Sentencia 18732 de octubre 9 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 153

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte.

Por tratarse del cambio de radicación del proceso en cuestión, a un distrito judicial diferente a aquel donde se lleva a cabo el correspondiente juzgamiento, la Corte por virtud de lo estatuido en el artículo 75-8 del actual Código de Procedimiento Penal Ley 600 de 2000 es competente para pronunciarse sobre la invocación aquí hecha.

Ahora bien, temas como el planteado por los libelistas en su escrito, en el que se asegura no requerir de demostración, por configurar un hecho notorio, las circunstancias que se aducen como motivos para el cambio de radicación impetrado, lo tiene suficientemente definido la Sala, entre otros pronunciamientos, el realizado el 23 de julio pasado, radicado 18.419, con ponencia de quien aquí cumple idéntico cometido. Allí se dijo:

“El instituto consagrado en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal que excepciona el principio general en virtud del cual el funcionario judicial competente para conocer de un asunto, es el del lugar en donde se perpetró el hecho —competencia territorial—, ha dicho reiteradamente la Corte, autoriza el cambio de radicación de un proceso cuando en razón de circunstancias sobrevinientes puedan resultar afectados el orden público, la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, y la seguridad del procesado o su integridad personal.

“No obstante, la solicitud debe ser motivada y a ella han de acompañarse las pruebas en que se funda, reza el artículo 85 ibídem —hoy artículo 87 de la Ley 600 de 2000, se aclara—, carga procesal cuyo cumplimiento no puede ser soslayado por el postulante y que la Corte mal puede suplir, como quiera que es la propia ley la que le asigna esa obligación de acreditación de los supuestos en que aquélla se finca.

“En el asunto a examen de la Sala, la aspiración de la libelista está llamada al fracaso, puesto que si la remoción del proceso tiene por finalidad contrarrestar factores externos de perturbación en el ejercicio de la actividad judicial, como lo tiene dicho la Sala, la orfandad probatoria que rodea la presentación de los argumentos de la petición fiscal, impide que la Corte sopese la verdadera magnitud de las condiciones de inseguridad y de afectación del orden público argüídas, desconociéndose si dichas circunstancias se derivan de la situación generalizada de deterioro del orden público que agobia al territorio nacional o ellas provienen y tienen relación vinculante con los hechos objeto de juzgamiento (...)”.

En el citado proveído, igualmente se trajo a colación lo dicho por la Corte en relación con esta materia en auto del 23 de octubre de 1997, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

“Para una interpretación razonable de los motivos de orden público a los que se refiere el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, la Corte entiende que ha de establecerse una razón vinculante entre el proceso que ahora se adelanta en (...) y algunas manifestaciones específicas de perturbación, zozobra e inseguridad producidas por los hechos a los cuales se concreta aquél. Si las dificultades de la actividad judicial se vinculan genéricamente con el deteriorado orden público reinante en la región, bastaría determinar que el departamento de (...) fue declarado zona especial de orden público, y de una vez se paralizaría la administración de justicia en dicha entidad territorial, porque todos los procesos tendrían que cambiar de radicación por el generalizado entorpecimiento de la convivencia en paz, absurdo tan intolerante como saber que, si bien la justicia no es la responsable del manejo del orden público, su ausencia, y ahora su huída, inocultablemente contribuyen a acentuar, el deterioro de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Las circunstancias que afectan la imparcialidad o independencia de la administración de justicia, como motivo de cambio de radicación, han de ser generalizadas por la fuerza conmovedora misma del hecho investigado o por una manifestación previa y colectiva de los encargados de la justicia, de tal manera que resultaría palpable el prejuicio de todos los funcionarios judiciales de una misma población o región. De ese modo, el motivo de afectación de la imparcialidad e independencia de ciertos funcionarios judiciales, como causa individualizable y no extendida en el municipio o zona, no puede ser objeto de discusión para el cambio de radicación, pues se trata más bien de una razón válida para tratar de purificar el órgano judicial por la vía de los impedimentos y recusaciones (...)”.

Es que si de la seguridad personal de los procesados se trata, amén de corresponderle al Estado velar por ella a través de los organismos competentes, por parte alguna aparece acreditado el nexo de casualidad entre las muertes que dicen se han perpetrado respecto de prestantes funcionarios municipales, con la situación particular que cada uno de aquellos afronta en razón de ese diligenciamiento. De la real situación de riesgo por las supuestas amenazas lanzadas que era menester demostrar, ni siquiera prueba sumaria se aporta, las cuales deben predicarse para poder acceder a la medida —resulta necesario precisarlo— en relación con los propios implicados y no respecto de su familia o del abogado.

Como quiera que en contravía de lo dispuesto en el artículo 87 del nuevo Código de Procedimiento Penal, la orfandad probatoria acerca de los fundamentos fácticos en que se fincan los asertos de los solicitantes es total, afirmaciones que por estar ayunas de demostración, se repite, no pasan de ser simples conjeturas o especulaciones infundadas, la petición de cambio de radicación en razón del presente asunto ha de ser despachada negativamente.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR el cambio de radicación solicitado por Salvador Hernández Teherán y Obeida Perea Perlaza, en asocio del defensor de esta última, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

Cópiese y devuélvase a su lugar de origen.

Cúmplase».

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