Sentencia 1826 de junio 6 de 2002 

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad. 20021826 01 42-12, jun. 6/2002

M.P. Dr. Eduardo Campo Soto

Ref.: Acción de tutela instaurada por Rafael Enrique Monroy Monroy contra el Ministerio de Hacienda, Banco Granahorrar, Superintendencia Bancaria.

Vistos

Se resuelve la impugnación presentada contra el fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el día 25 de abril de 2002, a través del cual se negó la acción de la referencia.

Antecedentes procesales

En escrito visible a folios 2 a 4 del cuaderno principal, el señor Rafael Enrique Monroy Monroy, presentó ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el día 12 de abril de 2002, acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Bancaria y el Banco Granahorrar, fundamentada en los hechos que el a quo resumió así:

“Informó el actor que, en el año 1993 adquirió un crédito hipotecario con el Banco Granahorrar, pactando su pago a 120 cuotas, es decir 10 años.

En el año 2000 la entidad bancaria le envió un oficio en el cual se comprometió a otorgarle un alivio real por valor de $ 67.453.086; sin embargo, en el mes de diciembre de 2001 se le comunica que el alivio le fue revocado por las directivas del banco y la Superintendencia Bancaria, en concordancia con disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En consideración a ese hecho, la obligación se incrementó a la suma $ 100.000.000 y sus cuotas mensuales pasaron de $ 750.000 a $ 5.000.000.

A juicio del actor, esa decisión unilateral del banco y las entidades estatales es lesiva de sus derechos primarios, como que compromete los consagrados en la Carta Política, en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 13, 23, 29, 83, 85 y 86 (fls. 1-3)”.

Petición

Solicitó el accionante, que por vía constitucional de tutela, con fundamento en los hechos relacionados se ordene al Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Bancaria y Granahorrar, no revocar el alivio que se le concedió en el año 2000, por valor de $ 67.453.086, y que desistan en su empeño de cobrarle cuotas de más de $ 5.000.000 mensuales, y escandalosos intereses usureros, consideró que se le violaron los derechos constitucionales consagrados en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 13, 23, 29, 83, 85 y 86 de la Constitución Política.

Actuación procesal

1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria a quo, mediante auto fechado 16 de abril de 2002, negó la suspensión provisional del acto atacado. Dispuso notificar a los accionados, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa dentro del término legal, igualmente notificar al señor Rafael Enrique Monroy Monroy. Y ordenó la práctica de unas pruebas.

2. Durante el término de traslado de la acción, se pronunció la Superintendencia Bancaria, quien luego de citar una serie de providencias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., manifiesta que la Superintendencia Bancaria no tiene facultad para revisar los contratos de mutuo vigente para vivienda con el sistema UPAC, por cuanto ello es competencia de los jueces de la República, ante demanda instaurada por cada persona interesada, y si el accionante no comparte la forma como se le han hecho los abonos al crédito o la reliquidación, la vía para dirimirlo es la justicia ordinaria y no la tutela, para concluir que resulta improcedente la acción de tutela impetrada, en lo que corresponde a la Superintendencia Bancaria.

3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifestó que no podía pronunciarse respecto a la tutela, porque el objeto del amparo solicitado atendía a competencia propia del Banco Granahorrar y la Superintendencia Bancaria, que debían ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, el Decreto 2702 del mismo año y demás normas complementarias.

Fallo de primera instancia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, puso fin a la instancia, con el fallo emitido el 25 de abril de 2002, a través del cual negó la acción de tutela impetrada por el señor Rafael Enrique Monroy Monroy, motivando entre otras cosas:

“... Entiende este juez de tutela que, la reliquidación prevista por la Ley 546 de 1999, al realizarse por la entidad financiera, per se, no tenía ya total seguridad y resultaba inalterable, pues conforme a esa ley a la Superintendencia Bancaria le correspondía revisar dichos actos y cuando lo hizo frente a los ejecutados por el Banco Granahorrar advirtió el error.

Es que, a partir de ese yerro mal puede el actor pretender beneficiarse y mucho menos merced a la acción de tutela, pues recuérdese cómo los dineros utilizados para los susodichos alivios fueron sufragados por el Estado; es decir, se trata de bienes públicos que por su naturaleza mal pueden ser objeto de apropiación injustificada o indebida ...”.

“... En consecuencia, el hecho que la entidad demandada se hubiera equivocado al efectuar la liquidación y le brindara una información errónea a la accionante, no tiene la virtualidad de crear derechos en cabeza de ésta sobre esos dineros, y por el contrario, de no ser reversada la operación, podría dar lugar a un enriquecimiento sin justa causa y eventualmente a la comisión de un delito si tal situación no es corregida por tratarse, justamente, de dineros pertenecientes a la Nación.

Segundo. Si de conformidad con la ley y las circulares externas emitidas por la Superintendencia Bancaria, el proceso de reliquidación de los créditos de vivienda no culmina hasta tanto ésta les imparta la correspondiente aprobación, y dicha entidad encontró que la reliquidación inicial no era correcta y en virtud a ello el banco procedió a su revisión, no se entiende entonces, cómo una actuación legítima pueda al mismo tiempo constituir vulneración de un derecho fundamental ...”.

... No pueden ser más precisas las razones para negar la solicitud de tutela invocado por el señor Rafael Enrique Monroy Monroy, máxime cuando no aparece demostrado cómo podría generarse un perjuicio irreparable, cuando se cuenta con la posibilidad de acudir al juez civil y debatir el monto de la reliquidación —es posible una indemnización.

Ante el procedimiento ajustado a la legalidad, que permitió detectar el yerro en que incurrió el banco, amén de la naturaleza de los dineros utilizados para los alivios hipotecarios previstos en la Ley 546 de 1999, la Sala mal puede entrar a predicar que se violó el debido proceso, pues con ocasión del mismo se generó el resultado que motivó la inconformidad del actor y que por sus características no puede ser objeto de solución a través de la acción de tutela ...”.

La impugnación

El accionante impugnó el fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca; y expuso como sustentación, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo con el fallo por no estar ajustado a la Constitución Nacional ni a derecho, el a quo no tuvo en cuenta hechos que son fundamentales para decidir con verdadera justicia y buen juicio; él en ningún momento indujo a las entidades accionadas a cometer error en su favor, y mucho menos pretende enriquecerse ilícitamente en agravio de nadie, como tampoco vive a la caza de errores ajenos para beneficiarse.

Sostiene que un negocio hecho, al igual que un alivio otorgado o el perdón o condonación de una deuda hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto no pueden ser revocados o retrotraídos en virtud de ninguna circunstancia ni bajo ningún pretexto, en conclusión, solicita se revoque el fallo proferido por el a quo y en su lugar se le tutelen los derechos constitucionales fundamentales invocados como violados, consecuencialmente se ordene al Banco Granahorrar, la Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Hacienda no revocar el alivio que le fue otorgado en el año 2000, por la suma de $ 67.453.086, y hacerles desistir del doloso y corrupto empeño de cobrarle cuotas astronómicas de $ 5.000.000 mensuales, y los intereses usureros.

Consideraciones de la Sala

Por disposición de los artículos 86 y 116 de la Constitución Política; 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 esta corporación tiene competencia para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso 2º: “El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo ... si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará ... ”.

1. Legitimación por pasiva.

La acción incoada va dirigida contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco Granahorrar y la Superintendencia Bancaria. Como la legitimidad pasiva es consecuencia de la concepción histórica consolidada, y según las funciones que cumplen cada uno de los entes tutelados, se observa que el Ministerio de Hacienda Pública no participó en la pretendida vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, por lo tanto, la acción debió dirigirse únicamente contra el Banco Granahorrar y la Superintendencia Bancaria, puesto que, el primero revocó el alivio económico producto de la reliquidación inicial abonada al crédito hipotecario del accionante, y la segunda verificó y validó este procedimiento, que a la postre fue lo que originó la tutela.

En consecuencia, debe la Sala desplegar todos sus poderes para esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, únicamente contra el Banco Granahorrar y la Superintendencia Bancaria.

2. Procedencia de la acción.

Respecto al carácter de particular de una de las entidades demandadas dejó sentado esta Sala el pasado 26 de julio dentro del radicado 20011333, que las entidades que manejen recursos captados del público en forma masiva, habitual y profesional y con ello adquieren una preponderancia o posición dominante son susceptibles de acción de tutela en virtud de esa posición de supremacía material con relevancia jurídica, como dio en llamarla la Corte Constitucional en fallo T-105 de 1996 (1) .

(1) En el mismo sentido el fallo C-134 de 1994 señaló que la posición dominante de estas entidades hace necesaria la intervención del Estado y en caso de que su abuso de poder genere violación de derechos fundamentales, es posible emplear la acción de tutela como mecanismo de protección.

3. El caso concreto.

Es claro para esta superioridad en el caso que nos ocupa concluir como bien lo hizo en oportunidad anterior al resolver similar petición tutelar, en donde estaba de por medio la protección a los derechos fundamentales 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 23, 29, 83, 85 y 86 de la Constitución Nacional, de la señora Luz Marina Velázquez Montañez. Por lo tanto, estando de presente la misma situación fáctico jurídica a resolver, se echa mano de lo allí motivado, pues siendo el mismo caso ventilado ante el juez de tutela obvio es aplicar la misma solución en derecho dada en el radicado bajo el número 2002 9007 01 con ponencia del honorable magistrado Temístocles Ortega Narváez.

“Como ya esta Sala ha resuelto acciones de tutela en términos muy similares a aquéllos de los que aquí se ocupa, es prudente recordar algunos de los planteamientos ya consolidados:

... es importante anotar que durante la vigencia de dicha relación contractual se dieron unas circunstancias particulares como un alivio que se hiciera al crédito, de lo cual fue informado el accionante directamente por el propio banco el 6 marzo de 2000, en donde se le daba cuenta que la disminución del mismo era de $ 9.807.431.70 mcte., situación esta que motivó al deudor del crédito a seguir haciendo abonos extras para saldar rápidamente la obligación crediticia, hasta que finalmente se posibilitó la cancelación total del mismo, diecisiete meses después (ago. 27/01).

Obsérvese cómo hasta aquí la relación contractual se había desarrollado bajo el principio de la buena fe y de la confianza mutua entre las partes contratantes, prueba de ello es que el actor siempre pagó cumplidamente no sólo las cuotas mensuales que le imponía su obligación dineraria, sino que además efectuó abonos extras con el ánimo de finiquitar totalmente su obligación, fundado en la creencia de que los extractos bancarios que se ponían a su disposición eran verídicos y que los ajustes que a su crédito se estaban haciendo, tanto por concepto de reliquidación del crédito como de intereses, correspondían a la realidad contractual”.

"Tales circunstancias de posición dominante conducen a que los bancos finalmente impongan su voluntad, precisamente por ser una posición más fuerte y tener los mecanismos aptos de defensa como en este caso lo sería el que el actor tiene hipotecado su inmueble. Por ello los bancos sin mediar acuerdo, consentimiento o ni siquiera diálogo mínimo se limitan a cambiar unilateralmente las cuantías y formas de liquidación de las obligaciones crediticias, no teniendo el usuario alternativa distinta que la de acatar tales imposiciones o el de verse avocado a los juicios judiciales pertinentes.

“Y es aquí ante estas desavenencias donde el ente dominante impone su facultad sin ningún procedimiento a lugar, lo que conduce a que se configure una verdadera vía de hecho, al carecer de respaldo procedimental la decisión que a su arbitrio adoptó, y que según su propio juicio fue la correcta”.

(...).

Lo anterior conduce a que el alivio tan anhelado por la parte débil de la relación contractual, en forma inesperada y abrupta se convirtió en una carga para él a la cual se ve atado por el incumplimiento y abuso, se insiste, de la posición dominante como lo fue la morosidad en la tramitación de los documentos de rigor atinentes al gravamen que afectaba el bien” (2) (negrillas fuera de texto).

(2) Sentencia de febrero 6 de 2002. Radicado 20014233. M.P. Dr. Guillermo Bueno Miranda.

Respeto al acto propio

"En la citada T-295 de 1999 se precisó este concepto:

"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (C.N., art. 83). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto”.

"La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo “Venire contra pactum proprium nelli conceditur” y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria”.

“El tratadista y magistrado del tribunal constitucional español Luis Díaz Picazo (4) enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice “no se puede ir contra los actos propios”.

(4) La doctrina del acto propio, un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo-Bosch Casa Editorial Barcelona. 1963.

"Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho".

"La mencionada sentencia dice que el respeto del acto propio requiere de tres condiciones para que pueda ser aplicado:

a) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz; b) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción —atentatorio de la buena fe— existente entre ambas conductas, c) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas".

En la doctrina (5) y en la jurisprudencia colombiana no ha sido extraño el tema del acto propio, es así como la Corte Constitucional en la T-475 de 1992 (6) dijo:

(5) Ver el capítulo “La doctrina de los actos propios en el derecho administrativo”, en el libro “Derecho constitucional y administrativo en la Constitución Política de Colombia” de Gaspar Caballero. Editorial Diké y Ediciones Rosaristas, págs. 127 y ss.

(6) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

"La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias".

"El 13 de agosto de 1992, el Consejo de Estado, Sección Tercera (7) , reiteró la filosofía contractual que en casos similares había expuesto tal corporación, en los siguientes términos:

(7) M.P. Julio César Uribe.

"Cuando las partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos, documentos, actas, deben hacer homenaje a la misma. Ese es un mandamiento moral y un principio del derecho justo. Por ello el profesor Karl Lorenz, enseña:

“Así, trasladados los anteriores conceptos al caso que ocupa la atención de la Sala, naturalmente deba aceptarse cómo Granahorrar se llevó de calle los principios de respeto del acto propio y confianza legítima, el constitucional de la buena fe y por contera, del debido proceso, al no hacer honor a su palabra comprometida mediante actos que comportaron efectos jurídicos favorables a su deudor traducidos incluso en una decisión judicial que redundó en no imponerle judicialmente la obligación de cumplir con el ofrecimiento del alivio, procediendo unilateralmente a reversar aquellos efectos jurídicos sin apoyo legal, pero especialmente arrogándose una especie de jurisdicción de la que evidentemente no se encuentra revestido el ente crediticio cuestionado.

En suma, habrá de revocarse la decisión de instancia concediendo a la actora la tutela de su derecho fundamental al debido proceso para cuyo restablecimiento se ordenará a Granahorrar que en el término de 48 horas reliquide el crédito de la accionante aplicándole una vez más el pluricitado alivio, descontando los dineros que haya cobrado como intereses moratorios con ocasión de su decisión de reversar el alivio que aplicara con retroactividad al 1º de enero de 2000 y demás actos necesarios para restablecer los derechos de la patente como si la reversión del alivio nunca hubiere existido; sin perjuicio de las acciones legales que a bien tenga instaurar por el pregonado enriquecimiento sin causa de su deudora”.

Conforme a lo visto la solución al caso que nos ocupa, será de acuerdo al marco constitucional ya decantado. Mal podía el Banco Granahorrar y la Superintendencia Bancaria con su aval, infringirle al procedimiento los efectos negativos de su yerro, debiendo en su lugar adoptar los correctivos pertinentes con arreglo a los trámites y procedimientos debidamente regulados.

De todo lo anterior se observa que el Banco Granahorrar y la Superintendencia Bancaria obraron con radical desconocimiento de las formas propias que nutre el debido proceso acuñado en la Carta Política en su artículo 29. Fácil habría sido para el Banco Granahorrar notificarle al señor Rafael Enrique Monroy Monroy las falencias por él observadas, a fin de consentir del mismo la posibilidad para revocar el alivio económico concedido por el banco al momento de la reliquidación del crédito, o sea la suma de $ 67.453.086.

Ahora bien, si de corregir yerros se trataba le correspondía al Banco Granahorrar acudir ante la jurisdicción competente con el fin de recuperar el pago de lo no debido.

En consecuencia, prescindiendo de todo juicio sobre la validez intrínseca de la suma abonada al crédito hipotecario, por concepto de la reliquidación, la Sala revocará la decisión de instancia concediendo al actor la tutela de su derecho fundamental al debido proceso, resolviendo en su lugar que Granahorrar en el término de 48 horas reliquide el crédito del accionante aplicándole el alivio que realmente le corresponde, pero respetando el debido proceso administrativo, conforme a la Circular 48 de 30 de junio de 2000, expedida por la Superintendencia Bancaria, descontando los dineros que haya cobrado como intereses moratorios con ocasión de su decisión de reversar el alivio que aplicará con retroactividad a diciembre de 2001, y demás actos necesarios para restablecer los derechos del petente; sin perjuicio de las acciones legales que a bien tenga instaurar por el pregonado enriquecimiento sin causa de su deudor.

En mérito a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar tutelar el derecho fundamental al debido proceso del señor Rafael Enrique Monroy Monroy, para cuya efectividad se ordena al Banco Granahorrar que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta decisión reliquide el crédito del actor en los términos indicados al final de las precedentes motivaciones.

2. Prevenir a la autoridad accionada para que en un futuro se abstengan incurrir en comportamientos como aquéllos que originaron esta tutela.

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo

Yira Lucía Olerte Ávila, Secretaria Judicial.

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