Sentencia 18555 de septiembre 3 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 101

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos E. Mejía Escobar

Bogotá D.C., tres de septiembre de dos mil dos.

Vistos

Se pronuncia la Sala acerca de la revisión solicitada por el apoderado de la parte civil constituida dentro del proceso que se adelantó en contra de Juan Carlos Marchena Otero y otros, por el delito de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y estafa, contra la decisión proferida el 22 de enero de 2001 por la Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Montería, mediante la cual ordenó la preclusión de investigación.

Hechos y actuación procesal

Aquéllos fueron puestos en conocimiento por el denunciante Luis Gabriel Álvarez Espinal, quien señaló que como propietario de máquinas Buldózer, motoniveladoras, rodillos y cargadores utilizados para la apertura de carreteras fue contratado por el Alcalde de Montelíbano, doctor Juan Carios Marchena Otero para que ejecutara la apertura de los carreteables de las parcelas de campamento y las de Pueblo Guapo, el de Tierradentro y San Ciprián y el de la Quebrada Los Caracoles y el no San Jorge. Los contratos fueron celebrados verbalmente por la administración, y luego de ejecutados y recibidos por el municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas, no le fueron cancelados por falta de presupuesto y dinero disponible.

Posteriormente se enteró que dichos contratos fueron cancelados a los señores Luis Fernando García Meneses, Edwin Montes Naranjo y Francisco Antonio Guerra Ulloa quienes, según el denunciante, no tuvieron nada que ver y por ello supone que el señor alcalde se apropió de la cuantía de los mismos y para ello falsificó los documentos donde aparecen firmando contratos y recibiendo el pago correspondiente, con lo cual se le causó perjuicio patrimonial.

La Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito al calificar el mérito del sumario, mediante providencia del 22 de enero de 2001, profirió resolución de preclusión de la investigación a favor de Juan Carlos Marchena Otero, Juan Carlos Cerpa Aramendis, Francisco Antonio Guerra Ulloa, Edwin Montes Naranjo, Luis Fernando García Meneses y Gustavo Zabala Madrigal.

Consideraciones

La acción de revisión no fue consagrada para debatir aspectos ya definidos en las instancias, ni para subsanar errores de juicio o procedimiento, sino para reparar la injusticia material cometida por causas que no fueron conocidas en el desarrollo de la actuación procesal, mediante la demostración fehaciente del desacierto o dolo en que incurrió el funcionario judicial al momento de dictar la decisión correspondiente y atendiendo a los lineamientos que para la admisión del libelo establece el Código de Procedimiento Penal.

Cuando se acude a la causal quinta de revisión, es necesario acreditar mediante sentencia en firme o decisión que produzca los mismos efectos, que el fallo que se pretende rescindir se fundamentó en prueba falsa. Para ello, es necesario que el actor precise los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan y que aporte la decisión mediante la cual se declara que el medio o los medios de convicción que sirvieron de soporte a la decisión que se objeta, son falsos.

Por tanto, no resulta suficiente la simple manifestación del libelista soportada en su personal percepción, acerca de la autenticidad o eficacia de los medios aportados a la actuación y de la valoración que de ellos debieron hacer los falladores de instancia.

El libelo que es materia de examen no cumple con ninguno de tales requisitos, pues el actor antes de poner en evidencia los supuestos de la causal invocada, lo que pretende es una nueva valoración del acervo probatorio aportado en la etapa de instrucción, presentando su propio análisis diverso al contenido en la decisión de preclusión de investigación, para concluir que ésta tuvo como fundamento una prueba que, según él, es falsa, adecuando así sus argumentos con la precisa causal que invoca.

Es evidente el desatino del libelista al aducir como prueba falsa el contrato de obra pública MM-002-98, respecto del cual no acredita su presunta alteración mediante un pronunciamiento judicial en firme, lo cual resultaría suficiente para desestimar la pretensión del accionante. Pero es que además el citado contrato no fue el fundamento de la decisión de preclusión de la investigación motivo de censura. Al respecto, la fiscalía al analizar el conjunto probatorio, conformado por pruebas testimoniales, documentales y estudios técnicos, no encontró acreditada la realización de contratos verbales por parte de la administración municipal con el denunciante Luis Gabriel Álvarez Espinal como éste lo había manifestado. Así se pronunció:

“Si se le da credibilidad a los (sic) experticios técnicos en cuanto a que las obras se realizaron y existen contratos escritos firmados por Guerra Ulloa, Montes Naranjo y García Meneses, como las personas que contrataron y ejecutaron dichas obras, no vemos razón para deducir que haya existido falsedad ideológica en documento público, y menos delito de estafa contra del patrimonio de Álvarez Espinal, quien repetimos no pudo demostrar la existencia de contratos verbales con la administración, tal como era su pretensión, pues la prueba escrita tiene mayor trascendencia frente a los testimonios de sus subalternos, máxime cuando no tiene lógica que contratos de este valor se realicen verbalmente, caso en el cual creemos que sí existía una componenda para desposeer al municipio” (fl. 74, c. anexos).

Entonces, como la prueba aducida como falsa por el libelista no ha sido declarada tal mediante decisión en firme, ni fue fundamento determinante de la referida decisión, sus argumentos por no resultar consecuentes con el pronunciamiento de instancia, carecen de la capacidad y eficacia necesaria para acreditar una supuesta discrepancia entre la verdad procesal allí declarada y la realidad histórica de los acontecimientos, lo que resulta inaceptable para pretender por esta vía el quebrantamiento de su intangibilidad.

En consecuencia deberá de inadmitirse la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de revisión presentada por el apoderado del señor Luis Gabriel Álvarez Espinal, reconocido como parte civil dentro del proceso adelantado contra Juan Carlos Marchena Otero y otros, conforme a lo expuesto en precedencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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