Sentencia 18273 de noviembre 28 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE PENSIONES

EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 NO SE APLICA A TODAS LAS PENSIONES

EXTRACTOS: «En lo relacionado con la equivocada hermenéutica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la censura le enrostra al tribunal exigir para la prosperidad de los intereses requisitos adicionales, cuando según ella “se obliga la entidad a pagar los intereses moratorios, cuando no resuelva en tiempo la solicitud prestacional que se le formula”, por eso en su criterio debieron reconocerse desde cuando el tribunal otorgó el derecho.

En efecto, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, lo que asentó el juez de la alzada fue que la condena por los intereses moratorios no era procedente por cuanto no son de aplicación automática y que éstos se causan cuando existe una obligación pensional determinada.

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, preceptúa

“Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1991, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratoria vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que ante la “mora” en el pago de la obligación pensional, surgen de manera accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, buena fe, cumplimiento o eventuales circunstancias.

Por tanto, los razonamientos del ad quem sobre disquisiciones en torno a la aplicación automática y la trascendencia del momento en que surge el derecho pensional con la decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, exigencias y eximentes no previstos por el legislador.

Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se configure el derecho al pago de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solamente debe estarse frente al incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo, que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de edad y tiempo de servicio. Otra cosa es desde qué fecha se hacen exigibles tales intereses.

Lo hasta aquí expuesto implica que se está ante un desacierto hermenéutico del tribunal cuando concluyó que el derecho a los intereses de mora no era automático, y al afirmar que la obligación principal solamente surge con la decisión judicial, con lo que olvidó el principio de derecho procesal de que “las sentencias no crean, sino que declaran derechos”.

Empero, el aludido desacierto únicamente es suficiente para tener como fundado el cargo y no para quebrar el fallo recurrido, ya que para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante Hernando Francisco Olaya Román, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.

Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a que a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”».

(Sentencia de casación, 28 de noviembre de 2002. Radicación 18.273. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

ACLARACIÓN DE VOTO

Si bien comparto la decisión de la Sala de no casar la sentencia del 28 de septiembre de 2001 del Tribunal Superior de Bogotá, en el juicio seguido por Hernando Francisco Olaya Román contra el Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos y otros, discrepo respetuosamente de la inteligencia que en ella se hace del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Participo de la interpretación del tribunal ad quem en cuanto considera que los intereses moratorios se deben a partir de “cuando [la entidad] no resuelva en tiempo la solicitud prestacional que se formula”.

De conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el pago de la tasa máxima de interés moratorio procede “en caso de mora de las mesadas pensionales” de que trata esa ley. Del texto transcrito surge con absoluta nitidez que lo que causa la obligación de reconocer y pagar los intereses en cuestión es lamora en el pago de las mesadas correspondiente, sin que pueda predicarse, por tanto, que cuando se verifica su existencia, se trata de una exigencia adicional o de un eximente no previsto por el legislador.

Ahora bien: Dada la naturaleza particular del derecho prestacional que se reclama —el cual sólo se causa cuando se cumple con determinado tiempo de servicios y una determinada edad— es menester, para que la entidad que tenga a cargo su reconocimiento se entienda obligada a su pago, que el interesado haya acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, especialmente el de la edad, que sólo compete al reclamante y sólo cuando, acaecido lo anterior y vencido el plazo de que se dispone para efectuar el reconocimiento correspondiente, no se haya efectuado el pago, es que puede hablarse de mora.

En este sentido ya había advertido la Sala, en la sentencia del 16 de diciembre de 2001 (rad. 16256), que “una cosa es la fecha en que se causa el derecho pensional y otra muy distinta cuando se produce la mora en el pago de las prestaciones económicas que se derivan de ella”.

Este entendimiento fue el que orientó al legislador cuando en la Ley 700 de 2001, por la cual se dictaron medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados, dispuso que los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones que tuvieren a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrían un plazo no mayor de seis (6) meses “a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado” para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes. En este mismo sentido, para el caso de las pensiones de sobrevivientes, la Ley 717 del mismo año, otorgó un plazo de dos (2) meses para su reconocimiento “después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho”.

En el caso que aquí se examina no se presenta, a mi juicio, la exigida mora en la entidad demandada a efectos de que proceda el pago de los intereses moratorias en cuestión, pues no puede considerarse que la demanda que originó el proceso constituya la solicitud de reconocimiento del derecho, porque, como bien puede observarse, la pretensión original iba encaminada a obtener una pensión, que en lo que aquí concierne, se causaba a la edad de cincuenta años, y la que finalmente se otorgó, lo fue para una pensión que sólo se causaba para cuando se cumpliera la edad de cincuenta y cinco años.

Eduardo López Villegas 

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Con nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, nos permitimos expresar nuestra discrepancia parcial frente a la sentencia proferida en este proceso, pues consideramos viable el reconocimiento de los intereses moratorias previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como antes se admitía por la mayoría de los integrantes de la Sala. De allí que estimemos de recibo el criterio plasmado, entre otras, en la sentencia del 27 de septiembre de 2001, radicado 15.689, a cuyas consideraciones nos remitimos en su textual contenido:

“... El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 estableció: “A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

Del texto reproducido, se advierte que el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, refiriéndose a éstas como las que trata dicha ley. Sin embargo en el inciso segundo del artículo 36 de la misma normatividad fue explícito en establecer un régimen de transición a favor de algunos trabajadores que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones tuvieran quince o más años de servicios cotizados, o cuarenta o más años de edad en el caso de los hombres, o treinta y cinco o más años de edad si son mujeres. Dicha disposición es del siguiente tenor:

“La edad, para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”, subraya la Corte.

De suerte que al acoger el tribunal la sentencia del a que, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, lejos de aplicarlo en forma indebida, lo hizo correctamente, según se deduce de su tenor literal, que conforme se vio, ordenó tomar en cuenta “las disposiciones contenidas en la presente ley”, respecto de “las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez”; o sea, que con prescindencia de la edad, tiempo de servicio y número de semanas cotizadas que de acuerdo a los parámetros del artículo 36 que contiene ese régimen de transición se rigen por la normatividad anterior a la cual se encuentren afiliados, toda otra cuestión se gobierna, repite la Corte, “por las disposiciones contenidas en la presente ley”, entre ellas, los intereses por mora, aunque la pensión concedida tenga su fuente en una normatividad anterior a la vigencia de esta última reglamentación. Obviamente con la condición, como aquí sucede, de que el demandante se encuentre en una de esas dos hipótesis a que se refiere la norma. Para el caso más de 40 años al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social.

Realmente el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no fue otro que el de hacer justicia a aquellos trabajadores que alcanzada determinada edad de su vida para acceder a la pensión, luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorias.

Al respecto es pertinente traer a colación los considerandos de la Corte Constitucional expresados en la sentencia D-2663 del 24 de mayo de 2000, que al declarar exequibles las expresiones “a partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sostuvo lo siguiente:

“Así las cosas, no observa la Corte que la disposición cuestionada parcialmente, cree privilegios entre grupos de pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes regímenes jurídicos, como lo aduce el demandante, pues la correcta interpretación de la norma demandada indica que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratoria vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo, de suerte que si ésta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, ésta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del Decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

“En consecuencia, como quiera que la disposición acusada no diferencia, como parece suponerlo el demandante, entre quienes adquirieron el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y quienes lo adquieren con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, esta Corte en la parte resolutiva de su providencia la declarará exequible.

“En este sentido también es oportuno precisar que tal indemnización a los titulares de las pensiones por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas debe aplicárseles a los regímenes especiales anteriores y subsistentes con la Ley 100 de 1993, esto es, los que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la referida ley.

“Finalmente, en cuanto a la acusación dirigida contra el segmento normativo “de que trata esta ley”, contenido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tampoco comparte la Corte el cargo formulado por el demandante, pues la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la Ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes particulares y hay que precisar que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones. Las excepciones expresamente contempladas en el estatuto de seguridad social, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley 100, conforme lo consagra la sentencia C-408 de 1994. Dicha disposición establece:

““ART. 11.—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

““Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo.

“Y en este mismo sentido el artículo 146 de la referida ley señaló:

““ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

““También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones.

““Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

““Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley.

“Esta última disposición fue declarada exequible mediante sentencias C-410 de 1997 y C-590 de 1997, salvo la expresión “...quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas”, del inciso segundo del artículo 146 de la ley de seguridad social.

“En consecuencia de lo anterior, para la corporación, el artículo 141 parcialmente cuestionado, si bien es cierto, únicamente se limitó a regular los intereses de mora hacia el futuro en materia pensional, sin que distinguiera a los pensionados, de acuerdo con una fecha o con la obtención de sus derechos pensionales bajo una legislación vigente, y por ello no desconoce normas constitucionales, dicha disposición se debe aplicar para todo tipo de pensiones””.

Con todo respeto,

Isaura Vargas Díaz—Luis Gonzalo Toro Correa. 

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