Sentencia 18725 de junio 5 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación 520012331000199900235-01 (18.725)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Giovanni Leoni Cabezas Mesías y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército

Asunto: Acción de reparación directa (apelación)

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en el cual se negó la responsabilidad patrimonial de la demandada por los daños que sufrieron como consecuencia de las lesiones psíquicas padecidas por el señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías.

Se anticipa que la decisión adoptada por el a quo sobre la ausencia de responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada habrá de confirmarse, por considerar que el daño sufrido por los demandantes no es imputable a la demandada, porque esta no incurrió en falla del servicio.

2. El daño sufrido por los demandantes.

2.1. Está demostrado en el proceso que el señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías ingresó al Hospital “San Rafael” de la ciudad de Pasto, Nariño, el 22 de abril de 1996, por presentar un cuadro de “epigastralgia”, acompañado de cefalea, vómito, pérdida del conocimiento, con actitud perpleja, desorientado, confuso, incogruente y juicio alterado, por lo que fue remitido el 24 de abril de 1996 al Hospital Psiquiátrico “San Rafael” de la cuidad de Pasto, donde asistió a control hasta el 11 de mayo de 1999. Así consta en la historia clínica 28939 que se le siguió en el Hospital Psiquiátrico de San Rafael [fls. 50 a 67, cdno. 1, copia auténtica].

2.2. En la calificación de la pérdida de la capacidad laboral practicada por la junta médico laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército el 6 de mayo de 1997 [fls. 91 a 93, cdno. 1, copia auténtica], se le fijó una pérdida de la capacidad laboral del 95%, por las siguientes causas:

“(...) A. Diagnóstico positivo de lesiones o afecciones.

“Trastorno de stress traumático y trastorno bordeline de personalidad.

“B. Clasificación de las lesiones o afecciones y clasificación de capacidad sicofísico para el servicio.

“Le determina incapacidad absoluta y permanente.

“(...).

“D. Imputabilidad del servicio.

“Afección diagnosticada en el servicio pero no por causa ni razón del mismo”.

1.3.(sic) Las lesiones que sufrió el señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías le causaron daños al propio lesionado, a sus padres y a sus hermanos quienes demostraron tales calidades a través de prueba documental y testimonial.

En efecto, está acreditado el vínculo que une al señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías con los demandantes, así: (i) las señoras Jackeline, Dolly Jannet, Doris Maricela y Mercis Yurani Cabezas Mesías demostraron ser sus hermanas, según consta en los certificados de los registros civiles de nacimiento del lesionado y de estas [fls. 13 a 17, cdno. 1], y (ii) los señores Germán Cabezas y Lourdes Miriam Mesías Ordoñez demostraron ser los padres de aquel, porque así consta en el registro civil de su nacimiento [fl. 15, cdno. 1].

La prueba de las lesiones padecidas por el señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías, así como la demostración del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad entre el lesionado y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que tanto él como sus parientes más cercanos sufrieron con las lesiones psíquicas que él padece.

Perjuicio que, en el caso concreto aparece además demostrado con los testimonios rendidos ante el Juez Primero Civil del Circuito de Tumaco a solicitud del a quo, por los señores José Wilson Quiñones Montaño, Guillermo Sánchez, Amelia Cortés y Rosaura Carolina Ruiz Quiñónez, quienes aseguraron que las lesiones sufridas por el señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías causaron mucho dolor a toda su familia por los fuertes lazos que los unen [fls. 28 a 31, cdno. 1].

3. La imputación del daño al Estado.

3.1. Cabe precisar que en el análisis del caso concreto se tendrán en cuenta los documentos traídos al proceso así como la prueba documental trasladada del informativo prestacional remitido al proceso por el jefe de división del archivo general del Ministerio de Defensa [fls. 94 a 107, cdno. 1], en copia auténtica, dado que en relación con estos se surtió el principio de contradicción, por cuanto han estado dentro de este proceso a disposición de la parte contra la cual se oponen, sin que le hayan merecido réplica alguna.

Con fundamento en las pruebas valorables se acreditó que para el 22 de abril de 1996, el señor Giovanni Leoni Cabezas Mesías era soldado voluntario del Ejército Nacional perteneciente al Batallón 31 “Sebastián de Belalcazar” y que fue remitido al Hospital San Rafael de Pasto al presentar trastornos de personalidad. Así se señala en la constancia de 15 de mayo de 1997 suscrita por la jefe de personal del departamento E.1 del Comando del Ejército Nacional [fl. 99, cdno. 1, copia auténtica] y en la historia clínica 28939 realizada por el hospital ya referido [fls. 50 a 67, cdno. 1, copia auténtica].

Según dicha constancia el soldado Cabezas ingresó al ejército en el año de 1993 a prestar su servicio militar obligatorio, en el año de 1995 se vinculó como soldado voluntario y fue dado de baja en el año de 1997, por incapacidad absoluta y permanente. El contenido de la constancia, es el siguiente:

“El señor VL. Giovanni Leoni Cabezas Mesías (...) fue soldado del ejército en el 02 contintente(sic) de 1993 e ingresó como soldado voluntario mediante OAPCE 001060 del 030495 en el B.C/Guerri#31 con novedad fiscal 010495 y fue dado de baja por incapacidad absoluta y permanente mediante OAPCE 001026 del 310397 (...) con 3 meses de alta (...) tiempo prestado a las fuerzas militares de dos —02— años hasta 01 abril de 1997”.

Conforme la historia clínica el soldado Cabezas asistió a controles psiquiátricos en el Hospital “San Rafael” por presentar crisis disociativas y síndromes de stress post-traumáticos y de personalidad borderline, evolucionando satisfactoriamente durante el tiempo en que estuvo bajo control a pesar de faltar a las citas programadas por tiempos muy largos.

Mediante el Acta 1871 de la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional [fls. 101 a 103, cdno. 1, copia auténtica] se le diagnosticó al señor Cabezas “trastorno de stress traumático y trastorno borderline de personalidad” razón por la cual se le otorgó una disminución de la capacidad laboral del 95%. Cabe precisar que en dicha acta se consignó que la afección padecida había sido diagnosticada durante la prestación del servicio pero “no por causa ni razón del mismo”.

A pesar de estar demostrado el daño sufrido por el soldado Giovanni Leoni Cabezas Mesías, en el sub lite, no se aportaron pruebas tendientes a acreditar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones psíquicas, ni de que estas se causaron por una falla del servicio de la administración. Solo está demostrado que el ex soldado voluntario sufrió una disminución del 95% de su capacidad laboral por presentar trastornos de stress y de personalidad, sin que se haya demostrado y sea posible afirmar que dichos trastornos se hayan producido con ocasión de una falla en la prestación del servicio.

En efecto, a pesar de que la parte actora alega la salubridad mental previa del soldado voluntario, dicha presanidad solo muestra que los trastornos mentales los adquirió o evidenció durante la prestación del servicio pero no que este haya sido la causa eficiente de la enfermedad, ni mucho menos que lo haya sido una falla atribuible a la demandada.

3.2. Se precisa en este aspecto que en relación con los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que estos deben soportar los daños que sufran como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y solo habrá lugar a la reparación, por vía de la acción de reparación directa, cuando dichos daños se hayan producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima sea causado con arma de dotación oficial, evento en el cual se aplica el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo. En todo caso, el funcionario quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait) (1) .

Así, la Sala ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la fuerza pública a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

Además, ha aclarado la Sala que en relación con los agentes de la Policía, militares o miembros armados del DAS, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado” (2) y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado de proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado responde por los daños que estos puedan llegar a sufrir.

Cabe recordar que en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, ha considerado la Sala que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente del que se aplica frente a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS (3) porque el sometimiento de aquellos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social” (4) , para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (5) .

Por eso, desde tiempo atrás la jurisprudencia ha considerado que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares (6) , criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar.

3.3. En el sub examine y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, no hay lugar a concluir la responsabilidad de la entidad demandada por las lesiones sufridas por el joven Cabezas Mesías, dado que no se demostró que las mismas las adquirió mientras prestaba el servicio militar obligatorio y en un hecho ocurrido por causa y en razón del mismo, por cuanto dicho servicio lo culminó en el año de 1993 e ingresó como soldado voluntario al Ejército Nacional en el año de 1995.

Tampoco se demostró dentro del plenario que durante el desarrollo de la actividad del señor Cabezas como soldado del Ejército Nacional y miembro de un grupo de contraguerrilla, se le haya obligado a asumir una carga superior que llevara implícita el rompimiento del principio de igualdad respecto de sus compañeros y que por ese hecho haya adquirido los trastornos que en la actualidad padece máxime cuando en la evaluación realizada por la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional se consignó que las afecciones padecidas por el señor Cabezas no las adquirió por causa ni en razón del servicio.

Por lo demás, no obra ningún medio de prueba que permita acreditar las circunstancias de hecho en las que se produjeron las lesiones psíquicas del señor Cabezas Mesías, y a pesar de que los actores en los diferentes escritos allegados al proceso afirman que la presanidad del soldado Cabezas antes de ingresar al Ejército Nacional demuestra la falla del servicio, no obra en el plenario ninguna prueba documental o cualquier medio de convicción que sirvan para acreditar los aspectos fácticos imputados en la demanda máxime cuando dicha presanidad mental no implica que haya adquirido los trastornos mentales como consecuencia de falla en la prestación del servicio.

Así las cosas, es obligada inferencia de lo que se viene considerando, que ninguna de las piezas probatorias obrantes en el proceso (que son solamente las copias de los registros civiles de nacimiento, el informativo prestacional, la historia clínica, el acta de la junta médica laboral del Ejército y los testimonios de algunos vecinos del ex soldado), permiten establecer las circunstancias de hecho en las que se produjo las lesiones síquicas de Giovanni Leoni Cabezas Mesías, como tampoco apuntan acreditar la falla en el servicio, razón por la cual no se configuran los presupuestos fundamentales para determinar la responsabilidad de la administración.

Es importante reiterar que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (7) , la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un daño incumbe al actor. Carga de la prueba sustentada, como ha precisado la Sala (8) , en el principio de autoresponsabilidad (9) de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable (10) . En efecto, a juicio de la jurisprudencia de esta sección:

“Si bien el derecho procesal tiene la finalidad de ‘servir de instrumento necesario para la concreción y efectividad de las normas sustanciales’ (11) , la Constitución de 1991 ‘lo elevó a rango constitucional en su artículo 228, pues son las normas procesales probatorias de una especial relevancia ya que tal como se repite desde siempre y concreta el aforismo romano ‘Ideen est non esse aut non probari, igual a no probar es carecer del derecho, pues de poco sirve ser titular de una determinada relación jurídica u ostentar una precisa calidad de tal orden, si en caso de que se pretenda desconocer o discutir o sea necesario evidenciarla, no estamos en capacidad de acreditar esa titularidad ante quien nos la requiere, en cuestiones públicas o privadas” (12) .

“Es así como una de las reglas técnicas del derecho probatorio es la de la carga de la prueba, la cual parte del supuesto de que ‘son los sujetos de derecho que intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y por eso que a su iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de manera primordial. (...) El concepto de carga de la prueba es central para entender el por qué de ciertas decisiones judiciales, pues en aquellos eventos donde la ausencia de pruebas se presenta, no puede el juez abstenerse de decidir y es así como se supone un fallo en contra de quien tenía radicada la carga de la prueba” (13) . Es evidente que nadie mejor que el interesado para conocer los medios de prueba que deben emplear, con el fin de demostrar los hechos en que están fundamentando sus pretensiones” (14) .

En el caso sub lite, los actores debían acreditar las imputaciones consignadas en su escrito de demanda y no lo hicieron, luego incumplieron la carga probatoria a su cargo, en consecuencia la Sala confirmará la decisión adoptada por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 6 de junio de 2000.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Ver, entre muchas otras, por ejemplo, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.799; de 12 de febrero de 2004, Exp. 14.636 y de 14 de julio de 2005, Exp. 15.544.

(2) En sentencia de 3 de abril de 1997, Exp. 11.187. “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. Entratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

(3) Ha dicho la Sala que “quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y solo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)”. Al respecto, ver por ejemplo, sentencia expediente radicado al número 12.799.

(4) Sentencia de la Corte Constitucional T-250 del 30 de junio de 1993.

(5) Artículo 216 de la Constitución Política.

(6) Sentencias de 3 de marzo de 1989, Exp. 5290 y del 25 de octubre de 1991, Exp. 6465, entre otras.

(7) “(...) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (fl. 518 proceso disciplinario).

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de abril 16 de 2007, Rad. AP-44001-23-31-000-2005-00483-01, Actor: Carmen Alicia Barliza Rosado y otros. Demandado: Ministerio de Desarrollo Económico y Otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) Parra Quijano, Jairo. Manual de derecho probatorio. Librería Ediciones del Profesional, 2004, pág. 242.

(10) Betancur Jaramillo, Carlos. De la prueba judicial. Ed. Dike, 1982, pág. 147.

(11) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Pruebas. Tomo III, Dupre Editores, Bogotá D.C., pág 15”.

(12) “Ibídem”.

(13) “Op. cit. pág. 26”.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de marzo de 2004, radicación: 44001-23-31-000-2003-0166-01 (AP), C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

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