Sentencia 18631 de octubre 22 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado acta Nº 159 (18/10/01)

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil uno.

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre el que se denominará recurso de hecho, interpuesto por el defensor del procesado Luis Francisco Barajas Ortiz, condenado por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, contra el auto de abril 30 de año en curso, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Bucaramanga denegó el extraordinario de casación por haber sido formulado de manera extemporánea.

Antecedentes

Mediante sentencia de marzo 5 de 2001, el Tribunal Superior de Bucaramanga, por virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor del acusado Barajas Ortiz, confirmó la que dictara el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, el 27 de septiembre de 1999, condenando, entre otros, al enjuiciado a la pena privativa de la libertad de 27 años y 6 meses de prisión al hallarlo responsable, como autor intelectual de los punibles antes relacionados.

Notificado tal fallo inclusive por edicto que permaneció fijado hasta el 13 de marzo de la anualidad que transcurre, el defensor presentó el 6 de abril siguiente, escrito ante notaría de este círculo manifestando interponer contra aquel el recurso extraordinario de casación, siendo recibido en el tribunal el día 16 de dicho mes.

En esas condiciones, la citada corporación profirió el auto de abril 30 denegando, por extemporáneo, el medio defensivo, toda vez que no fue interpuesto dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia.

Dicho proveído fue oportunamente impugnado por el defensor, quien interpuso los recursos de reposición y de hecho por considerar que el tribunal contabilizó erradamente un término de 15 días, cuando, por favorabilidad, aplicando la Ley 553 de 2000, ha debido computar uno de 30, máxime que a pesar de la declaratoria de inexequibilidad, ese lapso aún regía toda vez que el fallo de inconstitucionalidad fue notificado el 16 de marzo de 2000, fecha en que el edicto correspondiente fue desfijado.

Resuelto adversamente a las pretensiones del defensor el recurso de reposición, porque en criterio del ad quem no es admisible la invocación de principio de favorabilidad frente a normas de procedimiento que no afectan derecho sustancial alguno y porque la norma que preveía la oportunidad de formulación de demanda de casación en la Ley 553 de 2000 fue declarada inexequible desde el 28 de febrero, sin que en ello incida en manera alguna la notificación por edicto, pues ésta sólo tiene efectos de publicidad, se dispuso la compulsa de copias, ante la Corte, tanto de las ya referidas providencias como de la actuación procesal pertinente a fin de resolver el recurso de hecho.

Consideraciones

1. Habiendo entrado en vigencia la Ley 600 de 2000, diríase, en principio, que el otrora recurso de hecho, hoy de queja, se hace improcedente frente a la decisión denegatoria del extraordinario de casación por cuanto su artículo 195 solamente lo hizo viable “cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación”; sin embargo, interpuesto como fue aquél, hallándose en vigor el Decreto 2700 de 1991 y dada la favorabilidad que en relación con el derecho de defensa representa el estudio acerca de si la impugnación extraordinaria fue o no bien denegada y por cuanto de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 “las actuaciones y diligencias que ya estuvieron iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, no puede menos la Corte que abordar su análisis con base en el ordenamiento que entonces lo reglaba.

2. Importa, por tanto, ante el silencio de la Corte Constitucional en modular los efectos de su fallo de inexequibilidad y la inseguridad y desorden que con el mismo se produjo en el trámite del extraordinario medio defensivo, sin que se reparara además en la ruptura que con ello hizo del sistema y del debido proceso que en materia tan especial ha de existir establecer, por la vía hermenéutica que ante aquella omisión se autoriza al intérprete, dado el efecto legislativo negativo que sin duda alguna comporta un fallo de inconstitucionalidad, cual era precisamente dicha normatividad, sobre todo porque aquella declaratoria de algunos preceptos de la Ley 553 de 2000, incluyó al que señalaba la oportunidad en que había de interponerse el medio defensivo y presentarse la demanda que lo sustentara.

En dicho propósito, proferido el citado fallo de inexequibilidad el 28 de febrero de 2001, surge un primer cuestionamiento acerca de cuándo ha de entenderse que surte sus efectos una tal decisión o a partir de cuándo ha de decirse que lo fallado, por virtud de ese control, se hace exigible, o, en términos generales, si la Corte Constitucional no hace uso de su prerrogativa de modular los efectos de su decisión, ¿a partir de cuándo debe entenderse que se surten los mismos?

En procura de hallar una respuesta es claro que el Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, no contiene disposición alguna, limitándose simplemente, en su artículo 16 a expresar que “la sentencia se notificará por edicto, ... dentro de los seis días siguientes a la decisión”, acto procesal que en criterio de la Sala y al contrario de lo que sostuviera el tribunal, se constituye ciertamente en un condicionamiento de exigibilidad, pues una tal decisión concurre, así sea negativamente, a la construcción del ordenamiento, extrayendo de éste la norma cuya inexequibilidad se declara, máxime sus caracteres erga omnes, impersonales, generales y abstractos, por manera que si la vigencia de una ley se sujeta, en términos generales, a su promulgación, la misma razón de publicidad debe observarse frente al acto que la saca del tráfico jurídico, toda vez que sus efectos trascienden a la creación de derecho, a la conformación del orden jurídico, más aún cuando la propia Corte Constitucional ha señalado (auto de junio 14 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería), que, “de conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 contra (sus) sentencias ... proferidas en desarrollo de los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo del artículo 241 de la Constitución Política Colombiana, no procede recurso alguno ni solicitud de nulidad alguna”.

La notificación del fallo de constitucionalidad, por edicto, es sin duda alguna un acto-condición procesal que, además del efecto de publicidad y de conocimiento que de él alcancen formalmente los asociados, permite hacerlo exigible, obligatorio, lo que era bastante claro en vigencia del Decreto 41 de 1971 cuando disponía que “la sentencia proferida en asuntos de constitucionalidad será publicada al día siguiente al de su fecha” y que “cumplida dicha formalidad, el fallo quedará ejecutoriado”, no así, la obligación secretarial de remitir “inmediatamente copia de la sentencia a la Presidencia de la República y al Congreso de la República”, prevista en el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, toda vez que, como lo señalara la Corte Constitucional en el fallo C-113 de 1993, “ejecutoriada la sentencia, ha concluido el proceso y no hay lugar a seguir hablando de régimen procedimental, sencillamente porque no hay en lo sucesivo más actos procesales que regular, pues sería discutible en extremo considerar como tales el envío de copias de la providencia a algunos funcionarios o la publicación de la providencia en la Gaceta Constitucional”.

Bajo dichas consideraciones, entonces, el fallo de inexequibilidad referido a algunas disposiciones de la Ley 553 de 2000, no surtió sus efectos, no extrajo las normas declaradas inexequibles del ordenamiento, a partir de la fecha en que se profirió, ni de aquella en que se remitió o se recibió por los funcionarios citados copia del mismo, sino desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desfijación del edicto.

Por eso, notificado como fue el fallo C-252 de 2001 por edicto que permaneció fijado hasta el 16 de marzo, las normas que por medio de él se declararon inexequibles, salieron efectivamente de nuestro ordenamiento jurídico a partir del día siguiente.

3. Como en esas circunstancias el artículo 6º de la Ley 553 de 2000, modificatorio del 223 del Decreto 2700 de 1991, fue declarado inexequible, excepción hecha de su inciso final, y allí se señalaba la oportunidad en que debía formularse la demanda de casación, estableciendo un término de 30 días, posteriores a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, ¿cuál entonces era el procedimiento que debía y debe seguirse para esos efectos? Acaso, debía entenderse, como lo entendió, el tribunal, reincorporadas al ordenamiento, aquellas normas derogadas por las que luego fueron declaradas inexequibles?

Si bien el principal efecto de un fallo de inexequibilidad consiste en extraer del ordenamiento la norma objeto de ese pronunciamiento, siendo sus alcances superiores a la simple declaración de contrariedad con la Carta por cuanto, sin duda alguna, influye en la manera como se regula la actividad del asociado o del Estado, permitiendo que éste en un evidente ejercicio de su poder político reordene el sistema, es claro también que no tiene, en cambio, consecuencias derogatorias por razón de su misma inconstitucionalidad, de modo que, no habiendo, por eso, lugar a la aplicación del artículo 14 de la Ley 153 de 1887 en cuanto dispone que “una ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó” o que “una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva”, debe asentirse en que ciertamente las normas derogadas, por unas que fueron halladas contrarias a la Carta, y en cuanto regulen la actividad estatal, recobran su vigencia, pues el principio de legalidad dentro de un Estado de derecho, implica que toda la acción de éste ha de hallarse reglada al punto que al funcionario público sólo le está permitido hacer aquello que la ley y la Constitución le autorizan, mientras que el particular puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, pudiendo, en esas condiciones, existir ciertamente para el asociado un espacio no sometido a regulación legal, sin que suceda lo mismo respecto a las funciones del Estado, por ello disponen los artículos 6º de la Carta que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, mientras que “los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, 121 que “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley y el 122 que “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”.

Bajo tal precisión y con el ineludible sustento que representan los principios de libertad y legalidad en un Estado de derecho, así como la capacidad política que a éste le es aneja, los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, en criterio de la Sala, difieren entonces, según la materia que la norma inexequible haya pretendido regular. Así, si se trata de leyes exclusivamente prohibitivas, sancionadoras o limitativas de la capacidad de la persona o de sus derechos, su contrariedad con la Carta Política, implica que sus temas corresponden a aquel concepto de espacio no regulado legalmente y que en consecuencia, por tratarse de una restricción a las libertades o al ámbito meramente personal quedaría por fuera del principio de legalidad que atañe al asociado y no se entenderían revividas las prescripciones que hubieran sido derogadas, pues regresándose al principio general de la libertad recobraría vigencia el ya señalado fundamento esencial del Estado de derecho, según el cual al particular le está autorizado todo lo que no esté expresamente prohibido.

Diferente es la situación cuando la ley encontrada inexequible regula también la actividad del Estado, o la manera como el particular puede acceder a las esferas de poder en procura de satisfacer sus pretensiones, o ejercer, o hacer exigibles sus derechos, pues en tal evento, porque toda función pública debe estar prevista en la ley, no siéndole posible al funcionario realizar nada diferente a lo que la Constitución y la ley le señalen, aquella declaración sí tiene la virtud de reincorporar los preceptos derogados, toda vez que, además que en ese ámbito si no resulta lógico hablar de espacio no regulado legalmente, de concluirse lo contrario podría llegarse a extremas situaciones de afectación de derechos fundamentales, verbi gratia, el acceso a la administración de justicia, si declarada como fue, inexequible la norma que regulaba la manera de interponer la casación, no se entendiera reincorporada la que había sido derogada por ésta, porque entonces habría que concluirse que esa específica materia, que atañe a la actividad del Estado y a la manera como el sujeto procesal ejerce su derecho, quedaría sin reglamentación, máxime que si se acudiere a la analogía para excluir la existencia de lagunas en el ordenamiento, o al principio de integración o remisión a que se refiere el artículo 23 de la Ley 600 de 2000, y con ello de aplicarse la normatividad propia de otros regímenes, como el procesal civil, por ejemplo, se estaría trasplantando una figura que no resultaría propia del proceso de que se trate, con clara mengua, además, del principio de especificidad. Es que, si se entienden, como así sucede, reincorporadas al ordenamiento las normas derogadas por las que fueron encontradas contrarias a la Carta Política del Estado, no se produce en tal caso laguna o vacío alguno que deba ser suplido por la aplicación analógica de otra norma o por la integración que con respecto a otro específico régimen quepa hacerse, pues indudablemente aquel efecto logra la regulación que le es propia al asunto según su naturaleza, porque se trata de normas que de modo especial lo preceptuaban.

Pero además que, indudablemente, el vicio de constitucionalidad, afectando la validez de la norma por no avenirse a la Carta Política del Estado, le niega los efectos jurídicos que en ella se hayan previsto, también la desposee de cualquiera otro que llegare a producir en el ámbito que pretendía regular; así, dicho defecto le suprime la consecuencia derogatoria a la norma en sí misma, que fue declarada inexequible y hace a la vez ineficaz cualquier disposición que tácita o expresamente prevean un tal efecto, pues es obvio que ni aun en el último caso podría entenderse suprimida o reemplazada una norma por aquella que no tuvo en cuenta los principios constitucionales regentes de la organización estatal.

También, históricamente, en nuestro medio la tendencia ha sido la de negar efectos derogatorios a la norma declarada inexequible y la de que se reincorporen al ordenamiento los preceptos que habían sido sustituidos; así lo señaló la Corte Suprema de Justicia cuando, en sentencia de junio 22 de 1982, al controlar la constitucionalidad del artículo 146 del Decreto 294 de 1973 afirmó que, “al ser declarada inexequible la modificación introducida en el parágrafo del artículo 208 de la Constitución por el Acto Legislativo 1 de 1979, y revivir el antiguo parágrafo de dicha disposición, adoptada como artículo 67 del Acto Legislativo 1 de 1968, recuperó también su vigencia el artículo 146 acusado y por tanto, la Corte puede ejercer su jurisdicción constitucional sobre la norma demandada“, y el Consejo de Estado, Sala de Negocios Generales, cuando, al absolver consulta del Ministerio de Hacienda, expresó, en noviembre 7 de 1958, que “aplicando los conceptos y conclusiones precedentes al caso consultado por el señor Ministro de Hacienda, el Consejo de Estado considera que la derogatoria que hizo el Decreto-Ley 700 de 1954 de preceptos pertenecientes a otros estatutos, debe tenerse por no hecha desde la fecha de ejecutoria del fallo de la Corte que declaró la inexequibilidad de tal decreto, y que, en consecuencia, tales normas deben aplicarse mientras no hubiesen sido derogadas por otros decretos-leyes no declarados inexequibles...”.

Y si bien, no ha expuesto las razones que sustancialmente la han llevado a una tal consideración, similar línea jurisprudencial ha proseguido la Corte Constitucional dejando en claro que “en principio la declaratoria de inexequibilidad de una norma, que había subrogado otras disposiciones, tiene como efecto revivir los contenidos normativos derogados” (C-1548/2000), “implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella derogadas siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental” (C-501/2001), porque “la decisión de inexequibilidad es diversa de una derogación, y por ello puede implicar el restablecimiento ipso iure de las disposiciones derogadas por la norma declarada inconstitucional”, toda vez que “como la norma derogatoria no era válida, por estar en contradicción con la Carta, entonces es perfectamente lógico expulsarla del ordenamiento, por ministerio de la inexequibilidad, de forma tal que pueda revivir las disposiciones derogadas” (C-055/96).

4. Así pues, restablecidas las normas que del Decreto 2700 de 1991 se referían a la casación, derogadas por aquellas que fueron declaradas inexequibles, bajo el entendido que el mismo efecto se surte en frente de la Ley 600 de 2000, como que los preceptos relacionados con el extraordinario medio de impugnación, siendo reproducción de los contenidos en la Ley 553, también se declararon contrarios a la Constitución, y comprendiéndose, por tal razón, la ineficacia que en relación con las primeras se predica del artículo 535 de aquella ley, el recurso extraordinario, a partir de la fecha en que el fallo de inexequibilidad produjo sus efectos, ha de proponerse, sustentarse y tramitarse, según el procedimiento que pasa a precisarse, fundado tanto en la nueve normatividad, esto es Ley 600 de 2000, como en las disposiciones que se reincorporan al ordenamiento, por consecuencia de la inconstitucionalidad de aquellas que las habían derogado, mientras que, si la sentencia de segunda instancia se profirió antes del 17 de marzo de 2001, valga decir durante la plena vigencia de la Ley 553 de 2000, el medio extraordinario de impugnación, ha de tramitarse con exclusivo apego a dicha normatividad, idéntica a la que en esa materia estableció la Ley 600, pues, como ya se expresara, “los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

4.1. El recurso extraordinario, en cuanto no se trate obviamente del excepcional, en términos del artículo 1º de la Ley 553 procedía y procede, en los del 205 de la Ley 600, contra sentencias no ejecutoriadas proferidas en procesos que se hubieren adelantado por punibles que tengan señalada una pena cuyo máximo sea o exceda de seis años, si la sentencia se dictó antes de entrar en vigencia la Ley 553, o sea superior a ocho años, si el fallo se profirió luego de entrar a regir la precitada ley.

4.2. De acuerdo con el procedimiento que se revive, luego de la declaratoria de inexequibilidad de las pertinentes normas de la Ley 553 de 2000 y a su vez de la Ley 600, el recurso de casación, excepcional o no, ha de interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia.

4.3. Si el recurso se interpone oportunamente, el funcionario ad quem, dentro de los tres días siguientes, al vencimiento de los quince referidos en el numeral anterior, decide, mediante auto de sustanciación si lo concede o no, haciéndose extensiva una tal determinación cuando el recurso se interponga de modo excepcional, pues indudablemente en ello, las leyes 553 y 600 de 2000 comportaron una modificación en la medida en que establecieron que “de manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente puede admitir la demanda...“ (negrilla fuera de texto), mientras que el procedimiento derogado en ese aspecto enseñaba que la Corte, “puede aceptar un recurso de casación”.

Por tanto, se reitera, corresponde al funcionario de segunda instancia conceder o no el recurso extraordinario, bien que se trate de casación común o discrecional, mediante auto de sustanciación, pudiendo negarse a su concesión sólo en cuanto se interponga de manera extemporánea, pues las demás condiciones de viabilidad, salvedad hecha también de la presentación oportuna de la demanda, atañe analizarlas a la Corte en el momento en que proceda a calificar el libelo de conformidad con el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

Contra esa providencia de sustanciación, luego del citado fallo de inexequibilidad, cabía el recurso de reposición y el de hecho, si por alguna circunstancia el ad quem denegaba la concesión del medio extraordinario. A partir de la vigencia de la Ley 600, sólo procede en su contra el de reposición, según se infiere del inciso final de su artículo 210 y de la exclusión que, en relación con el de queja, se hizo en el artículo 195.

4.4. Si el recurso extraordinario se concede, en el mismo auto el ad quem debía y debe disponer traslado de 30 días para cada uno de los recurrentes para que presenten la demanda, luego del cual, si ésta se presenta en oportunidad ha de surtirse el traslado a los demás sujetos procesales, por el término de 15 días, según lo señalaba el artículo 7º de la Ley 553 y establece el 211 de la Ley 600.

Si la demanda se presenta fuera del período señalado, el ad quem debe así declararlo en proveído contra el que sólo procede el recurso de reposición, según lo preceptuaba la Ley 553 en el inciso final de su artículo 6º y prescribe el 210 de la Ley 600.

4.5. Concluido dicho trámite ante el funcionario de segunda instancia, el asunto pasa a la Corte, donde, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 553 se calificaba la demanda, efectuándose actualmente similar procedimiento en términos del precepto 213 de la Ley 600.

5. Dadas las anteriores precisiones, como en este asunto la sentencia de segunda instancia fue proferida el 5 de marzo, esto es, cuando el fallo de inexequibilidad C-252 aún no surtía sus efectos, ha de afirmarse que la ejecutoria e impugnación de aquella se regía por el ordenamiento entonces vigente, valga decir, de modo exclusivo por la Ley 553 de 2000, la cual había suprimido la competencia del tribunal para pronunciarse sobre la concesión del medio de defensa, siendo el trámite debido, simplemente, el de presentar la demanda dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria del proveído de segunda instancia, para que, luego de surtido el traslado a los no demandantes, fuera la Corte quien la calificara.

En el evento que se examina, ese término de 30 días, establecido por el artículo 6º de la Ley 553, fenecía el 8 de mayo y sin embargo el tribunal, bajo un equivocado criterio, lo truncó el 30 de abril, dictando un auto que señaló extemporáneos el medio extraordinario cuando, ni siquiera tenía facultad alguna para pronunciarse sobre el mismo.

En tal orden, resulta incuestionable que el ad quem, precisamente por carecer de atribución para pronunciarse sobre la concesión o no del recurso, porque la sentencia fue dictada en vigencia de la Ley 553 de 2000, máxime que dicha etapa desapareció en el esquema previsto por la citada normatividad, dictó un auto viciado de nulidad con el que además terminó recortando el lapso que el interesado en la impugnación tenía para formular la correspondiente demanda, por ello la Sala declarará nulo el auto de abril 30 de 2001 dictado por el tribunal y, en aras de rehacer la actuación, se dispondrá que, remitiéndole estas diligencias para que hagan parte del respectivo expediente, permita completar el período de 30 días, descontado el que corrió hasta el 29 de abril, para que quienes tengan interés, presenten la demanda de casación con arreglo a los preceptos de la Ley 553 de 2000, antes de que algunos de sus artículos hubieren sido hallados contrarios a la Constitución.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA NULIDAD del auto fechado en abril 30 del año en curso por medio del cual el Tribunal Superior de Bucaramanga, denegó la casación interpuesta por el defensor del procesado Luis Francisco Barajas Ortiz.

2. A fin de rehacer la actuación, disponer que ante el ad quem se permita, en los términos indicados en la parte motiva, la conclusión del lapso previsto en el artículo 6º de la Ley 553 de 2000.

3. Remítanse las diligencias a la corporación de origen para que hagan parte del expediente.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

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