Sentencia 18582 de octubre 22 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Aprobado acta Nº 162

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil uno

VISTOS

Examina la Corte la admisibilidad del recurso de casación discrecional propuesto por la defensora de la procesada Luz Mila Alzate Molina, en relación con la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Pereira, por cuyo medio aquella fue condenada, junto con la mujer Fanny Ramírez García, como coautoras del delito de actos sexuales con menor de 14 años, conforme con los artículos 305 y 306 del ya desaparecido Código Penal de 1980.

Se procede de conformidad con el inciso final del artículo 205 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000).

Hechos y antecedentes

El día 9 de abril de 1999, la señora María Luz Ángela Trejos presentó denuncia conforme con la cual su hermana Luz Mila Alzate Molina convivía en la misma residencia del municipio de la Virginia (Risaralda) con sus dos pequeñas hijas Jenny Alexandra y Zoraida Mildrey Alzate, de 6 y 3 años de edad, respectivamente, al igual que con la mujer Fanny Ramírez García, persona con la que realizaba actos sexuales homosexuales delante de las dos menores.

En razón de los hechos denunciados, la fiscal veintiocho delegada ante los jueces del circuito de la Virginia primero ordenó diligencias de investigación previa y después dispuso la apertura formal de la instrucción. Acto seguido vinculó sucesivamente a las imputadas Fanny Ramírez García y Luz Mila Alzate Molina, a quienes posteriormente afectó con medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. 7, 26, 41, 64, 92 y 98).

2. De acuerdo con providencia del 17 de mayo de 2000, dispensado el trámite correspondiente al cierre de investigación, la fiscal instructora dictó resolución acusatoria en contra de ambas sindicadas, como coautoras de un concurso de delitos de actos sexuales con menor de 14 años, previsto en el artículo 305 del anterior Código Penal, modificado por el artículo 7º de la Ley 360 de 1997, agravada la conducta por las circunstancias descritas en los numerales 1º, 2º y 5º del artículo 306 del mismo estatuto (fl. 130).

Esta decisión fue impugnada por la acusada Fanny Ramírez García y su defensor, peor la Unidad de Fiscalía ante el Tribunal de Pereira, por medio de resolución fechada el 26 de julio del mismo año, declaró desierto el recurso de apelación (fl. 171).

3. Correspondió el juicio al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, despacho que dictó sentencia condenatoria en contra de las acusadas Fanny Ramírez García y Luz Mila Alzate Molina, según providencia del 2 de marzo de 2001, por medio de la cual les impuso las penas principales de 38 y 36 meses de prisión, respectivamente (fl. 277). La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira en la sentencia de segundo grado del 15 de mayo del año en curso (fl. 332).

4. La defensora de la procesada Luz Mila Alzate Molina solicitó casación discrecional.

Contenido de la solicitud

La recurrente estima vulneradas las garantías fundamentales del debido proceso y la defensa, en relación con su defendida, en vista de las siguiente razones:

1. Expone que Luz Mila y Fanny eran amantes y, con motivo de su situación económica, se vieron compelidas a formar una familia con tres menores y a vivir en un cuarto tomado en arriendo, lugar en el cual fueron avistadas en alguna ocasión cuando sostenían relaciones homosexuales, en presencia de una menor de 2 años de edad. Quien se encontraba parada en su cuna.

2. Evaluada racionalmente la prueba documental, pericial y testimonial que obra en el proceso, no se infiere lógicamente la responsabilidad, causa por la cual se intuye una decisión fundada en apreciaciones subjetivas, por lo tanto violatoria de los derechos fundamentales del debido proceso, la defensa y a un juicio justo.

3. Frente a una prueba que no conduce a la certeza sobre la responsabilidad, se ha transgredido flagrantemente el derecho al trato igualitario y justo y a la intimidad de los homosexuales, pues no conoce un proceso en que se haya condenado a una pareja heterosexual en igualdad de condiciones.

4. De igual manera se ha infringido el derecho fundamental a tener una familia y a elegir su propia forma de vida, mientras no se cause perjuicio a terceros. Así pues, la procesada Luz Mila Alzate Molina ha sido condenada por pertenecer a las minorías, en su condición de homosexual, como lo sostuvo a lo largo del proceso.

Consideraciones de la Corte

1. Procedimiento aplicable. Una vez hecha la notificación integral del fallo de segunda instancia, la secretaría del tribunal dejó la siguiente constancia:

“Ante el pronunciamiento de inexequibilidad emitido por la honorable Corte Constitucional respecto de los incisos primero y segundo del artículo 6º de la Ley 553 de 2000, a través de la Sentencia C-252 de 2001, a partir de la fecha se empieza a contar el término —quince días— para interponer el recurso extraordinario de casación” (fl. 353).

Significa entonces que, en presencia del fallo de inexequibilidad, el Tribunal de Pereira volvió a las pertinentes normas del Decreto 2700 de 1991, derogadas por la Ley 553, en cuanto consideraban la casación como un recurso extraordinario. Este proceder resulta sustancialmente correcto, si se tienen en cuenta las siguientes reflexiones:

1.1. La Ley 553 de 2000, que entró a regir el 15 de enero del mismo año, introdujo modificaciones al capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 1991, relacionado con la casación, y entre otras, en vista de que el instituto dejaba de ser un “recurso extraordinario” y procedía contra “sentencias ejecutoriadas” proferidas en segunda instancia por los tribunales, suprimió el anterior término de quince (15) días para interponer la impugnación y obviamente varió las condiciones para empezar a correr el término de treinta (30) días destinado a presentar la demanda, pero se conservó en su cantidad (arts. 1º y 6º).

1.2. Ocurre que la Sentencia C-252 de 2001 (28 de febrero) declaró inexequibles los incisos primero y segundo del artículo 223 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), tal como fueron modificados por el artículo 6º de la Ley 553, así como los mismos apartados del artículo 210 de la Ley 600 de 2000 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Esta última determinación fue adoptada en vista de la unidad normativa, porque las mismas disposiciones de la Ley 553 fueron reproducidas en el estatuto procesal penal vigente.

1.3. Para la fecha del fallo de inconstitucionalidad, todavía no estaba en vigencia la Ley 600 de 2000, pues ella se previó a partir del 25 de julio de 2001, conforme con lo señalado en el artículo 536.

1.4. En relación con los efectos del fallo de inexequibilidad, la Corte Constitucional ha señalado que reviven las normas que habían sido derogadas por la disposición que declarada contraria a la Constitución, siempre y cuando en su confrontación no aparezca igualmente reñida con el texto fundamental, situación que no puede ocurrir cuando el fenómeno sea el de la derogación de la norma derogatoria, pues allí tendría plena vigencia la prohibición del artículo 14 de la Ley 153 de 1887. Así por ejemplo, en la Sentencia C-145 de 1994, dijo la corporación:

“Los anteriores razonamientos jurídicos dilucidan cualquier duda que pudiera surgir de la presunta aplicación del artículo 14 de la Ley 153 de 1887, por cuanto esa norma regula efectos de derogatoria de leyes y no de inexequibilidades. Si en verdad, hay similitudes entre estas figuras, en cuanto al efecto erga omnes y respecto a que en principio la vigencia es profuturo, salvo casos especiales (1) , por el contrario, la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación.

(1) Artículo 29 de C.P., y Sentencia C-113 de 15 de marzo de 1993 de la Corte Constitucional.

Si la inexequibilidad de la ley no restaura “ipso jure” la vigencia de las normas que la ley inconstitucional considera como derogadas, habría que concluir que el mecanismo de control se tornaría ineficaz y esta equivocada conclusión vulneraría la supremacía de la Constitución y la guarda de la misma (C.P., arts. 4º y 241). Por consiguiente, cualquier tesis que atente contra los efectos naturales del control constitucional debe ser rechazada”.

1.5. Pues bien, el artículo 4º de la Constitución Política dispone:

“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley y otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Y en cuanto al artículo 241, el encabezamiento señala nítidamente que “a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución...”.

1.6. De modo que la Constitución Política de Colombia, en cuanto diseña un Estado social y democrático de derecho, no sólo representa un valor directamente normativo, sino que constituye la cabeza y la clave de la composición y unificación del ordenamiento jurídico. Igualmente, cuando la Corte Constitucional profiere un fallo de exequibilidad o de inexequibilidad, no sólo declara la supremacía de la Constitución sino que mantiene su integridad y con ella la del ordenamiento jurídico, pues éste en el Estado de derecho se halla encabezado y nutrido en su esencia por la Carta Fundamental.

1.7. Así pues, sería absurdo pensar que la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad del texto fundamental, llegara a generar vacíos en el ordenamiento jurídico cuando retira normas que son incompatibles con él, dado que no faltarán disposiciones de la propia Carta que permitan su aplicación directa, preceptos vigentes que regulen materias semejantes (sin perjuicio de la favorabilidad), e inclusive puede acudirse a las normas derogadas por las que fueron declaradas inexequibles, si ellas reflejan el espíritu y sentido constitucional, pues sería una manera de reintegrar la unidad del ordenamiento jurídico quebrantada por las reglas que se excluyen en el juicio de constitucionalidad de la Corte.

1.8. Tal es el sentido de los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, cuando se refieren a la plenitud y coherencia del orden jurídico, que cobran renovado vigor en un Estado de derecho regido por una Constitución prevalente y con mecanismos y organismos destinados a preservar su integridad, de tal manera que la segunda disposición amenaza con juicio de responsabilidad a “los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley...”.

1.9. En este caso, la reviviscencia de las normas derogadas resulta más imperativa aun, porque ellas catalogaban a la casación como recurso extraordinario, y a la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia C-252 de 2001 le pareció que:

“En la Constitución colombiana, como ya se ha expresado, no se señala expresamente que la casación es un recurso extraordinario; sin embargo, así habrá de catalogarse, pues al momento de expedirse dicho ordenamiento (jul. 7/91) había sido concebida y regulada por el legislador con ese carácter y, por consiguiente, la referencia constitucional estaba encaminada a reiterar la naturaleza de dicha figura jurídica tal como había sido reglamentada por el legislador de esa época” (pág. 57).

1.10. De modo que, independientemente de lo absurdo, artificioso e invertido que representa poner a la legislación preexistente a la Constitución a iluminarle a ésta una idea que ella no manifiesta expresamente ni de manera implícita (casación como recurso extraordinario), porque en ese sentido la Carta permaneció neutral y todo lo dejó librado a la facultad constitucional de configuración del legislador, lo cierto es que no puede perderse de vista que la confusa premisa resultó ser una ratio decidendi del fallo de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 6º, incisos 1º y 2º de la Ley 553 de 2000. Así las cosas, las normas de los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, parcialmente derogadas o modificadas por la Ley 553, reviven no tanto porque se pretenda darle efectos a disposiciones expresamente sacadas por el legislador del escenario jurídico (sin enfrentar problemas de favorabilidad y ultractividad), sino porque, ante la sensación de vacío normativo, son las que en sentir de la Corte Constitucional reflejan el espíritu constitucional.

1.11. Sin embargo, queda otro escollo por resolver: los preceptos de la Ley 553 que modificaron los artículos 223 y 224 del Decreto 2700 de 1991, a su vez fueron sustituidos por el artículo 210 de la Ley 600 de 2000, y éste también fue declarado inexequible parcialmente antes de que entrara en vigencia. De modo que, declarada la inconstitucionalidad de la norma de la Ley 600, lógicamente debería revivir la de la Ley 553 (si hubiere lugar a ello), que fue la derogada por la primera.

Con todo, en vista de que la Corte Constitucional declaró la existencia de unidad normativa entre las disposiciones pertinentes de las leyes 553 y 600 de 2000, porque unas reprodujeron a las otras, lo obvio es que entendidas ellas como un solo precepto, también habrá de concluirse que ambas tuvieron como único precedente legislativo más inmediato los artículos 223 y 224 del Código de Procedimiento Penal de 1991, cuya vigencia debe restaurarse ipso iure. Por otra parte, como quiera que la Sentencia C-252 de 2001 apenas declaró inconstitucionales algunas normas de la Ley 600 de 2000, dejando incólume la de su vigencia diferida por un año (art. 536), ha de considerarse que el efecto revivificante sólo se produce llegado el momento de vigor del estatuto procesal completo del cual se extrajo la norma por inexequibilidad.

1.12. Finalmente, en razón de la jerarquía normativa que gobierna el Estado de derecho, a partir de la norma normarum o fuente de las fuentes que es la Constitución, lo más lógico, en primer lugar, era tratar de rehabilitar las normas derogadas que, según el criterio de la Corte Constitucional, estaban ungidas del espíritu supremo de “recurso extraordinario” que trasunta la Carta Fundamental, en lugar de la aplicación remisiva del Código de Procedimiento Civil intentada como solución al vacío en otros ámbitos, en vista de los desajustes operacionales que significaría tratar de conciliar el procedimiento de la casación en materia civil con las disposiciones que quedaron vigentes en materia de casación penal.

2. Requisitos de la casación discrecional. De acuerdo con el inciso 3º del artículo 205 del actual Código de Procedimiento Penal (no tocado por el fallo de inexequibilidad), la Corte Suprema de Justicia, de manera excepcional y discrecional, podrá admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia en condiciones distintas a las señaladas en el inciso 1º del mismo texto, a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos por la ley.

Pues bien, la norma que regula la casación discrecional, excepcionalmente permite que el recurso extraordinario pueda ser presentado contra sentencias de segundo grado dictadas por órganos judiciales diferentes a un tribunal y/o que el delito por el que se procede tenga dispuesta una pena privativa de la libertad cuyo máximo es igual o inferior a ocho (8) años, como salvedad a los presupuestos señalados en el inciso 1º del artículo 205.

Se verificará el cumplimiento de los requisitos en este caso:

2.1. De acuerdo con el artículo 305 del Código Penal de 1980, modificado por el artículo 7º de la Ley 360 de 1997, norma preexistente y más favorable, el delito de actos sexuales abusivos está conminado con una pena privativa de la libertad de dos (2) a cinco (5) años. Así entonces, al máximo de pena de cinco (5) años, incrementado en la mitad por obra de las agravantes dispuestas en el artículo 306 del mismo estatuto, apenas alcanzaría a 7 y ½ años. Si bien la sentencia de segundo grado fue dictada por un tribunal, el máximo de la pena del hecho punible por el que se procede no llega a los ocho (8) años de prisión, entonces en principio es viable la petición de casación discrecional.

2.2. También es claro que la solicitud de casación discrecional y su sustento fueron presentados dentro de los quince (15) días siguientes a la última notificación del fallo de segunda instancia.

2.3. Queda por examinar si el escrito de sustentación pone en evidencia la necesidad de desarrollar la jurisprudencia sobre el delito o los temas debatidos en el proceso y/o la violación de derechos fundamentales, únicos motivos que justifican la invocación del excepcional medio de impugnación. La recurrente cree que se configura la última causa, por cuanto se han conculcado las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa.

2.3.1. Resalta la impugnante, en primer lugar, que la sentencia condenatoria en contra de su defendida no está basada en prueba ponderada por la aplicación de las reglas de la sana crítica, sino en apreciaciones subjetivas del juzgador, juicio del cual no podía derivarse responsabilidad penal, porque de ese modo se ha quebrantado el debido proceso, el derecho de defensa y a un proceso justo.

El carácter excepcional de la casación discrecional, máxime que ésta igual conserva su naturaleza de recurso extraordinario, implica que el escrito de fundamentación debe probar sumariamente de entrada una agresión directa a los derechos fundamentales invocados (debido proceso y defensa), porque éstos son medios para buscar la sentencia y no fines de la misma. Así entonces, las discrepancias sobre la apreciación probatoria que hizo el juzgador, salvo que se demuestre ausencia de motivación en el fallo, no pueden abanderarse como violación el debido proceso o del derecho de defensa, porque son el resultado de una justa democrática de contradicción que concreta el juez en ejercicio de su libre y racional capacidad juzgadora.

La recurrente ni siquiera sugiere por qué la apreciación probatoria del tribunal no es razonable sino arbitraria.

2.3.2. Dice la impugnante, en segundo lugar, tras invocar que las mujeres condenadas formaban pareja homosexual y habían constituido un hogar con tres (3) menores de edad, que la misma deficiencia en la apreciación probatoria condujo a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la intimidad de las acusadas.

No muestra la recurrente un agravio directo a los derechos supuestamente transgredidos (libre desarrollo, igualdad e intimidad), porque todo lo hace depender de un desacuerdo con la ponderación judicial de los medios probatorios. Además, a pesar de que la misma impugnante reconoce que la libre elección de un modo de vida está condicionada a que no se irroguen perjuicios a terceros, ninguna reflexión aporta sobre el daño ocasionado a los menores, como si sólo interesara la convivencia con su pareja homosexual.

2.3.3. Por último, carece de la más mínima argumentación la efectista afirmación de que la acusada Luz Mila Alzate Molina fue condenada por su condición de homosexual, por pertenecer a una minoría social, y no por el detrimento ocasionado a los infantes, quienes, a conciencia y voluntad de las acusadas, fueron expuestos a presenciar sus espectáculos de relaciones homosexuales.

3. Ya la Corte ha declarado la improcedencia de este modo de sustentar el interés para acudir a la casación discrecional, según lo expuesto en el auto del 27 de octubre de 2000, adoptado con ponencia de quien ahora cumple igual función. Se expresó entonces:

“Pues bien, ambas demandas tienen en común el propósito de vincular supuestos errores en la apreciación de las pruebas con la violación al derecho fundamental del debido proceso, como lo hace la primera en el segundo cargo y lo ensaya la segunda en su censura única. Sin embargo, todo lo que exteriorizan los impugnantes es su desacuerdo con el valor otorgado por el juzgador a los medios probatorios, y en manera alguna la ausencia de una mínima actividad probatoria de cargo o de descargo producida con las garantías procesales, o la falta de motivación en cuanto al valor de las pruebas, dos de las alternativas previsibles de un reproche por vulneración del debido proceso por tales vías, pues cosa distinta es que las partes no compartan las justificaciones de la decisión.

La obligación de motivar las decisiones judiciales se constituye, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos, en un elemento definitorio de la función judicial, pues sería la única manera de propiciar el control racional interno y externo de las mismas, como ingrediente fundamental del Estado de derecho. Con todo, no han expresado los demandantes que no existe justificación racional o que la motivación es contradictoria, sino que se apartan del valor razonablemente negado por la judicatura a ciertos testimonios que ellos estiman de interés para sacar avante su hipótesis explicativa de los hechos”.

Como no se ha expuesto sumariamente la justificación para recurrir a la casación discrecional, la Corte inadmitirá la impugnación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

No admitir el recurso extraordinario de casación discrecional presentado por la defensora de la procesada Luz Mila Alzate Molina. Se devolverá el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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