Sentencia 18611 de diciembre 14 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado: Acta Nº 197

Bogotá, D.C., catorce de diciembre de dos mil uno.

Vistos

Mediante sentencia del 27 de octubre de 1998, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena declaró al señor Álvaro Arnulfo Quintero Jerez penalmente responsable, como autor, del concurso de delitos de homicidio y lesiones personales culposos, le impuso las penas principales de 30 meses de prisión, multa de dos mil pesos y suspensión por igual lapso del ejercicio de la profesión de conductor de vehículos, lo condenó, junto con los terceros civilmente responsables, Jaime Barragán Ruiz y Cooperativa Santandereana de Transportes Limitada, "Copetran", a pagar los daños y perjuicios causados con las infracciones y ordenó el comiso del bus marca "Chevrolet" de placas XLA-718.

El fallo fue recurrido por el procesado, la defensa y el apoderado del tercero civilmente responsable y, en decisión del pasado 28 de febrero, el tribunal superior lo confirmó, pero modificó, para reducirla en un 30%, la tasación de los daños y perjuicios.

El apoderado del tercero "Copetrán" interpuso recurso de casación, sobre cuya demanda se pronuncia la Sala.

Hechos y actuación procesal

Aproximadamente a las 8 de la mañana del 8 de diciembre de 1991 en el cruce de la avenida Pedro de Heredia frente a la entrada del barrio Torices de Cartagena, el bus de placas XLA-718, afiliado a la empresa Copetrán y conducido por Álvaro Arnulfo Quintero Jerez, colisionó con la motocicleta de placas UTT-97 que llevaba a Ulpiano Acosta Ordóñez como conductor y a José Luis Rodríguez López en condición de pasajero. El hecho causó el deceso de Acosta Ordóñez y daños en el cuerpo de Rodríguez López.

Las diligencias iniciales las practicó la Inspección Permanente de Tránsito de Cartagena y correspondieron al Juzgado Segundo Penal Municipal de esa ciudad que el 10 de diciembre de 1991 abrió investigación (fl. 15, c. 1), en desarrollo de la cual fueron vinculados como terceros civilmente responsables Jaime Barragán Ruiz, propietario del bus, y la Cooperativa Santandereana de Transportes Limitada, "Copetran" (fl. 244, c. 2). Tras indagar al señor Álvaro Arnulfo Quintero Jerez (fl. 16, c. 1), el 29 de septiembre de 1993, la fiscalía 21 delegada ante los juzgados del Circuito de Cartagena, a la cual correspondió la actuación al entrar a regir el Código de Procedimiento Penal de 1991, decretó su detención por el concurso de delitos de homicidio y lesiones personales culposos (fl. 166, c. 2).

El 7 de diciembre de 1995 se clausuró la instrucción (fl. 131, c. 3) y el 18 de noviembre de 1996 se profirió resolución de acusación en contra de Álvaro Arnulfo Quintero Jerez como autor de los delitos por los cuales se lo detuvo (fl. 149).

Luego de agotar la fase del juicio, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena profirió, el 27 de octubre de 1998, la sentencia de condena ya reseñada (fl. 145, c. 4), la que, apelada y con la modificación arriba citada, fue confirmada el 28 de febrero de 2001 por una Sala del Tribunal Superior (fl. 25, c.t.).

El apoderado de la Cooperativa Santandereana de Transportes Limitada, "Copetrán", presentó demanda de casación.

La demanda

A pesar de anunciar un "único cargo", el apoderado del tercero civilmente responsable formula uno principal, por vía de la causal primera, por cuanto las sentencias incurrieron en "error judicial", violando de manera indirecta la ley, por falta de aplicación de los artículos 248, 249, 250, 254 y 300 a 303 del Código de Procedimiento Penal de 1991. De manera subsidiaria, anuncia una infracción directa de la ley por no aplicar el 230 de la Constitución, así como las normas que regulan el pago de daños y perjuicios, la autoría, el concurso, la culpa, el homicidio y lesiones personales culposos y la regulación de la pena.

Consideraciones

De conformidad con el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal de 1991, modificado por el 9º de la Ley 553 de 1993, bajo cuya vigencia se profirió la sentencia de segunda instancia y se interpuso el recurso de casación, "Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen".

Para determinar quiénes están facultados para recurrir en sede de casación, deben dilucidarse dos factores: la legitimación dentro del proceso y el interés jurídico para recurrir.

1. Lo primero, legitimación dentro del proceso, hace referencia a que el impugnante sea un interviniente procesal, esto es, a quien la ley, conforme con los lineamientos del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (209 del actual), modificado por el 5º de la Ley 553 de 2000, la reconoce como sujeto procesal para esos efectos. La norma faculta al tercero civilmente responsable para impugnar en casación, por manera que si el apoderado del último fue quien acudió a esa vía, no queda duda de que se trata de una parte habilitada para hacerlo.

2. Por lo segundo, interés jurídico para recurrir o legitimación en la causa, se requiere no sólo que el sujeto procesal esté autorizado por la ley para impugnar, sino que con el fallo motivo de demanda se le haya ocasionado un daño, un perjuicio; si, por el contrario, la sentencia no le causa ningún agravio, no puede importarle su contenido al extremo de pretender su anulación y, en consecuencia, una pretensión con ese alcance está llamada al rechazo.

De los confusos planteamientos del accionante surgen dos pretensiones: que se absuelva al sindicado por no existir prueba para condenar, y que se revoque la orden de cancelar los daños y perjuicios porque no fueron causados.

3. El agravio al tercero civilmente responsable, recurrente en el evento en consideración, tiene dicho la Sala, está relacionado con la razón de ser de su vinculación al proceso, esto es, por el nexo causal, a título de culpa, que se le dedujo respecto del sujeto pasivo de la acción penal y la orden de responder por los perjuicios causados, no así por la inobservancia del deber objetivo de cuidado imputable al causante del delito.

El tercero no está legitimado para abogar por la causa de inocencia del procesado, como que no se le condenó en razón de la culpa de éste, sino de la propia, esto es, por no haber tomado las previsiones necesarias para evitar que el daño se produjera, o, lo que es lo mismo, por no haber sido diligente en el cumplimiento del deber de vigilancia respecto de las actividades que el conductor, su subordinado, cumplía.

"Esta discusión trae la consecuencia procesal que se trata de dos sujetos procesales distintos, con sus propias facultades y pretensiones (que incluso, pueden devenir contrapuestas), y sin que al tercero se le otorgue la condición de co-defensor del procesado, así en el desarrollo de la actuación y en miras del propio interés asuma conductas que eventualmente puedan beneficiar a aquél".

"Por lo tanto, el tercero civilmente responsable carece de interés para pedir la nulidad del proceso por los vicios cometidos en lo atinente a la actuación adelantada contra el procesado, o para contradecir, a través de la casación, las pruebas que lo comprometen personalmente. Sólo está legitimado para atacar los aspectos atinentes a su propia culpa, como por ejemplo, que no tuvo oportunidad de defenderse por haber sido vinculado tardíamente al proceso penal, que no existe nexo que lo vincule con el procesado, que existió una causa extraña que le hizo imposible el cumplimiento del deber jurídico concreto de vigilar, por fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima” (1) .

(1) Auto de octubre 3 de 2000, M.P. Jorge Córdoba Poveda, reiterado el 28 de junio de 2001, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

Como la demanda no pretende la exoneración de la culpa del tercero, sino del sindicado, tratándose de sujetos procesales diversos, surge incuestionable la ausencia de interés en la causa.

4. Lo propio sucede con el reproche sobre los daños y perjuicios causados, porque el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal de 1991, modificado por el 4º de la Ley 553 de 2000, dice que cuando la casación "tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos".

Por su parte, el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil vigente para cuando se profirió el fallo y se interpuso la casación y que es aplicable por remisión, supedita la procedencia de la casación a que "el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos", los que, incrementados en los términos del artículo 3º del Decreto 522 de 1988 (un 40% cada dos años, a parir del 1º de enero de 1990), arrojan un total de $ 75.310.000. Debe precisarse que el monto sólo puede establecerse para la fecha del fallo de segunda instancia, que es cuando se concreta el perjuicio, y se establece por la diferencia que resulte entre lo pedido y lo concedido por el tribunal.

El juez de segunda instancia reconoció, en razón de la muerte causada a Ulpiano Acosta Ordóñez, $ 59.119.704 por daños materiales y el equivalente a 700 gramos oro por morales (fl. 43, ct) y el apoderado de la parte civil, al solicitar la vinculación del tercero, por los dos conceptos reclamó $ 80.000.00 (sic) (fl. 200, c. 1), de donde surge que el actor no tiene legitimidad para recurrir en casación por este aspecto, toda vez que la diferencia a que se ha hecho referencia es bastante inferior al monto fijado por la ley.

En consecuencia, el demandante carece de interés jurídico para recurrir en casación, lo cual obliga a la Sala a la inadmisión de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 226 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el 9º de la Ley 553 de 2000, bajo cuya vigencia se surtió su trámite.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

No admitir la demanda de casación presentada, por carencia de interés, de acuerdo con las previsiones del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de 1991, modificado por el 8º de la Ley 553 de 2000.

Esta decisión no admite recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

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