Sentencia 1894 de mayo 25 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

AUTORIZACIÓN DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS

UNA AUTORIZACIÓN NEGADA NO IMPIDE PRESENTAR NUEVA SOLICITUD

EXTRACTOS: «A través de la acción de nulidad de que trata el articulo 84 del Código Contencioso Administrativo, el representante legal del Sindicato nacional de trabajadores de la industria metalmecánica, metálica, metalúrgica y siderúrgica —Sintraime—, y el representante legal del Sindicato de trabajadores de la empresa industrias centrales del acero, Induacero S.A., Sintrainduacero, por conducto de apoderado, pretenden la nulidad de las resoluciones 1462 del 7 de julio de 1997 y 2698 del 5 de noviembre del mismo año, emanadas de la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social de Santafé de Bogotá y la número 1050 del 24 de abril de 1998, emanada de la Dirección Técnica del Trabajo.

En efecto, mediante la Resolución 1462 de 7 de julio de 1997 (fls. 3-13) el director regional de trabajo y seguridad social de Santafé de Bogotá y Cundinamarca resolvió la solicitud hecha por el representante legal de la empresa Industrias Centrales del Acero S.A., de fecha 16 de diciembre de 1996, en el sentido de autorizar de conformidad con el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, la terminación de los contratos del personal vinculado a la sociedad en el área de la producción industrial de electrodomésticos.

(...).

Con base en las documentales que fueron reseñadas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolvió autorizar al representante legal de la empresa Induacero S. A. para despedir a 64 trabajadores requiriendo al representante legal para que preste la caución o constituya todas las garantías indispensables que acrediten el pago de pensiones, prestaciones sociales y demás derechos ciertos de los trabajadores afectados con la medida, so pena de incurrir en las sanciones de ley.

Contra la anterior determinación se interpuso el recurso de reposición, el cual fue desatado a través de la Resolución 2698 de 5 de noviembre de 1997 (c. ppal., fl. 15 ), mediante la cual se confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución 1462 de 7 de julio de 1997. Fundamentó el ministerio el proveído en el sentido de que el dictamen rendido es plena prueba para demostrar que la empresa se vio abocada a cerrar la producción en forma total, lo que conduce a reconocer inexorablemente que los trabajadores ya no se requieren ni pueden ser reubicados, debiendo mantenerse la decisión objeto de impugnación.

Contra este proveído se interpuso recurso de apelación, y mediante la Resolución 1050 de 24 de abril de 1998 el director técnico de trabajo (c. ppal., fl. 22), resolvió modificar el artículo 1º de la Resolución 1462 de 7 de julio de 1997, en el sentido de que sólo podría ser efectivo el despido de los 64 trabajadores una vez constituidas las cauciones o garantías indispensables sobre el pago de las pensiones de jubilación, prestaciones sociales y demás derechos ciertos de los trabajadores, conforme al numeral 6º del artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978.

El artículo 67 de la Ley 50 de 1990 estableció que:

“Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos 5º, ordinal 1º, literal d) de esta ley y 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones si fuere el caso, igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores de tal solicitud...”.

El numeral 3º de la misma normatividad señala:

“La autorización de que trata el numeral 1º de este artículo podrá concederse en los casos en que el empleador se vea afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos, equipos o sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de sus productos, la supresión de procesos, equipos o sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando éstos sean obsoletos o ineficientes o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos similares a los mencionados.

La solicitud respectiva deberá ir acompañada de los medios de prueba de carácter financiero, contable, técnico, comercial, administrativo, según el caso, que acrediten debidamente la misma...”.

En este orden de ideas, y de conformidad con la anterior preceptiva, dirá la Sala que la ley prevé que cuando la mala situación coloca al empleador en trance de clausurar la empresa, de liquidarla parcialmente, o disminuir personal, no puede hacerlo por iniciativa propia, sino que es necesario acudir ante las autoridades administrativas del trabajo para solicitar y obtener el permiso para adoptar esas medidas. Estas autoridades, luego de hacer todas las investigaciones y análisis, concluirán si, en efecto, es posible autorizar la terminación de los contratos de trabajo. En estas condiciones, no está al arbitrio del empleador reducir colectivamente el número de sus trabajadores porque la investigación de la autoridad administrativa constituye un requisito ineludible para hacerlo. Esta es la garantía que el legislador le concede a los asociados en el caso de despidos masivos. Las penurias económicas en estos casos constituyen el fundamento para que la autoridad consienta en que se realicen los despidos.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la entidad demandada solicitó ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social autorización para la terminación de los contratos a 64 trabajadores, y éste a su vez estableció y comprobó a través del estudio técnico hecho por peritos en materia económica, que la empresa se encuentra en una crisis económica debido a la apertura económica, que trajo como consecuencia una baja considerable en las ventas. El bajo nivel de competitividad obliga a la empresa a dar por terminado su proceso productivo y por lo tanto el cambio del objeto social, circunstancia que hace que la mano de obra utilizada anteriormente no se requiera para el desarrollo de la actividad actual. Estos argumentos sirvieron de base al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para autorizar la terminación de 64 contratos de trabajo.

Ahora bien, la negativa del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para autorizar el despido de 215 trabajadores en el año de 1996, tuvo como base el estudio productivo de los años 1993, 1994 y 1995, que fue favorable para la empresa, y por lo tanto contrario a la preceptiva de que trata el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 para conceder el permiso para despedir (c. ppal., fls. 38-64).

Vale la pena acotar que el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 en manera alguna impide que se haga una nueva petición respecto a despidos masivos por la circunstancias allí previstas, en el entendido de que corresponda a épocas y situaciones diversas. En otras palabras, el hecho de que con anterioridad la empresa hubiera solicitado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorización para la terminación de los contratos de 215 trabajadores (que fue negada), no impide que vuelva a hacer uso de esta norma, pues ella no limita el número de veces en que se puede hacer esta solicitud.

Así las cosas, es menester concluir que las razones aducidas por la empresa en la petición resuelta a través de los actos administrativos demandados, con base en su situación económica, se encuentran debidamente acreditados en el estudio económico elaborado por la subdirección de relaciones individuales (fl. 160-191), documento público que tiene pleno valor probatorio dentro del proceso, según las voces del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

Por último advierte, la Sala que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social obró dentro del marco de su competencia y en aplicación de las normas existentes que regulan la materia, esto es, observando rigurosamente el procedimiento que la ley señala.

El permiso solicitado por la empresa para la terminación de los 64 contratos de trabajo en abril de 1998 se fundamenta en hechos nuevos, tales como el cambio del objeto social de Induacero S.A., al pasar en diciembre de 1996 de empresa productora de electrodomésticos a compañía comercializadora de esos bienes, dando lugar a que en la visita realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se constatara que la actividad de producción es totalmente nula y que los trabajadores de nómina operativa existente no desarrollan ningún tipo de actividad productiva.

En estas condiciones, es evidente que en el sub lite se cumplen a cabalidad los presupuestos de que trata el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, razón por la cual la presunción de legalidad que ampara los actos acusados sale avante. Por lo demás, este proceder no viola ni la Constitución ni la ley.

Así las cosas, fuerza concluir que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar».

(Sentencia de mayo 25 de 2000. Expediente 0137-1894-98. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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