Sentencia 18556 de febrero 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN A EX TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR

RÉGIMEN DE QUIENES SE RETIRARON CUANDO EL BANCO ERA ENTIDAD OFICIAL

EXTRACTOS: «Constituye el eje medular de la controversia planteada por la censura lo atinente a que la transformación del Banco Popular de entidad pública a privada, originó para la demandante la aplicación de las condiciones propias del nuevo régimen legal, dando al traste con la eventual posibilidad para el actor de adquirir el derecho a la pensión de jubilación reglada para los servidores públicos, tratando de convencer que ello es así, porque apenas contaba con una mera expectativa.

El punto de derecho que ocupa nuestra atención, ha sido objeto de estudio por parte de la Corte en múltiples oportunidades, en cuyas decisiones se ha concluido que tratándose de servidores de entidades estatales, con carácter de trabajadores oficiales, que se retiraron con más de 20 años de servicio sin cumplir la edad de jubilación, pero con anterioridad a que el Estado enajenara las acciones que tenía en ellas, les asiste el derecho a la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; solo que, si estuvieron afiliados a la seguridad social institucional, la prestación estará a cargo de la entidad, hasta cuando el empleador sea subrogado en el pago de ésta, caso en el cual, sólo pagará la diferencia si la hubiere, entre la que reconoce el sistema de seguridad social y la que él venía pagando.

De verdad que no es comprensible, ni lógico, que una persona que ostentó la calidad de trabajador oficial por espacio de más de 20 años, la pierda después de haberse retirado del servicio, por el hecho de que la entidad a la cual le trabajó, transforme su naturaleza jurídica y se mute en entidad privada, pues es de justicia que deba mantenerse para cuando el trabajador cumpla la edad y reclame la prestación que en dicha calidad le corresponde.

Ahora, si bien la Ley 226 de 1995 consagra la pérdida de los privilegios y prerrogativas que la entidad tenía en su carácter de tal, es decir, de pública, en manera alguna la privatización puede aparejar la extinción o pérdida del derecho a la pensión en las condiciones en que está reglada para los trabajadores oficiales, porque, el sentido común impone que el derecho a una pensión no es un privilegio o un simple premio, sino un derecho cierto ganado por el trabajador a través de largos años de servicio, y debe entenderse que quien pierde determinados privilegios y prerrogativas, según la ley, es la entidad y no las personas que prestaron sus servicios en ella. Amén de lo anterior, no puede una ley extraña al derecho laboral, como es la 226 de 1995, disponer la pérdida de unos derechos que no solo por disposición legal, sino constitucional son irrenunciables, conforme a las preceptivas de los artículos 13, 14 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 25, 48 y 53 de la Carta Política.

Sobre el tema y como ya se advirtió, ha sido abundante la jurisprudencia de esta Sala, que entre otras se cita la sentencia de noviembre 10 de 1998, radicada con el número 10876, donde se dijo lo siguiente:

“Y es que asumiendo como hechos, en los que no discrepan las partes, que el demandante laboró para el banco demandado desde el 3 de diciembre de 1962 al 25 de marzo de 1986, es decir durante más de 20 años, necesariamente el sentenciador de segundo grado, ha debido dilucidar, en primer lugar, qué disposiciones disciplinaban para la data de su desvinculación el punto relacionado con la pensión de jubilación reclamada, para lo cual resultaba forzoso razonar en dirección a que como la naturaleza jurídica de la entidad bancaria demandada era, para la fecha en que aquél dejó de prestar sus servicios, una empresa de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado por disposición expresa del artículo 38 del Decreto Ley 80 de 1976, éste ostentaba la condición de trabajador oficial al hacer dejación de su cargo, en atención a la regla general prevista en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, aspecto que inclusive acepta la contradictoria al descorrer el traslado de la demanda con que se inició este proceso (contestación a los hechos 2º y 6º).

Lo anterior es lo que a la postre aduce el recurrente cuando al finalizar el desarrollo del primer cargo dice: “En conclusión, si al entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, el actor tenía 23 años de servicio al banco demandado, se debe pensionar conforme a las disposiciones de edad que regían con anterioridad, o sea, los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y el 68 del Decreto 1848 de 1969”.

En este orden de ideas, y deducida la calidad de trabajador oficial del demandante en la fecha en que terminó el contrato, se imponía, en aplicación del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, concluir que su jubilación era a los 55 años por encontrarse dentro del supuesto de que trata la norma referenciada, esto es, por haber servido durante más de 20 años en vigencia de dicha ley, ya que la misma en su inciso primero dispone: “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.

“Pero más aún, al demandante también lo cobijaba el inciso primero del parágrafo 2º del artículo antes citado que dice: “para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio continuarán aplicándosele las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley”. Por lo tanto, como el actor para el 29 de enero de 1985, que es la fecha de la Ley 33 llevaba más de los 15 años de servicio porque empezó a trabajar el 3 de diciembre de 1962 lo cobijaba el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 que le otorgaba el derecho a la pensión de “jubilación o vejez” con 20 años de servicios continuos o discontinuos y al llegar a la edad de 55 años, al igual que el artículo 1º del Decreto 1848 de 1969 que consagra idénticos requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación, y el artículo 75 de tal normatividad que por regular puntos relacionados a la edad le son aplicables;...”. (reiterada, entre otras, en las sentencias de julio 6 de 2000 radicación 13.336, y la de 24 de octubre de 2001 radicación 16.805)”.

Y en la sentencia de julio 11 de 2000, radicación 13783, se puntualizó:

“El punto jurídico a esclarecer es el referente a si las personas que habían cumplido el tiempo de servicios cuando el banco accionado era una entidad estatal, continúan con esa prerrogativa allende la privatización de esa entidad bancaria por así disponerlo, según la censura, la Ley 226 de 1995. En esas condiciones, para la censura el régimen aplicable al demandante es el previsto en los reglamentos del Instituto de seguros Sociales, al paso que para el fallo acusado lo son las normas que gobiernan la pensión de los trabajadores oficiales, valga decir, la Ley 33 de 1985, en relación con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Resulta entonces pertinente afirmar que la condición de trabajador oficial que ostentó el demandante perduró hasta la fecha de su retiro y por ello las normas que gobiernan el derecho pensional son las destinadas al sector público vigentes para dicho momento. Entender lo contrario es admitir que los posteriores cambios de naturaleza jurídica de una entidad oficial afectan la situación de una persona que no solo ha cumplido con el requisito máximo para hacerse beneficiario de una pensión (más de 20 años de servicios), sino que se ha retirado antes de que se produzca la mutación legal. No puede ser lógico que el demandante pierda la calidad de trabajador oficial y adquiera la de trabajador del sector privado tres años después de haberse retirado del servicio de una entidad en la que estaba categorizado como trabajador oficial, calidad esta que es precisamente la que fija el parámetro para aplicarle las disposiciones que consagran las pensiones para los servidores del Estado.

De otro lado, es un hecho claro que la situación jurídica del actor se encuentra cobijada por el régimen de transición consagrado en el inciso primero parágrafo segundo del artículo 2º de la Ley 33 de 1985 habida cuenta que para la fecha de vigencia de la memorada ley, ya llevaba más de 15 años de servicios, inclusive a la misma entidad y por tanto adquiera el derecho a la prestación al arribar a los 55 años de edad, según la preceptiva de los artículos 27 y 75 del Decreto 3135 de 1968 y 1º del Decreto 1848 de 1969”.

Por lo acotado, no demuestra, entonces la censura, las infracciones legales que denuncia, y por tanto el cargo no sale avante».

(Sentencia de casación, febrero 13 de 2003. Radicación 18.556. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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