Sentencia 1827 de junio 6 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20021827 01 222 I 02, jun. 6/2002

M.P. Dr. Fernando Coral Villota

Aprobado según acta de Sala Nº 45 de 6 de junio de 2002

Ref.: Impugnación del fallo de tutela instaurada por Ramón Ignacio Ramírez Montaña contra el Ministerio de Hacienda, Superintendencia Bancaria, Banco Granahorrar y Datacrédito.

Procede la Sala a decidir lo que corresponda en derecho sobre la impugnación del fallo de primera instancia, adiado el 29 de abril del presente año, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual no accedió a la solicitud de tutela interpuesta por Ramón Ignacio Ramírez Montaña contra el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Bancaria, el Banco Granahorrar y Datacrédito.

Antecedentes

1. El ciudadano Ramón Ignacio Ramírez Montaña presentó acción de tutela como mecanismo transitorio ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en procura de obtener el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales, previstos en los artículos 1º al 5º, 13, 15, 21, 23, 29, 83, 85 y 86 de la Carta Política, los cuales en su sentir, fueron vulnerados por las entidades en cita, de la referencia.

Los hechos que originaron la demanda de tutela y, dieron origen a la presunta transgresión de los derechos, se resumen así:

El accionante en 1995 adquirió un crédito hipotecario con Granahorrar, el cual fue pactado a sesenta (60) meses y cancelado totalmente en junio de 2000, sin embargo, después de haber pagado la aludida obligación crediticia, la entidad en cita le comunicó que aún adeudaba la suma de cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 4.350.000).

En consecuencia, el accionante consideró que no debía tal suma de dinero a la entidad en cuestión y por tal motivo, elevó la queja a la Superintendencia Bancaria. Además, fue reportado al banco de datos de deudores morosos del sector financiero de Datacrédito y al Ministerio de Hacienda, razón por la que concluyó que sus derechos al patrimonio y buen nombre, fueron conculcados.

2. Granahorrar a través de su división jurídica, en escrito adiado el 17 de abril del año en curso, indicó a la colegiatura de instancia, que ésta no era competente para conocer la acción de tutela instaurada por el ciudadano Ramírez Montaña, toda vez que era una sociedad de economía mixta del orden nacional con régimen de empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Hacienda y cuyo control está a cargo de la Superintendencia Bancaria; por consiguiente, debía dársele aplicación al Decreto 1382 de 2000.

Al día siguiente, la entidad accionada nuevamente se dirigió al juez colegiado de primer grado para explicar que el crédito del señor Ramírez Montaña fue autorizado a “60 meses, habiéndose pactado con el cliente como medio de amortización dentro del contrato de mutuo el sistema “O”, el cual se recalcula así: Éste es un sistema de pagos “escalera” por ser un plan donde la cuota es fija en pesos y con crecimiento anual que depende de la corrección monetaria. Este hecho implicaba, variación en el valor de las cuotas (sic) se incrementaba para enero de cada año”.

Así mismo, señaló Granahorrar que, “durante la vida del crédito con excepción del primer año, por error de cálculo del banco sólo se aplicaban los pagos a intereses, seguros y a capital, esta aplicación a capital no se hacía en el monto que realmente se debía, esto por cuanto la cuota calculada exigida al cliente como pago, no cubría el valor que debería tener la misma, de igual forma, se encontraba disminuida. Ese acumulado de diferencia entre lo pagado hasta ahora y lo que debía haber pagado el cliente desde el principio, es lo que constituye al día de hoy, el saldo pendiente de pago”.

Respecto al aludido error, la accionada trajo a colación un aparte de jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la nulidad y aun inexistencia de una obligación contraída, sin más fundamento que un error de derecho y consideró que el crédito del accionante correspondió a un sistema de amortización afectado desde su inicio por una tasa base muy alta, como la correspondiente al año 1995.

Igualmente, la entidad crediticia allegó al plenario, copias de las respuestas que dio al accionante y entiende que éstas, tal vez no sean del agrado del petente; pero Granahorrar no puede dejar de cobrar lo que realmente debe el actor, no obstante en virtud del error en comento, acordará con él fórmulas de pago que así lo permitan.

Finalmente, la accionada consideró que al señor Ramírez Montaña no le fueron violados sus derechos constitucionales, por ende, solicitó que no se accediera a la petición de amparo.

3. Por su parte, la Superintendencia Bancaria indicó en abril 18 de este año, que ésta no era competente para vigilar las entidades administradoras de bancos de datos ni tiene funciones respecto de la información suministrada por los mismos y en lo concerniente con la queja formulada por el actor, señaló que a la misma se le dio el trámite pertinente y fue resuelta de conformidad con la documentación aportada, especificándole al señor Ramírez Montaña, que también carecía de facultades legales para resolver ese tipo de controversias contractuales.

4. A su turno Datacrédito señaló que revisada la base de datos no aparece registrado el nombre del accionante como deudor moroso de Granahorrar, por tal motivo no es procedente la tutela.

Fallo impugnado

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en fallo del 29 de abril del año en curso, no accedió a la tutela instaurada por el señor Ramón Ignacio Ramírez Montaña, por los siguientes motivos:

a) La acción de tutela fue concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de los cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

b) No resulta factible conceder el amparo como mecanismo directo, toda vez que la controversia contractual surgida entre la entidad accionada y el accionante, puede ser objeto de análisis de la autoridad judicial competente.

c) Ante el carácter subsidiario o residual de la acción, no puede inobservarse la existencia de otros medios de defensa judicial idóneos, a los cuales puede acceder el actor para la eventual defensa de sus intereses.

d) Tampoco es viable considerar el amparo como mecanismo transitorio, por cuanto como lo advierte la jurisprudencia constitucional, debe estarse frente a la inminencia de un mal irreversible y grave, que coloque al afectado en un estado de necesidad que justifique la urgencia de la acción.

Señaló la colegiatura de instancia, que en el caso particular no existe la presencia de un mal irreversible para otorgar la tutela como mecanismo transitorio, pues el error de la entidad en el cálculo de las cuotas no afecta el patrimonio del quejoso sino por el contrario fue beneficiado, al pagar mucho menos de lo que al parecer le correspondía por el crédito.

Igual conclusión planteó el juez a quo en relación con el derecho de petición, toda vez que el acervo documental es demostrativo que el accionante obtuvo respuesta a todas sus inquietudes.

e) Respecto de la actuación desplegada por la Superintendencia Bancaria, para la primera instancia es factible apreciar que la entidad cumplió con el trámite previsto por la ley y los reglamentos y, dio respuesta a las inquietudes plasmadas por el actor. Así las cosas, el juez colegiado de primer grado no advirtió en la intervención de la citada entidad menoscabo de algún derecho fundamental del accionante, ya que procedió dentro de los límites que le impone su propia competencia.

f) Para la primera instancia, después de analizar la información suministrada por Datacrédito, mediante la cual se reveló que en su base de datos no aparece reportado el nombre del accionante, no es factible deducir vulneración alguna del derecho a la honra y al buen nombre, tal como lo adujo el actor.

Impugnación del fallo

El señor Ramón Ignacio Ramírez Montaña, mediante escrito de mayo 6 del año en curso, disconforme con la anterior decisión, impugnó el fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, pues en su sentir éste tiene muchos y enormes vacíos, al ignorar circunstancias que resultaban fundamentales para decidir con verdadera justicia y buen juicio el amparo constitucional deprecado, razón por la cual solicitó “revocar y anular por completo y de inmediato” la decisión de la primera instancia, para en su lugar dictar un nuevo proveído, mediante el cual se le tutelen sus derechos fundamentales, dándole una “orden perentoria de abstenerse al Ministerio de Hacienda, Granahorrar, la Superintendencia Bancaria y Datacrédito de cobrar un dinero” que no debe.

En los argumentos de su desavenencia con el fallo de la primera instancia, el impugnante reiteró la manera como adquirió el crédito hipotecario con Granahorrar, el cual fue pactado por un plazo improrrogable de 60 meses y cancelado completamente en el mes de junio de 2000, tal y como consta en el recibo de pago de la cuota Nº 60, documento que es la prueba reina, para demostrar que no le debe nada a la entidad mencionada.

Para el impugnante no es posible que en Colombia a la luz de la Constitución Política de 1991, se sigan violando los derechos, pues las accionadas se pusieron de acuerdo con el único y exclusivo fin de “robarme en mi vida, honra y bienes y violar y vulnerar y pisotearme de forma clara mis derechos fundamentales”.

En su sentir, el señor Ramírez Montaña considera que ese desconocimiento es un delito de lesa humanidad, que va no sólo en contra de la Constitución Política sino de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 8º dispuso: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Así mismo, no puede creer que a pesar de lo claro y evidente de la vulneración de sus derechos, se haya desconocido recientes fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (1) .

(1) Sin citarlo debe aludir al fallo 20029007, M.P. Dr. Temístocles Ortega Narváez, el cual se encuentra dentro del plenario.

Para comprender mejor la posición del señor Ramírez Montaña, a continuación se transcriben apartes del escrito de impugnación, el cual muestra su indignación con la decisión de la primera instancia y el proceder de Granahorrar:

“... ningún código, ni civil, ni penal o administrativo está consagrada la figura de revivir la deuda ya cancelada ni mucho menos estafar indefinidamente a los clientes combándoles cuantas veces se les dé la gana las deudas ya pagadas por completo... Esto es realmente inaceptable y se les debe poner freno inmediatamente pues de lo contrario se le abrirán de par en par las puertas a la estafa y al robo legales por la vía de los supuestos olvidos y errores dolosos que estoy seguro son a propósito y deliberadamente con el solo hecho de poder robar a ojos vistos a los ciudadanos ...

... Los derechos no se mendigan, se exigen, y en mi caso particular, los entes accionados quieren robarme a toda costa en nombre de errores sistemáticamente dolosos que cuestan millones en favor de los entes accionados y en perjuicio de mis derechos constitucionales fundamentales.

Señores magistrados: será que los entes accionados están por encima de mis derechos, pues como dichos entes tienen dinero y poder político entonces tienen licencia plena para abusar a su maldito antojo de mis derechos constitucionales y fundamentales hasta el punto de imponerme nuevas deudas sin mi consentimiento y sin ningún tipo de soporte constitucional ni mucho menos legal. Pues una deuda plenamente cancelada hace tránsito a cosa juzgada... Colombia se está constituyendo en el único país que avala plenamente el agiotismo y la usura extrema y destructiva a favor de los bancos y el sistema financiero.

Consideraciones de la Sala

1. El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, asignó a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.

Granahorrar, a través de su representante, inicialmente consideró que esta corporación no era la competente para conocer de la petición de amparo con base en los planteamientos del Decreto 1382 de 2000. No obstante la Sala reitera lo señalado por la colegiatura de instancia para inaplicar por inconstitucionalidad los parámetros establecidos en dicha disposición, pues a nuestro juicio no es posible restringir a los ciudadanos al acceso material a un derecho subjetivo fundamental para accionar como lo es la tutela, menos cuando la misma Carta Política le otorga a la persona la posibilidad de escoger a su arbitrio el juez constitucional ante el cual desea el estudio sobre la procedencia del amparo.

2. El caso sub examine se refiere a la acción de tutela instaurada por el ciudadano Ramírez Montaña, quien expresó su inconformidad con el proceder de Granahorrar, entidad a la que le canceló el valor total de la obligación hipotecaria, siendo requerido por ésta a pagar la cantidad de cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 4.350.000), pues las cuotas del crédito fueron mal liquidadas.

Así mismo, el accionante adujo no deber dicha suma de dinero a la entidad en cita, razón por la cual elevó la queja a la Superintendencia Bancaria, así mismo señaló que Granahorrar decidió reportarlo al banco de datos de deudores morosos del sector financiero de Datacrédito y Ministerio de Hacienda.

3. En eventos similares y atendiendo al carácter de particular de la entidad demandada dejó sentado esta Sala, el 26 de julio de 2001 dentro del radicado 2001 1333, con ponencia del doctor Eduardo Campo Soto y el 14 de marzo de 2002, radicado 20029007, magistrado ponente doctor Temístocles Ortega Narváez, que las entidades que manejan recursos captados del público en forma masiva, habitual y profesional, adquieren una preponderancia o posición dominante son susceptibles de acción de tutela, en virtud de esa posición de supremacía material con relevancia jurídica, como dio en llamarla la Corte Constitucional en fallo T-105 de 1996 (2) .

(2) En el mismo sentido el fallo C-134 de 1994 señaló que la posición dominante de estas entidades hace necesaria la intervención del Estado y en caso de que su abuso de poder genere violación de derechos fundamentales, es posible emplear la acción de tutela como mecanismo de protección.

Por lo demás, contrario a lo sostenido por el a quo, la Sala no encuentra mecanismo ordinario de defensa judicial idóneo y eficaz para los fines pretendidos por el actor, ni tiene objeciones que hacer en términos de oportunidad, legitimación en la causa o cualquiera otro de los presupuestos de la acción.

Como ya esta Sala ha resuelto acciones de tutela en términos muy similares a los que aquí se ocupa, es prudente recordar algunos de los planteamientos ya consolidados:

“... es importante anotar que durante la vigencia de dicha relación contractual se dieron unas circunstancias particulares como un alivio que se hiciera al crédito, de lo cual fue informado el accionante directamente por el propio banco el 6 de marzo de 2000, en donde se le daba cuenta que la disminución del mismo era de $ 9.807.431.70 m/cte., situación esta que motivó al deudor del crédito a seguir haciendo abonos extras para saldar rápidamente la obligación crediticia, hasta que finalmente se posibilitó la cancelación total del mismo, diecisiete meses después (ago. 27/2001).

Obsérvese cómo hasta aquí la relación contractual se había desarrollado bajo el principio de la buena fe y de la confianza mutua entre las partes contratantes, prueba de ello es que el actor siempre pagó cumplidamente no sólo las cuotas mensuales que le imponía su obligación dineraria, sino que además efectuó abonos extras con el ánimo de finiquitar totalmente su obligación, fundado en la creencia de que los extractos bancarios que se ponían a su disposición eran verídicos y que los ajustes que a su crédito se estaban haciendo, tanto por concepto de reliquidación del crédito como de intereses, correspondían a la realidad contractual.

Es de anotar, y así lo entiende y acepta el común de la gente, que si la banca financiera es un servicio especializado, lo cual hace suponer que ellos tengan, o al menos estén dotados de los instrumentos, medios y personal capacitado para la liquidación de los créditos que otorgan, los administrados acudan a ellos en ejercicio del principio de la confianza; por ello cuando se acude al banco a obtener dinero, la comunidad asiste con la certeza de que los billetes que allí se le entregarán no son falsos, otro tanto ocurre con el resto de la actividad financiera como lo son los préstamos y las liquidaciones de intereses que ellos unilateralmente hacen y los clientes así lo aceptan, porque se parte del supuesto de que dichas operaciones corresponden al cumplimiento de las estipulaciones contractuales, que las entidades financieras, dada su actividad de interés público, deben cumplir con especial celo y cuidado.

Las circunstancias anteriormente expuestas nos conducen sin lugar a dudas a manifestar que los bancos así vistos, son de aquellas entidades que se caracterizan por ejercer un poder dominante, no solamente desde la óptica económica, sino frente a las condiciones y formas de cómo se otorgan los créditos y cómo se recaudan los pagos a lugar; o dicho de otra manera, los bancos imponen sus condiciones y el usuario no tiene otra opción que dentro de su autonomía personal expresar si acepta o no las exigencias o condicionamientos.

Es esto último lo que conduce a que en determinados momentos los usuarios de los bancos se encuentren en condiciones de indefensión, para lo cual el Estado ha creado mecanismos de defensa para que el ciudadano acuda a hacer valer sus derechos, mecanismos estos que en últimas no son otros que los judiciales, bien sea a través de vías ordinarias o de procedimientos más expeditos como el de tutela.

Tales circunstancias de posición dominante conducen a que los bancos finalmente impongan su voluntad, precisamente por ser una posición más fuerte y tener los mecanismos aptos de defensa, como en este caso lo sería el que el actor tiene hipotecado su inmueble. Por ello los bancos sin mediar acuerdo, consentimiento o ni siquiera diálogo mínimo, se limitan a cambiar unilateralmente las cuantías y formas de liquidación de las obligaciones crediticias, no teniendo el usuario alternativa distinta que la de acatar tales imposiciones o el de verse avocado a los juicios judiciales pertinentes.

Y es aquí ante estas desavenencias donde el ente dominante impone su facultad sin ningún procedimiento a lugar, lo que conduce a que se configure una verdadera vía de hecho, al carecer de respaldo procedimental la decisión que a su arbitrio adoptó, y que según su propio juicio fue la correcta.

(...).

“Lo anterior conduce a que el alivio tan anhelado por la parte débil de la relación contractual, en forma inesperada y abrupta se convirtió en una carga para él, a la cual se ve atado por el incumplimiento y abuso, se insiste, de la posición dominante como lo fue la morosidad en la tramitación de los documentos de rigor atinentes al gravamen que afectaba el bien” (3) (negrillas fuera de texto).

(3) (Sic).

Ahora bien, el presunto enriquecimiento sin causa del deudor debe asumirse por la entidad bancaria a través de la interposición de la correspondiente acción: el proceso civil ordinario y no convertirse en juez de tal causa e imponer omnímodamente sus términos al punto de cobrar una suma de dinero causada por su propio error y con ello convertirse en juez y parte con absoluta indefensión para el usuario a quien arbitrariamente no se le puede imponer la carga de adelantar acciones judiciales, las cuales, se insiste, deben correr a cargo del banco que fue el que según su propio dicho cometió la equivocación.

De conformidad con la doctrina comparada, nacional y por la jurisprudencia administrativa y constitucional, tenemos:

“Respeto al acto propio

“En la citada T-295 de 1999 se precisó este concepto:

“Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (C.N., art. 83). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.

“La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo “Venire contra pactum proprium nelli conceditur” y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

“El tratadista y magistrado del tribunal constitucional español Luis Díaz Picazo (4) enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice “no se puede ir contra los actos propios”.

(4) La doctrina del acto propio, un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo-Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1963.

“Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho.

La mencionada sentencia dice que el respeto del acto propio requiere de tres condiciones para que pueda ser aplicado: a) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz. b) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción —atentatorio de la buena fe— existente entre ambas conductas. c) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas (4)(sic) .

“En la doctrina (5) y en la jurisprudencia colombiana no ha sido extraño el tema del acto propio, es así como la Corte Constitucional en la T-475 de 1992 (6) dijo:

(5) Ver el capítulo “La doctrina de los actos propios en el derecho administrativo, en el libro derecho constitucional y administrativo en la Constitución Política de Colombia” de Gaspar Caballero, Editorial Diké y Ediciones Rosaristas, págs. 127 y ss.

(6) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

“La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias”.

“El 13 de agosto de 1992, el Consejo de Estado, Sección Tercera (7) , reiteró la filosofía contractual que en casos similares había expuesto tal corporación, en los siguientes términos:

(7) M.P. Julio César Uribe.

“Cuando las partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos, documentos, actas, deben hacer homenaje a la misma. Ese es un mandamiento moral y un principio del derecho justo. Por ello el profesor Karl Lorenz, enseña:

“El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, porque poder confiar, como hemos visto, es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres y, por tanto, de la paz jurídica. Quien defrauda la confianza que ha producido o aquélla a la que ha dado ocasión a otro, especialmente a la otra parte en un negocio jurídico, contraviene una exigencia que el derecho —con independencia de cualquier mandamiento moral— tiene que ponerse a sí mismo porque la desaparición de la confianza, pensada como un modo general de comportamiento, tiene que impedir y privar de seguridad el tráfico interindividual. Aquí entra en juego la idea de una seguridad garantizada por el derecho, que en el derecho positivo se concreta de diferente manera ...” (Derecho justo. Edit. Civitas, pág. 91).

“La corporación encuentra que con inusitada frecuencia las partes vinculadas a través de la relación negocial resuelven sus problemas, en plena ejecución del contrato, y firman los acuerdos respectivos. Transitando por esa vía amplían los plazos, reciben parte de la obra, se hacen reconocimientos recíprocos, pero instantes después vuelven sobre el pasado para destejer, como Penélope, lo que antes habían tejido, sembrando el camino de dificultades desleales, que no son de recibo para el derecho, como tampoco lo es la filosofía del instantaneismo, que lleva a predicar que la persona no se obliga sino para el momento en que expresa su declaración de voluntad, pero que en el instante siguiente queda liberado de sus deberes. Quienes así proceden dejan la desagradable impresión de que con su conducta sólo han buscado sorprender a la contra parte, sacando ventajas de los acuerdos que luego buscan modificar o dejar sin plenos efectos. Olvidan quienes así actúan que cuando las personas se vinculan generan la imposibilidad de romper o destruir lo pactado. Sólo el juez, por razones de ley, puede desatar el vínculo contractual”.

“En la jurisprudencia española se ha manejado esta problemática dentro del siguiente perfil:

“La buena fe que debe presidir el tráfico jurídico en general y la seriedad del procedimiento administrativo, imponen que la doctrina de los actos propios obliga al demandante a aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de voluntad contiene un designio de alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente, tal como se desprende del texto literal de la declaración, por lo que no es dable al actor desconocer, ahora, el efecto jurídico que se desprende de aquél acto: y que, conforme con la doctrina sentada en sentencias de esta jurisdicción, como las del Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 1963, y 19 de diciembre de 1964, no puede prosperar el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus propios actos” (Sent. abr. 22/67. Principio general de la buena fe en el derecho administrativo, Edit. Civitas, Jesús González Pérez, págs. 117 y ss.)”.

“Miguel S. Marienhoff (8) dice que: “El acto que creó derechos, si es “regular” no puede ser extinguido por la administración pública mediante el procedimiento de la revocación por razones de “ilegitimidad”. Es válido el anterior concepto para toda clase de actos que definen situaciones jurídicas porque la razón para que no haya revocatorias unilaterales también lo es para el respeto al acto propio, por eso agrega el citado autor: “Es este un concepto ético del derecho que, tribunales y juristas, deben tener muy en cuenta por el alto valor que con él se defiende” (9) . El respeto al acto propio no se predica sólo de magistrados y juristas, sino de todos los operadores jurídicos porque se debe a que la estabilidad de dicho acto tiene como base el principio de la buena fe, no sólo en la relación del Estado con los particulares sino de éstos entre sí, buena fe que hoy tiene consagración constitucional en Colombia” (10) (negrillas de la Sala).

(8) Su razonamiento se refiere a actos de la administración, aparece en su tratado de derecho administrativo, t. II, pág. 607, pero se puede extender a la teoría del respeto al acto propio.

(9) Ibídem, pág. 607.

(10) T- 827 de 1999.

Así, trasladados los anteriores conceptos al caso que ocupa la atención de la Sala, naturalmente deba aceptarse cómo Granahorrar se llevó de calle los principios de respeto del acto propio y confianza legítima, el constitucional de la buena fe y por contera, del debido proceso, al desconocer su palabra comprometida mediante las cuotas que cobró por el término de cinco (5) años, los cuales tienen plenos efectos jurídicos favorables a su deudor, procediendo unilateralmente a cobrar una suma de dinero por un supuesto error en la liquidación.

Se colige, que la entidad bancaria tuvo sesenta (60) meses, el tiempo necesario para corregir cualquier error de cálculo en el crédito y determinar si el valor de la cuota que debía pagar el accionante se encontraba disminuida; por ende, no es de recibo para esta colegiatura hacer un cobro extemporáneo después de cancelarse la obligación en junio de 2000, con el supuesto que se debe cubrir la diferencia entre lo sufragado hasta ahora y lo que debió amortizar el accionante desde el principio.

Es más, señala la misma accionada en escrito adiado el 12 de diciembre de 2000, suscrito por Henry Alonso Daza Melgarejo al tutelante: “Como el valor de la cuota no puede ser incrementada por el banco de manera arbitraria para la cancelación del saldo, el banco le plantea las siguientes alternativas:

• Pago total del saldo de la deuda.

• Ampliación del plazo para el pago del saldo de la obligación”.

Si la entidad bancaria aprecia que la cuota no puede ser incrementada de manera arbitraria, ¿cómo entonces, puede señalar al accionante, seis (6) meses después de haber finalizado el respectivo pago, que existe un saldo y le ofrece unas alternativas para que le sea cancelada esa diferencia?

Si la entidad (bancaria) tuvo problemas para hacer la reliquidación, debió comunicárselo oportunamente al deudor, para encontrar una solución en forma conjunta y no después de haber sido cancelada la obligación hipotecaria, tratar de reversar una situación que ya generó unos derechos a favor del accionante.

Así las cosas, no duda la Sala, que Granahorrar vulneró el debido proceso contra el accionante, después de haber transcurrido más de seis (6) meses de haber pagado la última cuota para cobrar unos dineros e intereses intempestivamente a su cliente, haciendo uso de la posición dominante en que las actividades lo colocan, rompiendo la libertad contractual, que constituye el principio general en los negocios jurídicos.

El acuerdo realizado entre las partes mediante pagaré Nº 5001790 por 1126.6011 UPAC, en junio 20 de 1995, constituye una convención mediante la cual no se subestiman principios superiores o normas imperativas, tal acuerdo adquiere una fuerza vinculante u obligatoria semejante a la ley. Porque no otro principio exterioriza el artículo 1602 del Código Civil, cuando dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Con motivo de la consagración del postulado de la autonomía de la voluntad, los particulares tienen la libre iniciativa para regular sus relaciones mediante actos jurídicos, con las restricciones de índole general o particular, y del mismo modo gozar de plena libertad para modificarlos o extinguirlos.

Todas estas razones son suficientes, para que la Sala revoque el numeral 1º del fallo impugnado, según el cual no se accedió a tutelar entre otros, del derecho constitucional al debido proceso, el cual fue invocado por el accionante frente a Granahorrar, para que en su lugar, cese todo trámite de cobro directo y si ésta considera que tiene derechos a su favor por una indebida liquidación del aludido crédito, inicie las correspondientes acciones legales.

Ahora bien, teniendo en cuenta las funciones administrativas de vigilancia y control que le competen a la Superintendencia Bancaria, se ordenará que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, para que inicie la correspondiente investigación tendiente a determinar si Granahorrar ha procedido de conformidad con las prescripciones legales de funcionamiento, al cobrar una suma de dinero después haber sido cancelada en su totalidad la obligación hipotecaria por parte del accionante Ramírez Montaña.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar tutelar el derecho fundamental del debido proceso al señor Ramón Ignacio Ramírez Montaña para cuya efectividad se ordena al Banco Granahorrar que cese todo trámite de cobro directo al actor y proceda si lo estima conveniente en los términos indicados al final de las precedentes motivaciones.

2. Prevenir a la autoridad accionada para que en un futuro se abstenga de incurrir en comportamientos como aquéllos que originaron esta tutela.

3. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo se ordena a la Superintendencia Bancaria para que inicie la correspondiente investigación tendiente a determinar si Granahorrar ha procedido de conformidad con las prescripciones legales de funcionamiento, al cobrar una suma de dinero después de haber sido cancelada en su totalidad la obligación hipotecaria por parte del accionante Ramírez Montaña.

Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, salvó voto—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto, no asistió, con excusa—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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