Sentencia 18769 de junio 15 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL

Acta 48

Magistrado Ponente:

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D.C., quince de junio de dos mil cinco

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Con apoyo en la causal tercera de revisión, el actor pretende la invalidación de la sentencia condenatoria que el Tribunal Militar profirió en contra de su poderdante.

Explica que con posterioridad al fallo, aparecieron pruebas nuevas que lo dejan sin soporte y obligan a cesar sus efectos punitivos.

2. Del 9 al 16 de abril de 1997, Ramos Pérez estaba autorizado, por prescripción médica, para ausentarse del batallón. Pero del 18 al 28, fue nuevamente incapacitado y por ese motivo no se reincorporó al servicio.

La prueba documental aportada al proceso, proveniente del Hospital Militar Central, es incompleta. Con ella solo se demuestra que fue incapacitado del 9 al 16 de abril de 1997. Pero no se allegó la que da fe de que él, Ramos Pérez, del 18 de abril de 1997 al 28 del mismo mes y del mismo año, también estaba eximido, por orden médica, de asistir a su puesto de trabajo.

Esta circunstancia se demuestra con el original de los documentos suscritos por la doctora Esperanza Durán, en los que se da cuenta, no solo de la interconsulta, sino de la incapacidad que esta profesional de la medicina le autorizó al sentenciado entre el 18 y el 28 de abril de 1997.

3. El 4 de julio del 2003, la Sala realizó diligencia de inspección a los archivos de bioestadística del Hospital Militar Central. Pero allí solo se encontró constancia de que se le había abierto historia clínica el 29 de julio de 1997. De la asistencia de Ramos Pérez al hospital el 18 de abril de 1997, fecha en que se originó la segunda incapacidad, no quedó huella en los archivos.

A Albeiro Ramos, según la inspección judicial y el oficio 224 de la unidad de gestión bioestadística del hospital militar, se le abrió la historia clínica Nº 17.416.643 el 29 de julio de 1997. Pero en ella no figura ningún tipo de atención por urgencias, consulta externa ni hospitalización.

El jefe de la división de enfermería y bioestadística del hospital central, en el oficio 224 del 4 de junio del 2003, anota: “Es de aclarar que el original de las incapacidades y fórmulas médicas no quedan en la historia clínica, dichos documentos son entregados al paciente”.

4. Esto indica que los documentos originales agregados a la demanda —los que se refieren a la interconsulta y a la incapacidad del 18 de abril de 1997—, deben presumirse auténticos.

De ahí puede inferirse que en realidad, durante el lapso en que no se presentó al batallón —del 18 al 24 de abril de 1997—, Albeiro Ramos Pérez se hallaba incapacitado para “reposo absoluto”, según prescripción de la doctora Durán.

5. El desorden de los archivos del hospital militar, no puede redundar en contra de los intereses del sentenciado.

El caos reinante en esa institución, lo demuestran los siguientes hechos:

a) El 23 de febrero del 2001, por oficio 1145, el jefe del servicio de bioestadística le informa a Albeiro Ramos Pérez que “no se encontró historia clínica a su nombre”.

b) Pero luego, ante el ejercicio de un nuevo derecho de petición por parte de Ramos, el 24 de julio del 2001, por oficio 5255, le remite copias de la historia clínica Nº 17.590, de la interconsulta y de la incapacidad expedida desde el 18 de abril de 1997 hasta el 28 del mismo mes y el mismo año.

Son estos documentos, con sus respectivos oficios remisorios, los que se anexan a la demanda, con el fin de probar que efectivamente Albeiro Ramos sí estuvo incapacitado del 18 al 28 de abril de 1997.

6. La Sala, con el fin de verificar la existencia real de la interconsulta y de la incapacidad objeto de controversia.

el 4 de junio del 2003 llevó a cabo una inspección judicial a la oficina de bioestadística del Hospital Militar Central.

La diligencia solo dejó en claro que a Ramos Pérez se le abrió historia clínica el 29 de julio de 1997, pero que no le figuran atenciones por urgencias, consulta externa ni hospitalización.

Entre lo hallado durante la inspección judicial y lo remitido a Albeiro Ramos Pérez mediante los oficios 1145 del 23 de febrero del 2001 y 5255 del 24 de julio de ese mismo año, no hay ninguna correspondencia. Si como se pudo verificar mediante la diligencia de inspección a los archivos del hospital militar, no existe ningún documento que acredite la atención y las incapacidades otorgadas a Albeiro Ramos Pérez, resulta extraño que a él, en respuesta a los derechos de petición presentados, sí le hubieran enviado copias de su historia clínica, la interconsulta y la incapacidad que se le autorizó del 18 al 28 de abril de 1997.

7. La autenticidad de los documentos adheridos a la demanda debe presumirse, si se atiende a la información dada a través del oficio 224 del 4 de junio del 2003, en el sentido de que los originales de las incapacidades y de las fórmulas médicas no quedan en la historia clínica sino que se le entregan al paciente.

8. Por manera que le asiste razón al demandante. Entre la asistencia de Albeiro Ramos Pérez al hospital el 18 de abril de 1997 y la consulta médica, la fórmula y la incapacidad hasta el 28 de ese mes y ese año, sí existe nexo de causalidad.

La existencia de esos documentos, que no remitió el hospital militar al instructor en su momento, podría tornar en justificada la inasistencia del sentenciado a su lugar de trabajo durante ese lapso. De haber obrado esa prueba en el expediente, el fallo eventualmente podría haber sido otro.

La acción de revisión presentada contra la sentencia, por tanto, debe prosperar.

Como consecuencia de lo anterior, quedarán sin valor las sentencias de 1ª y 2ª instancias, y por la vía del Tribunal Superior Militar se retornará el expediente al reparto de los juzgados de primera instancia de Bogotá, para que excepción hecha del que se pronunció en primer grado, sea adjudicado a otro de la misma jerarquía y dicte la sentencia que corresponda en derecho, teniendo en cuenta, además, el material probatorio obtenido en desarrollo de la acción de revisión.

Unas precisiones adicionales, relacionadas con el tema de la prescripción.

1. Ejecutoriada una sentencia condenatoria, decae cualquier posibilidad de prescripción pues el proceso ha concluido dentro de los lapsos establecidos en la ley. Es decir, resulta inocuo, a partir de allí, pensar en la posibilidad de tal fenómeno extintivo de la acción.

2. Si se acude a la acción de revisión, entonces, no opera el fenómeno de la prescripción por cuanto se trata de reexaminar un proceso ya terminado.

3. Si la acción prospera y se retorna el asunto a una fase pretérita que incluya la caída de la sentencia, es decir, anterior a la ejecutoria de la misma, no es posible reanudar, para proseguir, el término de prescripción contando el tiempo utilizado por la justicia para ocuparse de la acción de revisión, precisamente porque el fallo rescindente no “prolonga” el proceso ya finiquitado, sino que da lugar a un “nuevo proceso”.

4. Por consiguiente:

4.1. Si respecto del fallo —obviamente en firme— se interpone la acción de revisión, no opera para nada la prescripción.

4.2. Durante el trámite de la acción en la Corte o en el tribunal, tampoco se cuentan términos para efectos de la prescripción.

4.3. Si la Corte o el tribunal declaran fundada la causal invocada y eliminan la fuerza de la sentencia, con lo cual, en general, se dispone el retorno del proceso a un estadio determinado, tampoco es posible adicionar el tiempo que ocupó el juez de revisión al tiempo que ya se había obtenido antes de la firmeza del fallo, para efectos de la prescripción, como si jamás se hubiera dictado.

4.4. Recibido el proceso por el funcionario al cual se le adjudica el adelantamiento del nuevo proceso, ahí sí se reinician los términos, a continuación de los que se habían cumplido hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.

El motivo, se repite, es elemental: la acción de revisión es un fenómeno jurídico extraordinario que si bien puede romper la inmutabilidad e irrevocabilidad del fallo, no afecta otros temas, entre ellos el de la prescripción.

La Corte, entonces, insite en su criterio, plasmado por ejemplo en la decisión del 15 de marzo de 1991, en el que afirmó:

Es importante recordar que cuando se dispone la revisión no son aplicables las normas sobre prescripción de la acción penal, pues no se puede desconocer que ya hubo una sentencia, luego no es predicable del Estado la inactividad que se sanciona con esa medida. así mismo, nada impide que el nuevo fallo, el cual debe producirse, sea igualmente condenatorio, dada la oportunidad que se ofrece para practicar nuevas pruebas.

Sería absurdo que no existiendo un límite de tiempo para interponer el recurso estraordinario, la simple concesión de él permitiera la cesación del procedimiento por prescripción, dando lugar así a una muy expedita vía para la impunidad y cambiando la finalidad que le da razón de ser a este especial medio de impugnación.

Frente al caso concreto, entonces, el juzgador de primera instancia deberá examinar la situación una vez recibido el expediente, frente a las normas del Código Penal Militar, atendido, desde luego, el momento de la interrupción de la prescripción de la acción. Si han fenecido los plazos, deberá decretar la prescripción; si no, le corresponde analizar la situación probatoria y proferir el fallo correspondiente.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de revisión invocada.

2. Dejar sin efecto las sentencias proferidas por el Comandante del Batallón Nº 13 de Policía Militar y por el Tribunal Superior Militar, mediante las cuales Albeiro Ramos Pérez fue condenado por el delito de abandono del servicio y le impusieron como pena seis (6) meses de arresto.

3. A través del Tribunal Superior Militar, retornar el expediente al juzgador de primera instancia para que, previo reparto, que excluya al despacho que dictó el fallo rescindido, profiera la sentencia que corresponda, teniendo en cuenta, además, las pruebas practicadas en desarrollo del trámite de la acción de revisión.».

Notifíquese y cúmplase

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