Sentencia 18364 de julio 4 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 70 (2/07/02)

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote.

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES:

1. Demanda presentada a nombre de Luis Helí Garzón Guevara.

Evidentemente, tal y como lo puntualiza el procurador delegado, varias son las inconsistencias de orden técnico que impiden la prosperidad de esta censura formulada por la defensa con apoyo en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, ya que aparte de indicar que se violó indirectamente y por aplicación indebida el artículo 44 de la Ley 30 de 1986, no precisa cuál es el error de hecho en que incurrió el fallador, limitándose de matrera genérica y escueta a aducir una errada valoración probatoria que no ubica dentro de ninguna de las modalidades del yerro que denuncia.

Y aunque, al sostener inicialmente que el sentenciador le dio a las pruebas un alcance que no tienen, de donde solo en principio pudiera colegirse que el reproche se decide por un falso juicio de identidad, el desarrollo de la censura desvirtúa una tal inferencia, puesto que no indica cuáles fueron los medios que al ser sometidos al juicio apreciativo del fallador fueron distorsionados en su contenido material, o dicho de otra manera, se les puso a decir lo que en realidad no se observa en su contexto y mucho menos, se advierte de parte del casacionista un esfuerzo por demostrar cada una de sus afirmaciones y de encarar el fundamento probatorio del fallo a fin de poner en evidencia que de no haber mediado el desacierto intelectivo que reprocha, otras serían las conclusiones frente a la declaratoria de responsabilidad de su defendido por la comisión del ilícito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Pero además, como con acierto lo resalta el procurador, la censura se queda trunca en cuanto que inicialmente el demandante afirma que a la prueba se le dio un alcance que no corresponde a su contenido fáctico y difiere del arrojado por el restante cúmulo probatorio, pues siendo consecuente con dicho postulado, no sólo era su deber demostrar por qué no se acredita el delito de concierto para delinquir, sino identificar las otras pruebas que sustentan la inocencia de su representado y que sólo, genéricamente alude.

Sin embargo, y como quiera que todo el discurrir argumentativo del casacionista tanto en el primero como en el presunto segundo yerro tiene como único punto de referencia el valor suasorio dado por los sentenciadores al informe de policía judicial, no queda duda que a la postre, todo el esfuerzo analítico de la defensa se orienta de manera exclusiva a sacar adelante su personal punto de vista sobre los hechos y las pruebas, por considerarlas mejor y más razonables que las expuestas en las decisiones de instancia.

En efecto, para el recurrente el único soporte probatorio del fallo para deducir la responsabilidad de Helí Garzón en el delito de concierto para delinquir fue deducido por los funcionarios judiciales del contenido del informe de policía judicial y de la interpretación que de los hechos dieron quienes lo suscribieron. Por ese mismo motivo, no es posible darle credibilidad a las afirmaciones que allí se hacen sobre las reuniones que sostenían los procesados para realizar supuestas transacciones de narcóticos porque eso nunca fue demostrado. Todo esto, para el impugnante, indica que la sentencia se basa en afirmaciones temerarias, como ocurre también con la relacionada con los envíos de droga a la Costa Atlántica.

Así, confrontadas las apreciaciones de los fallos de instancia con las pruebas en que se basan, sofístico e infundado deviene este reproche, primero, porque da la apariencia de que no otras pruebas en la actuación diferentes al informe de policía judicial se acopiaron para corroborarlo y segundo, porque, trata de fusionar en un solo documento lo que constituye la conclusión de toda una actividad de inteligencia adelantada por meses, respecto de la cual se allegó al proceso los resultados de cada una de las labores tendientes a descubrir y desmantelar la empresa delictiva en la que operaban los sindicados.

Por eso mismo, se cae por su propio peso la insustancial crítica alusiva a que el fallo se apoya en afirmaciones temerarias, cuando lo cierto es, que cada una de las conclusiones del fallador es el producto del análisis ponderado de los diferentes elementos de juicio con los que contó para estimar la existencia del delito y la participación de los aquí sindicados en él.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que, precisamente dichas labores se iniciaron a efectos de constatar la información suministrada por un ciudadano que dijo ser residente del barrio donde vivía Helí Garzón, pues observaba constante movimiento en relación con esa casa, entrada y salida de personas que concurrían en carros que no pasaban desapercibidos, usaban constantemente celulares y beepers, etc.

Todo lo expuesto, indica que la prueba de que realmente se confirmó lo que inicialmente fue una denuncia anónima telefónicamente, es lo consignado en el informe de policía judicial y lo declarado al respecto por los investigadores que llevaron a cabo las labores de inteligencia que culminaron con la solicitud de allanamiento y de interceptación de varios abonados telefónicos mediante los que se comunicaban con frecuencia los procesados.

Así, se tiene que la naturaleza de los elementos encontrados en la residencia de Helí Garzón como la gramera, la cinta de enmascarar y las pipetas, resultan suficientes no sólo para atribuirle responsabilidad por la posesión del alcaloide que pretendió asumir como único responsable, sino que ese hallazgo, cotejado junto con la intención de aquél de justificar la presencia de otras personas en el mismo sitio, la actitud al buscar “afanosamente” al celador del barrio para prevenirlo a que dijera que el BMW rojo de placas BCJ 547 “no era de ahí, y que sólo hasta cuando amenazaron con llevarlo en grúa, se estableció que quien lo conducía era el procesado Julio César Monroy Velasco”, el conocimiento que existía entre ellos desde mucho antes de iniciarse el seguimiento, las claves que utilizaban para hablar por teléfono al referirse a transacciones bancarias, cuando la experiencia muestra que esa es una muestra de camuflar la verdad etc., no sólo son pruebas que persisten independientemente al informe policivo, sino que permiten deducir lógica y razonablemente que éstos integraban una empresa delictiva en materia de narcóticos.

El segundo error al que se refiere la demanda, esto es, el relacionado con la deducción de responsabilidad en contra de Helí Garzón por el hecho de haber aceptado su responsabilidad en la posesión de la cocaína, también tiene como sustento la crítica al poder vinculante otorgado al informe de policía judicial, porque de haberse confrontado con la otra prueba obrante en el expediente habría concluido que su asistido sólo se reunía con su hija, parientes afines y circunstancialmente con Javier Lesmes, todo lo cual apunta a que se le otorgue entera credibilidad a lo manifestado por este sindicado en la diligencia de indagatoria, pero desconoce cómo, sometida la misma a un juicio valorativo acorde con las reglas de la sana crítica, el sentenciador no encontró admisibles las explicaciones sobre la forma como adquirió el alcaloide, pues expuso que lo recibió como parte de pago de un ganado que le debía un sujeto a quien conoce como Pedro, pero no sabe su nombre completo, ni su domicilio ni su ocupación, quiso justificar la presencia de Humberto y Javier y aparte de esto surgen inconsistencias y contradicciones que se establecen al confrontar lo vertido por cada uno de ellos en sus indagatorias.

Al respecto, recuérdese, que el fallo explica cómo Humberto sostuvo que lo conocía desde hacía un año porque su finca colindaba con la de él, pero en realidad no supo cómo el día de su captura llegó a su residencia, cuando el propio Humberto terminó por reconocer que le envió mensajes a Helí por el buscapersonas y que se comunicó telefónicamente con él, sólo que la llamada la atendió uno de los oficiales que llevaban a cabo el operativo.

Como se ve, ningún desacierto de juicio del fallador atina a demostrar el demandante, quien lo único que deja al descubierto es que no le satisface la valoración probatoria, pero no más. Por ello, imperioso resulta mantener la doble presunción de acierto y veracidad que ampara a los fallos judiciales, puesto que en este caso, no fue desvirtuada.

El cargo, entonces, no prospera.

2. Demanda a nombre de Luis Carlos Garzón Ramírez.

El error de hecho por falso juicio de existencia que postula el demandante en el único cargo de este libelo presenta también serias deficiencias de orden técnico en su postulación y vacíos argumentativos que le restan claridad y precisión a su propuesta casacional. De un lado, no identifica cuál es la prueba que a su juicio fue supuesta para demostrar la responsabilidad penal que por el delito de concierto para delinquir le fue deducida a Luis Carlos Garzón Ramírez y de otro, para complementar como le correspondía no desquicia el supuesto probatorio del fallo, dejando todo su discurso, en términos muy similares a lo ocurrido con la demanda anterior, a una crítica insustancial del valor que tuvo el informe de policía judicial, al punto que, a juicio del censor, hasta la calificación del ilícito descrito en el artículo 44 de la Ley 30 de 1986 fue extraída de lo allí consignado, cuando lo único que fundamenta eso es lo referido a la infracción al artículo 33 ídem que su defendido aceptó en diligencia de sentencia anticipada y por el que se le condenó por separado.

Por eso mismo, aquí también parte el casacionista de un supuesto sofístico al considerar suficiente su afirmación de que todo lo consignado en el informe de policía debía corroborarse por otros medios, cuando lo que sucede es lo contrario, dicha prueba lo que está haciendo es corroborar, como ya se dijo en el acápite anterior, la veracidad de una información recibida anónimamente vía telefónica. En él se consigna el fruto de la percepción directa obtenida como resultado de varios meses de seguimiento a las actividades de las personas que finalmente resultaron capturadas en este proceso y a los vehículos en que se movilizaban, tanto, que la solicitud de allanamiento tuvo como fundamento lo consignado en el citado informe de inteligencia, pues al tenerse conocimiento, por las grabaciones telefónicas autorizadas por la fiscalía, de que ese grupo tenía programada una transacción de cocaína para finales de febrero de 1995, se incrementó la vigilancia y seguimiento a las mismas, pudiéndose verificar que por esos días hubo visitas con mayor frecuencia, entre ellas las de “varios individuos jóvenes a los que se observó ingresaban con exagerado sigilo...”. Y, efectivamente, el 17 de ese mismo mes, dispuesta la diligencia por la fiscalía a los inmuebles ubicados en la calle 27 sur 42-52, primer piso y calle 10 sur 41C-42, en los dos se encontró no sólo el estupefaciente, sino a las mismas personas que venían siendo objeto de la actividad de inteligencia, las cuales se movilizaban en los vehículos ya identificados por las autoridades como aquellos en que se desplazaban para frecuentarse mutuamente.

Ahora bien, la tesis según la cual, lo que se constató con el informe de inteligencia no tiene nada que ver con una organización delincuencial para el tráfico de drogas, sino la existencia de actos preparativos para una transacción de cocaína, muy al contrario a lo que asegura el defensor, comporta, de un lado una crítica dada al hallazgo de la droga misma como prueba material y directa y de otra, evidencia que ciertamente ese grupo de hombres y la mujer que finalmente fueron condenados en este asunto, hacían parte de un sociedad ilícita en la que cada uno tenía su propio rol a desempeñar.

Por eso, los últimos planteamientos del recurrente, terminan por admitir que se opone a la apreciación a partir de la cual, el fallador entendió que concurrían varios indicios para verificar que la presencia de aquellos sujetos en los sitios allanados, al igual que los elementos utilizados para el pesaje y embalaje de la droga, como la cantidad de estupefaciente encontrada no era en modo alguno casual, sobretodo cuando las explicaciones dadas al respecto por este sindicado en la diligencia de indagatorias no fueron creíbles para el juzgador, una vez que las sopesó con las reglas de la sana crítica y el material probatorio recaudado.

Sin embargo, las acotaciones que hace al respecto, según las cuales se supuso el hecho indicador para elaborar las diferencias lógicas, como ocurre con las declaraciones de los policiales que ratificaron el contenido del informe o las mismas contradicciones en que incurrieron los incriminados porque todas están basadas en aquél documento, cuando lo cierto es que éste no fue corroborado con otros medios, no contribuyen a mejorar la censura, pues de nuevo cae en el mismo círculo vicioso en el que da por ciertas las afirmaciones que precisamente le correspondía demostrar, es decir, por qué sólo a partir de la existencia de otras pruebas es que en este caso el informe de policía judicial podía tener incidencia en la declaratoria de responsabilidad y en la construcción de la prueba indiciaria, más aún cuando para ello, sin explicación alguna le resta importancia a la prueba testimonial vertida por quienes tuvieron conocimiento directo de esos hechos, frente a lo cual deviene ambigua la apreciación en el sentido de que toda la demás prueba se desvirtúa porque tiene como sustento el aludido informe, limitándose a la cantidad de estupefaciente incautado, pero nada dice para desacreditar los aspectos reveladores que encontraron los juzgadores en la transcripción de las conversaciones telefónicas y el cotejo de voces efectuado entre las de Javier Enrique Lesmes y Luis Carlos Garzón, que arrojó resultado positivo.

A la postre, lo que pretende el casacionista es que la Corte asuma una revisión oficiosa de todo el acervo probatorio acopiado en este asunto a partir de la inconformidad que le generan las conclusiones probatorias de los jueces de instancia, para volver sobre lo que ya fue debatido. Lo que sucede es que, como aquellas no coinciden con su particular criterio, entonces las califica de supuestas porque para él otras son las consecuencias que se derivarían, pues confrontadas las valoraciones de la sentencia con el expediente se encuentra que todas y cada una de sus inferencias tienen como referente una prueba material y objetivamente existente en el proceso, como ocurre con las glosas sobre la inconsistencia de la versión de indagatoria dada por Garzón Ramírez en cuanto al desconocimiento de lo caleta encontrada en su casa entre las losas de la cocina, la explicación sobre la procedencia de la suma de catorce millones de pesos en efectivo, las cuales fueron analizadas con base en el acta misma de su propia injurada, la rendida por su esposa Ana Esperanza y Gonzalo Muñoz, también condenado por estos hechos. Incluso, aquello relativo a las explicaciones que dio para justificar el contenido de las grabaciones de las conversaciones sostenidas con Javier Enrique Lesmes en el sentido de que por esos días estaba dañado el teléfono y se cruzaban las llamadas, que como se dijo, fue confrontado por el ad quem con el resultado del dictamen espectográfico que concluyó que “se encontró uniprocedencia fonológica y morfológica con unas de las voces de las personas masculinas que se intercomunicaron telefónicamente con otras, cuando reciben y/o hacen llamadas así como unos mensajes al parecer a beepers. En tal virtud el resultado para ellos es positivo” (fl. 18, cdno. tribunal).

Lo anterior, pone en evidencia que no es cierto que la fundamentación probatoria del concierto para delinquir sea exclusivamente el informe policial e incluso que las afirmaciones allí contenidas no tuvieran corroboración.

Este cargo, tampoco prospera.

3. Demanda a nombre de Merardo Morales Jiménez.

Primer cargo.

Este reproche, cuya prosperidad avala el Ministerio Público se apoya en el motivo de nulidad por violación al derecho de defensa porque el tribunal, según se afirma en la demanda, no motivó el fallo en cuanto se refiere a este procesado, limitándose a referirlo en el resumen de los hechos, y por ende, tampoco respondió a las argumentaciones expuestas por el abogado de este acusado en el escrito mediante el cual sustentó el recurso de apelación impetrado contra el fallo de primer grado, quedando a la postre la defensa sin argumentos para ejercer plenamente su derecho en casación, lo cual, dice, lo ha conducido a que junto a este cargo principal por invalidez se haya visto precisado a formular uno subsidiario confrontando las razones que en su momento expusiera el juez de primera instancia, dejando claro que por tal omisión, no le ha sido posible ejercer el derecho de contradicción frente al ad quem, que era lo procedente porque se aspiraba, como debe ser, a que los cuestionamientos fácticos y jurídicos hechos al fallo del a quo hubiesen sido compartidos y desechados por el tribunal, que fue lo que no sucedió, estando hasta ahora sin respuesta.

Así presentarla la censura, entonces, se tiene que, en efecto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal de 1991, aplicable para el momento en que se profirió el fallo de segundo grado, al igual que sucede frente al nuevo estatuto procesal penal, artículo 170, es un imperativo del juzgador motivar la sentencia, precisando en ella, además de “Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales”, “El análisis (de los mismos) y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión”, lo cual, como es sabido, antes que un mandato legal constituye una imposición constitucional, pues es un derecho del procesado controvertir “las pruebas que se alleguen en su contra”, y a “impugnar la sentencia condenatoria”, siendo la sentencia el acto procesal por excelencia donde se concreta esa controversia y se decide como culminación del proceso, quedando vigente una nueva si la decisión, de acuerdo con la instancia en que se decide, aún es susceptible de impugnación.

Esta exigencia, desde luego, como últimamente lo ha sostenido la Sala, reiterando su constante jurisprudencia al respecto, esto es, la de “dar las razones por las cuales se comparten o no las alegaciones de las partes, ..., es un requisito formal que se relaciona con la debida motivación de la providencia”, debiéndose tener en cuenta, por ello, que su “omisión entraña nulidad de lo actuado (únicamente) si con ello resulta vulnerado el derecho de contradicción, el cual en ese sentido asiste al derecho de defensa, siendo ambos elementos estructurales de la garantía fundamental del debido proceso”, precisando, igualmente, y en punto de analizar la posibilidad de recurrir en casación frente a un fallo de segundo grado, que si bien es cierto que “el sujeto procesal tiene la carga de sustentar”, el equilibrio se logra “con la imposición al Estado de escucharlo, analizar lo que dice y ofrecerle una respuesta motivada. La técnica de la casación, por otro lado, —se aclara— no se explica sino en concordancia con estas exigencias. Una sentencia inmotivada dificulta hasta hacer imposible, la crítica clara y la impugnación precisa de sus premisas y conclusiones. Los falladores deben comprometerse con el contenido del proceso para que sus análisis puedan luego ser debatidos en el recurso extraordinario dado que éste demanda atacar sus fundamentos y demostrar la inconsistencia de los juicios de valor allí formulados...” (Sent. Cas., mar. 25 de 1999, rad. 11.279, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar y la 15.997, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

Por tanto, la motivación de una decisión judicial, y con mayor razón de una sentencia, no puede corresponder a un simple formalismo o a una ritualidad intrascendente que supla el fondo de la controversia con genéricas afirmaciones o tácitos supuestos que de suyo posibiliten equívocas conclusiones, ya que motivar no puede ser nada distinto a la concreción argumental fáctica y jurídica de la prueba y de los fenómenos sustantivos pertinentes al caso por resolver, confrontados internamente con los razonamientos y propuestas, igualmente fácticas y jurídicas, de los sujetos procesales, para de allí colegir la decisión que con el respectivo fundamento legal se imponga inferir, teniendo para ello siempre en cuenta que se trata de un debate de lo valorativo y no de lo experimental.

Sin embargo, es claro, que una tal exigencia, no sólo puede cumplirse con el tratamiento individual de los fenómenos objeto de análisis o de los respectivos medios de prueba, sino que igualmente puede lograrse con un análisis general de diversas situaciones concurrentes en una investigación, sin que ello signifique el soslayamiento de la prueba de cargo, su sustento legal y su consiguiente conceptualización jurídica frente a cada uno de los conflictos por resolver, sino que ante las concretas condiciones probatorios que se presenten en la realización de un hecho en el que intervienen diversos autores o participes, su propio modus operandi haga que la prueba se vincule de forma tal que, contrario sensu, su separación impida su verdadera comprensión histórica y, por ende, su real trascendencia jurídica, en la medida en que la propia complejidad e interrelación de los intervinientes delictuales, en casos como el presente, se pueda explicar la unidad de fin propuesto, lo cual, opuesto a lo que se cree, posibilita idóneamente la contradicción jurídica de los diversos conflictos por decidir, pues, una tal forma de argumentar no está significando su ausencia, su anfibología, su ambigüedad, su equivocidad, o en forma general, la ausencia de motivación, sino su global análisis, que no es, tampoco, igual a superficialidad o no concreción, es su valoración universal de lo sucedido, integral, es decir, que sin evadir las individualidades, se integren convergente y coherentemente.

Aquí, para el censor, el tribunal debió motivar el fallo de segundo grado confrontando, valorando el dictamen grafológico practicado al cheque de autos, con el cual se demuestra que el endoso no fue realizado por Merardo Morales, pues, “la prueba allegada al proceso informa que efectivamente el día del allanamiento se encontró a Merardo Morales Jiménez en la casa de Luis Carlos Garzón Ramírez y que allí fue capturado; que al indagársele sobre su presencia en dicho lugar explicó cómo ello se debía a la necesidad que tuvo de solicitarle a su cuñado un préstamo para llevar a su esposa a la clínica para que la atendieran de su gravidez; que al haberse allegado al proceso un cheque girado a su nombre por la suma de $ 20.000.000, respecto del cual se adujo en la acusación que con esta prueba se desvirtuaba su explicación en el sentido de haber tenido que concurrir a dicho lugar a solicitar dinero prestado a su cuñado; y que practicada la prueba grafológica correspondiente se determinó que la firma del endosante no era la de él como tampoco la cédula colocada debajo de la referida firma, y ninguna de estas pruebas, que son las que corresponden a la situación de Merardo fue valorada ni tenida en cuenta por el tribunal...”.

Este argumento defensivo y de contradicción probatoria lo había expuesto la defensa en los alegatos previos al proferimiento del fallo de primer grado, teniendo eco en el juez de primera instancia, en cuanto admitió que la prueba grafológica descartaba, obviamente, su autoría en el endoso del aludido título valor, aunque, eso, sin embargo, no significaba indefectiblemente la ajenidad del este (sic) procesado en el compromiso penal por el que debía responder en este caso, ya que, “...el estado de gravidez de la esposa de Merardo Morales fue la excusa casi perfecta para aducir que su presencia en la residencia de la calle 27 sur Nº 42-52, era la de pedir dinero en préstamo para abonar en una clínica dada la proximidad del alumbramiento. Verdaderamente como lo afirma la defensa, no puede el despacho en este momento procesal hacer mayor alusión al cheque por la suma de veinte millones de pesos que inicialmente se dijo que le había girado Luis Helí Garzón Guevara a Merardo Morales, dado que en verdad auscultada su firma y el número de cédula signados al reverso, difieren sustancialmente de las de aquél. Sin embargo, especificó el a quo, la farsa del préstamo se vislumbra plenamente cuando escuchado en ampliación de injurada, Garzón Guevara dijo que ciertamente el cuestionado título valor Nº 333176 del Banco del Estado lo iba a girar por suma menor para darla en préstamo a su yerno Merardo para el mencionado propósito de atender el parto de su hija, pero finalmente ello no ocurrió y lo dio a otra persona en pago de una transacción de ganado. Auscultada entonces la fecha de creación del cheque y la de su pago por el ente bancario la misma data (sic), ello el 4 de octubre de 1994, se muestra contradictorio que Merardo Morales concurriera cuatro meses después a casa de Luis Carlos Garzón Ramírez para pedir dinero con el mismo objetivo. Indagado Garzón Guevara por la contradicción al respecto, en forma evasiva contestó “pues doctor yo no me acuerdo de las fechas de ese cheque, como el me a (sic) llamdo (sic) de chivor para eso y la verdad doctor yo no me acuerdo de las fechas””.

En estas condiciones, es claro que la reiteración que ahora hace el demandante sobre la valoración probatoria del referido dictamen, resulta inane, en cuanto a que al habérsele así reconocido por el a quo, favoreciendo a su incriminado por excluirse en el juicio de valor incriminado como prueba objeto de imputación, el tribunal no podía entender que se estaba oponiendo nuevamente a ello, es decir, que perseguía una apreciación contraria respecto de esta prueba.

Lo que sucede es que para el censor, esa sola circunstancia desvirtuaba la afirmación de la acusación, según la cual la existencia del cheque no permitía creer en la explicación de Merardo sobre la necesidad de un préstamo para atender a su esposa, siendo que lo que pretendía obtener del ad quem era demostrada con esta prueba la justificación de su defendido sobre su presencia en el lugar del allanamiento. Por eso, de manera genérica sostiene la inexistencia de prueba para condenarlo, pues, “en otros términos, así no haya sido el beneficiario del cheque de los $ 20.000.000 por los cuales se le profirió resolución de acusación, para el señor juez lo es de todas maneras por ser yerno de Garzón Guevara y por haber sido señalado como miembro de la empresa criminal en los informes del personal antinarcóticos, pero sin que en tales informes, aparezca prueba que así lo demuestre” (fl. 183, cdno. 7).

Bajo este supuesto, no puede entenderse, como lo hace el casacionista, que el tribunal se haya remitido exclusivamente a resumir los argumentos que expusiera como fundamento de la apelación en lo concerniente con este sindicado, sino que si bien es cierto que al ocuparse del asunto sólo se menciona por su nombre a Medardo en dos oportunidades, ello no significa que en otros apartes en los que alude en términos generales a los aspectos circunstanciales comunes a todos los sindicados, como la forma en que fueron sorprendidos, las razones por las que se les estaba haciendo seguimiento directos a sus movimientos en los sitios que frecuentaban, los carros que utilizaban, las llamadas que se cruzaban, etc., no se estuviera refiriendo también, al igual que a los demás, a este procesado en particular, pues, las diversas actividades realizadas por cada uno, no es nada distinto que la propia distribución de funciones en el proceso ejecutivo y consumativo de esta clase de delitos cometidos por una pluralidad de personas.

Al efecto, obsérvese cómo, al inicio de las consideraciones, el tribunal sienta como punto de partida de su valoración probatoria que las explicaciones que cada uno de los sindicados pretendieron suministrar para justificar su presencia en los sitios en los que fueron capturados, permitían sostener que eran contradictorias entre sí, por cuanto:

“Aun cuando adujeron motivos distintos en sus respectivas injuradas, estos argumentos no ofrecen credibilidad, además que incurrieron en una serie de contradicciones, hecho que confirman (sic) que la verdadera razón de sus encuentros era procurar la comercialización de los alcaloides, establecer quiénes dentro de la empresa serían los encargados de traer, trasladar la cocaína o repartir dividendos, pues se tiene clara referencia mediante atestaciones de los policiales que efectuaron seguimientos que, a veces, se encontraban en una entidad bancaria del norte de la ciudad, donde se realizaban consignaciones millonarias” (fl. 27 cdno. del tribunal).

Por eso, como Luis Carlos Martínez, pretendió respaldar a Merardo en cuanto al motivo por el cual se encontraba en casa de aquél cuando se produjo el operativo donde se le capturó, el tribunal se refiere, pero no sólo para ubicarlo en el sitio de los hechos como lo sostiene la defensa, sino para demostrar, entre otras, que las contradicciones en que se incurre al respecto no alcanzan a tener el peso suficiente para que se tenga como no desvirtuada la aludida disculpa del préstamo de dinero. Por eso, al valorar la indagatoria de Luis Carlos, enfatiza que este procesado “dice que Medardo (sic), su cuñado estaba pidiéndole prestado dinero para llevar a su hermana a la clínica, que Gonzalo Muñoz, a veces se quedaba en su casa y justo en el momento del allanamiento acababa de llegar, que también llegó Javier que lo iba a invitar a rumbear”. Incluso, se tomó como preparada tardíamente la coartada de que sólo uno de ellos, Gonzalo, se responsabilizara como propietario de la droga, porque esa situación no se le advirtió a los policiales en el momento mismo del allanamiento, ni se encontró en el maletín de aquél, “máxime cuando dispersos en la casa se halló elementos empleados para el manejo de esta sustancia, como cinta de enmascarar y una gramera...”.

En el mismo sentido, más adelante, enfatiza que “justo cuando la policía está prevenida de que a finales del mes de febrero se llevaría a cabo una transacción de cocaína y que el encargado de hacerlo era Javier Lesmes, se logra el decomiso del alcaloide referido, y se encuentra allí a Medardo (sic), quien no da una explicación satisfactoria sobre su presencia en el inmueble, de donde se infiere que, obviamente, no era accidental el encuentro de estos procesados en la vivienda de Luis Eli (sic) Garzón, máxime cuando se verifica que cuando sus familiares Garzón Guevara y Garzón Ramírez, pretenden hacer eco a su disculpa, incurren en inconsistencias”.

Tales consideraciones, entonces, satisfacen como respuesta las acotaciones que hiciera la defensa en el escrito de apelación, que como se vio, apuntaba exclusivamente a que se le creyera a Morales Jiménez lo atinente al plurimencionado préstamo de dinero, no estando obligado el tribunal a ocuparse del cheque de los veinte millones y la prueba grafológica que demostró que la firma y el número de cédula allí estampado no pertenecía a aquél porque se trataba de un tema frente al cual la defensa no se mostraba inconforme, precisamente porque el a quo acogió su planteamiento en tal sentido, como se observa en el aparte transcrito en precedencia y por eso, se insiste, el aspecto basilar de la inconformidad frente al a quo, nada tenía que ver con la apreciación o no de dichas pruebas, sino con la persistencia, a pesar de eso, en considerar que como la presencia de Merardo en la casa de Garzón Ramírez no se justificaba con el argumento del préstamo, pues se mantenían vigentes las contradicciones entre los sindicados sobre dicho tema.

El cargo, entonces, no prospera.

Segundo cargo.

Esta censura, subsidiaria de la anterior, se propone al amparo del cuerpo segundo de la causal primera, por error de hecho por falso juicio de identidad en lo que concierne a la aplicación por parte del sentenciador de las reglas de la sana crítica para estructurar los dos indicios a partir de los cuales se fincó la responsabilidad de Merardo Morales Jiménez, esto es, el atinente a la compra de la llanta de un Renault 9 que ya había vendido Luis Carlos y el motivo por el que estaba presente en la casa donde se produjo su captura.

Varios son los reparos que merece este reproche de cara a la técnica que regenta este extraordinario medio de impugnación. Una está relacionada con la clase de yerro invocado, por cuanto al estar dirigido a demostrar cómo el sentenciador atropelló las reglas de la sana crítica, no era el falso juicio de identidad el adecuado porque ello le implicaría señalar las pruebas objeto del dislate y los aspectos en que fueron distorsionadas. Conforme a la jurisprudencia de la Sala, era, pues, el falso raciocinio el que correspondía regir la alegación.

Otro reparo de orden técnico y sustancial, lo constituye la advertencia que hace el censor en el sentido de que, como lo sostuvo en el cargo anterior, habrá de referirse al fallo de primer grado porque el de segundo no respondió los planteamientos que sobre dicho tema se expusieron en la sustentación de la apelación de la sentencia de primer grado, pues con ello no sólo deja en claro que la subsidiariedad sobre esa base sobra en este caso, porque lo que en realidad se presentaría sería un error in procedendo y no uno de juicio, por manera que en tales condiciones, el ataque, como el mismo lo anota, estaría enderezado a cuestionar el fallo de primer grado, cuando el que es objeto de la casación es el de segundo.

De otra parte, necesario es tener en cuenta, por lo menos en cuanto hace las glosas del censor frente a los razonamientos lógicos hechos por el fallador a quo sobre la compra de la llanta de un Renault 9, que esa consideración ningún comentario siquiera mereció para el abogado aquí demandante, en el escrito de apelación interpuesto contra dicha decisión.

Por eso, la alusión del tribunal frente a esa circunstancia específica, lo fue para confrontar la versión de Luis Carlos Garzón con la de su esposa Ana Esperanza Martínez y demostrar así, que esa situación concurría en su contra puesto que corroboraba lo consignado en el informe de policía, según el cual “...el señor Luis Eli (sic) Garzón, Merardo Muñoz Jiménez y Luis Carlos Garzón Ramírez son los encargados de recolectar la cocaína adquirida en diferentes partes del país, el señor Javier Enrique Lesmes es el encargado de recoger la droga negociada por Humberto Baquero y llevarla a guardar en lugares desconocidos”, como se transcribió en el fallo de primera instancia, en análisis que fue íntegramente acogido por el ad quem.

Algo similar ocurre con el presunto desconocimiento que acusa de las reglas de la sana crítica y la contradicción de los razonamientos del a quo, “en la medida en que desconoce, cómo al haberse demostrado que la firma del referido cheque no correspondía a la de Merardo, quedó desvirtuado que él lo hubiese cobrado. Por tanto, no puede afirmarse que no se le cree, porque resulta contradictorio que habiendo cobrado el cheque cuatro meses antes fuese a cobrar dinero prestado, ya que él no cobró el título valor y precisamente por ese motivo fue que concurrió el día de los hechos a solicitar dinero en préstamo a la casa de Garzón Ramírez”.

Tal contenido de la censura en este aspecto, llama la atención, o cuando menos hace aparecer inusitado, que siendo el demandante el mismo que actuó en representación de estos acusados desde inicios de la etapa del juicio, se presente ahora en casación denotando un claro desconocimiento de lo ocurrido en el proceso y lo contenido en los fallos de instancia. Primero, porque, como se dijo al responder el primer cargo de esta demanda, deviene infundada la tacha sobre la falta de pronunciamiento del tribunal respecto de un aspecto que por satisfacer las aspiraciones de la defensa no sólo no fue objeto de reproche, sino que, muy al contrario, se constituyó en punto de partida de la argumentación a partir de la cual se oponía a las consideraciones del a quo, pues, dando por descontado, como bien se aprecia en la transcripción hecha en el acápite precedente sobre este punto, que el juez no tuvo más remedio que admitir que efectivamente no fue Morales Jiménez quien endosó el cheque, lo que pasó fue que a pesar de esa verificación, para el fallador continuaba siendo una “farsa” la disculpa del préstamo para justificar allí su presencia. Por eso es que en la apelación, afirma genéricamente el aquí demandante, que a la postre, a este acusado se le condenó por el parentesco con Garzón Guevara.

De la misma manera, no puede dejarse inadvertida la afirmación que hace el libelista en el sentido de que la ilogicidad de la inferencia se presenta, de un lado por no tener en cuenta la circunstancia reseñada sobre la identidad del endosante y de otro por la contradicción que entraña, pues en lo que hace a lo primero, habría de colegirse que el censor entremezcla un posible error de raciocinio con uno de existencia por omisión en la valoración de la prueba grafológica que concluye que la firma y cédula impuestas al reverso del cheque no pertenecen a Merardo.

De otra parte, no es cierto que la sentencia afirme que Merardo fue quien cobró el cheque cuatro meses antes de la diligencia de allanamiento cuando fue encontrado dicho documento, lo anotado fue que, habiendo manifestado Garzón Guevara su intención de girar efectivamente dicho cheque por una suma inferior para prestarle dinero a su yerno para “atender el parto de su hija”, eso finalmente no ocurrió porque se lo dio a otra persona para pagarle un ganado. Por ello, teniendo en cuenta la fecha en que ese título fue pagado por el banco, es contradictorio que Morales Jiménez volviera cuatro meses después con el mismo propósito, más aún cuando el propio Garzón Guevara fue evasivo al respecto.

Como se ve, además, no es que sea contradictorio el a quo en ese sentido, porque lo que precisamente quiere resaltar es la contradicción que entraña la explicación del procesado, y la misma no está relacionada con el cobro del cheque sino con el motivo del préstamo, pues si en febrero de 1995 acudió a donde su cuñado Luis Carlos para que le prestada dinero para cubrir una necesidad de atención médica de su esposa por su embarazo “dada la proximidad del alumbramiento”, como lo reseña el juez, no es coherente que cuatro meses antes, en octubre de 1994, hiciera el mismo requerimiento para solventar la misma situación.

En conclusión, este reproche carece de fundamento, pues no responde a los presupuestos teóricos del yerro alegado, reduciéndose, a la postre, a una manifestación de inconformidad sin capacidad para promover la ruptura del fallo atacado.

El cargo, por tanto, no prospera.

4. Demanda a nombre de Ana Esperanza Martínez Bulla.

Realmente como lo precisa el delegado, si se toma literalmente lo afirmado, no resulta acertado por parte del demandante aseverar que “ningún trámite surtió en relación con (la solicitud de sentencia anticipada presentada por esta procesada), procediendo (el juez) a dictar el fallo respectivo sin hacer alusión alguna a la misma, motivo por el cual al surtirse la apelación que interpuse ante el tribunal nacional del fallo condenatorio que se profirió contra mi defendida, me vi precisado a solicitar, al igual que lo hago ahora, la nulidad de lo actuado a partir de la presentación de dicha petición con el fin de que se subsanara esta irregularidad, se procediera a la formulación de cargos para efectos de la sentencia anticipada, y con este reconocimiento, sí se procediera a dictar el consiguiente fallo, reconociéndosele la rebaja de la octava parte de la pena como lo dispone el inciso quinto del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, lo cual fue negado por el tribunal bajo el equivocado entendido de que como la aceptación de los cargos debía ser integral y la procesada sólo estaba impetrando la sentencia anticipada “por el cargo de Ley 30”, no procedía tal pedimento”.

Sin embargo, y se tiene en cuenta el cuestionamiento que en este sentido viene formulando este defensor desde la apelación del fallo de primer grado, es claro que su inconformidad radica es en que una vez realizada la diligencia de aceptación de cargos, no se profirió el fallo anticipado que correspondía, pues, al igual que se hizo con otros de los procesados, era procedente reconocer la aceptación parcial de cargos que hizo su defendida y no sorprenderlo, casi de inmediato, con el traslado para alegar previo a la sentencia conforme se disponía en aquella regulación procesal, y por ello, ahora, impetra la nulidad del fallo para que se subsane la irregularidad en que dice se incurrió, que, desde, luego, como también lo enfatiza el procurador, nada tendría que ver con error alguno atribuible al juez por no haberle formulado los cargos por los dos delitos objeto de acusación, pues así se hizo, siendo cosa distinta que la incriminada expresamente haya aceptado únicamente el de narcotráfico.

En efecto, tal y como se reseñó en la actuación procesal, como para la fecha en que aquella deprecó la sentencia anticipada, esto es, el 6 de agosto de 1997, ya se encontraba en libertad, en auto del 25 siguiente se accedió a ello (fl. 352, cdno. 6) ordenándose citar a la sindicada, a su defensor y al Ministerio Publico para que asistieran el 16 de septiembre de ese mismo año a fin de llevarse a cabo la correspondiente audiencia de formulación de cargos, lo cual se cumplió mediante telegramas librados el 8 de septiembre (fls. 370, 371 y 372 ibíd.) y efectivamente, como consta en el acta visible al folio 64 del cuaderno original 7, con la presencia de estos sujetos procesales se llevó a efecto dicha diligencia, en la que ninguna duda tuvo el juez sobre cuál cargo pretendía aquella la terminación anormal del proceso porque luego de explicársele el contenido y alcance de la diligencia se dejó constancia en el sentido de que se leía la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Regional de Bogotá, preguntándosele a Ana Esperanza si aceptaba “los cargos que por infracción a los artículos 33 y 44 de la Ley 30 de 1986 concretó en su contra la Fiscalía General de la Nación en pronunciamiento del 2 de julio del año anterior”, frente a lo cual ésta respondió: “...sí acepto parcialmente el cargo que se me imputa por el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 ÚNICAMENTE”.

Con estos antecedentes, es claro apreciar, no la falta de trámite a la solicitud de sentencia anticipada hecha por la sindicada, sino que ante el proceder del juez a quien le correspondió tramitar dicha solicitud, para el cual, como lo hizo constar en el acta de aceptación de cargos, lo hacía por cuanto, en “criterio particular de este juzgador, sí resulta posible la admisión parcial de cargos durante el juzgamiento por distintas razones que se dejaron consignadas con amplitud en reciente fallo anticipado que se dictó en contra de varios de los procesados que implicó la ruptura de la unidad procesal”; sin embargo, para su reemplazo, como lo afirmó en el fallo de primera instancia, acogiendo una decisión de esta Sala, no se tendría en cuenta esa aceptación parcial de cargos por no ser admisible esa posibilidad, aclarando que tal determinación se tomaba, “no empece (sic) la posición de quien otrora oportunidad fungió como titular de este despacho, en punto de considerar la viabilidad de la admisión parcial de aquellos en la causa” (fl. 132 ibíd.).

Y por su parte, ante la solicitud de nulidad de la defensa, el tribunal expuso que no acogería dicha tesis “como quiera que la ley descarta la posibilidad de que los procesados realicen aceptación parcial de cargos en la etapa de la causa. Evidentemente, el juez a quo anterior, incurrió en error, al convalidar aceptaciones parciales de cargos en dicha etapa, situación que no se puede modificar por respeto al principio de cosa juzgada. Pero, ni el a quo que conoció del proceso originado por la ruptura de la unidad procesal, ni esta Sala están autorizados para proceder en contra, por lo cual, la situación de la procesada debe seguir su trámite normal”.

Siendo ello así, y dejando claro que más que la jurisprudencia de la Sala, constantemente reiterada en este sentido, era la propia ley vigente para el momento en que se llevó a efecto la referida petición de sentencia anticipada, Ley 81 de 1993, artículo 3º, al igual que sucedió con la Ley 365 de 1997 y ahora con la legislación actual, Ley 600 de 2000, la sentencia anticipada en la causa sólo procede “respecto de todos los cargos allí formulados”, esto es, en la resolución acusatoria, por lo cual, el cargo no puede prosperar, el demandante ha equivocado la causal escogida para el ataque, porque si lo que en últimas lo que pretende es el reconocimiento para su representada de la rebaja de pena que necesariamente se derivaría de una sentencia anticipada, entonces no era la nulidad el motivo a escoger, porque como se vio no se trata de un problema de ritualidad procesal sino de una disparidad de criterios interpretativos sobre una de las disposiciones legales, entre los jueces que conocieron del asunto y el tribunal sobre la viabilidad de la aceptación parcial de cargos en el juicio, y en esa medida debía entonces enderezar la censura, es decir, a exponer las razones por las cuales, aun en tales condiciones, debió dictarse sentencia por el cargo aceptado, reconociéndole el consiguiente descuento punitivo, además, por supuesto, de evidenciar el perjuicio que, entendido como agravio inferido al sujeto procesal recurrente, le habría inferido el fallo de segundo grado, o de modo contrario, el beneficio que le significaba a aquella esa decisión.

El cargo, entonces, no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

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