SENTENCIA 1848 DE FEBRERO 21 DE 1992

 

Sentencia 1848 de febrero 21 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

TRABAJADORES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

ANULADAS UNAS DISPOSICIONES

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Ref.: Expediente 1848

Santafé de Bogotá, D. C., veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos.

En ejercicio de la acción pública de nulidad, actuando como representante judicial de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República y en su propio nombre, la doctora Zita Froyla Tinoco Arocha pidió al Consejo de Estado anular los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto 386 de febrero 10 de 1982, expedido por el Presidente de la República y su Ministro de Hacienda y Crédito Público, “por el cual se ejerce la intervención presidencial en el banco de emisión”, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 120 numeral 14 de la Constitución Nacional anterior y cuyos textos dicen así:

“Artículo 11. Las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus trabajadores continuarán siendo contractuales y rigiéndose por el Código Sustantivo del Trabajo, con las modalidades expresadas en los artículos siguientes.

Artículo 12. Las disposiciones del presente decreto no podrán entenderse ni aplicarse en forma que desmejore el régimen salarial y prestacional actualmente en vigor para los trabajadores y pensionados del banco. Las prestaciones sociales de dichas personas, y, en general, todas las relaciones jurídicas derivadas del contrato de trabajo, se determinarán por las normas del referido código, por los estatutos del banco, su reglamento interno de trabajo, las convenciones colectivas y las decisiones que en materia laboral tome la junta directiva.

Artículo 13. Dadas las funciones del Banco de la República, en lo concerniente a la emisión y manejo monetarios, al cambio internacional y al crédito, y la incidencia de dichas funciones dentro de la economía pública y privada del país, todos sus trabajadores, para efectos legales, desempeñan cargos de confianza.

Artículo 14. Ningún trabajador ni pensionado del banco podrá recibir sueldos pagados por entidades centralizadas o descentralizadas del orden nacional, departamental o municipal, salvo en los casos de excepción contemplados en el Decreto Extraordinario 1713 de 1960 y disposiciones concordantes. Tampoco se considerarán entre las incompatibilidades establecidas por el artículo 64 de la Constitución, las personas que reciban sumas por concepto de contratos civiles y comerciales celebrados con el Banco de la República.

Para efectos prestacionales será acumulable el tiempo trabajado en el banco con el trabajado al servicio de la nación, los departamentos o los municipios o cualquiera de sus respectivas entidades descentralizadas.

Artículo 15. A los trabajadores del Banco de la República no les son aplicables las normas del Decreto Extraordinario 3135 de 1968 ni las disposiciones que lo sustituyan, modifiquen o reglamenten”. (D.O. 35954, febrero 26 de 1982).

La demanda cita como violadas numerosas disposiciones constitucionales y legales y expone el concepto de la violación.

Reconstruido el proceso mediante auto de octubre 26 de 1989, quedó en estado de proferir sentencia, a lo cual se procede previas estas

Consideraciones

El asunto sub júdice consiste en dilucidar si los artículos 11, 12,13, 14 y 15 del Decreto 386 de 10 de febrero de 1982, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confería el artículo 120 numeral 14 de la Constitución de 1886, se ajustan, o no, a derecho.

En primer término, observa la Sala que la violación de las múltiples disposiciones constitucionales y legales invocadas por la parte actora se hace derivar solamente de dos aspectos:

a) Que el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución autoriza al Presidente de la República para intervenir en el Banco de Emisión, mas no en las relaciones del banco con sus trabajadores, lo cual pertenece al régimen laboral y no a las funciones que cumple el banco; y,

b) Que al calificar la totalidad de los cargos que desempeñan los trabajadores del banco como de confianza, se modificó el Código Sustantivo del Trabajo en las materias reguladas por los artículos citados en la demanda, y ello es competencia exclusiva del Congreso.

Respecto al primer planteamiento, la Sala anota lo siguiente:

El alcance del artículo 120 numeral 14 de la Constitución anterior ha sido definido tanto por otras secciones del Consejo de Estado como por la Corte Suprema de Justicia para señalar que dicho numeral concede autorización al Presidente de la República para intervenir a través de actos administrativos que se denominan reglamentos autónomos—porque se sustraen del régimen general del artículo 32 de la misma Carta anterior, y por tanto no requieren mandato legal previo— “en el Banco de Emisión y en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado”.

Esa definición jurisprudencial sobre los verdaderos alcances del numeral 14 ha sido uniforme en las distintas secciones del Consejo de Estado en el sentido de que las facultades que la Constitución le confiere en el señalado numeral 14 al Presidente de la República, están circunscritas a asuntos económicos.

Sobre ese supuesto, los decretos del Gobierno dictados en ejercicio de tal atribución constitucional sólo pueden enderezarse: a la “intervención necesaria” en el Banco de Emisión, entendiendo por tal la injerencia en asuntos de índole económica que el banco atiende en desarrollo de su política reguladora de la moneda nacional; y a esa misma “intervención necesaria” en personas cuyas actividades tienen que ver con el ahorro privado, justamente con el ánimo de protegerlo y de darle adecuada utilización en bien de la economía del país.

En síntesis: un reglamento autónomo, es decir, un decreto presidencial dictado en ejercicio del artículo 120 numeral 14 de la Constitución Nacional anterior, que se ocupe de materias ajenas a la “intervención necesaria” en el Banco de Emisión con respecto a las funciones de regulador de la economía que éste cumple, o ajenas a la “intervención necesaria” en actividades particulares que manejen o aprovechen e inviertan fondos provenientes del ahorro privado, será un decreto contrario a la Constitución, por ejercicio excesivo de facultades que esa Carta no le ha conferido como atribución propia, sino que se hallan radicadas en autoridad distinta del Presidente.

En el caso aquí debatido, es evidente que las normas acusadas no tienen nada qué ver con las funciones inherentes al Banco de Emisión—hoy llamado de la República—en sus aspectos puramente económicos y monetaristas, reguladores de las finanzas públicas, la banca oficial, etc. Se ocupan, por el contrario, de asuntos atinentes a la índole laboral de quienes sirven al banco: sujeción al C.S.T., regulación salarial y prestacional, por ejemplo, materias reservadas a la ley.

Siendo ello así, y encontrando la Sala que el decreto parcialmente acusado es ciertamente contrario a la Constitución anterior, debe anular las disposiciones demandadas, sin considerar del caso el estudio del segundo cargo formulado en el libelo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Son nulos los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto 386 del 10 de febrero de 1982, expedido por el Presidente de la República y su Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del día 12 de febrero de 1992.

Joaquín Barreto Ruiz —Clara Forero de Castro —Álvaro Lecompre Luna —Dolly Pedraza de Arenas. 

Eneída Wadnípar Ramos, Secretaria.

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