Sentencia 18837 de septiembre 27 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Aprobado Acta 116

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Sea lo primero advertir, que de conformidad con la reseña anterior se tiene que el fallo de segunda instancia impugnado fue proferido el 11 de junio de 2001, esto es, luego de producir efectos las sentencias C-252, C-260 y C-261 del mismo año, mediante las cuales la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos preceptos de la Ley 553 de 2000, pero en todo caso, antes de iniciarse la existencia jurídica de la actual codificación del procedimiento penal.

En este orden de ideas, fuerza colegir de antemano que en el caso examinado los requisitos de procedibilidad de la casación, referidos a la legitimidad, al interés jurídico y a las sentencias respecto de las cuales es admisible, bien por la vía ordinaria o excepcional, se rigen por las previsiones de la citada ley (art. 1º), que en todo caso, coinciden con las del estatuto procesal vigente (art. 206). De ahí también, que el discernimiento obligado de la Sala antes de examinar si el defensor de la acusada Muvdi Sacconi satisfizo tales exigencias y la de justificar la impugnación excepcional propuesta, dice relación con el trámite al que debió sujetarse, máxime ante los notorios desaciertos del Tribunal Superior de Barranquilla en dicho aspecto, superados en este momento, pero que ameritan la correspondiente rectificación en aras de una mayor claridad en torno a ese tema.

En cumplimiento de dicho cometido, de acuerdo con el criterio de la Corte simplemente aquí reiterado, se tiene que ante la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones que en las leyes 553 y 600 de 2000 regulaban el trámite de la casación, excepcional o no, quedaron revividas las disposiciones otrora contempladas en este específico aspecto en el anterior estatuto de procedimiento penal.

Lo anterior, porque los fallos de inconstitucionalidad si bien tienen como consecuencia principal retirar del ordenamiento jurídico la disposición objeto de una decisión de esta naturaleza, no es menos cierto también que derivan otra catalogada en algunos sectores de la doctrina como de legislador positivo, pues según la materia que la norma declarada inexequible haya previsto y "siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del texto fundamental” (1) reincorporan el precepto que entra a regir la situación jurídica que por virtud del pronunciamiento de control constitucional sobreviene sustraída de regulación, concretamente y en principio, la derogada a través de aquella encontrada contraria a la Carta Política.

(1) Sentencia C-501 de mayo 15 de 2001, M. P. Dr. Jorge Córdoba Triviño.

Resta añadir de otra parte, que en este último efecto las sentencias de inexequibilidad se distancian entonces de los que son propios de la derogatoria, que al tenor del artículo 14 de la Ley 153 de 1887, en manera alguna revive la norma derogada, pues "solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva”.

Bajo esta comprensión, en lo atinente al trámite del recurso extraordinario, luego de los fallos de control constitucional referidos en precedencia, la corporación específicamente precisó que “...cuando la ley encontrada inexequible regula también la actividad del Estado, o la manera como el particular puede acceder a las esferas de poder en procura de satisfacer sus pretensiones, o ejercer, o hacer exigibles sus derechos, pues en tal evento, porque toda función pública debe estar prevista en la ley, no siéndole posible al funcionario realizar nada diferente a lo que la Constitución y la ley le señalen, aquella declaración si tiene la virtud de reincorporar los preceptos derogados, toda vez que, además que en ese ámbito si no resulta lógico hablar de espacio no regulado legalmente, de concluirse lo contrario podría llegarse a extremas situaciones de afectación de derechos fundamentales, verbi gratia, el acceso a la administración de justicia, si declarada como fue, inexequible la norma que regulaba la manera de interponer la casación, no se entendiera reincorporada la que había sido derogada por ésta, porque entonces habría que concluirse que esa específica materia, que atañe a la actividad del Estado y a la manera como el sujeto procesal ejerce su derecho, quedarla sin reglamentación...”.

“Pero además de que, indudablemente, el vicio de constitucionalidad, afectando la validez de la norma por no avenirse a la Carta Política del Estado, le niega los efectos jurídicos que en ella se hayan previsto, también la desposee de cualquiera otro que llegare a producir en el ámbito que pretendía regular; así dicho defecto le suprime la consecuencia derogatoria a la norma en sí misma, que fue declarada inexequible y hace a la vez ineficaz cualquier disposición que tácita o expresamente prevean un tal efecto, pues es obvio que ni aún en el último caso podría entenderse suprimida o reemplazada una norma por aquella que no tuvo en cuenta los principios constitucionales regentes de la organización estatal...

4. Así pues restablecidas las normas que del Decreto 2700 de 1991 se referían a la casación, derogadas por aquellas que fueron declaradas inexequibles bajo el entendido que el mismo efecto se surte en frente de la Ley 600 de 2000 como que los preceptos relacionados con el extraordinario medio de impugnación, siendo reproducción de los contenidos en la Ley 553 también se declararon contrarios a la Constitución, y comprendiéndose por tal razón la ineficacia que en relación con las primeras, se predica del artículo 535 de aquella ley, el recurso extraordinario, a partir de la fecha en que el fallo de inexequibilidad produjo sus efectos 17a de proponerse sustentarse, y tramitarse, según el procedimiento que pasa a precisarse, fundado tanto en la nueva normatividad, esto es Ley 600 de 2000 como en las disposiciones que se reincorporan al ordenamiento, por consecuencia de la inconstitucionalidad de aquellas que las habían derogado, mientras que si la sentencia de segunda instancia se profirió antes del 17 de marzo de 2001, valga decir durante la plena vigencia de la Ley 553 de 2000, el medio extraordinario de impugnación ha de tramitarse con exclusivo apego a dicha normatividad, idéntica a la que en esa materia estableció la Ley 600, pues como ya se expresara "los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación...” (2) .

(2) Auto de octubre 22 de 2001, M.P. Dr. Carlos A Galvez Argote, radicado 13.631.

2. En este orden de ideas, en situaciones como la aquí examinada, el recurso de casación, ordinario o excepcional, debe interponerse dentro de los quince días siguientes a la última notificación del fallo de segunda instancia, sin que del impugnante pueda exigirse fatalmente y como parece: entenderlo el ad quem en las presentes diligencias, que señale desde entonces por cual de estas dos mencionadas vías opta, menos aún, para determinar la concesión o no del recurso, toda vez que tal discernimiento surge ajeno al arbitrio del sujeto procesal legitimado para proponerlo.

En efecto, la posibilidad de acudir a la casación ordinaria o excepcional está determinada por la ley atendida la naturaleza del fallo desde el factor funcional —de segunda instancia, exclusivamente—, la autoridad judicial que lo dictó —Tribunal Superior de Distrito Judicial, Tribunal Superior Militar o un Juzgado de Circuito, según el caso—, la pena máxima privativa de la libertad prevista para el delito por razón del cual se procede, en cuanto exceda o no de los ocho (8) años y desde luego, tratándose de la última modalidad mencionada, la finalidad que a través de ella se pretenda.

Así las cosas, resulta indiferente para discernir la concesión del recurso, más aún, ante la actual identidad en el trámite, comoquiera que la casación ordinaria y la excepcional deben ajustarse al mismo procedimiento, que al momento de ser interpuestas el impugnante omita señalar a cual de dichas figuras acude o que verifique una indicación equivocada al respecto, pues lo que en verdad resulta trascendente para los fines señalados, dando prevalencia además a lo sustancial sobre lo puramente formal, es la satisfacción de las exigencias que para cada una de ellas se reivindica.

Por otra parte, como también señaló la Sala en el pronunciamiento aludido en precedencia, "Si el recurso se interpone oportunamente, el funcionario ad quem, dentro de los tres días siguientes, al vencimiento de los quince referidos en el numeral anterior, decide, mediante auto de sustanciación si lo concede o no, haciéndose extensiva una tal determinación cuando el recurso se interponga de modo excepcional, pues indudablemente en ello, las leyes 553 y 600 de 2000 comportaron una modificación en la medida en que establecieron que “de manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente puede admitir la demanda..." (negrilla fuera de texto), mientras que el procedimiento derogado en ese aspecto enseñaba que la Corte, "puede aceptar un recurso de casación".

“Por tanto, se reitera, corresponde al funcionario de segunda instancia conceder o no el recurso extraordinario, bien que se trate de casación común o discrecional, mediante auto de sustanciación, pudiendo negarse a su concesión sólo en cuanto se interponga de manera extemporánea, pues las demás condiciones de viabilidad, salvedad hecha también de la presentación oportuna de la demanda, atañe analizarlas a la Corte en el momento en que proceda a calificar el libelo de conformidad con el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

“Contra esa providencia de sustanciación, luego del citado fallo de inexequibilidad, cabía el recurso de reposición y el de hecho, si por alguna circunstancia el ad quem denegaba la concesión del medio extraordinario. A partir de la vigencia de la Ley 600, sólo procede en su contra el de reposición, según se infiere del inciso final de su artículo 210 y de la exclusión que, en relación con el de queja, se hizo en el artículo 195...".

3. Las consideraciones anteriores se traen al caso de autos porque el Tribunal Superior de Barranquilla perdiendo de vista el ámbito del control que le era posible al momento de conceder las impugnaciones propuestas, restringido al requisito de la oportunidad en su presentación, denegó las que fueron incoadas por los apoderados de quienes fueron reconocidos como parte civil en estas diligencias y el defensor del también sindicado Muvdi Lundsberg, pues como ninguna precisión efectuaron sobre el carácter ordinario o excepcional de las mismas, entendió que se trataba de la primera y, en este orden de ideas coligió su improcedencia, “por cuanto la infracción por la que se procede esto es secuestro simple atenuado por la finalidad erótico-sexual, tiene señalada una pena máxima que no alcanza el límite requerido para la procedencia del recurso extraordinario de casación (fl. 123 cdno. Tribunal).

No obstante, tratándose de la impugnación presentada por el defensor de Muvdi Lundsberg, el tribunal en pronunciamiento de septiembre 7 de 2001, esto es, en vigencia del actual estatuto procesal penal, al resolver la reposición interpuesta por tal apoderado, modificó la denegatoria que le concernía para tenerlo “como recurrente en la casación excepcional", defiriendo a la Corte la concesión o no de la misma; sujeto procesal que finalmente y en todo caso, como quedó reseñado en oportunidad, desistió de la casación propuesta.

Por otra parte, en lo atinente a los apoderados de la parte civil, no es menos cierto que exteriorizaron conformidad con la providencia adversa a la concesión de la casación, decisión hincada en el entendimiento del tribunal de haber sido propuesta la ordinaria porque ninguna mención hicieron a la excepcional, recuerda la Sala, y que bien pudieron recurrir en su momento; actitud que denota entonces la convalidación del vicio que por razón de ello podría atisbarse, al tenor del numeral 4º, artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, máxime que la eventual irregularidad simplemente comprometió un acto de postulación discrecional de los reseñados sujetos procesales.

Ahora bien, el desatino incurrido por el tribunal al remitir el expediente a la Corte sin haber concedido la casación discrecional incoada por los defensores de los procesados fue finalmente subsanado, pues devueltas las diligencias al despacho de origen, el ad quem dictó la decisión echada de menos y se agotaron los traslados correspondientes, de manera que nada se opone en este momento a que la Sala examine el libelo presentado por el mandatario judicial de la acusada Muvdi Sacconi exclusivamente, pues como quedó reseñado en precedencia, el apoderado del restante sindicado desistió de la impugnación propuesta.

4. Partiendo de las anteriores premisas, se tiene que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, norma vigente al tiempo de interposición del recurso, la casación excepcional procede a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales; cuando la Corte lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, contra las sentencias de segundo grado proferidas por los tribunales superiores, el desaparecido Tribunal Nacional y el Tribunal Penal Militar, en actuaciones adelantadas por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de los ocho (8) años.

De igual modo, respecto de las dictadas por los jueces penales de circuito con prescindencia del monto punitivo previsto para la conducta punible; pero en ambos casos, siempre que se reúnan los demás requisitos señalados en la ley.

Por esta última razón, de la casación excepcional se reclama, además de las condiciones que le son propias, que su interposición se verifique en forma oportuna, por sujeto procesal legitimado para ello y revestido también de interés jurídico, a tal punto, que sólo una vez determinada la concurrencia integra de tales exigencias resulta viable la calificación de la demanda.

En el caso examinado el libelo fue presentado en forma oportuna, por sujeto procesal legitimado para ello y respecto de sentencia susceptible de tal vía de ataque, como quiera que el delito de secuestro simple con fines erótico-sexuales endilgado a la procesada Muvdi Sacconi en el fallo impugnado, a pesar de las circunstancias específicas de agravación deducidas y dada la atenuación predicada por la ira e intenso dolor, tenía prevista en el estatuto preexistente a la comisión de la conducta punible una sanción privativa de la libertad cuyo máximo no excede de los ocho (8) años de prisión (C. P., arts. 269, inc. 2º del anterior, modificado por la L. 40/93, arts. 270 y 60 ibídem).

Pero la satisfacción de los anteriores presupuestos en modo alguno obliga a darle curso a la demanda, pues como ha precisado la Sala a través de criterio en el cual insiste, al impugnante le corresponde demostrar también la concurrencia de alguna de las causales que determinan la discrecionalidad de la Corte frente al referido instituto, concretamente, que su intervención surge necesaria para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, de manera que en el evento de incumplirse tal constatación, o de resultar precaria o deficiente la argumentación esbozada con este específico fin, se impone la inadmisión del libelo sin que haya lugar a su examen formal, pues la justificación de la impugnación constituye requisito previo e ineludible.

Resta añadir en este punto, en particular frente al trámite actual de la casación excepcional, donde la concesión del recurso le compete al juzgador de segunda instancia mediante un control restringido a establecer la oportunidad en su interposición, en tanto que la Corte al examinar el libelo asume la constatación de las restantes condiciones de viabilidad, que la justificación referida puede cumplirse al momento de incoarse el recurso o junto con la demanda a través de la cual se sustenta, bien en escrito separado o en motivación incorporada al libelo, pues lo trascendente es que el censor fundamente, así sea en forma sucinta pero clara, las razones que determinarían a la Sala a admitir su procedencia al tamiz de las circunstancias que normativamente deslindan la discrecionalidad que el legislador le confiere en relación con dicho instituto.

5. Trasladadas las anteriores consideraciones al caso examinado, se tiene que el censor invoca la protección para las garantías fundamentales de su asistida desde dos aristas diferentes, y frente a esta aspiración, sea lo primero reiterar, que en dichos eventos al recurrente no le basta con este específico señalamiento, pues le corresponde precisar también la forma cómo fueron desconocidas en el proceso y la incidencia de su vulneración en el fallo censurado, de modo que surja necesario permitir con carácter excepcional la revisión en sede de casación de una sentencia que por regla general estaría sustraída de ella, insiste la Sala.

5.1. Ahora bien, para el cumplimiento de estos requerimientos el demandante invoca en primer término, la garantía del derecho penal de acto como componente del debido proceso, pero al momento de concretar de qué manera resultó quebrantada en la actuación seguida en contra de su representada Mudvi Sacconi, prescinde por completo de ella, de la que con evidente barullo conceptual deriva la exigencia de una tipicidad inequívoca, pasando por alto que esta última encuentra fundamento en el principio de legalidad, y sin intentar demostrar la vulneración de ninguno de tales postulados en las presentes diligencias, simplemente acude a la confrontación de las conclusiones probatorias de los sentenciadores de instancia.

En efecto, la Sala admite el arraigo constitucional del denominado principio del derecho penal de acto, que no sólo se armoniza con el actual esquema de Estado social de derecho, sino que también encuentra expresa consagración en el inciso 2º del artículo 29 de la Carta Política, en el cual se señala que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Así mismo, que de este principio se derivan dos trascendentales consecuencias, de una parte, como afirma el demandante, que no hay delito sin conducta humana; pero además, que el ilícito no puede erigirse a partir de la personalidad del agente, de su modo de ser.

Sin embargo, las consideraciones del recurrente en ostensible alejamiento de la garantía expresamente así invocada, en modo alguno se perfilan a demostrar que en el proceso la imposición de la pena estuvo vinculada a un acto interno de la acriminada ni a sus características personales, como en rigor le resultaba indispensable de acuerdo con el enunciado del cual parte. Por el contrario, diluyendo la realidad de la vulneración atestada, admite que el enjuiciamiento se hizo en la presente actuación por la conducta que efectivamente desplegó la acusada Muvdi Sacconi, cuando en compañía de su esposo Roberto Terry Muvdi Lundsberg trasladaron al menor David Andrés Diago Sarmiento al balneario Solinilla, donde luego de desnudarlo le propinaron las lesiones investigadas en forma separada.

El impugnante desdibuja también el argüido desconocimiento del principio de tipicidad inequívoca, pues acepta que a su representada, con ocasión del comportamiento atrás referido, le fue atribuida la comisión del secuestro simple, descrito de manera previa y estricta en la ley como delito, para esbozar en últimas, simple y llanamente, un personal e interesado análisis de los medios demostrativos incorporados a las diligencias, con sustento en el cual colige, en mero enfrentamiento de criterios valorativos, que no se configuró la conducta punible y, menos aún el propósito erótico-sexual finalmente predicado respecto de la misma en el fallo impugnado.

Con esta orientación argumentativa, soslayando de manera ostensible la específica exigencia del recurso interpuesto, el casacionista plantea que la prueba de cargo, restringida a los testimonios de la víctima Diago Sarmiento y del celador Aristides Martínez Madrid, se muestra cuestionable y carente de veracidad, para propugnar entonces la prevalencia de las versiones de los procesados, que encuentra respaldadas a través de las declaraciones obtenidas de Rodrigo de la Espriella y Judith Pretel.

En síntesis, revela al extremo la pretensión de acceder al recurso extraordinario, no con miras a obtener el restablecimiento de las garantías fundamentales de la inculpada, conforme lo posibilitan de manera excepcional las normas reguladoras del instituto, sino el desviado propósito de reabrir el debate probatorio inherente a las instancias.

5.2. En la restante alegación del libelista, la Corte advierte con evidencia la falta de interés jurídico, que como se anotó en precedente acápite no es ajena a la impugnación extraordinaria, en el entendido que a través de los recursos se propende por la reparación del agravio causado con la decisión judicial de la cual se disiente.

Ciertamente, si bien el impugnante admite la imposibilidad de predicar la falta de congruencia entre la resolución de acusación y el fallo, plantea en todo caso que resulta contraria al derecho de defensa la degradación que se hizo de la responsabilidad penal, del secuestro simple imputado en el pliego de cargos a la modalidad atenuada por la finalidad erótico-sexual, sugiriendo de manera inadmisible con tal propuesta la condena de su representada por una conducta punible reprimida con mayor severidad, en otros términos, un resultado que le sería más gravoso.

6. En conclusión, como el demandante no acreditó ninguna vulneración de las garantías fundamentales en la actuación procesal cuestionada, a cuya protección se contribuiría a través de una decisión de la Sala, la demanda de casación excepcional será inadmitida mediante providencia contra la cual procede el recurso de reposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación excepcional presentada en defensa de la procesada Luz Carime Muvdi Sacconi.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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