Sentencia 18369 de octubre 8 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta Nº 152

Bogotá, D.C., ocho de octubre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Como claramente se advierte, el conflicto suscitado entre los tribunales superiores de Manizales y Antioquia tiene que ver, en tanto se encuentra pendiente de revisión de segunda instancia una sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, con un problema de competencia funcional cuya solución permitirá determinar cuál de los tribunales debe conocer del asunto.

En este sentido, como lo ha expuesto la Sala en diversas oportunidades, si la razón de la consulta es que el superior revise la sentencia de primera instancia para corregir los errores in iudicando o in procedendo que resulten subsanables o para invalidar el trámite y enviar el expediente al funcionario que corresponda para que rehaga la actuación, resulta forzoso que al advertir un vicio que afecta sustancialmente la legalidad del proceso así lo declare, sin que sea admisible que, pretextando precisamente la existencia del error que le correspondería corregir, se abstenga de pronunciarse y remita la actuación para que otro funcionario, que no es superior funcional del que dictó la providencia, examine lo que sólo a él le competía.

Dicho en otros términos, si la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales es el superior funcional del Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, sólo a ella le corresponde pronunciarse en segunda instancia sobre la validez de la providencia dictada por éste, como que es el único llamado por la ley a revisarla. En consecuencia, si al hacerlo encuentra que según los factores objetivos de naturaleza del asunto o de territorio el a quo carecía de competencia para fallar, así deberá expresarlo declarando la nulidad correspondiente y ordenando que el proceso se remita al funcionario que legalmente esté facultado para conocer de él.

Reitérase, entonces, por una parte que “la competencia funcional se determina directa y automáticamente en función de cuál sea el órgano que conozca del proceso, aun sin competencia objetivo o territorial, en primera instancia” (auto de mar. 11/97, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, radicación 12.808); y por otra, que “por mandato legal el único que puede invalidar una sentencia es el superior funcional del juez que la dictó”, con lo cual se respeta también el principio de que las nulidades deben ser decretadas por el funcionario competente (auto de abr. 24/96, M.P. Ricardo Calvete Rangel, radicación 11.540).

Lo dicho tiene plena aplicación en la segunda instancia, porque cuando el conflicto se presenta en la primera las decisiones adoptadas por funcionario incompetente sólo podrán ser anuladas por quien finalmente resulte facultado para conocer del proceso, conforme con la decisión que en ese sentido tome el superior funcional encargado de dirimir la controversia (en sentido semejante, auto del 13 de noviembre de 1996, M.P. Fernando Arboleda Ripolll, rad. 11.834).

Corresponderá, por lo tanto, al Tribunal Superior de Manizales, si persiste en su criterio sobre la incompetencia territorial del Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, declarar la nulidad del proceso y remitir la actuación a quien estime que debe continuar conociendo de ella.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde a la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales.

2. INFORMAR de esta decisión a su homólogo del Tribunal Superior de Antioquia.

3. RETORNAR las diligencias a la primera de las oficinas mencionadas.

Cúmplase».

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