladuras, así como también los daños menores anotados. Por tanto la casa como inmueble no necesita reparaciones de mayor envergadura sino de remodelación y embellecimiento.

“2. Por quedar el inmueble en una zona de mínima seguridad, pues se halla inmediatamente después de una curva en plena vía panamericana y carecer de un área adecuada de parqueo, consideramos que no es factible su uso comercial como centro de recreación (fl. 151, cdno. 1).

“3. En las actuales circunstancias el inmueble queda fuera de las dimensiones mínimas que requiere una vía (15 m.)” (fl. 151, cdno. 1).

Mediante auto de 9 de octubre de 1997, se corrió traslado a las partes del dictamen pericial, pero estas guardaron silencio al respecto (fl. 155, cdno. 1).

d. El 2 de junio de 1998, el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó de oficio a los peritos que complementaran el dictamen pericial anterior, en la parte correspondiente al avalúo de los perjuicios materiales causados al predio de propiedad de los demandantes (fl. 185, cdno. 1).

Sobre la posibilidad que tiene el juez para solicitar de oficio a los peritos la aclaración, adición y ampliación del dictamen, el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil dispone que este “podrá ordenar a los peritos que aclaren, completen o amplíen el dictamen, en las oportunidades señaladas en el artículo 180”, mientras que esta última disposición señala “que podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar”.

En la ampliación los peritos reiteraron las conclusiones plasmadas en el dictamen anterior y señalaron el valor de los perjuicios causados a los demandantes por la afectación del predio denominado “La Cascada”. En tal propósito concluyeron:

“(...).

“2. El Ministerio de OO.PP y Transporte según Decreto 2770 del 23 de octubre de 1953 y Resolución 2114 del 25 de marzo de 1988 establece que las carreteras de primera categoría deben tener una zona libre de 30 m. como mínimo, o sea 15 m. a lado y lado del eje de la carretera. Dentro de esas disposiciones se considera como de primera categoría la carretera Rumichaca-Barranquilla, denominada ruta 25 dentro de la nomenclatura vial de Colombia. En esta ruta 25 está el tramo Popayán-Cali.

“Con la construcción de la variante en el sitio denominado “La Cascada”, el inmueble objeto del proceso, queda ya ubicado, en parte, dentro de la zona de protección de la vía y, consiguientemente, el resto del inmueble inutilizado. Este hecho cambia fundamentalmente la propiedad del terreno donde está ubicado el inmueble que pasa ahora a ser de propiedad del Estado hasta el límite de los 15 m. a partir del nuevo eje de la variante construida y en servicio. Así las cosas, el destino y construcción apropiada del inmueble para el servicio comercial de restaurante, con su correspondiente área de parqueo de vehículos, pierde totalmente su razón de ser puesto que lo aconsejable es demolerlo en su totalidad.

“Estas consideraciones, además de tratarse de un predio rural y basados en el avalúo catastral al 1º de enero de 1999, nos llevan a estimar que el Estado debe indemnizar a sus propietarios con la suma de treinta y cinco millones de pesos m/cte ($ 35’000.000.), teniendo en cuenta la clase de construcción en cuanto se relaciona con calidad de materiales utilizados, acabados y uso exclusivo del inmueble. La demolición estaría a cargo del Instituto Nacional de Vías”.

“Dejamos así consignada la ampliación a nuestro primer informe pericial con el anexo de documentos soporte” (fl. 191, cdno. 1).

Cabe resaltar que de la ampliación al dictamen pericial no se ordenó traslado alguno a las partes, circunstancia esta a la cual hizo alusión el apoderado de la entidad demandada en el recurso de apelación, argumentando que dicha omisión le impidió controvertir la citada prueba, omisión que, a juicio de la Sala, constituye una violación al debido proceso, consagrado en rango supremo por el artículo 29 de la Constitución Política(6), cuyos efectos se traducen en la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con pretermisión de las formalidades legales necesarias para la producción de las pruebas, particularmente la referida al derecho de contradicción por la parte contra la cual se opone.

A propósito, la Corte Constitucional, a través de Sentencia C-491 de 2 de noviembre de 1995(7), sostuvo:

“Estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone esta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión demandada, con la referida advertencia.

Debe recordarse que, en el sub judice, el Tribunal Administrativo del Cauca pidió de oficio la ampliación del dictamen pericial practicado el 13 de agosto de 1997, con fundamento en lo normado por el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, omitió correr traslado de dicha prueba a las partes, a tal punto que la entidad demandada contra la cual se opone la misma no tuvo la posibilidad de controvertirla, lo cual afecta y desconoce evidentemente el debido proceso, por falta de las garantías necesarias esenciales para la producción de las pruebas, circunstancia que trae aparejada consigo la nulidad de pleno derecho de la prueba producida sin el lleno de los requisitos que exige la ley para el cumplimiento de los actos procesales, razón por la cual la Sala no tendrá en cuenta en este asunto la ampliación del dictamen pericial ordenado de oficio por el Tribunal Administrativo del Cauca.

e. En el curso del proceso contencioso administrativo rindieron versión las siguientes personas:

El señor Aldemar Paz López manifestó lo siguiente:

“(...) Más o menos tres años antes de la construcción de la variante en el sitio denominado La Agustina se había cerrado definitivamente el local denominado La Cascada y solo se encontraba en dicha edificación muebles en mal estado como lo pude constatar en alguna ocasión en la cual me tocó pedir permiso al celador para guardar unos elementos de laboratorio con los cuales se estaba trabajando en ese sitio; esos tres años son antes de la caída de la banca y antes de la construcción de la variante por ende (...) Este local siempre se ha encontrado desde su construcción dentro de terrenos correspondientes parcialmente a zonas de la vía (quince metros a partir del eje) con la construcción de la variante no ha habido variación alguna desde su construcción puesto que el eje de la vía en este sector no se corrió hacia ningún lado (...) La dinamita no ocasionó daño alguno en el mencionado inmueble ya que este se encontraba algo alejado y su construcción en mayor parte fue trabajada con buldózer” (fl. 71, cdno. 2).

Jorge Moisés Portilla Gutiérrez narró lo que se enuncia a continuación:

“Preguntado. Sírvase decirle al tribunal si conoció usted el establecimiento denominado La Cascada, ubicado en el paraje de la Agustina, municipio de Santander de Quilichao. Contestó: Pues yo conozco, eso antes era una ramada grande y era un negocio cuando lo compró don Bernardo y él trajo unas máquinas para poner un negocio de comestibles y panadería de toda clase, él hizo una casa muy buena allí que yo mismo le traje todos los materiales traídos de Fusa y arregló muy linda la casa y en ese momento fue ya que apareció el daño en la carretera, eso le escavaron (sic) por el lado del andén, inclusive por la mitad de la casa le hicieron unas grietas y luego dinamitaron esa roca y con la piedra que salió con la dinamita dañaron el resto de la casa. Preguntado. Sírvase decirle al tribunal si lo sabe, hasta cuándo o qué fecha funcionó como establecimiento comercial abierto al público el sitio denominado La Cascada al cual usted se ha referido. Contestó: Eso funcionó como un año y al año fue lo de la carretera y eso tenía hasta autoservicio. Preguntado: Diga usted si es verdad que cuando Vitapán Ltda. se proponía reestablecer o reabrir el negocio que tenía en la carretera Panamericana en el sector de La Agustina, se vio obligada a prescindir de esa actividad por cuanto comenzaron a realizarse los trabajos de la variante de la Agustina. Contestó: Es cierto porque cuando empezaron a trabajar en la carretera con esa mano de dinamita que hecharon (sic), él tuvo que desocupar eso y toda la maquinaria la pasaron para Cali, como nosotros somos vecinos del lugar nos tocó que irnos porque esa gente nos decía que iban a dinamitar y caían piedras y rompían toda la teja, todo el mundo desocupaba eso por la mano de dinamita. Preguntado. Recuerda usted a qué distancia se encontraba la edificación de La Cascada en relación con la línea blanca que está localizada sobre la carretera Panamericana. Contestó: de la raya blanca al andén habían quince metros (fl. 146, cdno. 2).

La señora María Hercilia Riascos de Lozano sostuvo que trabajó como administradora en el establecimiento de comercio denominado “La Cascada” de propiedad de la Sociedad Vitapan Ltda.; adicionalmente dijo:

“Los bolivarianos llegaban de unos siete u ocho buses diarios y el Domingo que era el fuerte se tenía el parqueadero como alrededor de unos cuarenta a cincuenta carros (...) Se cerró por un tiempo para organizar y luego vino el problema de que se dañó la carretera y quedó paralizado por el problema y se dañó lo que es la piscina, lo que es la casa, por los tacos que le colocaban para hacer el arreglo y no se pudo hacer la reinauguración” (fl. 148, cdno. 2).

El señor Leonardo Lozano Manrique, quien durante mucho tiempo laboró para la Sociedad Vitapan Ltda., propietaria del predio conocido como “La Cascada”, en el cual también prestó sus servicios, indicó lo siguiente:

“El Estadero La Cascada está situado entre Mondomo y Santander de Quilichao, trabajé en varias oportunidades como administrador del negocio y la última vez que trabajé en ese sitio fue hace como ocho años unos seis meses antes de cerrarlo (...) el sitio de La Cascada prestaba los servicios de restaurante, cafetería, piscina, bar y tenía un parqueadero con capacidad para unos cuarenta carros (...) Las ventas en esa época eran de un millón trescientos mil pesos mensuales (...) era un promedio de ocho personas, aclaro que se atendía un promedio en cuanto a los fines de semana cuando era más la afluencia de gente eran cerca de doscientas personas. Preguntado.- Sírvase informarle al tribunal si sabe a partir de cuándo la Sociedad VIitapan es propietaria del local denominado La Cascada. Contestó: Esta negociación se hizo aproximadamente unos tres años y medio pero no sé la fecha exacta. Preguntado. Sírvase informarle al tribunal si tiene conocimiento hasta cuándo funcionó el establecimiento abierto al público en el sitio mencionado. Contestó: La Cascada la cerraron hace unos ocho años (...) No sé exactamente los motivos que hubo para cerrarla” (fl. 150, cdno. 2).

Por su parte, Piedad Chaparro Tello, quien para la época de los hechos se desempeñó como Secretaria de gerencia de la Empresa Vitapan Ltda., suministró la versión que se enuncia a continuación:

“Preguntado: Por haber trabajado usted con el señor Benardo Abad Rodríguez en calidad de representante legal de la Sociedad Vitapan, sírvase informarle al tribunal si es verdad que la mencionada empresa se disponía a reabrir el establecimiento de comercio denominado La Cascada. Contestó: Sí, se me informó ya que debía adjuntarle las escrituras que conservaban en la Empresa para diligenciar el inicio de labores (...) No abrir la Cascada o reabrir la Cascada se debió a los trabajos que inició y realizó el Municipio en cuanto a la ampliación de la vía ya que le tomó bastante terreno al negocio y debido a la dinamitación (sic) del terreno se produjo (sic) muchos daños al local, a la piscina y al terreno en general y lo sé porque Vitapán pretendía utilizarlo como centro de recreación para los empleados y se planeó una jornada de descanso y de trabajo para venir a organizarla, fue cuando donde Bernardo al personal administrativo de esa época, nos trajo y vimos que no se podía porque el trabajo de las obras de las vías se estaba empezando a hacer (fl. 152, cdno. 2).

Darío Vicente Paredes Chará, ingeniero de profesión, hizo las siguientes apreciaciones:

“En febrero de 1994 se presentó un deslizamiento de taludes en dicho sitio identificado aproximadamente con la abscisa k59+550 de la carretera Popayán- Santander. Para evitar la ocurrencia de accidentes el Distrito Nº 6 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte acometió unos trabajos de ampliación de la berma justo en el sitio en donde se había presentado el deslizamiento de taludes, que llegó hasta el borde de la carpeta asfáltica, posteriormente la firma interventora Inargos Ltda. hizo los estudios necesarios para construir una variante definitiva dada la gravedad del deslizamiento, según consta en los documentos relacionados con la rehabilitación de la carretera Popayán - Santander. Los trabajos de construcción de la variante de la Agustina comenzaron promediando la segunda quincena de junio de 1994 y se terminaron aproximadamente en febrero de 1995 (...) Cuando empezó la obra de construcción de la variante creo que dicho establecimiento no estaba habilitado para servicio al público. Más bien parecía que el local hubiera estado destinado a bodega (...) Durante mis visitas o pasos por la carretera Popayán-Santander ni constaté, ni tuve jamás información ya fuera por parte de la Interventoria o del constructor o de quienes dijeran ser dueños del inmueble, de daños causados por las maniobras de maquinaria, de movimiento de tierra o por la acción de materiales como tierra, piedras o rocas que hubieran podido caer sobre la edificación (...) Debo aclarar que en la época en que se construyó la variante La Agustina no tenía yo relación directa con la construcción de la variante, de la cual fui supervisor desde febrero de 1995 hasta diciembre del mismo año, sin embargo como en esas fechas yo era jefe de división técnica del Distrito, una de mis funciones era la de recorrer todas las vías de la jurisdicción, no obstante lo cual no me enteré en esos tiempos de la utilización de dinamita para la apertura de la variante. Si hubiera ocurrido alguna novedad como consecuencia del mal uso de explosivos, con toda seguridad yo hubiera tenido la correspondiente información. En la actualidad si he tenido información de que se utilizaron explosivos para los trabajos de la variante (...) Dicha carretera está calificada como de primera categoría y su ancho y zona es de treinta metros, quince metros a cada lado de la vía (...) Parte de dicha edificación si se encontraba dentro de la zona de la carretera (...)” (fl. 154, cdno. 2).

El ingeniero Luis Carlos Bolaños Martínez, quien para la época de los hechos participó en la ejecución de la obra relacionada con la variante de la carretera Cali-Popayán, la cual habría afectado el predio de propiedad de la sociedad actora, manifestó:

“Aproximadamente en el año 1994 hubo deslizamientos en ese sitio que amenazaba con suspender el tránsito vehicular y el comercio entre los departamentos del Valle y del Cauca, por ese motivo la interventoria estudió una variante que es la que actualmente está construida para solucionar el problema que se presentaba, la variante realmente afectó muy poco el predio conocido como La Cascada, por cuanto ese inmueble se encontraba aparentemente abandonado, de pronto si hubo daños sería algunos vidrios pero algo muy mínimo (...) A nosotros nos tocaba directamente los trabajos relacionados con la rehabilitación de la vía en sí (...) sin necesidad de entrar a dicho establecimiento cualquier persona que trabaje y transite por la carretera Popayán-Cali, puede decir que dicho establecimiento hace muchos años se encuentra abandonado y desde antes de la construcción de la variante (...) Preguntado: Cuál es la categoría y el ancho de zona de la carretera Popayán - Santander. Contestó: En esa época era categoría uno y tenía un ancho de zona de treinta metros contados quince metros al lado y lado a partir del eje de la vía (...) antes de iniciar la variante la zona de parqueo y creo que una parte de la casa alcanzaban a estar dentro de la zona de la vía (fl. 157, cdno. 2).

f. De conformidad con el Decreto 2770 de 23 de octubre de 1953, “por el cual se dictan normas sobre uniformidad de la anchura de las vías públicas nacionales y sobre seguridad de las mismas”, expedido por el Presidente de la República:

“ART. 1º—La anchura mínima de la zona utilizable para las carreteras nacionales de primera categoría, será de treinta (30) metros.

(…)

“Estas medidas de tomarán la mitad a cada lado del eje.

“El Ministerio de Obras Públicas determinará las carreteras que correspondan a cada una de las anteriores categorías

(...)

“ART. 2º—En la construcción de carreteras y de ensanches y variantes de las mismas, se reconocerá a los propietarios el valor de los terrenos que sea necesario adquirir para las zonas, se moverán las cercas reconstruyéndolas a cargo de la obra y se repondrán o indemnizarán previamente los perjuicios que se hayan ocasionado”.

g. Por su parte, la Resolución 2114 de 25 de marzo de 1988, proferida por el extinto Ministerio de Obras Públicas y Transporte, “por la cual se determina a qué categoría corresponden las carreteras nacionales”, establece:

“ART. 1º—Determínese la categoría a que corresponden las carreteras nacionales, de acuerdo con los siguientes criterios:

“1. Serán carreteras de primera categoría con una anchura mínima de 30 metros, las que pertenezcan a rutas principales y/o las que tengan un tránsito promedio diario semanal (TPDS) igual o mayor a 1.000 vehículos.

(...).

“ART. 2º—Serán carreteras de primera categoría, las que pertenezcan a las siguientes rutas principales:

(...).

“Ruta 25: Rumichaca-Pasto-Popayán-Cali-Cerritos-Cauya-Riosucio-Medellín-Caucasia-Planeta Rica-Corozal-Puerta de Hierro-Carreto-Calamar-Barranquilla”.

h. Los documentos visibles a folios 134 a 144 del cuaderno 2 suscritos por el jefe de planeación municipal de Santander, departamento del Cauca, mediante los cuales se ordena el desalojo de todos los predios ubicados al borde la carretera Panamericana que no respeten la distancia mínima de 15 metros exigida por la ley, no podrán valorarse en este caso puesto que obran en copia simple, y si bien fueron aportados por el apoderado de los demandantes e incorporados al proceso por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cauca durante la diligencia de inspección judicial practicada el 17 de julio de 1997, no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, para efectos de imprimirle valor probatorio.

Respecto de la aportación de documentos en copia simple debe reiterarse lo dicho por la Sala(8) en el sentido que estas, “no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil antes citado(9)(10).

Es menester señalar que las copias serán admisibles y podrán ser valoradas siempre que puedan reputarse auténticas, de conformidad con cualquiera de los eventos previstos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“ART. 254.—[Modif. por el D. L. 2282/89, art. 1º, num. 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

“2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

“3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.”

Atendiendo a las previsiones anteriores y puesto que los documentos a los que se hizo alusión precedentemente, no cumplen con ninguno de los supuestos que exige la ley, estos no podrán ser tenidos en cuenta por el juez.

Las pruebas hasta aquí valoradas muestran que efectivamente la construcción de la variante en la carretera que conduce de la ciudad de Cali al municipio de Popayán, en el sector conocido como La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, causó daños materiales al inmueble denominado “La Cascada” de propiedad de la sociedad Vitapan Ltda., debido a que durante la ejecución de la obra el contratista utilizó dinamita, situación que le produjo algunos daños menores según las conclusiones que arrojó la inspección judicial y el dictamen pericial rendido el 13 de agosto de 1997; por ejemplo, se rompieron vidrios y 16 tejas de eternit y se causaron grietas en la piscina; sin embargo, estos no fueron cuantificados en el proceso, si se tiene en cuenta que la ampliación al dictamen pericial no pudo ser valorada en el proceso.

Se dijo en la demanda que en el inmueble afectado funcionaba el establecimiento de comercio denominado “La Cascada”, ubicado en el kilómetro 70 de la vía Cali-Popayán, lo cual resulta acreditado con la copia del formulario de matrícula mercantil Nº 007608 de 25 de noviembre de 1981, expedido por la Cámara de Comercio del Cauca, cuya actividad económica era la de servir de estadero o parador turístico, en el que se prestaba el servicio de piscina, restaurante, cafetería y panadería, al igual que está acreditado que la matrícula mercantil del citado establecimiento de comercio fue renovada el 28 de agosto de 1995, documentos que fueron remitidos al proceso por la Cámara de Comercio del Cauca mediante Oficio 2295 de 30 de mayo de 1997 (fls. 27 a 32, cdno. 2).

No obstante lo anterior, se demostró en el plenario, testimonial y documentalmente, que para la época en la cual el Instituto Nacional de Vías, Invías, ordenó la construcción de la variante de la carretera en el sitio conocido como “La Agustina”, el establecimiento de comercio de propiedad de la sociedad actora se encontraba cerrado al público desde hacía 8 años aproximadamente, aunque al aparecer después de culminadas las obras en ese lugar, los propietarios habrían realizado los trámites y diligencias necesarias para reanudar actividades en el establecimiento de comercio mencionado, prueba de ello es el documento por medio del cual se renovó la matrícula mercantil, a partir del 28 de agosto de 1995 (fls. 29, 32, cdno. 2); sin embargo, el citado documento, por sí solo, no es prueba suficiente para tener por acreditada dicha circunstancia, si se tiene en cuenta que ninguna de las pruebas que reposan en el expediente precisa o indica si realmente el establecimiento de comercio fue abierto al público con posterioridad a los hechos, como tampoco es posible establecer cuándo habría ocurrido ello.

Con fundamento en lo anterior, puede concluirse que para la época en la cual se construyó la obra pública en la variante “La Agustina”, el establecimiento de comercio al cual aluden los demandantes, se encontraba cerrado al público desde hace varios años atrás, y la sola circunstancia de que sus propietarios hubiesen solicitado la renovación de la matrícula mercantil en el mes de agosto de 1995, no implica en manera alguna que este hubiere entrado en funcionamiento, pues ninguna prueba, como se indicó, da cuenta de esa situación.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el dictamen pericial practicado en el proceso estableció que no era factible el uso comercial del establecimiento denominado “La Cascada”, de propiedad de la sociedad Vitapan Ltda., “por quedar el inmueble en una zona de mínima seguridad, pues se halla inmediatamente después de una curva en plena vía Panamericana y carecer de un área de parqueo” (fl 151, cdno. 1), pero lo cierto es que ninguna prueba demuestra efectivamente cuáles habrían sido los perjuicios sufridos por la parte actora ante la imposibilidad de explotar económicamente el establecimiento de comercio. Debe aclararse que según el testimonio del señor Leonardo Lozano Manrique, quien dijo haber desempeñado el cargo de administrador del establecimiento de comercio “La Cascada” en varias oportunidades, dicho negocio habría generado ingresos mensuales de $ 1’300.000; sin embargo, frente a dicha declaración cabe precisar que el testigo se refiere a ingresos que habría percibido el establecimiento de comercio aludido en el año 1990, pero, como se dijo atrás, la obra pública que lo afectó se ejecutó entre los años 1994 y 1995, sin perder de vista que la prueba testimonial, por si sola, sin otros elementos de juicio que la respalden, no resulta suficiente para tener por demostrado lo que habría dejado de percibir económicamente el establecimiento de comercio afectado(11); además, el cierre se produjo muchos años antes de la ejecución de las obras, es decir, que la ejecución de las mismas no fue la causa del cierre del establecimiento comercial.

De conformidad con las normas comerciales, las personas que desarrollen una actividad mercantil están en la obligación de llevar libros de contabilidad, registros contables, inventarios, estados financieros(12), etc., así como es obligación de todo comerciante “inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad” según se infiere del inciso 2º del artículo 19 del Código de Comercio y, en el sub lite, nada de ello se aportó al proceso.

La prueba pericial también destaca que el inmueble afectado se encontraba ubicado, antes de la construcción de la variante, a una distancia de 15,60 metros en relación con el eje de la carretera, pero después de la ejecución de la obra quedó a una distancia de 10,50 metros, concluyendo el dictamen que “en las actuales circunstancias el inmueble queda fuera de las dimensiones mínimas que requiere una vía (15 m)” (fl. 151, cdno. 1), a lo que habría que adicionar que en frente de la fachada del inmueble afectado, a una distancia de 2,60 metros aproximadamente, se construyó un muro de contención de 13 metros de largo, según se infiere de los planos topográficos que fueron levantados por los peritos que intervinieron en la diligencia de inspección judicial y realizaron el correspondiente dictamen pericial. Sobre este punto es pertinente señalar que la parte actora acompañó con la demanda unas fotografías (fls. 10 a 22, cdno. 1), las cuales permiten evidenciar claramente la situación descrita a lo largo del proceso, precisando que el material fotográfico anexado por el demandante es susceptible de valoración en el sub lite, dado que es posible confrontarlo con otros medios de prueba, como es el caso por ejemplo de la inspección judicial y del dictamen pericial, medios a través de los cuales se detallan las características y especificaciones del lugar y del inmueble afectado, para concluir que se trata del predio denominado “La Cascada” de propiedad de la sociedad demandante.

Lo anterior desvirtúa las afirmaciones de la entidad demandada, de las llamadas en garantía y de quienes aseguraron en el proceso que el inmueble de propiedad de la sociedad demandante fue construido invadiendo espacio perteneciente a la Nación, ya que el dictamen pericial constató claramente que el predio afectado se encontraba a 15,60 metros del eje de la carretera, respetando las especificaciones dispuestas por el ordenamiento legal en torno a las distancias mínimas que deben conservar los inmuebles construidos al margen de la carretera.

A propósito, el Decreto 2770 de 23 de octubre de 1953, “por el cual se dictan normas sobre uniformidad de la anchura de las vías públicas nacionales y sobre seguridad de las mismas” establece en el artículo primero “que la anchura mínima de la zona utilizable para las carreteras nacionales de primera categoría, será de 30 metros, esto es, 15 metros a cada lado, y la carretera Cali-Popayán está catalogada como una carretera del orden nacional, según se infiere de la Resolución 2114 de 25 de marzo de 1988, “por la cual se determina a qué categoría corresponden las carreteras nacionales”, proferida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de ese entonces.

Salta a la vista que la obra construida por el Invías ocupó el predio de propiedad de la sociedad Vitapan Ltda., a tal punto de tornarlo inutilizable, pues el inmueble fue adquirido por la sociedad actora precisamente para la constitución de un establecimiento de comercio en ese lugar, proyecto que se vio truncado por la ocupación del predio a consecuencia de una obra pública, tal como lo dictaminaron los peritos que practicaron una diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos, quienes concluyeron: “por quedar el inmueble en una zona de mínima seguridad, pues se halla inmediatamente después de una curva en plena vía Panamericana y carecer de un área adecuada de parqueo, consideramos que no es factible su uso comercial como centro de recreación” (fl. 151 , cdno. 1).

A pesar de que el artículo 2º del Decreto 2770 de 23 de octubre de 1953 dispone que, en la construcción de carreteras, de ensanches y variantes, se reconocerá a los propietarios el valor de los terrenos que sea necesario adquirir para las zonas y se indemnizarán previamente los perjuicios que se hubieren causado, lo cierto es que nada de ello ocurrió en este caso, razón por la cual la entidad demandada deberá indemnizar los perjuicios que dicha situación causó a la parte actora y que se reflejan concretamente en la ocupación permanente del predio denominado “La Cascada” de propiedad de la sociedad Vitapan Ltda., como consecuencia de la construcción de una obra pública, lo que tornó el inmueble prácticamente inutilizable.

El material probatorio evidencia que la ocupación y los daños producidos en el inmueble de propiedad de la sociedad actora, fueron ocasionados por un contratista del Instituto Nacional de Vías, Invias, que adelantaba trabajos relacionados con la construcción de una variante en el sitio denominado “La Agustina”, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. No hay la menor duda, por tanto, de la existencia de nexo de causalidad entre la actividad de la administración y los daños sufridos por la sociedad actora, con ocasión de la ocupación permanente de un predio de su propiedad. Además, en el plenario no existe prueba alguna que permita inferir el rompimiento del nexo causalidad entre la actividad de la administración y el daño sufrido por la sociedad demandante.

En asuntos como este, en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la jurisprudencia de esta corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable a casos como el debatido, es objetivo, lo que impone la obligación de declarar la responsabilidad cuando se hubiere acreditado que una parte o la totalidad de un bien inmueble fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actúan autorizados por ella, pues eso denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tienen por qué asumir los afectados.

Sobre el particular, la Sala, mediante providencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 15.351, hizo las siguientes reflexiones en torno a la responsabilidad surgida como consecuencia de la ocupación parcial o permanente de un bien inmueble con ocasión de trabajos públicos, y a la necesidad imperiosa de la administración de concurrir al restablecimiento de los perjuicios que actuaciones de esa naturaleza causen a los coasociados en el marco de un Estado social de derecho:

“La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en que la ocupación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio —material o inmaterial— se ocasiona a causa de la realización de unas obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado. La concreción y prevalencia del interés general —artículo 1º de la Constitución Política—, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta. De ahí que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de los artículos 219 —inciso 2º— y 220 del Código Contencioso Administrativo, razonara de la siguiente manera en relación con la responsabilidad del Estado frente a eventos como el que, en el sub judice, ocupa la atención de la Sala:

“Las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 ibidem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos.

“No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de soportar.

“Por tanto, en cuanto el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 136 del mismo código, modificado por el artículo 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no son contrarias al artículo 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de propiedad privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente.

“Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas.

“Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización, es razonable que se ajuste a derecho, así sea a posteriori, la adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella, pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin causa de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo el derecho”(13).

No sobra advertir que el juez de lo Contencioso Administrativo ha considerado que hay lugar al surgimiento de la responsabilidad de la administración en aquellos eventos en los cuales han quedado evidenciadas situaciones relacionadas con la ocupación parcial o permanente de bienes inmuebles por causa de trabajos públicos, en cuanto concurren los siguientes elementos:

“i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no solo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado.

y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado.

El Estado podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima(14).

Por último, se precisa que si bien la entidad demandada llamó en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A., y a la Empresa Pavicol Ltda., el Tribunal Administrativo del Cauca las exoneró de responsabilidad, decisión que no fue materia del recurso de apelación, razón por la cual la Sala no hará pronunciamiento alguno en torno a la situación de las llamadas en garantía.

Es dable señalar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados en el mismo, de tal suerte que el marco fundamental de competencia del juez a quem lo determinan las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión recurrida, por ello, los aspectos diversos a los planteados por el recurrente quedan excluidos del debate en la instancia superior, aspecto este que encuentra eco en el principio de congruencia sobre el cual la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido lo siguiente:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento de que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(15).

V. Indemnización de perjuicios

Los actores pidieron que se les indemniza los perjuicios causados con el pago de la suma de $ 90’000.000, la cual comprende la pérdida del terreno y las mejoras construidas sobre él, consistentes en una casa de dos pisos en la cual funcionaba el establecimiento de comercio abierto al público y una piscina de recreación.

Puesto que en este asunto se evidenció que el predio de propiedad de la sociedad demandante fue ocupado permanentemente, con ocasión de una obra pública contratada por el Instituto Nacional de Vías, Invías, lo que redujo considerablemente la distancia mínima que este tipo de bienes debe guardar respecto del eje de la carretera, como lo indican las normas dispuestas por el ordenamiento jurídico y a las cuales se hizo alusión precedentemente, obra que incluyó además la construcción de un muro de grandes proporciones en el frente de la fachada del predio de los actores, tornando prácticamente inservible el inmueble, particularmente en cuanto a la posibilidad de poner en funcionamiento un establecimiento de comercio en ese lugar, la demandada deberá indemnizar el valor comercial del inmueble afectado y de las mejoras en él construidas, teniendo en cuenta el deterioro que pudo sufrir el bien por el abandono de que fue objeto por parte de sus propietarios durante 8 años antes de la ejecución de las obras, dejando en claro que dicha indemnización comporta la obligación en cabeza de la sociedad actora de transferir a la entidad demandada la propiedad del inmueble(16). No obstante ello y habida consideración de que en el sub lite no se cuenta con elementos de juicio que permitan establecer o calcular los perjuicios causados, la Sala condenará en abstracto al Instituto Nacional de Vías, Invías, al pago de perjuicios materiales, para lo cual el interesado deberá tramitar un incidente en los términos del artículo 172 del Código Contencioso Administrativo(17).

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 11 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca; en su lugar, se dispone:

2. DECLÁRASE responsable al Instituto Nacional de Vías, Invías, por los daños causados al predio de propiedad de la sociedad Vitapan Limitada., con ocasión de la ocupación permanente del predio denominado “La Cascada”, por la construcción de una obra pública.

3. CONDÉNASE en abstracto al Instituto Nacional de Vías, Invías, a pagar el valor de los perjuicios que logren acreditarse a través del incidente de regulación de perjuicios.

4. ABSUÉLVASE de responsabilidad a las llamadas en garantía.

5. ABSTIÉNESE de condenar en costas a la demandada.

6. Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al lugar de origen.

7. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese»

(1) “ART. 1494.—Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya del hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.

(2) “ART. 673.—Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción”.

(3) Velásquez Jaramillo Luis Guillermo, “Bienes”, Editorial Temis, Bogotá, 2004, pág. 307.

(4) Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 16.980.

(5) Así como las personas naturales prueban su existencia mediante la presentación personal del poder o de la demanda o del escrito de intervención, las personas jurídicas la acreditan con el documento que corresponda en cada caso según la ley -Morales Hernando “curso de derecho procesal civil”, Editorial ABC, Bogotá, pág. 203.

(6) ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

(...).

“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(7) Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.

(8) Así por ejemplo la sentencia del 16 de abril de 2007, Expediente AG- 025.

(9) Sentencia del 2 de mayo de 2007. Expediente 31.217.

(10) “... la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle el mismo valor probatorio del original es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(11) Sentencia de 16 de julio de 2008, Expediente 15.821.

(12) “Artículo 48 del Código de Comercio Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C- 864 del 7 de septiembre de 2004; magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.

(14) Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente15.338.

(15) Sección Tercera, sentencia de 1º de abril de 2009, Expediente 32.800.

(16) “En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada- Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1997, Expediente 9718.

(17) “ART. 172.—Condenas en abstracto. Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998: Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

“Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.