Sentencia 18285 de noviembre 28 de 2001 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Carlos E. Mejía Escobar

Aprobado Acta Nº 181 (23-XI-2001)

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil uno.

Vistos

Decide la Sala lo que en derecho corresponda, respecto de la solicitud de sustitución de la prisión carcelaria por prisión domiciliaria que hace el procesado doctor Rodrigo Daza Bermúdez.

Hechos

Se resumen los siguientes a partir de los reconstruidos por el tribunal en la sentencia de primera instancia.

El 4 de mayo de 1997, en jurisdicción del municipio de Villanueva (Guajira), se encontraban reunidas varias personas lideradas por Álvaro Díaz, esperando a funcionarios del Inurbe en predios de una finca invadida. Hasta allí arribó un grupo de hombres armados que se desplazaban en un campero Toyota, color rojo, con la placa cubierta con cinta quienes intentaron hacer subir al vehículo a Díaz. Al no conseguirlo, dispararon indiscriminadamente contra el grupo, dando muerte a 2 personas y emprendiendo inmediatamente la huida. Agentes de la Policía Nacional acantonados en Villanueva, dieron inmediato aviso por radio a sus similares de Fonseca (Guajira), lo que permitió que ese mismo día a las 3:45 horas de la tarde se aprendiera a un grupo de sujetos armados que se movilizaban en un Toyota rojo de similares características al usado por los homicidas y otro vehículo de color verde. Los retenidos eran Salvatore Mancuso Gómez, Víctor Bernardo Burgos Vellojin, Lino Arias Paternina, René Ríos González, Emiro Antonio Oviedo Torres, Rodrigo Tovar Pupo, Luis Eduardo Vargas Ruiz y Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez a quienes se encontró en posesión de una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 largo, 6 subametralladoras (algunas de ellas con salvoconducto a nombre de sus portadores y una a nombre de la Convivir, Sociedad horizonte limitada), gran cantidad de municiones y una granada de fragmentación.

Los 8 sujetos fueron puestos al día siguiente a disposición del fiscal seccional de San Juan del Cesar (Guajira) Rodrigo Daza Bermúdez, quien los escuchó en indagatoria y dispuso la libertad inmediata de Salvatore Mancuso Gómez, Víctor Bernardo Burgos Vellojin, Lino Ramón Arias Paternina, Rodrigo Tovar Pupo y Luis Eduardo Vargas Ruiz por encontrarlos incursos únicamente en porte ilegal de armas. Respecto de los señores Emiro Antonio Oviedo Torres y Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez les compulsó copias para que fueran investigados por la entonces Fiscalía Regional de Barranquilla.

La petición

Se hace con fundamento en el artículo 38 del Código Penal.

El doctor Rodrigo Daza Bermúdez señala que fue condenado en primera instancia a la pena principal de 48 meses de prisión, “es decir inferior a cinco (5) años, con los que se cumple el requisito contenido en el numeral 1º del citado artículo 38 C.P.”

Afirma demás que está demostrado dentro del proceso el tiempo que ha dedicado a laborar en la rama judicial, que no es ni ha sido peligroso para la sociedad, lo que hizo que la fiscalía delegada ante la Corte le haya concendido la detención domiciliaria. Tampoco —dice el peticionario— ha evadido el cumplimiento de sus deberes procesales, además se ha sometido voluntariamente a la autoridad cuando ello ha sido necesario y en general estima que cumple los requisitos del numeral 2º del artículo 38 del Código Penal.

Solicita que al otorgarse el beneficio se le tenga en cuenta la misma caución que prestó cuando se le otorgó la detención domiciliaria.

Antecedentes y consideraciones

1. El doctor Rodrigo Daza Bermúdez fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha (Guajira) como autor responsable del delito de prevaricato por acción en concurso con prevaricato por omisión cometidos durante su desempeño como Fiscal 15 Delegado ante los juzgados penales del circuito de San Juan del César.

2. Los delitos por los que fue condenado tienen penas privativas de la libertad cuyo mínimo es de 3 años de prisión. Significa ello que el primer requisito del artículo 38 del Código Penal se halla acreditado. Y la acreditación no es, como lo señala el ex fiscal peticionario porque “la pena impuesta (...) es de 48 meses”, sino porque el extremo mínimo legal de la pena es inferior a 5 años. La determinación judicial de la pena, que es a la que hace referencia el solicitante, es irrelevante para efectos de la definición de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.

3. Exige igualmente la norma que “el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena”, conclusiones que no pueden obtenerse sin estudiar los fines de la pena.

3.1. El artículo 4º del Código Penal señala que la pena cumplirá funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado y que la prevención especial y la reinserción operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

La Corte interpreta que cuando allí se declara que las funciones de prevención especial y reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión (sea esta domiciliaria o carcelaria) no se excluyen las demás funciones como fundamento de la misma pena, sino que impide que sean la prevención especial y la reinserción criterios incidentes en la determinación o individualización de la pena privativa de la libertad.

3.2. Significa lo anterior que tanto para imponer, como para ejecutar la prisión domiciliaria en sustitución de la prisión carcelaria deben tenerse en cuenta también las funciones de la pena que tienen que ver con la prevención general y la retribución justa.

3.3. Independientemente de las afinidades teóricas que se tengan sobre los conceptos básicos que integran las funciones de la pena, la decisión de política criminal del estado colombiano en cuanto a los principios y los fines de la pena es la adoptada en los artículos 3º y 4º del Código Penal. Dese esa óptica, la función de “retribución justa” puede abordarse de manera general en dos estadios claramente diferenciados del proceso penal. Como criterio que influye en la determinación judicial de la pena, en cuanto es en tal momento que se define la medida de la retribución y se determina su contenido de justicia, de mano de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y, como función vinculada a la ejecución de la pena que no puede ser dejada de sopesar cuando vaya a enjuiciarse la adopción de providencias que anticipen material y condicionalmente una parte de la privación efectiva de la libertad o la subroguen por un período de prueba.

3.4. Igual cosa ocurre con la función de “prevención general”, a través de la cual se advierte a la sociedad de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera que incurra en una conducta punible: paradójicamente el hombre se ve compelido a proteger la sociedad mediante la amenaza a los individuos que la componen. Porque el orden jurídico es un sistema que opera bajo la fórmula acción-reacción, supuesto-consecuencia jurídica. Ese fin de “prevención general” es igualmente apreciable tanto para la determinación judicial de la pena como para el cumplimiento de la misma, pues se previene no sólo por la imposición de la sanción, sino y sobretodo, desde la certeza, la ejemplarización y la motivación negativa que ella genera (efecto disuasivo), así como desde el afianzamiento del orden jurídico (fin de prevención general positiva).

4. Con esos parámetros se aborda el estudio del requisito subjetivo del artículo 38 del Código Penal, para saber si el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permite deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

Para efectos de la imposición de la pena, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha señaló, en cuanto hace al delito de prevaricato por omisión que el sentenciado Daza Bermúdez “(...) puso en desmedro el prestigio de la administración y su actuación fue dolosa, puesto que teniendo conocimiento que debía investigar los delitos de homicidio, ocurridos en Villanueva, y al dejar de practicar pruebas, desprenderse rápidamente de la investigación en forma consciente y deliberadamente omitió realizar actos propios de sus funciones infirmándose con esta argumentación la tesis del defensor en el sentido que su protegido actuó sin dolo (...)” (fl. 25 de la sentencia).

En lo relativo al delito de prevaricato por acción el tribunal señaló que el mismo se patentizó en la Resolución del 5 de mayo de 1997 mediante la cual el entonces fiscal Rodrigo Daza Bermúdez “(...) una vez recepcionadas las indagatorias les dio la libertad a Salvatore Mancuso Gómez, René Ríos, Luis Eduardo Vanegas, Víctor Bernardo Burgos Vellojin, Rodrigo Tovar Pupo y Lino Ramón Arias Paternina, desconociendo arbitrariamente la realidad procesal, circunscribiendo la investigación al delito de porte ilegal de armas, para facilitarle la libertad a los procesados y resolver acomodaticiamente la situación jurídica (...)” (fl. 31 de la sentencia). Por esas razones es que al momento de dosificar la pena señaló “(...). incrementaba el mínimo en seis (6) meses en razón de la gravedad de los delitos y el grado de culpabilidad dolosa, pues el procesado, encargado de administrar justicia debiendo dar ejemplo de rectitud, quebrantó ese deber sin sentir el más mínimo miramiento (...)”.

5. Todas esas afirmaciones del tribunal que actuó como juez de primera instancia hacen referencia al desempeño personal, laboral y social del sentenciado. Fue desde la órbita laboral, por su desempeño en el cargo de fiscal, que infringió —dice la sentencia— todos sus deberes personales y sociales como tal y como administrador de justicia, pretermitiendo actuaciones y desconociendo la realidad procesal para adoptar una decisión que fue estimada manifiestamente contraria a la ley.

La gravedad del daño causado a la sociedad con la liberación de Salvatore Mancuso Gómez, René Ríos, Luis Eduardo Vanegas, Víctor Bernardo Burgos Vellojin, Rodrigo Tovar Pupo y Lino Ramón Arias Paternina respecto de los que —dice el tribunal— había evidencias serias de su participación en los homicidios ocurridos en el municipio de Villanueva, para lo cual se disparó indiscriminadamente en contra de un numeroso grupo de personas que había invadido una finca, fue valorada para dosificar la medida de la “retribución justa”, sin que pueda dejar de considerarse igualmente la función de prevención general que la Corte ha enfatizado respecto de los funcionarios judiciales que por medio del prevaricato favorezcan la libertad de quienes personalmente o como organización criminal utilizan la violencia y el uso irracional del poder de sus armas para arbitrar conflictos personales o ajenos, sustituyendo el sistema de justicia por reacciones desinstitucionalizadas, incontroladas, arbitrarias y de facto.

La Sala que en este caso actúa como un juez de segunda instancia, dados estos supuestos objetivos, no ha encontrado evidencia de que el sentenciado no colocará en peligro a la comunidad o que no evadirá el cumplimiento de la pena. La norma exige una conclusión negativa a partir de evidencias serias y hay dentro de a actuación evidencias que conducen “seria, fundada y motivadamente” a ese pronóstico negativo.

La determinación judicial de penas que excedan de 3 años de prisión, imposibilita automáticamente la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esa voluntad legal no puede ser irrelevante para abordar el análisis de la concesión de beneficios que atenúan el rigor del cumplimiento de la pena, como en este caso. De allí surge la fórmula del numeral 2º del artículo 38, que tiene implícito el supuesto de la negación del beneficio de la condena de ejecución condicional y por tanto de que alguien ha sido sentenciado a una pena superior a 3 años que son en general delitos graves que suponen una nocividad social mayor.

Entonces, las evidencias del comportamiento personal, laboral, familiar o social del sentenciado no deben limitarse a una mera enumeración de las condiciones normales en que se desarrolla un individuo de similar condición a la del peticionario, esto es, que se trata de un padre de familia, que se ha desempeñado en varios cargos, etcétera, sino que deben ser suficientes para poder sostener “seria, fundada y motivadamente” el juicio negativo que exige la norma, pues no debe ignorarse que esas mismas condiciones generales de su personalidad no le impidieron cometer los delitos por los que fue sentenciado.

Además, para esta sustitución, la interpretación del artículo 38 del Código Penal debe hacerse en función del fin de prevención general (afirmación del orden jurídico) de modo que la misma permita dirimir, cuando se presente, la oposición entre ésta y la función preventiva especial en casos especialmente graves.

En particular frente a situaciones de individuos que han delinquido en el ejercicio de la función pública de administración de justicia que el Estado les ha deferido, la Sala ha considerado que se desconoce el principio de prevención general “(...) cuando los asociados ven regresar inopinadamente a casa (así sea en detención [prisión] domiciliaria) a quien, inicialmente visto y aceptado por ellos como guardián de la legalidad, después la ha vulnerado abierta y persistentemente, sin escrúpulos para acrecentar significativamente en la sociedad los males que él tenía como misión atacar. En realidad, se deja en la comunidad afectada un sabor amargo de desequilibrio en la aplicación del derecho, una sensación de apertura a la impugnidad, que de pronto estimularía a otros, en medio del desconcierto, a seguir el mal ejemplo (1) ”.

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de octubre 23 de 2000 que niega la sustitución de la detención domiciliaria. Segunda instancia, radicación Nº 16.997. Magistrado Ponente: Jorge Aníbal Gómez Gallego.

En consecuencia se negará la sustitución solicitada.

6. El sentenciado en la parte inicial de su solicitud, luego de hacer una serie de críticas a la providencia de esta Sala del 14 de septiembre pasado, por medio de la cual se le negó el beneficio de la libertad provisional, reclama “(...) un pronunciamiento que nos permita determinar como señalábamos con anterioridad en qué momento debo requerir mi libertad por pena cumplida (...)”.

La Corte no actúa como órgano de consulta de ese tipo de peticiones, sin embargo cada que resuelve una solicitud de libertad es suficientemente precisa en la contabilización de los términos a partir de las evidencias que contenga la actuación procesal. En este caso concreto, la providencia objeto de crítica por parte del sentenciado, pero contra la cual no interpuso ningún recurso, fue clara en señalar que “Rodrigo Daza Bermúdez ha descontado físicamente a la fecha (11 de septiembre de 2001) un total de 25 meses y 21 días de la pena de prisión de 48 meses que le fue impuesta”. Ahí se agota el deber legal de la Corte, el análisis de la oportunidad para hacer solicitudes le corresponde a cada sujeto procesal en particular, sin perjuicio de la capacidad oficiosa de la corporación que actúa como juez de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Negar la solicitud de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión que presentó el doctor Rodrigo Daza Bermúdez.

Notifíquese y cúmplase.

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