Sentencia 18398 de octubre 16 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado acta 125

Bogotá, D.C., octubre dieciséis de dos mil dos.

EXTRACTOS: «La Corte considera

El problema jurídico que aquí se debate se contrae a dos aspectos: el primero, atinente a si la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, al ejercer el control de legalidad de la medida de aseguramiento, estaba facultada o no para sacar definitivamente del acervo probatorio y, por lo mismo, de la apreciación del funcionario encargado del juzgamiento y de la Corte, como juez ad quem, un medio de prueba, al considerar que había sido ilícitamente aducido; el segundo, concerniente a si otra Sala de Decisión Penal, al fungir como juez de conocimiento, podía revocar la determinación en la que la primera, así lo dispuso, cuando declaró sin valor la prueba que estimó ilegal.

En lo que respecta al primer punto y sin entrar a dilucidar, en este momento procesal, si las interceptaciones telefónicas fueron efectuadas o no con apego a la legalidad, por no ser la oportunidad procesal para ello, pero aceptando que el juez de control, al tenor del artículo 414A del Código de Procedimiento Penal, entonces vigente, al ejercerlo podía considerar jurídicamente inexistentes los medios de prueba que estimara ilegalmente aducidos (facultad que conserva en el Código de Procedimiento Penal, vigente —art. 392.3— de la L. 600/2000), estándole sí vedado cuestionar la valoración de la prueba, por no constituir este mecanismo una tercera instancia, como lo ha sostenido la sala (auto de agosto 28 de 1996, M.P. Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll), lo evidente es que no podía, al tenor de la legislación vigente, ni podría, conforme a la normatividad actual, sustraer definitivamente un elemento de convicción del acervo probatorio, así lo considerara ilegalmente aducido, porque no estaba ni está autorizado para limitar la facultad del juez de conocimiento ni del de segunda instancia, para apreciar la integridad del mismo y, por lo tanto, para no compartir su criterio.

Sea del caso precisar que si el juez al ejercer el citado control concluye que el fiscal incurrió, al apreciar la prueba, en un falso juicio de existencia porque ignoró la prueba legalmente aducida o supuso la que no obra en el diligenciamiento), o de identidad (porque falseó su contenido material), o de legalidad (porque la estimó a pesar de haber sido practicada o incorporada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez), o en un falso raciocinio (porque al construir las inferencias indiciarias o al valorar el mérito persuasivo de los medios de convicción vulneró ostensiblemente los postulados de la sana crítica), su criterio no vincula al juez de conocimiento, ni al de segunda instancia, ni mucho menos a la Corte, cuando actúa como tribunal de casación, pues en tal caso es el órgano supremo de control de legalidad de las actuaciones procesales.

En cuanto al segundo aspecto, es cierto, en lo que se comparte lo expuesto por el apelante, que la Sala Penal del Tribunal, encargada de adelantar la etapa de juzgamiento, no podía revocar la decisión de la Sala que ejerció el control, en la que declaró sin valor la prueba que consideró ilegal, por encontrarse debidamente ejecutoria.

Sin embargo, como garante de la legalidad de la actuación y, por lo mismo, facultada para corregir los actos irregulares, podía subsanar el exceso en que incurrió el juez de control a través del mecanismo adecuado, que no podía ser otro que el de declarar la nulidad de la parte de la providencia a través de la cual se manifestó esa desviación.

Es decir, si bien es cierto que la decisión era ilegal, pues se profirió excediendo los límites de la competencia del juez de control, no podía ser revocada, por estar materialmente ejecutoriada. Tampoco se podía, simplemente, no tenerla en cuenta y, por ende, sin ningún pronunciamiento, apreciar la prueba invalidada, bajo el supuesto de que por ser ilegal el acto que así lo declaró, no obligaba, y era ineficaz, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica. En consecuencia, el único medio procedente para subsanar el vicio era la declaratoria de nulidad de la resolución ilegal.

Por consiguiente, se modificará la providencia apelada, en cuanto revocó el numeral primero de la parte resolutiva del auto de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, calendado el 10 de agosto de 2000, en el sentido de declarar la nulidad del citado numeral exclusivamente.

Por lo tanto, todos los medios de convicción incorporados al diligenciamiento podrán ser apreciados por el tribunal a quo, sin perjuicio de que en su análisis desestime los que considere que fueron practicados o incorporados con desconocimiento de los requisitos legales condicionantes de su validez.

Por otra parte, como en la providencia que se revoca se ordenó correr traslado por ocho (8) días hábiles, una vez ejecutoriada, para que las partes pudieran solicitar la práctica de las pruebas que pudieran surgir a raíz de la decisión adoptada, siendo dicho traslado no sólo violatorio del debido proceso, sino absolutamente innecesario, en este aspecto será revocada la decisión.

En razón y mérito de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Modificar la providencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad del numeral primero de la parte resolutiva del auto fechado el 10 de agosto de 2000, proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, al controlar la legalidad de la medida de aseguramiento fechada el 22 de marzo del mismo año.

2. Revocarla en cuanto dispuso correr traslado por ocho (8) días, al tenor de lo dispuesto en la parte motiva.

Comuníquese, cúmplase devuélvase al tribunal de origen».

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