Sentencia 18844 de octubre 10 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

CLÁUSULAS DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA

INAPLICACIÓN POR CONTRARIAR DERECHOS CONSTITUCIONALES O LEGALES

EXTRACTOS: «Ya sin ninguna incidencia en la decisión, estima la Corte propicia la ocasión para fijar su posición doctrinal en torno al alcance que tienen cláusulas convencionales como la que es objeto de examen en esta oportunidad (*) .

(*) La cláusula cuya aplicación es objeto de controversia está contenida en la convención colectiva de trabajo de 1996, acordada entre el Instituto de Seguros Sociales y su sindicato, la cual consagra, según lo explica la sentencia, “la denominada vinculación por restitución, consistente en que una vez se produce el retiro de un trabajador, por muerte o pensión, el instituto vinculará en su reemplazo al cónyuge o compañero permanente o, en su defecto, a un hijo, previo cumplimiento de los requisitos de selección de personal exigidos para el cargo” (N. del D.)

Ninguna duda queda que el convenio colectivo es un instrumento de la autonomía propia de quienes lo suscriben y que los acuerdos pactados son fruto de la voluntad libre de las partes, y frente a ellos, en principio, no es permitida la injerencia estatal ni judicial para desconocerlos, cercenarlos o negar sus efectos. En el ámbito de las relaciones de trabajo una larga tradición histórica ha reconocido y garantizado el derecho de la comunidad laboral a diseñar las condiciones en que deben desarrollarse las relaciones de trabajo, mediante acuerdos colectivos que apunten a mejorar las condiciones de los trabajadores, más allá de lo reconocido en la ley, sin que sea dado al Estado intervenir en su configuración concreta ya que su intervención en este ámbito se circunscribe a señalar el marco normativo dentro del que debe ejercerse dicha atribución.

Sin embargo, tal prerrogativa no constituye un poder absoluto y omnímodo que permita bajo el amparo de la autonomía de la voluntad o con el pretexto de superación del mínimo legal, legitimar los acuerdos más insólitos y exóticos en virtud de los cuales las partes contratantes desconozcan de manera abierta y manifiesta claros y categóricos principios, valores o derechos constitucionales o legales, o produzcan un menoscabo injustificado de derechos ajenos o de terceros, eventos en los cuales corresponde a las autoridades judiciales, si se llegare a demandar el cumplimiento de disposiciones provistas de esas propiedades, entrar a pronunciarse sobre su aplicabilidad al caso concreto, sin que deba esperarse el adelantamiento de un juicio con la finalidad específica de obtener la nulidad de tal cláusula.

Tal posibilidad emerge del principio que manda no darle eficacia a aquellos actos que sean contrarios a derecho, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en múltiples disposiciones, dentro de las cuales cabe mencionar el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque relativo a los contratos, en su acepción más amplia también cobija a las convenciones colectivas de trabajo.

Atendiendo las directrices que se dejaran trazadas, se tiene que la cláusula 18 de la convención colectiva del trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y su sindicato de trabajadores, por medio de la cual la entidad se compromete a vincular al compañero o compañera permanente o en su defecto a los hijos en reemplazo de aquellos trabajadores activos que fallezcan o se retiren para disfrutar de la pensión de jubilación, entra en clara pugna con claros mandatos constitucionales, particularmente el derecho a la igualdad consignado en el artículo 13 superior, en tanto entraña una discriminación inaceptable para todos aquellos potenciales aspirantes a llenar una vacante producida por muerte o jubilación de un trabajador activo de esa entidad, que ven cerradas las posibilidades para ello pues la convención reconoce esa prerrogativa exclusivamente a los familiares cercanos del fallecido o pensionado, con exclusión de los demás. De paso, también contraviene claramente el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos, presente en el ordenamiento jurídico de todo Estado democrático de derecho, como el colombiano. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, resulta que la cláusula de marras adicionalmente privatiza los cargos oficiales a que hace referencia, al convertirlos en una especie de patrimonio particular, transferibles a la familia, lo cual riñe con las bases mismas de la organización estatal y la naturaleza de los empleos oficiales.

Como el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe que es ineficaz todo lo que contraviene el derecho público de la Nación, y la Constitución Nacional es la manifestación por excelencia de esa rama del ordenamiento jurídico, una cláusula como la que se estudia es contraria a la ley y a la Constitución, y como tal no puede producir efectos».

(Sentencia de casación, octubre 10 de 2002. Radicación 18.844. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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