Sentencia 188 de marzo 1º de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

PLAZO QUE TIENEN LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

EXTRACTOS: «La entidad demandada pide adición de la sentencia, con el fin de que se conceda un plazo mínimo de tres meses para pagar la indemnización, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que accedió a las súplicas de la demanda, lapso este dentro del cual se reconocería al demandante intereses comerciales.

Alega que la Corte Constitucional mediante sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999, declaró inexequibles las expresiones “durante los seis meses siguientes a su ejecutoria” y “después de este término” contenidas en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo; que tal decisión judicial implica que las entidades vencidas deben cancelar intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y no comerciales; que sin embargo la Corte Constitucional en el citado fallo contempló la posibilidad de que el Estado y las entidades públicas en el cumplimiento de las condenas judiciales que le sean impuestas reconozcan y paguen intereses comerciales durante un determinado plazo, cuando el juez administrativo así lo ordene; que por tal razón es su petición de adición que formula contra la sentencia condenatoria proferida en el proceso de la referencia.

Para resolver se considera

(...).

En cuanto a la adición solicitada por la entidad demandada, de concederle un plazo de tres meses para el cumplimiento del fallo, dentro del cual reconocerá intereses comerciales a la parte actora, dirá la Sala que tal solicitud tiene vocación de prosperidad, pero no en los términos pedidos por el instituto, por las siguientes razones:

Si bien es cierto que la Corte Constitucional mediante sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999 declaró inexequibles las expresiones “durante los seis meses siguientes a su ejecutoria” y “después de este término” contenidas en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, lo cual significa que los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de 18 meses para que la condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria, el citado fallo de constitucionalidad señaló que tales intereses son comerciales si la sentencia señala un plazo para su pago.

Ciertamente en la sentencia proferida por esta Sala cuya adición solicita la entidad demandada, nada se dijo sobre el plazo que tiene el instituto vencido para el cumplimiento del fallo; por lo que resulta razonable atender a su solicitud, pero no en los términos pedidos, pues el otorgamiento de dicho plazo además de que debe guardar consonancia con la prescripción del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, tiene que ser razonable.

En efecto, de la interpretación armónica de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y de los términos de la citada sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional, no puede menos que entenderse que las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia, siempre cuentan con el plazo de 30 días contados desde su comunicación, para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. En dicho plazo se deben cancelar intereses comerciales y no moratorios, pues no de otra manera se podría compaginar el mandato del artículo 176 con la previsión del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tal como quedó después de la declaratoria de inexequibilidad de alguna de sus expresiones, ya que no tendría sentido que el legislador le conceda a las entidades un término de 30 días para que adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, y, a su vez, se les conmine con el pago de intereses moratorios.

Reza el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, lo siguiente:

“Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de 30 días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”.

Ahora bien, este plazo del artículo 176 además resulta razonable para que las entidades adopten todas las medidas de carácter presupuestal y de otros órdenes, para dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Dentro de dicho plazo, al tenor del artículo 177 y los alcances del fallo de constitucionalidad, se repite, los intereses deben ser comerciales; en esa medida, es procedente la adición que solicita la entidad demandada.

Adoptar otra previsión en el caso sub lite, concediendo el plazo requerido de tres meses, es desconocer el juicio de constitucionalidad que hizo la Corte en la sentencia C-188, amén de que en el presente proceso, dado la adición que formularon las partes, el fallo aún no ha completado las actuaciones ordenadas en el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, no obstante ha transcurrido el tiempo suficiente para que la entidad prevea las medidas pertinentes para el cumplimiento de la sentencia.

Por las anteriores consideraciones la solicitud de aclaración de sentencia impetrada por la parte demandada está llamada a prosperar, no así la formulada por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

Adiciónase la sentencia proferida el doce (12) de octubre de dos mil (2000) por esta Sala, dentro del proceso instaurado por el señor Carlos José Bitar Casij, en el sentido de expresar que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “Incora”, tendrá, al tenor del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, el término de 30 días contados a partir de la comunicación del precitado fallo y una vez se surtan las actuaciones de que trata el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. Durante este término de 30 días, el Incora deberá reconocer intereses comerciales sobre las cantidades líquidas resultantes de la condena.

Remítase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de marzo 1º de 2001. Expediente 188-00. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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