Sentencia 18711 de septiembre 28 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PORTE DE ARMA DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS

SU JUZGAMIENTO CORRESPONDE AL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

Aprobado Acta 147

Bogotá, D.C., septiembre veintiocho de dos mil uno.

VISTOS

Resuelve la Corte la colisión negativa de competencias surgida entre el juzgado 4º Penal del Circuito Especializado y el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá, para el conocimiento de la causa adelantada contra Ricardo Ángel Patiño Galindo, Luis Gerardo Forero Sánchez y Aristides de Jesús Montoya.

Antecedentes

1. Contra Ricardo Ángel Patiño Galindo, Luis Gerardo Forero Sánchez y Aristides de Jesús Montoya, se adelanta proceso penal, a raíz de los siguiente hechos, reseñados en la resolución del 12 de junio de 2000, por medio de la cual un fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá resolvió su situación jurídica. 

“Se comenta dentro del expediente que a la policía el día siete del presente mes y año, se hizo una llamada por parte de un ciudadano, donde se denunciaba la presencia sospechosa de un vehículo y sus ocupantes en el sector de la avenida del ferrocarril con octava, más concretamente cerca de donde funciona una empresa de vigilancia, llamada que fue atendida inmediatamente, despachando una patrulla hasta el lugar indicado con el fin de analizar, confirmar o desvirtuar la noticia. Al llegar al sitio, lo primero que se logró fue la ubicación del automotor, el cual en ese momento fue identificado con placas ZIR 874 marca Daewoo, color gris, del cual la policía observó que descendieron dos hombres, los cuales se dirigieron efectivamente hacia un inmueble donde funcionaba una empresa de vigilancia, los secretos detectaron que intentaban abrir una reja y al actuar fueron recibidos con disparos de arma de fuego e igualmente el vehículo huyó haciendo tiros contra los uniformados, situación que ameritó su captura, encontrando que los dos portaban y usaron armas de fuego, siendo identificados como Aristides de Jesús Montoya, a quien se le decomisó una escopeta marca Franchi, calibre 12 con una vainilla y tres cartuchos, celular, unos guantes en el bolsillo de su chaqueta; a Luis Gerardo Forero se le decomiso una pistola disparada marca Walter, calibre 7.65, dos proveedores y 13 cartuchos para la misma, celular, cinta para enmascarar. Como la patrulla se dividió en dos secciones una se ocupó de los que se bajaron del vehículo y la otra se dedicó a seguirlo, el cual fue interceptado pocos metros adelante del inmueble, donde se movilizaba el señor Ricardo Ángel Patiño, a quien se le encontró una subametralladora mini-uzi, calibre 9 mm. con tres proveedores y 45 cartuchos para la misma ...”.

2. En el curso de la fase instructiva, los procesados decidieron acogerse a la figura de la sentencia anticipada, para lo cual suscribieron la diligencia del caso, en la que aceptaron su responsabilidad en la comisión de los delitos de hurto en el grado de tentativa, falsedad en documento público, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y de defensa personal (fls. 262 y 288 del cdno. ppal.).

Por este motivo, llegaron las diligencias al Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, con el objeto de que se dictara sentencia de conformidad con los cargos aceptados.

3. Mediante decisión del pasado 14 de agosto, el citado despacho judicial decidió no avocar su conocimiento, por cuanto estimó que de conformidad con el numeral 5º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 (nuevo CPP), la competencia para el juzgamiento de los delitos de fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares (C.P., art. 366) compete a los jueces penales del circuito y no a los especializados.

Fundamenta su argumento, en que a pesar del “nomen iuris” contemplado en los artículos 365 y 366 del Código Penal se trata de una descripción normativa que contiene múltiples verbos rectores alternativos como “importar”, “traficar”, “fabricar”, “transportar”, “almacenar”, “distribuir”, “vender”, “suministrar”, “reparar” y “portar”, que son diferentes e independientes, lo que se “erige como tipo penal autónomo”.

Por ello, de todos estos delitos, el legislador solamente escogió, dice, el de traficar y fabricar armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, como de competencia de los jueces especializados, separando los demás comportamientos, cuya competencia dejó señalada por “elocuente” exclusión de conformidad con el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, al juez penal del circuito.

En estas condiciones, como el cargo formulado por la fiscalía se refiere al porte de armas, que no es otra cosa que “tener consigo”, colige que la competencia no radica en su despacho, al no ser una actividad de fabricación ni de tráfico, motivo por el cual, invocando el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, decide remitir el proceso a los jueces penales del circuito de Bogotá, proponiendo colisión negativa de competencias, en caso de que no se acepten sus razones:

4. El juzgado 54 penal del circuito, al que correspondieron las diligencias, mediante auto del 29 de agosto siguiente, acepta el conflicto, pues estima que no le asiste razón al juez 4º especializado, por cuanto el artículo 5º transitorio, eje central de la discusión, es una norma de carácter especial, habiéndose manifestado, desde los decretos 3664 de 1986 y el 2535 de 1993, la voluntad legisladora de otorgar a los jueces especializados la competencia para el conocimiento de ciertos comportamientos que atentan especialmente contra el orden público y el bienestar de la comunidad.

El legislador, concluye el juez, no se refiere a verbos rectores:

“... sino a las conductas que envuelven peligro común, y por ello cuando en el artículo 5º de las normas transitorias hace alusión a las conductas, no lo está haciendo de manera discriminatoria, sino que por el contrario lo hace como especialidad, de lo contrario estaría dejando verbos rectores por fuera del nomen juris, cosa que no es así, porque la descripción es una sola y el querer darle una denominación al título de la norma es otra, ...”.

Por estos motivos, acepta la colisión propuesta y decide enviar el proceso a esta corporación.

La Corte considera

1. No obstante que la colisión negativa de competencias se suscitó entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado 54 Penal del Circuito de esta misma ciudad, ambos pertenecientes al mismo distrito judicial, resulta claro que corresponde a esta colegiatura resolverlo, teniendo en cuenta lo dispuesto en inciso 2º del artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000)

2. Para una adecuada solución del conflicto es preciso, ante todo, tener en cuenta que ninguno de los funcionarios colisionantes le da un entendimiento acertado al numeral 5º del artículo 5º transitorio de la Ley 600 de 2000.

Dice la citada disposición:

“ART. 5º—Competencia de los jueces penales del circuito especializados. Los jueces penales del circuito especializados conocen, en primera instancia:

“5. De los delitos de fabricación y tráfico de municiones o explosivos (C.P., art. 365); fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C.P., art. 366).

En efecto, el juez especializado estima que de los varios modelos de comportamiento contemplados en el artículo 366 del Código Penal, el legislador sólo escogió los de fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, para atribuir su conocimiento a los jueces especializados, esto es, que las demás conductas contenidas en dicho precepto, como la importación, reparación, conservación, porte, etc, son de competencia del juez del circuito.

Por su parte, el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá considera que bastaba que la norma se refiriera a la fabricación y tráfico y señalara el artículo del Código Penal, para entender que quedan involucradas todas las conductas contempladas en el artículo 366, citado, es decir, que de todas ellas, incluido el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, conoce el juez penal del circuito especializado.

3. Si se aceptara que el mentado numeral 5º del artículo 5º transitorio quiso comprender todos los comportamiento señalados en los artículos 365 y 366 del Código Penal (1) no se entendería por qué no mencionó todo el nombre dado a esas normas, a saber: “fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones” y “fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas”, respectivamente, sino que el término “porte” fue suprimido.

(1) Dice el artículo 365: “Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos incurrirá en ...”.

El 366, ibídem. “Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incurrirá en...“.

Además, tampoco se entendería que actos contra la seguridad pública de menor gravedad, como el porte de armas de defensa personal, cuyo conocimiento siempre se ha asignado a los jueces comunes del circuito (D. 2700/91, art. 71.4, L. 81/93, art. 9º y L. 504/99, art. 5.5), pasen a ser de competencia de los jueces especializados, sin ninguna razón que lo justifique.

Por otra parte, basta leer en su integridad el mentado artículo 5º para percatarse que cuando el legislador quiso que de todas las conductas o delitos comprendidos en un solo precepto, conociera el juez penal del circuito especializado, así lo expresó, tal como aparece en los numerales 8º, 9º, 10 y 11, en los que se indica que conocerá “de los delitos señalados en el artículo ... del Código Penal”.

Sin embargo, tampoco resulta acertado aseverar, como lo hace el juez especializado, que de todos los comportamientos sólo se le asignó el conocimiento de la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones, pues es tendría que colegir que conductas tan graves como esas, como son las de importación, conservación, suministro, etc., no serían de competencia de los jueces de circuito especializados, creados, precisamente, para juzgar comportamientos de particular gravedad.

4. Una atenta lectura de la manera como fueron titulados los artículos 365 y 366, en los que, según transcripción ya hecha, se incluye no sólo la fabricación y el tráfico, sino el “porte” y del numeral 5º del artículo 5º transitorio, tantas veces mencionado, en el que no se incluye el porte, con relación a ninguna de las dos normas citadas, ni la fabricación y tráfico de armas de defensa personal, de que trata el artículo 365, lleva a concluir que de los comportamientos a que se refiere esta última disposición, no son del conocimiento del juez especializado el porte de armas de fuego de defensa personal, el porte de municiones (para armas de fuego de defensa personal), ni el de explosivos, ni la fabricación ni el tráfico de armas de fuego de defensa personal; y que de las conductas señaladas en el 366, no son de conocimiento del juez especializado, el porte de armas de fuego y de municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, de las conductas contempladas en el transcrito artículo 365, son de competencia del juez penal del circuito especializado, la fabricación y tráfico de municiones (de armas de defensa personal) y de explosivos, entendida en la expresión “tráfico”, la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta, el suministro y la reparación. Y son de competencia del juez de circuito, el porte de municiones (para armas de defensa personal), de explosivos y de armas de fuego de defensa personal, así como la fabricación y el tráfico de esta última clase de armas, entendida en la expresión “tráfico”, la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta, el suministro y la reparación.

De las conductas a que se refiere el artículo 366, ibídem, son de competencia del juez penal del circuito especializado, la fabricación y el tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares y de municiones para las mismas, entendiendo en la expresión “tráfico”, la importación, la reparación, el almacenamiento, la conservación, la adquisición y el suministro.

Y son de competencia del juez del circuito, el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de municiones para las mismas.

En síntesis son de conocimiento del juez penal del circuito:

1. El porte de armas de fuego de defensa personal.

2. El porte de municiones de armas de fuego de defensa personal.

3. El porte de explosivos.

4. La fabricación y tráfico de armas de fuego de defensa personal.

5. El porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

6. El porte de municiones para armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Son de conocimiento del juez penal del circuito especializado:

1. La fabricación y tráfico de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

2. La fabricación y tráfico de municiones para armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

3. La fabricación y tráfico de municiones para armas de fuego de defensa personal.

4. La fabricación y tráfico de explosivos.

Como en este caso se imputó a los procesados el porte de un arma de uso privativo de las Fuerzas Armadas, la competencia le corresponde al Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para conocer del presente proceso adelantado contra Ricardo Ángel Patiño Galindo, Luis Gerardo Forero Sánchez y Aristides de Jesús Montoya corresponde al Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá. Por lo tanto, remítasele el expediente.

2. Por Secretaría de la Sala, infórmese Lo decidido al Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Eduardo Mejía Escobar—Fernando Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Herman Galán Castellanos—Carlos Augusto Galvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria

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