Sentencia 18449 de noviembre 23 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DOCUMENTOS APORTADOS AL PROCESO EJECUTIVO

FORMA COMO DEBEN APORTARSE Y PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD

EXTRACTOS: «La Sala advierte, al igual que el tribunal, que no todos los documentos aportados se encuentran en estado de valoración; únicamente lo están los que se aportaron en original, como ya se explicará.

La demanda fue presentada el día 23 de octubre de 1998 es decir después que había entrado a regir la Ley 446 de 1998, que hizo algunas modificaciones sobre la prueba documental; dispuso:

• Sobre autenticidad de documentos que “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros” (art. 11).

• Sobre el título ejecutivo, también dispuso, que “Se presumirán auténticos los documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo” (art. 12).

Es importante acudir a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para, de una parte, precisar otros conceptos, no tocados por la Ley 446 de 1998, atinentes a la aportación de documentos, el valor probatorio de las copias y la autenticidad de un documento y, de otra parte, diferenciar lo que se entiende por copias autenticadas de lo que se considera como documento auténtico.

En ese orden esa codificación enseña lo siguiente sobre los documentos:

• Que se aportarán, al proceso en originales o en copia y que ésta podrá consistir en trascripción o reproducción mecánica del documento (art. 253);

• Que para que la copia tenga el mismo valor del original es necesario que la copia se obtenga una de las siguientes formas:

“ART. 254.—(...)

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Que un documento, aportado en original o en copia, es auténtico,

“ART. 252. (...) cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.

El documento privado es auténtico en los siguientes casos:

1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido.

2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó.

3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289.

Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella.

4. Si fuere reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276.

5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274.

Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por éstas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley le otorgue tal presunción” (art. 252 ibídem).

Tales disposiciones sirven para deslindar los conceptos “de copia autenticada” de “documento auténtico”.

El primero de esos conceptos refiere al valor probatorio, en el juicio, de la copia de un documento, en forma equivalente al del aportado en original.

El segundo de los conceptos, documento auténtico, atañe a la certeza de “la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”, punto distinto a los atinentes, de una parte, a cómo se aporta un documento en el juicio y, de otra parte, a cuando es valorable.

Sobre la autenticidad de los documentos caben destacar los siguientes aspectos; que:

• Generalmente, para los documentos públicos está presumida y para los documentos privados es necesario que se dé alguno de los eventos previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, antes trascrito; y que

• Excepcionalmente y tratándose de procesos ejecutivos la Ley 446 de 1998 prevé lo siguiente sobre la autenticidad de los documentos:

“ART. 12.—Se presumirán auténticos los documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar titulo ejecutivo” (art. 12).

De lo estudiado se observa que la Ley 446 de 1998, para los juicios ejecutivos, extendió la presunción de autenticidad a los documentos privados, que estaba prevista en el Código Procedimiento Civil sólo para los documentos públicos.

Aquella ley no modificó ni la forma cómo deben aportarse al juicio los documentos —en original o en copia tomada de unas determinadas maneras— y ni cuándo las copias tienen el mismo valor del original (CPC, arts. 253 y 254).

Se precisa lo anterior porque es usual que en el litigio se confundan esos distintos conceptos, creados por la ley para diversos objetivos: aportación, valoración y autenticidad.

En consecuencia, cuando la Ley 446 de 1998 presume auténticos los documentos “que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo” es porque los documentos traídos llenan las calidades de la aportación y para la valoración.

La Corte Constitucional en sentencia C-023-98 señaló que para que la copia tenga el mismo valor del original debe haberse tomado de alguna de las formas previstas en e! artículo 254 del Código de Procedimiento Civil; dijo:

“La autenticación de copias no implica presumir mala fe de quien las aporta (...), la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos.

Sostener que el exigir una copia autenticada en el caso del numeral 2º del artículo 254 es presumir la mala fe de quien pretende hacerla valer como prueba, sería tanto como afirmar que también desconoce la presunción de buena fe la exigencia de solemnidades ad substantiam actus en algunos contratos (como en la compraventa de inmuebles), porque con el argumento de la buena fe deberían eliminarse las escrituras públicas, el registro de la propiedad inmobiliaria, el registro del estado civil, etc. Nada más absurdo y más contrario a las relaciones jurídicas y, en especial, a la seguridad, a la certeza, que debe haber en ellas”.

Desde otro punto de vista, no es aplicable al proceso ejecutivo, en materia de pruebas, lo previsto en el Decreto-Ley 2150 de 1995.

Ese decreto ley, “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública”, no es aplicable a las actuaciones judiciales porque se profirió con destino a las actuaciones administrativas.

Al respecto cabe señalar que su artículo 1º, sobre supresión de autenticaciones y reconocimientos que el ejecutante quiere que se tenga en cuenta, alude a que “Las entidades que integran la administración pública les está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o judicialmente”.

Por lo tanto ese decreto no le sirve al ejecutante para exonerarse de tener que haber aportado todos los documentos en original o en copia “con el mismo valor del original”, como ya se explicó, porque esa normatividad es para las actuaciones administrativas, y no para las judiciales».

(Sentencia de noviembre 23 de 2000. Expediente 18.449. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez).

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