(...)

NULIDADES ELECTORALES

NO SE DECLARAN CUANDO NO SE ALTERARÍAN LOS RESULTADOS

EXTRACTOS: «El demandante considera que los hechos que conforman este cargo configuran la causal descrita en el ordinal 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en razón de la forma violenta como la guerrilla destruyó los votos o tarjetas electorales emitidos por quienes sufragaron en las mesas de Guatapurí y Chemesquemena, así como los formularios E-14.

El numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo establece como causal de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral la siguiente:

“1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido por causa de violencia”.

(...).

Para la Sala se encuentran suficientemente demostrados los dos eventos que configuran la causal de nulidad del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo —la violencia contra los escrutadores y la destrucción de las papeletas de votación o tarjetas electorales—. En efecto:

a) Los denunciantes Tomás López Sierra Mármol y Jhon Robert Morales Urueta, delegados de la registraduría para las elecciones en los corregimientos de Chemesquemena y Guatapurí, coinciden en afirmar que cuando realizaban los escrutinios de los votos, hombres vestidos con prendas privativas de las fuerzas armadas irrumpieron en los sitios de los citados corregimientos en donde se llevaban a cabo los escrutinios de los jurados de votación y exigieron la entrega de los documentos electorales. El señor Morales Urueta agregó que, una vez en poder de dichos documentos, los hombres armados se retiraron del poblado y más adelante los destruyeron casi en su totalidad, arrojándolos luego en las afueras, en el caso de Chemesquemena, en un arroyo.

b) En el caso del corregimiento de Guatapurí, los declarantes Henry Mosquera Murillo, Gloria Isabel Murillo de Mindiola, María Ángela Córdoba Rentería y Libardo José Mindiola, jurados de las mesas de votación, coinciden todos en afirmar que los hombres armados irrumpieron cuando llevaban a cabo los escrutinios y sólo uno de ellos— María Ángela Córdoba Rentería— afirma que ello ocurrió cuando ya habían terminado de contabilizar los votos para Senado. Pero todos afirman que los miembros del grupo armado se llevaron los documentos y que luego se enteraron que los habían dejado en las afueras del pueblo, casi completamente destruidos.

c) En el caso de Chemesquemena, el corregidor Laureano Enrique Torres Arias, en su declaración, ante una pregunta, respondió que cuando llegaron los hombres armados ya habían terminado el escrutinio. El delegado de la Registraduría Jhon Robert Morales Urueta, por su parte, afirmó ante la fiscalía, que ello sucedió cuando estaban cerrando los sobres electorales. De todas maneras ambos coinciden en que los hombres armados se llevaron la totalidad de los documentos y los arrojaron en un arroyo de donde el delegado recuperó parte de ellos.

d) Que dentro de los documentos recuperados después de ejercida la violencia contra los escrutadores no figuran las tarjetas electorales, pues así se deduce de lo consignado en el acta de escrutinio zonal, dado que allí sólo se mencionan que, para el efecto de los escrutinios, sólo estuvieron disponibles los formularios E-26 de Senado y Cámara del corregimiento de Chemesquemena y el formulario E-26 de Senado del corregimiento de Guatapurí. Además, los delegados de la registraduría coinciden en ese punto.

Es cierto que en los escrutinios zonales, conforme al artículo 172 del Código Electoral, las actas de los escrutinios de los jurados de votación son la base de las mismas. Pero ante el hecho evidente de la destrucción de las tarjetas electorales correspondientes a los votos consignados en dichas actas cuando no habían concluido los escrutinios de los jurados de votación, pues los hombres armados irrumpieron en ambos corregimientos cuando aquéllos aún se encontraban reunidos cumpliendo esa labor, no existe certeza sobre la veracidad de los datos que figuran en esos documentos, ni sobre su autenticidad, y eso afecta la transparencia que debe predominar en los escrutinios de las elecciones.

De otro lado, se observa que la violencia ejercida contra los jurados de votación produjo consecuencias en los escrutinios, pues ante la exigencia de la entrega de los documentos electorales por parte de los hombres armados, aquéllos, intimidados, no opusieron resistencia alguna, permitieron que se apoderaran de los mismos y se retiraran del lugar donde se llevaban a cabo los escrutinios. Así mismo, la acción del grupo armado produjo consecuencias en los resultados de la votación, pues las tarjetas electorales y la mayoría de documentos fueron destruidos.

En esta forma, la Sala considera que se debería acceder a la pretensión de exclusión del computo general de votos contenidos en la resolución acusada la totalidad de los votos emitidos para Senado de la República en las mesas de votación 1 y 2 del puesto 53, zona 99, de Guatapurí y de la mesa número 1 del puesto 32, zona 99, de Chemesquemena, ambos corregimientos del municipio de Valledupar, pues se configura la causal del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo para declarar la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral. Sin embargo, en consideración a que, como lo plantea la señora procuradora, la exclusión de los votos de esas mesas no altera el resultado electoral derivado de los escrutinios que realizó el Consejo Nacional Electoral para declarar la elección de senadores de la circunscripción nacional, la Sala no declarará la nulidad de la Resolución 218 de 1998, pues esa decisión no podría dar lugar a la orden de realización de un nuevo escrutinio que en nada cambiaría la decisión en dicho acto.

En este sentido se ha pronunciado esta Sala en anterior oportunidad:

“Pero siendo que lo legalmente protegido es la elección misma, que es el objeto de la acción electoral, además de que sólo así se daría eficacia al voto válidamente emitido y ese segundo lo establecido en el artículo 1º numeral 3º del Código Electoral es criterio de interpretación de las disposiciones electorales(sic), ha de entenderse que la falsedad que hace nulas las actas de escrutinio sólo haría nula la elección cuando tuviera entidad bastante para mutar su resultado, es decir, cuando la cantidad de votos inválidos sea tanta que pueda determinar un resultado distinto, y no cuando en modo alguno pueda tener influencia en ese resultado y sea por lo mismo inocua para ese efecto, asunto que corresponde examinar en cada caso”(4).

(...).

(4) Sentencia del 1º de julio de 1999, exp. 2.234; Consejero Ponente, doctor Mario Alario Méndez. Págs. 41 y 42.

(...).

Si bien es cierto que prosperarían dos de los cargos formulados, en razón a que las anulaciones de los registros correspondientes no alterarían los resultados electorales, se niega la pretensión de nulidad de la resolución demandada».