Sentencia 18790 de octubre 17 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta Nº 158

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Bajo el ineludible supuesto de que la distribución de las diferentes competencias entre los diversos tribunales y juzgados que integran la jurisdicción penal, así como en las demás, tiene por fundamento una serie de factores que hacen referencia principalmente al objeto o materia, al territorio, a la persona investigada o juzgada y al nivel de decisión o a la función instancial que cumpla el órgano, resulta obvio que, cuando quiera que un número plural de funcionarios entre en conflicto por conocer de un determinado asunto o por considerar que no les concierne, tal controversia sólo puede plantearse en torno a uno de dichos factores para de ese modo sea posible hablarse jurídicamente del fenómeno de la colisión de competencias.

No obsta lo anterior, sin embargo, para que en asuntos como el que se examina, se posibilite un análisis de tipicidad cuando su establecimiento trasciende, sin duda, a fijar la competencia por razón del objeto o de la materia en determinado funcionario, más aún cuando quienes se han trabado en el conflicto sustentan, cada uno, su propia tesis precisamente en la tipicidad o atipicidad del específico hecho del cual, bajo el anterior ordenamiento, el juzgado especializado derivaba su atribución para conocer de este juicio.

En ese orden, cuestionándose por el despacho especializado la adecuación típica que frente al nuevo ordenamiento encontraría la conducta de pertenecer a un grupo armado al margen de la ley de modo que, en su parecer, no encuentra subsunción en ninguna de las descripciones que adopta la Ley 599 de 2000, no puede menos que señalarse equivocada una tal posición cuando, reiterándose que la objetiva conducta materia de imputación en ese respecto es la pertenencia o comandancia de un grupo de autodefensa, es incuestionable su adecuación frente al concierto para delinquir a que se refiere el despacho de Miraflores, pues indudablemente la punición de aquella conducta no ha desaparecido, resultando que su adecuación, en vista de la eliminación casuística y detalladamente enriquecida en sus elementos, se logra por vía del segundo tipo en alusión (L. 599, art. 340), dada su generalidad y abstracción.

Como en los términos expuestos la conducta típica que bajo el nuevo ordenamiento ha de imputarse al procesado es la del concierto para delinquir, además de las que con él concurren, según el pliego de cargos, esto es secuestro simple y falsedad personal, en las que ninguna variación se introdujo con el advenimiento del nuevo Código Penal, la competencia persiste en el despacho especializado, pues expresamente así lo indica el numeral 7º del artículo 5º de la Ley 600 de 2000, por ello la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar que compete al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja seguir conociendo de este juicio.

2. Remítanse, por secretaría las diligencias al despacho en mención y copia de esta providencia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, para su información.

Cópiese, devuélvase y cúmplase».

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