Sentencia 18634 de diciembre 11 de 2001 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado Acta 194

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil uno.

Vistos

Decide la Sala lo que en derecho corresponda acerca de la colisión negativa de competencias surgida entre las Salas Penales de los Tribunales de Bogotá, Cali y Buga, para el conocimiento de la apelación de la providencia dictada por un extinto Juez Regional en la que se declara la extinción del dominio de bienes de propiedad de Iván Urdinola Grajales.

Antecedentes

Mediante sentencia anticipada del 18 de diciembre de 1992, un Juzgado Regional de Bogotá de ese entonces condenó al señor Iván Urdinola Grajales a la pena de 54 meses y 20 días de prisión, luego de haberlo hallado responsable de infringir los artículos 33 y 38 de la Ley 30 de 1986, además de concierto para delinquir, encubrimiento por receptación y enriquecimiento ilícito.

El sustento fáctico de los cargos elevados por el Vicefiscal General de la Nación se consignó en la sentencia, de la siguiente manera:

“... El narcotráfico, en haber exportado hacia los Estados Unidos de América cantidades de cocaína en varias oportunidades y en cantidades superiores a cinco kilogramos; el de concierto para cometer delitos de narcotráfico en haberse asociado de modo organizado y más o menos permanente, con el fin de cometer un número indeterminado de delitos de narcotráfico, con otras varias personas; el de enriquecimiento ilícito, en haber incrementado de modo injustificado su patrimonio, adquiriendo bienes a veces a nombre propio y a veces a nombre de otras personas naturales o jurídicas; y, en fin, la receptación, como cargo distinto del concierto y del narcotráfico, en haber ayudado a asegurar el producto de varios delitos de narcotráfico a terceros distintos de sus propios copartícipes, trayéndolos a Colombia y concretamente a la ciudad de Cali dólares producto de la distribución ilegal de cocaína en los Estados Unidos”.

Esta determinación fue objeto de consulta ante el Tribunal Nacional, pero sólo frente al numeral quinto que ordenaba el desembargo y entrega definitiva de algunos bienes incautados, absteniéndose dicha corporación, en providencia del 25 de marzo de 1993, de revisar la sentencia en cuanto a la condena impartida.

2. La Dirección Nacional de Estupefacientes, mediante apoderado, presentó demanda de extinción de dominio, la que fue admitida por la Unidad Especializada correspondiente de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución del 30 de abril de 1997.

Los bienes cuya extinción de dominio se demandó tenían como propietarios a Iván Urdinola Grajales y, “presuntos propietarios”, a Bolívar Olmedo Flórez García y Jorge Isaac Saavedra Rendón, ubicados en comprensión del municipio de Bolívar (Valle), como las Fincas “Tesorito”, “La Palmera”, “El Refugio”, “Tierra Grata”, “a Tulia” y una casa de habitación en dicho municipio, así como también un predio rural denominado “La Tesalia”, adscrito, al municipio de Roldanillo (Valle).

Mediante decisión del 20 de mayo de 1999, un Juzgado Regional de Bogotá declaró la extinción de dominio de los señalados bienes, asignándolos a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Contra esta determinación los señores Bolívar Olmedo Flórez García y Jorge Isaac Saavedra Rendón, a través de sus apoderados judiciales, interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido por el juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Bogotá (que reemplazó al Regional, en virtud de la L. 504/99), mediante auto del 2 de septiembre de 1999, ordenando la remisión de las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

3. Al Tribunal de Bogotá llegaron las diligencias para su trámite el 15 de febrero de 2000, pero mediante proveído fechado el 2 de agosto de ese mismo año, se abstuvo de asumir el conocimiento, con fundamento en las siguientes razones:

Sostiene que de conformidad con el artículo 7º de la Ley 333 de 1996, cuando ha finalizado el proceso penal y aparecen bienes no relacionados en el proceso, es procedente la acción de extinción de dominio ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal. “Es decir que en el caso presente, se observó la norma en toda su extensión”.

Con base en lo anterior, estima que ante la impugnación de la decisión que declaró la extinción de dominio y con la inexistencia en la actualidad del Tribunal Nacional y la Sala de Descongestión, creada con fundamento en la Ley 504 de 1999, sumado a la declaratoria de inexequibilidad de algunos apartes de esta normatividad, se hace necesario “determinar” cuál es el juez incompetente de segundo grado.

Entiende el tribunal que habiéndose dejado en claro en la Sentencia C-392 de 2000 de la Corte Constitucional que ante la falta de competencia nacional del Tribunal de Bogotá y la ausencia del Tribunal Nacional, resulta diáfano colegir que los criterios para determinar el superior jerárquico de los jueces regionales, hoy penales del circuito especializados, no es otro que la aplicación del factor funcional y territorial, según el caso.

Por ello, habiendo sido condenado Urdinola Grajales por la comisión de ilícitos que sucedieron en la ciudad de Cali, tal como dice advertir en la sentencia condenatoria, considera que es el tribunal de esta ciudad el que debe desatar la segunda instancia de la decisión de extinguir el dominio.

Considera que una interpretación diferente sería tal como asignar la competencia total al tribunal de Bogotá para el conocimiento de los procesos que adelantaron los “antiguos” jueces regionales, lo que llevaría a una “competencia nacional”, asunto que deviene como contrario a la Constitución, conforme la citada sentencia de inexequibilidad.

Por último, sostiene que no existe “antecedente judicial ni gubernativo” que muestre la variación de la competencia para asignarle el proceso a los jueces de Bogotá, pues “simplemente” como se tramitó la terminación anticipada por el Vicefiscal General, se resolvió por un juez regional de esta ciudad, motivo por el cual “ante una legislación diferente” en la que debe tenerse en cuenta el factor territorial, han de aplicarse las normas generales de competencia.

Así, remite el proceso a la Sala Penal del Tribunal de Cali, no sin antes proponer colisión negativa de competencias.

4. Critica el Tribunal de Cali, que la Sala remitente hubiera “desconocido” que en el Valle del Cauca figuran dos Tribunales de Distrito Judicial, el de Cali y el de Buga, sin que en el primero estén comprendidos los municipios del norte del departamento, como Roldanillo, Bolívar y Restrepo, lugares en los que los demandados en el proceso de extinción de dominio (Bolívar Olmedo Flórez García y Jorge Isaac Saavedra Rendón) desarrollaron “toda la actuación”.

Motivo por el cual comparte la declaratoria de incompetencia del Tribunal de Bogotá, pero difiere en cuanto a la remisión de la actuación al Tribunal de Cali, pues estima que ha debido ser enviado a la Sala Penal del Tribunal de Buga.

Además, sostiene que el proceso penal adelantado contra Urdinola Grajales tuvo sustento, como es de público conocimiento, en actividades realizadas en el Norte del Valle, utilizando el Aeropuerto Bonilla Aragón, comprendido en jurisdicción del municipio de Palmira y adscrito judicialmente al Tribunal de Buga, o por Buenaventura, igualmente perteneciente a ese Distrito.

La ciudad de Cali, agrega, solamente fue señalada como sitio en el que se entregaban los dólares, por lo que no puede considerarse dentro del factor territorial, como lugar de ocurrencia de los hechos, por lo que decide remitir el proceso al Tribunal de Buga, proponiendo, igualmente, colisión negativa de competencias.

5. Considera el Tribunal Superior de Buga que la competencia para el conocimiento de la extinción de dominio está claramente señalada en el artículo 14 de la Ley 333 de 1996, por razón del factor objetivo, en la medida que la norma asigna competencia al “juez que esté conociendo de la actuación” bien sea especializado o no.

Luego de transcribir apartes de una decisión de esta Sala de Casación Penal (Auto de jun. 25/98), afirma que resulta claro que habiéndose proferido la sentencia condenatoria contra Urdinola Grajales por un Juez Regional de Bogotá, era a éste funcionario y no a otro al que estaba adscrita la competencia para el conocimiento de la acción de extinción de dominio en su fase correspondiente.

Por ello, si el Tribunal de Bogotá es superior jerárquico del juez que dictó la sentencia condenatoria, se debe concluir que esta corporación es la competente para decidir en segunda instancia, por virtud del factor funcional.

Además, estima que no hace falta acudir a los criterios de competencia territorial ni a las disposiciones de la Ley 504 declaradas inconstitucionales, sino “llanamente” al hecho de que el Tribunal de Bogotá es el superior jerárquico del juez que dictó la decisión objeto de apelación.

Por último, considera que el envío del proceso se ha hecho con base en “suposiciones”, como quiera que es indudable lo incierto del sitio real y concreto de las actividades delictivas por las que se condenó a Urdinola Grajales, lo que bien podría arrojar una competencia a prevención que le terminarían por entregar la razón a la colegiatura de Buga.

Motivos éstos por los que estima no es el competente y acepta el conflicto, remitiendo las diligencias ante esta corporación.

La Corte considera

1. Sea lo primero advertir que es esta Sala Penal la competente para dirimir el conflicto, al tenor de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996.

2. Frente a la problemática aquí suscitada, debe decirse lo siguiente:

Es cierto que con la expedición de la Ley 504 de 1999 y con la sentencia de inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones (1) , se generó en algunos casos polémica en torno a la competencia para la tramitación de los procesos que adelantaban los otrora denominados jueces regionales.

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-392 del 6 de abril de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

La existencia de sucesivos cuerpos colegiados para el conocimiento de los procesos y las diversas interpretaciones que se generaron en torno a la aplicación, por ejemplo, de los artículos 4º y 48 de la Ley 504 de 1999, propiciaron tal discusión. Sin embargo, no es necesario acudir a esos criterios para determinar la competencia en segunda instancia de la decisión que declaró extinguido el dominio, de conformidad con la Ley 333 de 1996, pues esta señala, de manera clara, quién es el competente para conocer.

En efecto, aunque es una acción distinta e independiente de la responsabilidad penal, sin embargo, la declaración de extinción de dominio corresponde a los jueces competentes para conocer de las actuaciones penales. Así mismo, si hay actuaciones penales en curso, la acción no se puede intentar independientemente y si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal (L. 333/96, art. 7º, 10 y 14).

En consecuencia, no hay duda que quien debe conocer de la acción de extinción de dominio es el funcionario judicial competente para adelantar la actuación penal.

Ahora bien, si en el caso que ocupa la atención de la Sala, quien dictó la sentencia que declaró extinguido el dominio fue el Juez Regional de Bogotá y no siendo ya procedente ni oportuno entrar a debatir el lugar de comisión del ilícito, no hay la menor duda que el competente, por razón del factor funcional, para conocer en segunda instancia de la sentencia de extinción de dominio, dictada el 20 de mayo de 1999, es la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá, a la que se le adscribirá la competencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Declarar que el competente para conocer de la apelación de la sentencia de extinción de dominio, dictada el 20 de mayo de 1999 es la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a la que se le remitirá el expediente.

2. Infórmesele lo aquí decidido a las demás Salas trabadas en conflicto.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Eduardo Mejía Escobar—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Hernán Galán Castellanos—Carlos Augusto Galves Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego.

Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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