Sentencia 18660 de septiembre 19 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Ref.: Expediente 18660

Acta 36

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Gabriel Ramón Salas Sénior contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 14 de noviembre de 2001, en el juicio promovido por el recurrente contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca,

I. Antecedentes

El promotor de este proceso pretendió que la demandada fuese condenada al reajuste de la pensión de invalidez, la indemnización por despido sin justa causa y la indemnización moratoria, la indexación y las costas del proceso.

El fundamento de tales pretensiones puede resumirse así:

Laboró al servicio de la demandada desde el 1º de abril de 1977 hasta el 4 de enero de 1994, en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido en el cargo de Supervisor 8017-01 de la División Turbogases Subdirección Generación Planta Termobarranquilla. El día 4 de noviembre de 1992 sufrió un accidente de trabajo que le produjo una paraplejía, sin control de esfínteres, con una incapacidad permanente total del 100%, que lo inhabilita para el desempeño de su labor. Mediante Resolución 735 del 10 de marzo de 1994 se dio por terminado su contrato de trabajo y se le reconoció una pensión mensual de invalidez, equivalente al 100% del último salario devengado, que fue de $944.681,00 mensuales, pero la empresa tuvo en cuenta una suma inferior. El reconocimiento de la pensión de invalidez no está previsto como justa causa de despido, se invocó con posterioridad al mismo y no se le otorgó ningún preaviso. Existió mala fe patronal.

La empresa demandada en la contestación a la demanda aceptó como cierta la ocurrencia del accidente de trabajo y sus consecuencias, los demás hechos los negó o manifestó no constarle. Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de prescripción y carencia de derecho.

Mediante providencia del 20 de febrero de 2001, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla condenó a la empresa demandada a reajustar la pensión de invalidez en cuantía de $185.597.20 a partir del día 5 de enero de 1994, más los reajustes ordenados en las leyes; a cancelarle la suma de $29.946.397.60 por indemnización por despido injusto y la suma de $31.456.30 diarios por concepto de salarios moratorios a partir del día 5 de abril de 1.994 y hasta cuando se efectúe el pago de las acreencias laborales debidas.

II. La sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en sentencia del 14 de noviembre de 2001, revocó la sentencia materia del recurso de alzada y condenó en costas de las dos instancias a la parte demandante.

Consideró el tribunal que la empresa demandada le concedió al actor toda la protección que se requería como consecuencia del accidente de trabajo, es decir las incapacidades al igual que la pensión de invalidez de conformidad con el artículo 32 del Decreto 1848 de 1969, y por lo tanto sería ilógico condenarla ahora por un posible despido injusto. Agregó que se le liquidaron y pagaron las prestaciones a que tenía derecho.

En cuanto al monto de la pensión de invalidez, precisó que de conformidad con la fecha de la estructuración de la misma, las normas aplicables son las contenidas en el Decreto 1848 de 1969 y de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la liquidación de dicha pensión se ajustó al último salario devengado por el demandante al momento del accidente.

III. El recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión interpuso el demandante el recurso de casación aspira que se case totalmente la sentencia, para que convertida esta corporación en sede de instancia se confirme la de primera instancia.

Para tal efecto formuló dos cargos por la causal primera, así:

Primer cargo:

“La sentencia es violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, de las siguientes disposiciones: Ley 62 de 1945 arts. 1º, 11 y 17 D.2127 de 1945 arts. 4º, 47, literal g), 48, 49, 50, 51; Dto. 797 de 1949, art. 1º; Dto. 3135 de 1968, arts. 14, 23, 24; D. 1848 de 1969, arts. 20. 32, 60, 63, 69, 61, 62, 631; Ley 71 de 1988, arts.1º; Ley 100 de 1993, arts. 14; C:. .T., arts. 19, 218, 467, 468, 471, 476; Decreto 2351 1965, art. 7º, literal A), numeral 15 art. 8º de la Ley 153 de 1887, Ley CPL art. 61; CPC, arts. 194 y 197, 1981 2001 como consecuencia de manifiestos errores de hecho en que incurrió el ad quem con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia impugnada y con detrimento de los intereses del trabajador, debido a pruebas erróneamente apreciadas y otras dejadas de apreciar.

Errores evidentes y manifiestos de hecho:

“1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la base salarial para liquidar la pensión de invalidez, ascendió a la suma de $943.639.20 mensuales.

“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario del actor, ascendió a la suma de $753.092.33 mensuales.

“3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada pagó al actor la totalidad de las prestaciones sociales que le adeudaba y especialmente el monto total de la pensión de invalidez.

“4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada liquidó en debida forma la pensión de invalidez al actor.

“5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el actor fue despedido por la demandada, sin justa causa.

“6. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada actuó de mala fe, al liquidar la pensión de invalidez, así como al no reconocer y pagar la indemnización por despido injustificado.

Pruebas apreciadas erróneamente:

a) inspección ocular (fl. 97 y 98).

b) Documento sin firma (fl. 80).

c) Certificación de la demandada sobre tiempo de servicio, cargo y factores salariales. (fl. 86).

e) Demanda (fl. 41 a 44)

f) Resolución 735 (fl. 11)

Pruebas dejadas de apreciar:

a) Convención colectiva de trabajo 1990-1991, art. 1º (fls. 20 a 39)

b) Comunicación del 11 de enero de 1994 suscrita por el jefe de personal de la demandada (fl. 10)

c) Certificación de socio (fl. 40)

d) Liquidación de prestaciones sociales (fi.82 y 83)

e) Contestación de la demanda (fl. 87)

Demostración del cargo:

“Procedo a demostrar el cargo así:

“Hago consistir los cuatro primeros errores, manifiestos, en lo siguiente:

“El ad quem incurrió en el error endilgado, en razón a que apreció erróneamente la inspección ocular, cuya acta reposa a fl. 97 y 98 del expediente y según la cual el señor juez, pudo constatar, de manera directa que el salario del actor, ascendía a la suma de $$943.689,20; pero si no fuera suficiente, inexplicablemente dejó de apreciar la comunicación que aparece a fl.10 del expediente y la copia de la Liquidación de prestaciones sociales (fl. 82 y 83), documentos en los cuales consta, que la asignación mensual del actor, era la suma de $408.477.oo. Si sumamos los $408.477 a los $535.212.27, a que se hace referencia en el documento a fl. 80, resulta como salario la suma de $943.689.20. Es un hecho demostrado dentro del proceso, que el último salario devengado por el actor, fue la suma de $408.477, en diversos documentos y por lo mismo se comete un error grave, cuando se deduce de una copia simple, sin firma, que el sueldo básico del actor era la suma de $221.888.40.

“En la sentencia atacada, se afirma por el ad quem, que la pensión fue liquidada en debida forma y que por lo mismo no se adeuda suma alguna por ese concepto y agrega que al actor se le pagó la totalidad de las prestaciones sociales que le adeudaba y especialmente el monto de la pensión de invalidez. Como quedó evidenciado, no es cierto que la demandada hubiera pagado la totalidad de las prestaciones sociales que se adeudaba al actor.

“Si se hubiera apreciado correctamente la inspección ocular fl. 97 y la documental que reposa a fls.10, 80, 82 y 83, necesariamente habría llegado a las siguientes conclusiones: a) el salario del actor ascendía a la suma de $943.689,20; b) Que la pensión estaba mal liquidada; c) Que se había pagado la pensión de jubilación incompleta y que por lo mismo se adeudaba por concepto de prestaciones sociales;

“El quinto error, lo hago consistir, en que la Resolución 735 de 1994, titulada "Por medio de la cual se ordena el retiro del servicio y se reconoce una pensión de invalidez", a pesar de que señalo el accidente, la incapacidad, en manera alguna ordenó el despido por justa causa del actor. Al contrario, lo que resulta del artículo primero de la resolución, fue el retiro del servicio, a partir del 5 de enero de 1994, sin justa causa, sin motivar siquiera el retiro y lo que es peor aún, el retiro con efecto retroactivo, a partir de una fecha anterior. Una cosa es motivar el reconocimiento de la pensión de jubilación y otra muy diferente motivar el despido del trabajador, argumentación o razonamiento que no existe por ninguna parte. El hecho del retiro, además de aparecer expresado por la demandada, con la liquidación de las cesantías, en el artículo primero de la Resolución 735, es de manera expresa aceptado en la contestación de la demanda, retiro unilateral, que se enmarca dentro de las formas de terminación del contrato de trabajo a que hace referencia el artículo 47, literal g) del Decreto 2127 de 1945. En relación con este artículo es conveniente resaltar, que las formas de terminación del contrato de trabajo, lo son por causa legal literales a) a e); sin justa causa por decisión unilateral de cualquiera de las partes, sin que exista causal ninguna de las expresamente establecidas en la ley; y por justa causa, las cuales a su vez son sin previo aviso y con previo aviso. En el caso que nos ocupa, estamos ante una circunstancia de hecho, consistente en un despido no motivado (se motivó la pensión) y tampoco se concedió el aviso previo que correspondía, si se pretende encuadrar en cualquiera de las causales señaladas en los arts. 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945. Es obvio, que este modo de terminación no se encuentra ubicado en ninguno de los literales a) a e) del artículo 47 y en relación con los artículos 48 y 49 del mismo decreto, en el único numeral que cabria la invocación de una justa causa, es el numeral 5o de este último artículo, norma que al comienzo de la misma, ordena el preaviso, que brilla en este caso por su ausencia. Obviamente que observando la indivisibilidad de la norma.

“A pesar de que no aparece motivación, como tampoco preaviso, no condenó a pagar la indemnización por despido injusto que se regla en la convención colectiva de trabajo, artículo quinto (fl. 27) que tampoco apreció el ad quem.

“Si se hubiera apreciado correctamente la Resolución 735 de 1994 y se hubiera apreciado la contestación de la demanda, la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la convención necesariamente habría concluido en que era imperiosa la condena a pagar al actor la indemnización convencional por despido injusto, en los términos que se regla en dicha convención.

“El último error; lo hago consistir; en que a pesar de la falencia tan grave en la liquidación de la pensión de invalidez y el inexcusable desconocimiento de la indemnización por despido injusto, el ad quem no da por demostrada la mala fe patronal, la que es evidente en el caso que nos ocupa.”(fls. 12 a 15 del cuaderno de la Corte).

Por su parte el opositor sostiene que el tribunal no incurrió en los errores que se endilgan, pues liquidó la pensión con el último salario devengado, y los pagos realizados con posterioridad al accidente no son en esencia salarios. Agrega que el retiro del empleado se debió a que su incapacidad para trabajar superó el término de 180 días, y lo referente al preaviso no fue alegado en el agotamiento de la vía gubernativa.

IV. Consideraciones de la Corte

Los varios errores que se le atribuyen al tribunal se pueden resumir en que no se liquidó su pensión de invalidez con el salario real y que el actor fue despedido sin justa causa.

1. En cuanto al primer punto se fundamentó el ad quem en el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969, que establece que el valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y depende del grado de incapacidad laboral. Agrega que cuando dicha incapacidad sea superior al 95%, su monto será igual al último salario o al último promedio mensual en caso de ser variable.

El valor del último salario lo dedujo de los documentos que aparecen a folios 80 y 86 del expediente. En efecto, en el primero se aprecian dos cuadros con el salario promedio del demandante a la fecha del accidente y a la fecha de retiro, en él figura la cifra de $758.092.38 al momento del infortunio, que fue la tomada por la empresa para liquidar la pensión, lo que el tribunal encontró ajustado a la ley, y de $535.212.27 al momento de la desvinculación. Así mismo, en el folio 86 aparece un certificado expedido por el jefe de personal de la empresa demandada con los mismos valores, por lo que se aprecia fácilmente que no se incurrió en un desatino de valoración.

De otra parte, si bien es cierto que el juzgado dedujo de la inspección judicial un salario promedio de $758.092 al momento del accidente, no es menos verdadero que al tribunal le produjo razonablemente mayor convicción la prueba documental de folios 80 y 86, lo que encuadra dentro de las atribuciones del juez de alzada en punto a valoración probatoria conforme al artículo 61 del CPL y por tanto no se configura un dislate fáctico.

En cuanto al documento sin firma del folio 80 resulta curioso que la censura le niegue valor probatorio en cuanto al primer cuadro donde consta el salario a la fecha del accidente y acepte el segundo para sumar esa cantidad a la que figura en el documento del folio 10, supuestamente no apreciado.

La certificación del folio 86 fue apreciada en su exacto contenido.

El cargo señala como no apreciada la comunicación visible a folio 10 del expediente, donde se consigna como asignación mensual la suma de $408.477, cifra que coincide con el sueldo mensual y con el sueldo básico de la liquidación de prestaciones sociales, visible a folios 82 y 83, tampoco apreciados por el tribunal según la censura. A la cifra expresada le suma el recurrente los $535.212.27 del segundo cuadro del folio 80 —que en un principio había reprochado por considerarla “una copia simple, sin firma”—, para llegar a la suma de $943.689.20.

Si se analiza detenidamente este cuadro se deduce que ciertamente la asignación base salarial era de $408.477, y el valor promedio de los otros factores, concretamente prima de antigüedad, prima de servicios y prima de navidad, fue de $126.735.27. Sumadas esas dos cifras se obtiene el valor de $535.212.27. Por lo tanto, no es posible volver a adicionarle una de las cantidades ya incluida en dicho total.

Por último la crítica de que se comete “un grave error” por haber apreciado el tribunal una copia simple es de estirpe jurídica, ya que no se dirige al contenido del documento sino a los requisitos para que pueda ser apreciado, lo que entraña un examen acerca de su legalidad, y como lo tiene reiteradamente asentado la jurisprudencia ese tipo de cuestionamientos es impropio en la vía de los hechos.

No incurrió, por lo expuesto, el tribunal en los errores relacionados con la cuantía de la pensión de invalidez.

2. Respecto de la existencia o no de una justa causa en el despido, con apoyo en el artículo 32 del Decreto 1848 de 1969 consideró el ad quem que cuando la incapacidad para trabajar ocasionada por enfermedad no profesional, profesional o accidente de trabajo, sobrepase el término de 180 días, el empleado oficial podrá ser retirado del servicio, con fundamento en dicha causal, sin perjuicio de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho, y por ello concluyó que no podía ser sancionada la empresa por un posible despido injusto. 

En el cargo se sostiene que el reconocimiento de la pensión de invalidez no es justa causa de despido y por consiguiente la empresa está obligada a cancelar la indemnización consagrada en la convención colectiva de trabajo, aspecto de estirpe jurídica y por consiguiente no puede ser planteado dentro de un cargo que se formuló por la vía fáctica. 

En consecuencia el cargo no prospera. 

Segundo cargo:

La sentencia es violatoria de la ley sustancial por vía directa, en el concepto de falta de aplicación de las siguientes disposiciones: Constitución Política: arts. 53; Ley 6º de 1945. arts. 1º, 11 y 17; D.2127 de 1945 arts. 4, 47, literal g), 48, 49. 50, 51; D. 797 de 1949, art. 1º: CST, arts. 19, 21, 467, 468, 471. 476, Decreto 2351 de 1965, art. 7, literal A), numeral 15; art. 8º de la Ley 153 de 1887 y la aplicación indebida del Decreto 1848 de 1969 arts. 20,32, 60, 61, 62. 63, en relación con los arts. 23. 24 del Decreto 3135 de 1968.

“No existe controversia alguna en el presente cargo, en relación con la prueba recaudada, quedando reducida la contradicción con la sentencia por la vía directa, de manera exclusiva. Si al actor se le desvinculó, hecho sobre el cual no existe duda ni controversia alguna, lo hizo especialmente con fundamento el artículo 32 del Decreto 1848 de 1968, (sic) reglamentario a su vez de los artículos 23 y 24 del Decreto 3135 de 1968, el cual en manera alguna establece que el reconocimiento de la pensión de jubilación sea justa causa para el despido del trabajador. La aplicación indebida, resulta de bulto, en relación con la pretensión del Tribunal de respaldar jurídicamente el despido realizado por el patrono.

Por tratarse de un trabajador oficial, se hace necesario recurrir a la normatividad que regula la terminación del contrato de trabajo, la cual se encuentra en la Ley 6a de 1945 y en el Decreto 2127 de 1945, a saber y que expondré a continuación:

a) De manera clara y precisa, el art. 47 del Decreto 2127 de 1945, establece los casos en que el contrato de trabajo termina y en el literal g) del mismo artículo, hallamos la terminación por decisión unilateral en los casos de los artículos 16, 48, 49 y 50, o sea los casos en que no se debe pagar indemnización. Mas adelante, en el artículo 51, en desarrollo del artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, se establece, la regla general consistente en que fuera de los casos establecidos en los artículos 16, 47, 48, 49 y 50, la terminación del contrato de trabajo por parte del patrono da derecho al pago de la indemnización por despido injusto, a favor del trabajador. Esta regla nos lleva a examinar los artículos mencionados, a fin de verificar si en los mismos se establece el reconocimiento de la pensión de invalidez, como justa causa para el despido. Pues en la normas que establecen las justas causas, en ninguno de sus numerales se establece como justa causa el reconocimiento de la pensión de invalidez y lo mas cercano que pudríamos encontrar, es el numeral 5, del art. 49, que es la enfermedad del trabajador, por seis meses o más. Este literal tiene a su vez, dos elementos, el primero es que el mismo establece la obligación de pagar las indemnizaciones legales y convencionales y el segundo es el preaviso a que se hace referencia al comienzo del artículo y que no puede ser inferior al periodo que regule los pagos. Si se pretendiera dar aplicación por analogía, el resultado seria el mismo, por cuanto no se puede despedazar la norma y solo aplicar la causal, pero eliminar el preaviso señalado.

A pesar de que era imperativa la aplicación del articulado señalado y que corresponde a la Ley 6ª de 1945 y Decreto 21 27 de 1945 el ad quem no lo aplicó y dio aplicación si a una norma, que en manera alguna establece las justas causas para el despido del asalariado.

Conviene precisar, que además de no existir en la ley, ninguna norma que establezca como justa causa la pensión de invalidez, tampoco se fundamentó el despido en forma debida, llegándose al colmo de generarse un despido con efecto retroactivo.

b) Como si lo anterior fuera poco, y como consecuencia de no aplicar la normatividad señalada, omitió dar aplicación a los artículos 467, 468, 471, 476 y por lo mismo no se reconoció la indemnización establecida en la convención colectiva de trabajo.

c) Como quedó visto, el patrono no se fundamentó para el despido, en ninguna de las normas relacionadas con la terminación de contrato de trabajo y no lo hizo, porque en ninguna parte se establece que sea justa causa para el despido de un trabajador el reconocimiento de la pensión de invalidez; el patrono produjo un despido con efecto retroactivo y a pesar de ello, el Tribunal, de manera inexplicable omitió dar aplicar al art. lo del Decreto 797 de 1949, absolviendo también a la demandada de la indemnización moratoria.” (fls. 15 y 16 del cuaderno de la Corte).

Por su parte el opositor sostiene que el reconocimiento de la pensión de invalidez sí es una causa legal para terminar el contrato de trabajo en forma unilateral por parte del empleador. Agrega que ya no se invoca la falta de preaviso, sino simplemente que no es justa causa, lo que constituye un medio distinto para acudir en casación y que no corresponde a los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales se agotó la vía gubernativa.

V. Consideraciones de la Corte

El aspecto medular del cargo consiste en que de conformidad con la legislación aplicable a los trabajadores oficiales, el reconocimiento de una pensión invalidez no constituye justa causa de despido y que la empresa está obligada a pagar la indemnización establecida en la convención colectiva de trabajo. 

1. Para absolver de la indemnización por despido sin justa causa hizo el fallador de la alzada una exégesis de la preceptiva aplicable, llegando a la conclusión de que cuando la incapacidad se prolonga por más de 180 días la ley exime al patrono de la indemnización cuestionada pero no de las derivadas de la enfermedad.  

En ese orden de ideas el cargo debía confutar el pilar esencial de la providencia recurrida en casación, en el concepto de violación denominado técnicamente interpretación errónea. Sin embargo se limita a acusar de falta de aplicación de normas, algunas de las cuales sí fueron aplicadas, pero sin refutar el soporte del proveído, por lo que no se podría anular. 

2. Si a pesar de ese defecto técnico insubsanable se estudiara el fondo de la acusación, la Corporación de todos modos hallaría lo siguiente: 

Ha adoctrinado la jurisprudencia desde antaño que las causales que permiten a un empleador terminar un contrato laboral tanto en el sector particular como en el oficial tienen un carácter taxativo, ello implica que por fuera de las enlistadas expresamente por el legislador en cada caso, no puede agregarse ninguna otra, ni siquiera por avenimiento de las partes. 

Al contrario de lo sostenido por la censura, en lo atañedero a trabajadores oficiales sí se contempló dentro de las justas causas de terminación del contrato de trabajo con previo aviso en el numeral 5º del artículo 49 del Decreto 2127 de 1.945, la enfermedad del trabajador por seis (6) meses o más, aclarando que el patrono quedaba obligado a satisfacerle todas las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales.

Muy poco tiempo después el artículo 8º del Decreto 2541 de 1945 modificó dicha regulación y erigió entre las justas causas de terminación del vínculo de trabajadores oficiales “La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga el carácter de enfermedad profesional, y cuya curación, según dictamen médico, no sea probable antes de seis meses, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que incapacite para el trabajo por más de seis meses”, mas ese mismo precepto aclaró que “el despido por estas causas no exime al patrono de las respectivas prestaciones o indemnizaciones legales y convencionales”.

No se discute en el sub lite la existencia de los presupuestos fácticos de la causal invocada por la empresa para prescindir de los servicios del trabajador. Si bien ante la presencia de los mismos la ley establece el derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones, no existe duda alguna, al menos para la Corte que se refiere a las derivadas del infortunio o de la enfermedad, pues de ninguna manera se prevé en estos casos que el despido devenga injusto, por el contrario, claramente se encasilla la circunstancia descrita como “justa causa”. No es lógico y sería contradictorio que el legislador simultáneamente le asigne ese carácter y obligue a quien legítimamente hace uso de esa atribución al pago de una indemnización que solo se generaría por un proceder injustificado. Entonces, las indemnizaciones a que se refiere la norma comentada son las que debe pagar el empleador como consecuencia de las secuelas que apareja la patología o el accidente, pero no la indemnización por despido, porque la ley considera justificado el que se efectúa con fundamento en esta causal.

Así sucede también en el sector particular, donde sin perjuicio de las indemnizaciones y prestaciones que obviamente le asisten al trabajador en esos eventos, el numeral 15 del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 califica justa causa de terminación del contrato una circunstancia análoga, desde luego sin perjuicio de que el patrono no quede eximido de pagar las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.

Pero además de lo dicho nótese que el artículo 32 del Decreto 1848 de 1969 en que también se apoyó el juzgador corrobora que cuando la incapacidad para trabajar ocasionada por enfermedad no profesional, profesional y accidente de trabajo sobrepase el término de 180 días, el empleado oficial puede ser retirado del servicio, sin perjuicio de las prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de la enfermedad, siendo indiscutible que ellas fueron cubiertas a cabalidad durante 14 meses por la empleadora. 

Por lo primeramente anotado el cargo se desestima.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el juicio seguido por Gabriel Ramón Salas Sénior contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal.

Magistrados: José Roberto Herrera Vergara—Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Nader—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastás Perugache, secretario