Sentencia 18553 de noviembre 22 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TERMINACIÓN DE CONTRATOS CON TRABAJADORES DE LA CAJA AGRARIA

EFECTOS DE LA INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 1065 DE 1999

EXTRACTOS: «Con la acusación objeta la recurrente la fecha de terminación del contrato de trabajo tenida en cuenta por el tribunal, y sostiene que como tal debió fijarse el 19 de noviembre de 1999, data de la toma de posesión y orden de liquidación de la entidad demandada expedida por la Superintendencia Bancaria, como también porque la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999 implica la invalidez de la supresión del empleo que desempeñaba la demandante y, por ende, de su despido.

El tribunal dedujo que ante la sentencia que decretó la inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999 y que produjo sus efectos a partir de la fecha de su promulgación, el despido de que fue objeto la demandante se convirtió en ilegal, dado que la normativa que le sirvió de soporte para adoptar dicha determinación dejó de existir. Bajo dicha premisa y al estimar que existía una imposibilidad jurídica de ordenar el reintegro reclamado en forma principal, procedió a examinar las pretensiones subsidiarias de la indemnización por despido injusto y reajuste de las prestaciones, para lo cual concluyó que esos créditos sociales habían sido pagados en su integridad, tomando como referente del mojón final de la relación contractual laboral, la fecha en que se despidió a la actora.

Planteada la situación así, para la Corte, la recurrente incurre en un error conceptual porque confunde la ineficacia o carencia de los efectos de un despido con la terminación sin justa causa del contrato de trabajo, lo cual no es dable asimilar por las particulares consecuencias que se derivan de una u otra declaratoria. Y es que el despido sin justa causa termina el vínculo contractual laboral existente entre las partes, y la ineficacia del mismo presupone necesariamente todo lo contrario, esto es, que el nexo laboral no feneció y, en consecuencia, se mantiene vigente.

Por lo tanto, en el caso de autos, la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999, no convierte en ineficaz el despido de que fue objeto la demandante y, por ende, no hace que el ligamen laboral continue vigente como si nunca se hubiere producido su ruptura, sino que por el contrario, degenera esa determinación en despido injusto, no obstante que en principio tuvo apariencia de estar ajustada al ordenamiento jurídico, pero bajo el entendido de que el contrato efectivamente terminó en la fecha anunciada.

En el anterior contexto, si la verdadera consecuencia de la inexequibilidad aludida, es la que acertadamente infirió el tribunal en el proveído recurrido, esto es, que se tenga el despido como injusto, mal puede pretender el impugnante que se extienda la terminación del contrato a una fecha posterior de aquella en que se adoptó tal decisión y de contera se le reajusten los créditos laborales, teniendo como referente una calenda que no corresponde a la del despido.

Así las cosas, el juzgador no incurrió en el desvío hermenéutico que se le atribuye, puesto que en presencia de tales circunstancias fácticas el despido no resultaba ineficaz como lo quiere hacer ver el recurrente, sino injusto, como se dedujo en la sentencia gravada».

(Sentencia de casación, 22 de noviembre de 2002. Radicación 18.553. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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