Sentencia 18186 de mayo 23 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 18186 de 2002 

Aprobado Acta Nº 55

Magistrado Ponente

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., Veintitrés de mayo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la Sentencia de 22 de septiembre de 2000, mediante la cual el Tribunal Superior de Antioquia condenó a los procesados Donata Magdalena Paszek, Malgorzata Anna Maslak, Andrzej Kopaczewski y Slawomir Rafael Kolodziejczyk, de nacionalidad polaca, a la pena principal privativa de la libertad de 9 años de prisión, como coautores responsables de infringir la prohibición contenida en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, con la agravación prevista en el artículo 38.3 ejusdem.

Hechos y actuación procesal

El 9 de agosto de 1995, en el aeropuerto José María Córdoba del Municipio de Rionegro (Antioquia), la policía aeroportuaria encontró en las cuatro maletas de viaje que presentaron para su revisión los pasajeros Donata Magdalena Paszek, Malgorzata Anna Maslak, y Slawomir Rafael Kolodziejczyk, quienes se disponían a abordar el vuelo 309 de Avianca con destino Bogotá-Leticia, sendos paquetes debidamente empacados con cinta adhesiva dentro de un doble fondo, contentivos todos de cocaína clorhidrato. En vista de que no hablaban español, se buscó en el aeropuerto un intérprete, siendo localizado Andrzej Kopaczewski, quien ofreció sus servicios. Al serle solicitados los documentos de identificación y comprobarse su nacionalidad polaca, las autoridades empezaron a interrogarlo, generándose una situación de malestar y tensión que lo llevó a tomar la decisión de no continuar colaborando, después de manifestar que no conocía las ciudadanas detenidas. Esto llevó a las autoridades a revisar la lista de pasajeros del vuelo 309, estableciendo que Andrzej Kopaczewski tenía el mismo itinerario de las personas detenidas, y que en el mismo vuelo también viajaba Kczistof Bogdan Pyszel, de nacionalidad igualmente polaca, quien ya había abordado el avión. Se estableció igualmente que el equipaje de estos últimos ya había sido aforado, y se encontraba conformado por dos maletas y un maletín. En vista de ello, se ordenó retirarlos del avión y revisarlos, hallando en el interior de las dos primeras, dentro de un falso fondo elaborado en lámina de aluminio, sendos paquetes con cocaína clorhidrato. La sustancia incautada en las seis (6) maletas arrojó un peso total neto de 9.679.15 gramos. En poder de Andrzej Kolodziejczyk y Krzistof Bogdan Pyszel fueron hallados 19.580 y 420 dólares, respectivamente (fls. 1-2, 10-11, 178-180, cdno. 1).

La fiscalía inició investigación, escuchó en indagatoria a los imputados con la intervención del intérprete, y resolvió su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por infracción al artículo 33 de la Ley 30 de 1986 (fls. 43, 55, 64, 72, 80, 102, 146/1 y 104/2). En sus injuradas, sólo Krzistof Bogdan Pyszel aceptó su responsabilidad en los hechos. Dijo que un alemán, de nombre Endy, lo contactó en Speer (ciudad alemana) para que viajara en compañía de al menos tres personas más, con el fin de llevar de regreso varias maletas con narcóticos, a cambio de quince mil marcos alemanes. El viaje lo hizo en compañía de Donata Magdalena Pasket (compañera marital), y la pareja Malgorzata Anna Maslak y Slawomir Rafael Kolodziejczyk, inicialmente a Cartagena, a donde llegaron a finales del mes de julio, y luego a Medellín, donde recibió las maletas de manos de Endy. Explica que sus compañeros no tenían conocimiento de los verdaderos motivos de su viaje, y que a Andrzej lo conocieron en Cartagena (fls. 72/1). Los demás se declararon inocentes argumentando que desconocían el contenido de las maletas (fls. 43, 55, 64, 80/1).

En el curso del sumario Krzistof Bogdan Pyszel se acogió al trámite de sentencia anticipada, propiciando la ruptura de la unidad procesal (fls. 144, 242, 253, 267/1 y 157/2). La investigación continuó respecto de los otros procesados, siendo calificada el 30 de abril de 1996 con resolución de acusación contra todos ellos por infracción al artículo 33 inciso primero de la Ley 30 de 1986, agravada conforme a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 38 ejusdem, en calidad de coautores (fls. 88-101/2). Esta decisión fue apelada, pero el recurso fue declarado desierto el 6 de junio siguiente por falta de sustentación (fls. 148 y 150/2).

Concluido el juicio, y dictada la sentencia de primera instancia, el tribunal, mediante decisión de 24 de noviembre de 1997, decretó la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la notificación de la providencia que abrió el juicio a pruebas, por no haber sido dicha notificación realizada con la presencia del intérprete, y concedió a los acusados la libertad provisional por vencimiento de términos (fls. 148-156/2). Enmendado el vicio, y restablecida la actuación, el juzgado de conocimiento dictó Sentencia el 9 de febrero de 1999, condenando a los procesados a la pena principal privativa de la libertad de nueve (9) años de prisión, como coautores responsables del delito imputado en el pliego de cargos (fls. 1-24/2).

Encontrándose la sentencia en proceso de notificación, desaparecido el expediente, según consta en denuncia presentada el 20 de mayo del mismo año (anexo 1), razón por la cual debió ser ordenada su reconstrucción (fls. 59 y 60/2). Cumplido este trámite, el juzgado remitió el proceso al tribunal en apelación de la sentencia, donde el 22 de septiembre de 2000 recibió integral confirmación (fls. 181-210/2), decisión contra la cual interpuso recurso extraordinario de casación el defensor de los acusados Donata Magdalena Paszek, Malgorzata Anna Maslak y Slawomir Rafael Kolodziejczyk.

(...).

4. Prolongación indebida de los términos legales de la instrucción y el juzgamiento.

Lo primero que debe advertirse, en orden a hacer claridad en torno a las afirmaciones que sustentan la censura, es que la resolución de acusación no fue invalidada por el tribunal en decisión de 24 de noviembre de 1997, como lo sostiene el actor. La nulidad allí decretada, sólo afectó las actuaciones cumplidas “a partir inclusive de la notificación del auto que abrió el juicio a pruebas”, siendo totalmente claro, por tanto, que la calificación, como su ejecutoria, quedaron vigentes (fls. 148-156/2).

Ahora bien. Desde la fecha de iniciación de la investigación (ago. 10/95), hasta la calificación de su mérito (abr. 30/96), transcurrieron ocho (8) meses y veinte (20) días, término que resulta ser muy inferior al máximo de instrucción previsto por el artículo 329 del Decreto 2700 de 1991 (modificado por L. 81/93, art. 42), entonces vigente (treinta (30) meses), para las investigaciones con tres o más sindicados. De allí que deba concluirse, con la delegada, que no existió violación de los términos legales en esta primera fase del proceso.

En relación con la prolongación indebida del juzgamiento, ha de decirse que la normatividad procesal no prevé término perentorio para su adelantamiento, como ocurre con la instrucción, y además de ello, que la tardanza que pudo haberse presentado en la definición del asunto en el caso sub judice resulta explicable, si es tomado en cuenta que el juicio debió ser repetido en su totalidad en virtud de la nulidad decretada por el Tribunal Nacional en decisión de 24 de noviembre de 1997, y después, cuando se encontraba en proceso de notificación la nueva sentencia de primera instancia, se produjo la pérdida del expediente, debiendo ser ordenada su reconstrucción.

Oportuno es precisar, finalmente, que la dilación justificada o injustificada del proceso no constituye motivo de nulidad. La tardanza en su definición, o en la superación de los estadios en los cuales se divide, comporta sanciones de naturaleza distinta, también al interior del proceso, verbigracia la liberación de los procesados detenidos (CPP, art. 415, nums. 4º y 5º), la preclusión automática de los estancos o comportamientos (art. 329, inc. cuarto ejusdem), la extinción de la acción por prescripción, y acciones de naturaleza disciplinaria para los funcionarios que incurran en inactividad manifiesta e injustificada, entre otras.

Esta solución responde a un fundamento racional: Si lo que pretende ser protegido es el derecho a acceder a una pronta justicia, no dejaría de resultar inconsecuente que el correctivo a aplicar fuese la nulidad de lo actuado, propiciado mayor retraso en la solución del asunto, y dando origen a la repetición de una actuación por fuera de los términos que se afirman violados, y de la cual habría de predicarse necesariamente al mismo vicio.

Se desestima la censura.

En mérito de lo expuesto, La corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto de la Procuradora Cuarta Delegada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. NO CASAR la sentencia impugnada.

2. Expedir con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Sala jurisdiccional Disciplinaria, las copias indicadas en la parte motiva de esta providencia, para los fines allí expresados.

Devuélvase a la oficina correspondiente. Cúmplase.

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