Sentencia 18323 de julio 10 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Exp.: 18323

Acta 27

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por XXX contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 8 de noviembre de 2001, en el juicio promovido por el recurrente contra la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali “Emsirva” ESP.

I. Antecedentes

El promotor de este proceso pretendió que la demandada fuese condenada a pagarle la indemnización de perjuicios materiales y morales por culpa patronal como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el 28 de diciembre de 1995, al igual que las costas del proceso.

Como fundamento de tales pretensiones, afirmó haber prestado servicios a la entidad demandada desde 1º de febrero de 1994 hasta el 7 de marzo de 1997, mediante contrato de trabajo a término fijo y en el cargo de recolector. Cuando ingresó a laborar se le practicaron los exámenes médicos de rigor con resultado óptimo. El día 28 de diciembre de 1995 cuando desempeñaba sus labores en un sector de farmacias y de alto riesgo para los trabajadores, al acomodar unas bolsas plásticas se pinchó con una aguja hipodérmica en el dedo meñique de la mano izquierda. Del anterior accidente de trabajo adquirió el SIDA y por ello el ISS le reconoció una pensión de invalidez por riesgo profesional. En atención a que la empresa demandada no le entregó los guantes adecuados para cumplir con su labor y no correr el riesgo de infectarse, debe pagar la indemnización por los perjuicios materiales y morales por culpa patronal.

La empresa en la respuesta a la demanda manifestó que se suscribieron varios contratos de trabajo, aceptó la ocurrencia del accidente de trabajo, pero negó su relación con la enfermedad que padece el trabajador. Resaltó que existe una “Ruta hospitalaria”, en la cual nunca laboró el demandante. Que siempre ha cumplido con las normas de seguridad y le canceló al actor todas sus prestaciones sociales y ordenó su pago. Los demás hechos los negó o manifestó no constarles. Se opuso a las peticiones y propuso las excepciones de inexistencia de exigibilidad del derecho invocado y la innominada.

Mediante providencia del 31 de agosto de 2000, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali absolvió a la demandada de todas las pretensiones invocadas en su contra y condenó en costas a la parte demandante,

II. La sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en sentencia de 8 de noviembre de 2001, confirmó la decisión de primera instancia y le impuso las costas de la instancia al demandante.

Consideró el tribunal que no están demostradas las omisiones que permitan aducir que hubo culpa de parte de la empresa en la ocurrencia del insuceso. Tampoco se demostró la relación causa efecto entre el accidente y la enfermedad que adquirió el actor, quien además declaró que tuvo más de once parejas sexuales y que sólo a veces utilizaba condón.

III. El recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión, pretende el demandante la casación total de la sentencia recurrida y constituida la Corte en tribunal de instancia, revoque el fallo de primer grado y condene a la demandada a pagar al actor la “Indemnización de perjuicios morales y materiales”, por culpa del empleador, como consecuencia del accidente de trabajo de que fue víctima XXX”.

Para tal efecto formuló un cargo en el que acusa la sentencia de violar “indirectamente por aplicación indebida, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 2º y 53 de la Constitución Política, los artículos 63 y 1604 del Código Civil, así como en relación con el artículo 215 del Código Sustantivo del Trabajo. También en relación con los artículos 16, 82 y siguientes de la Ley 446 de 1998, los artículos 9º, 21, 46 y 98 del Decreto 1295 de 1994, los artículos 38, 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, el artículo 3º numeral 1º del Decreto 1346 de 1994, el Decreto 2644 de 1994, el artículo 30 numeral 3º del Decreto 614 de 1984 y como normas de medio, el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral y los artículos 252, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil”.

Enuncia los siguientes errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la parte demandada actuó con la mayor diligencia en relación con las medidas e instrucciones que el demandante debía aplicar en el manejo de las basuras domiciliarias, que le correspondía manipular.

a) No dar por demostrado, siendo evidente, la culpa de la demandada al no suministrar los guantes y elementos adecuados y omitir la suficiente instrucción al demandante, sobre el manejo de las basuras que le correspondía manipular en la zona donde prestaba sus servicios.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que no hubo relación de causa a efecto entre el accidente de trabajo ocurrido a mi poderdante y la penosa enfermedad que lo llevó a la tumba.

2.1. No dar por demostrado estándolo plenamente, la relación causa efecto que existió entre el accidente de trabajo y la penosa enfermedad que ocasionó la muerte a mi poderdante.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente acaecido a mi poderdante tuvo origen distinto al de un accidente de carácter profesional.

3.1. No dar por demostrado, estándolo plenamente, el carácter de riesgo profesional que tuvo el accidente de trabajo acaecido a mi mandante.

En la demostración del cargo afirma el demandante que el sentenciador apreció mal las siguientes pruebas: El informe patronal de accidente de trabajo que se lee a folios 18 y 505 y el informe de la Junta Calificadora de Invalidez de folio 506, como pruebas calificadas y en relación con estos informes, los testimonios (si bien en principio no calificados para este recurso extraordinario, íntimamente relacionado con los anteriores), de José Eugenio Ibargüen (fls. 496 a 499) y de Rosa Rojas García (fIs. 507 a 510), y que además apreció mal la resolución del ISS, mediante la cual se reconoció la pensión de invalidez (fls. 47 a 50), como la sentencia que resolvió la acción de tutela que propuso el demandante (fls. 19 a 26). También apreció mal los documentos de folios 211 a 226, que contienen información interna e impersonal relacionada con cartillas de inducción y seguridad industrial, así como el informe de servicio integrado de enfermedades infecciosas de folios 368 a 376. Sostiene de otra parte que no se apreció la historia clínica que corre a folios 359 a 367 y 377 a 493 ni el examen médico de ingreso que se lee de folios 6 a 16.

En el desarrollo del cargo, luego de transcribir el argumento fundamental de la sentencia, sostiene, con base en el informe del accidente de trabajo, que no era raro encontrar desechos hospitalarios, concretamente jeringas, y por ello considera que está suficientemente demostrada la culpa de la empresa al no tomar las medidas suficientes para evitar el accidente, como se hacía para los recolectores de otras zonas de la ciudad. Además, en la evaluación de la Junta Calificadora de Invalidez se dijo que la patología actual del señor XXX, se ocasionó como secuela de un accidente de trabajo. Y el testigo Eugenio Ibargüen Mosquera, aclara que por esa zona existían una farmacia y un hospital, con lo que se acredita la relación de causalidad entre el accidente de trabajo y la enfermedad terminal del demandante.

Resalta que la pensión de invalidez que se le reconoció al actor fue de origen profesional, y por lo tanto no es cierto que no se hubiere dicho su origen, sino simplemente se cumplió con el fallo de tutela.

No hubo escrito de réplica.

IV. Consideraciones de la Corte

El cargo, como la demanda primigenia, persiguen el pago de la indemnización por perjuicios materiales y morales derivados de una supuesta culpa patronal en accidente de trabajo. 

En la sentencia recurrida se afirmó: 

“Considera la apelación que el acto administrativo que reconoció pensión de invalidez de origen profesional al demandante es prueba suficiente de que el accidente ocurrió por culpa de la empleadora, apreciación que es equivocada porque la culpa debe ser suficientemente demostrada por quien la alega y en el presente caso no lo fue” (fl. 32 del cdno. del tribunal). 

Advierte la Sala que si bien es cierto que el juzgador de la alzada asentó que no estaba probado el accidente de trabajo que dio origen al deceso del demandante, para efectos de las súplicas deprecadas tal consideración es intrascendente en la medida en que como se vio el soporte esencial de la determinación de absolver a la convocada al proceso de las peticiones que le fueron elevadas fue la consideración de que ella no tuvo culpa alguna en el accidente o enfermedad del actor. Por manera que al margen de si es cierto o no que la invalidez del promotor de la litis provino como consecuencia de un accidente de trabajo, lo que debía confutar el cargo era el aserto determinante de la absolución, esto es, que ninguna responsabilidad tuvo la demandada en el infortunio o al menos ello no estaba acreditado, y brilla por su ausencia, al menos en sede de casación, un cuestionamiento sólido al respecto, ya que el esfuerzo dialéctico de la censura se enfoca primordialmente a destruir la conclusión del tribunal sobre el origen del riesgo ocurrido al demandante, y sólo tangencialmente en casación y principalmente en sede de instancia se ocupa de contrariar el cimiento fundamental de la sentencia.

Respecto de la lista de medios de prueba de la acusación observa la Sala que se fundamentan en la equivocada apreciación de testimonios y de varios documentos que enuncia, pero en el desarrollo del cargo solamente ataca la valoración del informe patronal de accidente de trabajo y la evaluación de la Junta Calificadora de Invalidez.

Estos simplemente dan cuenta del origen del accidente padecido por el demandante pero en manera alguna demuestran la culpa de la empresaria(sic) en el mencionado riesgo profesional. La circunstancia de que en el informe patronal la accionada consignara que las causas del accidente fueron “imprevistas”, no tiene la connotación que pretende derivar el censor en el sentido de que esa aislada expresión comporte una aceptación de su negligencia porque apreciada la probanza en un sentido lógico y contextual lo que pregona es que a pesar de las medidas “necesarias” adoptadas por la empleadora para evitar esos hechos fatídicos, el acaecido no era previsible y por tanto escapaba razonablemente de su responsabilidad.

No sobra precisar que es cierto que la imprevisión por negligencia puede generar responsabilidad, pero no siempre lo imprevisto pon un sujeto de obligaciones comporta necesariamente su culpa o actuación descuidada, con mucha frecuencia los hechos que suceden por no haber sido previstos o por no haberse contado con ellos, obedecen al azar y encuadran dentro de la definición clásica del simple accidente objetivo.

En este orden de ideas, sustentar el reproche simplemente en la palabra “imprevista” plasmada en el informe patronal de accidente de trabajo al referirse a las causas del mismo, no demuestra un defecto de valoración evidente, y mucho menos si en el mismo documento consta que la empresa tomó las medidas necesarias para evitar el accidente, por lo que es fácil colegir que no incurrió el fallador en el desatino fáctico que se le endilga.

Otro tanto puede decirse del dictamen de la junta de calificación de invalidez, que además de tener ese carácter, no ilustra sobre la eventual culpa de la demandada, pues ni remotamente de él emerge rasgo alguno sobre el particular, pues allí simplemente se da cuenta de que la patología del actor se originó en un accidente de trabajo.

Así las cosas es evidente que el cargo no tendría ninguna posibilidad de ventura porque aún admitiendo en casación que el actor sufrió un accidente de trabajo queda incólume el otro pilar decisivo del proveído recurrido atinente a la ausencia de culpa de la traída a este juicio.

Aun cuando lo anterior es más que suficiente para negarle prosperidad al cargo, debe agregarse que no se desvirtuó el aserto del tribunal en el sentido de que a folios 211 a 226, aparecen una serie de documentos relacionados con la inducción y seguridad industrial que se le impartía a los operarios de la empresa demanda.

Por lo demás, también la prueba testimonial fue base de la decisión recurrida, pero ocurre que como no se demostró yerro fáctico manifiesto con prueba calificada no es dable su estudio en casación laboral por carecer ella de esa connotación, y por consiguiente mantienen intangible la sentencia atacada.

Por lo expresado, el tribunal no incurrió en los errores que se le endilgan y en consecuencia el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el juicio seguido por XXX contra Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali, “Emsirva” ESP.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

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