Sentencia 18798 de febrero 12 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Aprobado acta 15

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil dos.

Vistos

Resuelve la Sala el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito de Melgar (Tolima) y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot (Cundinamarca), que busca dilucidar el funcionario competente para conocer en la etapa del juicio del proceso adelantado contra Gabino Mora Patiño y José Octavio Novoa Bossa a quienes la Fiscalía Tercera Seccional de la Unidad de Fiscalías de Girardot, el 30 de junio de 2000, acusó como coautores del delito de concusión, providencia confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, el 17 de agosto del mismo año.

Antecedentes

1. Con base en el informe rendido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Melgar, relacionado con unas amenazas recibidas por el señor José Orlando Molano García, quien informó en exposición a tales funcionarios de las exigencias y presiones de que venía siendo objeto por parte de unos servidores de la contraloría municipal de aquel municipio, el 7 de marzo de 2000 la Unidad Seccional de Fiscalías de Melgar profirió resolución de apertura de instrucción, en la que ordenó la captura de los sindicados Mora y Novoa.

2. Producida la captura y vinculados mediante indagatoria la Unidad Seccional de Fiscalía con sede en Melgar, en la misma resolución mediante la cual les resolvió situación jurídica por el delito de concusión, 15 de marzo de 2000, por considerar que "si bien la idea criminal de los imputados se gestó en este municipio, pero no se materializó su conducta en Melgar, sino en la ciudad de Girardot, departamento de Cundinamarca, es allí por factor territorial que radica la competencia para la instrucción y fallo", dispuso el envío de la actuación a la fiscalía seccional de esta última localidad, por competencia territorial, entidad que, en efecto, avocó su conocimiento el 31 de marzo siguiente.

3. Una vez cerrada la investigación, en el proveído calificatorio cuyas fecha y sentido quedaron anotados, la Fiscalía Seccional de Girardot, con base en el testimonio del señor Molano García encontró que la conducta de los procesados fue realizada en ese municipio, puesto que manifestó de manera enfática que "las reuniones y sitios de éstas, siempre fueron concertadas por sus denunciados en la ciudad de Girardot y en horas de la noche y que ante sus solicitudes reiteradas, les alcanzó a entregar la suma de un millón seiscientos mil pesos ($ 1.600.000), incluyendo el millón de pesos que es de lo único que obtuvo un recibo de entrega".

4. En firme el pliego de cargos, la actuación se remitió al reparto de los juzgados penales del Circuito de Girardot, correspondiéndole al primero, el cual, después de vencido el término del artículo 446 del derogado Código de Procedimiento Penal, con providencia el 16 de noviembre de 2000, declaró su incompetencia para conocer del proceso porque tanto los procesados como el afectado para la época de los hechos tenían su sede en Melgar, allí fue ejecutada la obra de la bocatoma del acueducto por el ingeniero Molano, las visitas a la misma en desarrollo de la supuesta investigación fiscal que los procesados realizaron tuvo lugar en Melgar y en este municipio fue donde quedaron en que posteriormente se contactarían.

La competencia corresponde al juez penal del Circuito de Melgar —al que se le propuso colisión de competencia—, concluye el juez primero penal del Circuito de Girardot, con los siguientes razonamientos:

"La exigencia de dinero o beneficio económico que le hicieron al perjudicado en la ciudad de Girardot, no altera la competencia territorial puesto que la idealización, pretensión y materialización de la conducta punible, como se plasmó en antecedencia, ocurrió en la población de Melgar, Tolima, donde además se inició el proceso, donde se formuló primero la denuncia y se profirió primero la apertura de instrucción, esto es, se radicó la competencia a prevención de que trata el artículo 80 del Código de Penal Penal".

5. En un principio, la juez penal del Circuito de Melgar se abstuvo de pronunciarse sobre el conflicto que se le planteaba, al estimar que se configuraba la causal de impedimento que preveía el artículo 103-2 del Código Adjetivo Penal de 1991 por lo que dispuso, en auto del 20 de noviembre de 2000, remitir el proceso al juzgado civil del circuito —reparto— de la misma localidad, de conformidad con los artículos 104 y 105 ibídem, por considerar que era de la misma jerarquía.

6. Por la anterior razón, la titular del Juzgado Primero Civil del Circuito no sólo aceptó el impedimento que se le manifestó (nov. 29/2000), sino que rechazó la competencia, aduciendo, en resumen, que las exigencias ocurrieron en Girardot. En consecuencia, dispuso enviar el proceso a esta corporación para dirimir el enfrentamiento.

7. La Sala halló anómala la selección del juzgado civil del Circuito de Melgar como el encargado de pronunciarse sobre el impedimento declarado por la juez penal del circuito de esa población, motivo por el que decretó la nulidad de la actuación correspondiente, mediante auto del 1º de marzo de 2001, con ponencia de quien hoy cumple igual misión.

8. En aras de subsanar la irregularidad advertida por la Corte y para cumplir sus disposiciones, el juzgado penal del Circuito de Melgar ordenó enviar el expediente al juzgado penal del Circuito de Espinal (Tolima), para que se pronunciara sobre el impedimento. De esta manera, el juzgado primero penal del circuito del municipio acabado de citar no encontró atendibles los fundamentos del impedimento expresado por su homóloga de Melgar, motivo por el que remitió lo actuado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué —de mar. 27/01—, corporación que le dio la razón, declaró improcedente tal impedimento y devolvió el proceso a la juez penal del Circuito de Melgar, lo cual ordenó con providencia del 5 de julio de 2001.

9. Ante ese estado de cosas, la juez penal del Circuito de Melgar estimó que los razonamientos del juez primero penal del Circuito de Girardot no son los acertados para determinar la competencia. Fijó su posición, en auto del 21 de septiembre de 2001, de la siguiente manera:

"De acuerdo con lo expresado por el ingeniero Molano García, su voluntad se doblegó fue en la ciudad de Girardot, fue allí donde se le hizo sentir temor, se le amenazó con privársele de la libertad de locomoción, y conmovido por ese constreñimiento se le indujo, según lo afirma, a entregar el dinero aludido, luego es errado atribuir la comisión del mentado punible en el territorio de Melgar, so pretexto de residir algunos sujetos procesales aquí, haberse ejecutado su obra en este lugar, y estar los ex funcionarios laborando en la contraloría municipal de Melgar (sic). Menos a inferirse que por haberse hecho la visita en los primeros días de diciembre a la bocatoma de Melgar, como dice el denunciante, a donde también se citó al gerente de Empumelgar, sí verificaron los ítems del contrato, ello por sí solo se tenga como elemento para estructuras (sic) el delito aludido y consecuencialmente hablemos que los comportamientos también surgieron aquí en melgar, pués (sic) obsérvese que los actos idóneos de inducción, constreñimiento, surgieron en Girardot, evoquemos como ya, según el denunciante, les habría entregado ese millón de pesos.

Es más, por tratarse de un delito de mera conducta, no es acertado pensar desde el punto de vista jurídico penal, que el ilícito se consuma donde se ideó o pretendió ejecutar el mismo, como lo considera nuestro homólogo de Girardot, sino que es donde se ejecuta la exigencia, se crea el acto obligacional, o en otros términos, donde se hace inclinar la voluntad de la víctima, para que acceda a las pretensiones del sujeto agente”.

Con fundamento en esos fundamentos, remitió el proceso a la Corte para que se desate el conflicto.

Consideraciones de la Corte

Por hallarse trenzados en el conflicto juzgados adscritos a diferentes distritos judiciales (Cundinamarca e Ibagué), la Corte adquiere competencia para dirimirlo, según el precepto del artículo 75-4 del Código de Procedimiento Penal.

En la contienda por establecer el funcionario competente para atender la etapa del juicio de este proceso, se blanden dos argumentos esenciales: a) que en este caso la determinan todas las circunstancias desarrolladas, ya sea esenciales o accesorias, que se consolidaron en el municipio de Melgar, pues allí trabajan y viven los protagonistas de los sucesos, se ejecutó la obra civil, se realizaron visitas de los procesados como agentes del órgano de control, se formuló la denuncia y se abrió la investigación, circunstancias que priman sobre el momento posterior de la entrega del dinero a los funcionarios de la contraloría en Girardot, que resulta intrascendente para esos efectos; b) que todos esos puntos no son los vitales a los fines de establecer la competencia, sino el lugar donde se hicieron las indebidas exigencias, esto es, Girardot por tratarse la concusión de un delito de mera conducta.

De acuerdo con el carácter del enfrentamiento, debe establecerse cuál el factor determinante de la competencia que prevalece, el territorial o el que permite asumirla a prevención. Tal cometido se facilita en grado sumo, al tener claridad sobre la naturaleza del delito imputado a los procesados.

El artículo 140 del Código Penal derogado, modificado por el 21 de la Ley 190 de 1995, bajo cuya vigencia sucedieron los hechos, y que fue replicado por el artículo 404 del nuevo estatuto punitivo salvo en la fijación de las sanciones, tipifica de la siguiente manera el delito de concusión:

"El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidas, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal".

Las notas sobresalientes que afloran en esta descripción son: a) la cualificación del sujeto agente, pues sólo puede ser autor de concusión un servidor público, b) el abuso del cargo o de la función, c) la conducta que se puede concretar con la ejecución de cualquiera de las acciones correspondientes a los verbos rectores de constreñir, inducir o solicitar una prestación o utilidad indebida.

Ahora, si constreñir es obligar, compeler o forzar a alguien para que haga algo; si inducir es instigar o persuadir por diferentes medios a que alguien realice determinada acción, y si solicitar es pretender, pedir o procurar obtener alguna cosa, según las acepciones del Diccionario de la Lengua Española, al transportarlas al uso lingüístico que les da el tipo penal, se infiere de manera necesaria que se agota la ejecución de la correspondiente acción en el preciso momento en que el servidor público obliga, compele, fuerza, instiga, persuade, pretende, pide o procura que alguien le de o le prometa dinero o cualquier utilidad indebida.

Las inflexiones verbales incorporadas en la ley para configurar el delito de concusión, llevan a deducir que no es necesario para consumarlo el que se obtenga el producto de la abusiva exigencia, pues de esa forma se anticipa el ámbito de protección del bien jurídico al instante en que se hace manifiesto el abuso del poder que emana del cargo o de la función, por tratarse de un tipo penal de mera conducta o, mejor expresado de ejecución instantánea cuando se despliega cualquiera de esos comportamientos.

Esa ámbito de tutela no se anticipa tanto como para sostener que las fases preliminares, preparatorias o de ideación también alcanzar a ser punibles, pues en esos momentos todavía no se ha constreñido, inducido o solicitado, luego el sujeto agente puede desistir de la realización de alguno de esos modos de llevar a cabo la exigencia ilícita.

De otra parte, de conformidad con lo señalado en el artículo 14-1 del nuevo Código Penal (13-1 del derogado), la conducta punible se considera realizada en el "lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción". Por manera que si no hay duda sobre el lugar donde se realizó la conducta, no es viable acudir a la fórmula subsidiaria de la competencia a prevención, desarrollada por el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal (80 del antiguo), pues ésta opera en los eventos en los que el comportamiento se realizó en varios sitios, en lugar incierto o en el extranjero.

En consecuencia, definido el lugar de perpetración de una conducta punible dentro del territorio patrio, son irrelevantes para efectos de fijar la competencia datos como el sitio donde se formuló la denuncia o el funcionario que primero aprehendió la investigación.

En el presente caso, todos los servidores judiciales, incluido el juez primero penal del Circuito de Girardot, han coincidido en aceptar que donde se hicieron las demandas indebidas al señor José Orlando Molano García por parte de los procesados fue en este último municipio.

De tal manera que consideraciones como las que aquel funcionario plasmó para repudiar el conocimiento de la causa, tales como que en Melgar vivían y trabajaban todos los comprometidos en la venalidad, que en ese municipio se celebró y ejecutó un contrato de obra entre "Empumelgar" y Molano, que fue allí donde los acusados informaron a éste sobre la investigación que iba a adelantar la contraloría respecto de los trabajos realizados en la bocatoma del acueducto y donde también le dijeron que posteriormente lo contactarían, no dicen nada en relación con la competencia y menos con la realización de conducta punible alguna, porque los primeros tópicos son absolutamente indiferentes al derecho penal.

Los segundos actos, es decir, los comentarios sobre el adelantamiento de la investigación fiscal lo mismo que, incluso, el anuncio que hicieron los procesados en el sentido de un posterior contacto, aunque significan un perturbador acercamiento a los lindes del derecho punitivo, no interesaban ya que ninguna caracterización precisa hacían de alguna conducta criminal, como tampoco implicaban un ejercicio abusivo del poder tendiente a minar la voluntad del ofendido. Si eran actos preparatorios o ideaciones, como las denomina el juez primero penal del Circuito de Girardot, hasta ahí resultaban perfectamente impunes.

Distinto es lo que ocurrió en aquel puerto, donde en repetidas ocasiones los procesados hicieron a Molano explícitas amenazas y velados requerimientos, en abusivo ejercicio del poder derivado de su investidura, mediante esas maniobras lograron quebrar su voluntad y obtuvieron que aquél les entregara dinero.

Este sí es el objeto fenoménico que interesa al derecho penal y del cual se viene ocupando la judicatura. Por ocurrir en toda su proterva dimensión, como lo informan los autos, en el municipio de Girardot, de conformidad con la regla de la competencia residual de que se ocupa el artículo 77-1, b, del Código de Procedimiento Penal, el conocimiento del proceso corresponde al Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot, despacho al que se remitirá la actuación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. Declarar que la competencia para conocer del proceso seguido contra Gabino Mora Patiño y José Octavio Novoa Bossa, acusados por la Fiscalía General de la Nación como coautores del delito de concusión, radica en el juez primero penal del Circuito de Girardot (Cundinamarca), al que se le remitirán las diligencia para lo de su cargo.

2. Enviar copia de esta providencia a la juez penal del Circuito de Melgar (Tolima).

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, comuníquese, cúmplase y devuélvase.

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