Sentencia 18684 de mayo 20 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobada Acta Nº 56.

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil tres

VISTOS

Decide la Sala la solicitud de sustitución de la detención preventiva por domiciliaria elevada por el procesado Carlos Julio Idrobo Medina, quien actualmente se halla detenido en el Pabellón Especial adscrito al Complejo Penitenciario y Carcelario de Popayán.

Antecedentes

1. El Tribunal Superior de Popayán condenó al doctor Carlos Julio Idrobo Medina a la pena principal de 72 meses de prisión, al hallarlo autor penalmente responsable de la conducta punible prevista en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986.

El proceso se encuentra actualmente en la Corte, surtiéndose el recurso de apelación interpuesto por el procesado contra el fallo de primera instancia.

2. El doctor Idrobo Medina pide que se le conceda la “detención domiciliaria“, mientras se resuelve el recurso de apelación, a lo cual tiene derecho por reunir los requisitos establecidos en los numerales 1º y 2º del artículo 38 del Código Penal. Agrega que durante la actuación estuvo en detención domiciliaria, por el término de 8 meses, de manera que al dictarse la sentencia no se debió ordenar la captura, hasta tanto tal pronunciamiento quedara ejecutoriado.

Por lo anterior, expresa que la detención carcelaria a la que actualmente se encuentra sometido, sin estar ejecutoriada la sentencia, viola su derecho fundamental a la libertad.

Consideraciones de la Corte

Plantea el doctor Carlos Julio Idrobo Medina que al no estar ejecutoriada la sentencia, no debió el tribunal ordenar la captura, motivo por el cual mantiene vigencia la “detención domiciliaria“ que le había sido otorgada durante el trámite de la actuación. No le asiste razón al procesado, por las siguientes razones:

Cuando se profirió el fallo de primera instancia (26 de junio de 2001) regía el Decreto 2700 de 1991. El inciso 2º del artículo 198 de tal estatuto establecía: “Las providencias relativas a la libertad y detención y las que ordenan medidas preventivas, se cumplirán de inmediato.

Si se niega el subrogado de la condena de ejecución condicional, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante el proceso se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención sin excarcelación“.

Interpretando este precepto, la Sala en auto del 10 de marzo de 1999 radicación 12.939, con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, cuyo tenor se integra a esta determinación, expresó:

"1. La regla general es que las decisiones judiciales sólo pueden ejecutarse o cumplirse una vez ejecutoriadas. Es lo que se infiere de la correlación lógica de los artículos 197 y 198 del Código de Procedimiento Penal, el primero referido a la ''ejecutoria de las providencias'', como presupuesto de su ejecución, y el segundo atinente al ''cumplimiento inmediato'' de las determinaciones ''relativas a la libertad y detención y las que ordenan medidas preventivas'', como excepción a la regla. De todas maneras, la relación condicional entre ''ejecutoria'' y ''ejecución o cumplimiento'' es más nítida y directa en la previsión del artículo 334 del Código de Procedimiento Civil.

2. El artículo 198 contiene una cadena de salvedades, cuyo entendimiento cabal sólo puede lograrse si se busca el significado de cada una de sus partes y, sobre todo, si se descubre la relación de las partes entre sí. Por obra del primer inciso de la disposición, se tiene que las decisiones sobre libertad y detención, como excepción a la regla de la exigencia previa de la ejecutoria se cumplirán de inmediato (primer eslabón).

3. Mas si lo que ocurre es que se dicta sentencia condenatoria en primera o segunda instancia (la norma no distingue) y ''se niega el subrogado de la condena de ejecución condicional, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia...''. Es decir en caso de negación del sustituto se hace otra distinción pero para regresar a la regla general de la ejecutoria previa a la ejecución (segundo eslabón).

4. Sin embargo, a continuación se introduce otra limitación dentro del contexto de la ejecución de la captura a que daría lugar la negación del subrogado. La lectura de este inciso segundo del artículo 198 es la siguiente: negado el sustituto, la privación de la libertad sólo podrá ordenarse una vez en firme la sentencia; pero si en el curso del proceso se había dictado medida de aseguramiento de detención sin excarcelación fundado este último matiz en el no cumplimiento del requisito objetivo del subrogado o en las prohibiciones expresas de la respectiva causal de libertad (CPP, arts. 415-1 y 417), la captura podrá ordenarse de inmediato (tercer eslabón). La expresión ''sin excarcelación'' tiene necesariamente que referirse a la que se funda en la anticipación del sustituto penal de la suspensión de la condena como que ese es el tema traído a colación por la primera parte del mencionado inciso 2º, pues según lo recomienda el artículo 30 del Código Civil, ''el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía''.

Esta última salvedad está concebida para la sistemática y fenomenología propias de! proceso penal colombiano en cuya práctica suele ocurrir que en principio, se resuelve la situación jurídica del procesado por medio de medida de aseguramiento de detención sin excarcelación, bien porque la pena presupuestada supera los tres (3) años de prisión ora porque el caso cae en el marco de cualquiera de las prohibiciones previstas en el artículo 417 del Estatuto Procesal Penal. Sin embargo, como hecho posterior o sobreviniente a esa situación jurídica también puede ocurrir que sea necesario ordenar la libertad provisional por causales distintas a la del numeral 1º del artículo 415, sin que ello signifique la desaparición de los presupuestos considerados para negar la excarcelación prevista en dicho precepto. Veamos:

5. Si de acuerdo con un examen anticipado del instructor, el procesado ha cumplido en detención preventiva el tiempo que en su criterio mereciere como pena, la decisión procedente es ordenar la libertad provisional conforme con las previsiones del numeral 2º del artículo 415, pero esta determinación para nada controvierte el examen anterior de que no se cumplirán los requisitos de la excarcelación como consecuencia del subrogado de la condena de ejecución condicional, bien porque la pena aplicable sigue siendo superior a tres (3) años de prisión o porque de todas maneras sigue vigente el presupuesto de cualquiera de las prohibiciones plasmadas en el artículo 417. Así por ejemplo, en un caso de enriquecimiento ilícito (C.P., art. 147), la medida de aseguramiento procedente es la detención preventiva sin excarcelación (CPP, arts. 397-3 y 417-4), pero puede ser que el fiscal establezca que el sindicado ha cumplido en detención preventiva el tiempo que en su estimación merecería como pena (2 años), evento en el cual deberá ordenar la libertad provisional conforme con el numeral 2º del artículo 415; pero, llegado el momento de la sentencia, que es cuando se mide propiamente la sanción, el juez la fija en 37 meses de prisión, consecuentemente le niega el subrogado (pena superior a 3 años de prisión), y de una vez puede ordenar la captura de quien estaba en libertad provisional por causal distinta, pues la excarcelación por presunta pena cumplida nada tiene que ver con las condiciones legales antes tenidas en cuenta para negar el mismo beneficio por prohibición expresa del artículo 417. Por el contrario, la declaración final que se hace en la sentencia, en el sentido de que el monto de la pena es superior al que anticipadamente había calculado el fiscal para reconocer la excarcelación y que por ende no procede el subrogado, tiene el mérito de desvirtuar el examen provisional del instructor y actualiza la anterior negación de libertad con base en el sustituto, que como tal deberá cumplirse de inmediato y no esperar la ejecutoria del fallo.

6. En un caso de homicidio, por ejemplo, en el curso de la instrucción se dicta medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación por la claridad de que la pena imponible sería superior a tres (3) años de prisión y, por ende, desborda el requisito objetivo de la condena de ejecución condicional (CPP, art. 415-1). Pero en la sentencia, como hecho procesal posterior; se le absuelve y, consecuentemente, se ordena su libertad provisional, no porque ahora su situación se ajusta a la exigencia cuantitativa del subrogado, sino por el potísimo supuesto de la absolución en primera instancia (art. 415-3). De modo que, si el juez de segunda instancia revoca el fallo absolutorio, provee por medio de una condena y niega el subrogado, la excepción normativa en comento indica que de inmediato debe ejecutarse la captura, sencillamente porque regresada la sentencia absolutoria desaparece el presupuesto de la causal de libertad provisional y de una vez cobra renovado vigor la precedente detención sin excarcelación adoptada de cara a los requisitos de la condena de ejecución condicional.

Es que la libertad obtenida con motivo de una absolución no se signa de ''provisional'' simplemente por la opción de que se convierta en ''definitiva'' una vez ejecutoriado el fallo, pues ello comportaría absurdamente que la decisión de primera instancia necesariamente será confirmada, sino que también tiene ese matiz por la posibilidad alternativa de que dicha sentencia se revoque, se adopte opa de sentido condenatorio, se niegue el subrogado y, por ende, deba desaparecer la excarcelación.

7. Igual situación ocurre en los casos de excarcelación por vencimiento de términos sin iniciar la audiencia pública (num. 5º), o por el reconocimiento de un exceso en las causales de justificación (num. 6º), o por indemnización o restitución en los procesos por delitos contra el patrimonio económico o peculado (nums. 7º y 8º), pues, llegada la oportunidad de una sentencia de condena, habida cuenta que la situación de libertad ya debe regirse por la condena de ejecución condicional (CPP, art. 180-9), desaparecen las circunstancias procesales idóneas para mantener aquellas situaciones de liberación provisional y, si es que se niega el subrogado, ganaría actualidad la anterior decisión de detención sin excarcelación por el mismo motivo, si es que existe".

Es así como, se reitera, el entendimiento del inciso segundo del artículo 198 es como sigue: negado el subrogado de la condena de ejecución condicional, la privación de la libertad sólo podrá ordenarse una vez en firme la sentencia. Pero, si en el curso del proceso se había dictado medida de aseguramiento de detención sin excarcelación, fundado este último aspecto en el no cumplimiento del requisito objetivo del subrogado o en las prohibiciones expresas de la respectiva causal de libertad, la captura podrá ordenarse de inmediato. La expresión "sin excarcelación" tiene necesariamente que referirse a la que se funda en la anticipación del sustituto penal de la suspensión de la condena, como que ese es el tema traído a colación por la primera parte del mencionado inciso 2º.

De la misma manera se presenta en los casos de libertad provisional por otro motivo diferente al de la condena de ejecución condicional, por ejemplo por vencimiento de términos sin iniciar la audiencia pública, toda vez que llegada la oportunidad de dictar fallo de primera, segunda o única instancia la situación de libertad debe regirse por el subrogado desapareciendo así las circunstancias procesales para mantener las situaciones de excarcelación y, si se niega la condena de ejecución condicional, recobra vigencia la anterior decisión de detención preventiva sin excarcelación, si es que existe.

En este caso, como el tribunal negó el subrogado de la condena de ejecución condicional y contra el procesado se había dictado medida de aseguramiento de detención preventiva, sin excarcelación, la negación del subrogado en la sentencia generaba efecto inmediato así se le hubiere otorgado libertad provisional por vencimiento de términos sin iniciar la audiencia pública y, por consiguiente, si podía el a quo impartir orden de captura sin esperar la ejecutoria del fallo.

En consecuencia, la restricción de la libertad del doctor Idrobo Medina se ha sujetado a las previsiones establecidas por la ley. Y como no se requería, se insiste, la ejecutoria de la sentencia para hacer efectiva la detención sin excarcelación, de la misma manera resultaba improcedente la detención domiciliaria, como así lo señaló el tribunal en el fallo de primera instancia, tal situación no puede la Sala en principio entrar a desconocer como lo pretende el procesado a través de una solicitud como la formulada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR al doctor Carlos Julio Idrobo Medina la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

______________________________