Sentencia 18956 de marzo 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 18.956 (R-0525)

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Actores: Pablo Ducuara Murcia y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Decide la Sala los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia de 27 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada por la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton y por las lesiones de la señora Clara Inés Ducuara Leyton, en hechos ocurridos el 22 de abril de 1997.

Previo a decidir el asunto puesto a consideración de la Sala, es pertinente manifestar que, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado la providencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En el presente asunto tanto la parte actora como la entidad demandada formularon recurso de apelación contra la sentencia de 27 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, razón por la cual el juez tendrá competencia en el sub lite para pronunciarse sin limitación alguna sobre todos los aspectos materia de la controversia.

De otro lado, en cuanto a las pruebas solicitadas y practicadas en el plenario, es menester señalar que los actores solicitaron el traslado del proceso penal militar por los delitos de homicidio y lesiones personales seguido contra los agentes de policía que participaron en los hechos en los que murió el señor Medardo Ducuara Leyton y resultó lesionada su hermana, solicitud que fue coadyuvada por la demandada (fls. 231, 260, cdno. 1).

Mediante auto de 27 de septiembre de 1999, el tribunal ordenó el traslado del citado proceso penal militar y, mediante oficio remisorio 547 de 29 de agosto de 2001, la Policía Nacional lo remitió en copia auténtica al proceso contencioso administrativo (fl. 446, cdno. 4).

En cuanto al traslado de pruebas, esta sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).

Cabe resaltar que la investigación penal por la muerte y las lesiones de las citadas personas le correspondió inicialmente a la Fiscalía General de la Nación y luego a la justicia penal militar, pues el Consejo Superior de la Judicatura dirimió en favor de esta última el conflicto de jurisdicciones suscitado entre ellas. En consecuencia, las pruebas trasladadas de dicho proceso podrán valorarse en este asunto, si se tiene en cuenta que la demandada coadyuvó la solicitud que en tal sentido formuló la parte actora, pero además porque la accionada intervino en la práctica de las pruebas que le correspondieron a la justicia penal militar.

Las pruebas válidamente practicadas en el proceso dan cuenta de los siguientes hechos:

a. El 22 de abril de 1997, perdió la vida el señor Medardo Ducuara Leyton, en hechos ocurridos en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento del Tolima. Así lo acreditan el registro civil de defunción (fl. 67, anexo 1), el acta de levantamiento (fl. 107, anexo 3), y la necropsia practicada al cadáver de la víctima por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Tolima, en la cual se estableció que la citada persona falleció por una “hipovolemia debida a laceración de grandes vasos y herida en pulmón izquierdo, producida por proyectil de arma de fuego” (fls. 68 a 70, anexo 1). En los mismos hechos también resultó lesionada la señora Clara Inés Ducuara Leyton, quien recibió un impacto de bala en el antebrazo derecho, lo cual ameritó que el Instituto Nacional de Medicina Legal le dictaminara una incapacidad médico-legal definitiva de 12 días (fl. 153, anexo 3).

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton constituye un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso. De igual forma se encuentra demostrado el daño antijurídico sufrido por la señora Clara Inés Ducuara Leyton con ocasión de las lesiones por ella padecidas.

b. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los cuales murió el señor Ducuara Leyton y resultó lesionada su hermana, se encuentra lo siguiente:

El informe de novedad, suscrito por el sargento Jesús Antonio Marulanda Bedoya, comandante de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, se refirió a los hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, en jurisdicción del municipio de Ortega, e hizo alusión a lo siguiente:

“Siendo las 14:00 horas me trasladé al sitio mencionado con los agentes Melo Quintana Fernando, Muñoz Méndez Carlos Eduardo, Murillo Martínez Pedro Orlando, Ospina Patarroyo Ermel, Prieto Lozano Sabas, Rodríguez Carvajal Leonardo y Rodríguez Preciado Israel, portando armamento de dotación oficial (cuatro revólveres, una carabina M-1 y siete fusiles Galil), con el fin de apoyar al señor inspector de policía municipal a una diligencia de inspección ocular en compañía además de los señores Justiniano Peralta Lamprea, personero municipal, Daniel Lozano Oyuela, propietario del predio, Daniel Guzmán Barrios, abogado, Manuel Leyton, mayordomo de la finca y Eliécer Lozano Oyuela, trabajador. Al llegar a la casa de la finca dejamos el vehículo Chevrolet LUV WT1150 asignado al servicio del plan energético vial y conducido por el señor Ever Lozano, y nos desplazamos al sitio de la inspección ocular distante dos kilómetros por campo traviesa, donde se llevó a cabo la diligencia sin oposición alguna.

“Siendo las 17:00 horas se terminó la diligencia y nos devolvimos hasta el lugar donde había quedado el vehículo y cuando nos disponíamos a evacuar el área apareció un grupo indeterminado de indígenas pertenecientes al cabildo de La Sortija, armados de machetes, de palos y piedras, agrediendo a la patrulla y a los particulares que nos acompañaban en la diligencia. Al intentar desarmarlos para identificarlos y conducirlos se presentó la agresión física contra los policiales, llegando a forcejear el suscrito con un indígena y el agente Murillo Martínez Pedro Orlando con el indígena Medardo Ducuara Leyton resultando muerto este último con arma de fuego al parecer revólver, presentando un impacto al parecer de entrada a la altura del cuello y posible salida en la espalda lado izquierdo, al encontrarse el indígena en el piso y pretender la patrulla policial brindarle los primeros auxilios se agudizó más la agresión y no permitieron trasladarlo a un centro asistencial ni mucho menos la presencia nuestra para las diligencias posteriores.

“Siendo las 18:10 horas p.m. regresamos a la estación, se establecieron novedades resultando dos armas (revólveres) disparadas con dos y un cartucho respectivamente correspondientes al suscrito el número ABF63 82/6913X, y al agente Murillo Martínez Pedro el número ABH13 76/69616, presumiéndose que el homicidio se cometió con el segundo de los revólveres en el forcejeo del agente con el occiso o por parte de ellos mismos tratando de linchar al agente con el consabido propósito de despojarlo del arma y con ella misma continuar atacando la patrulla (fls. 39, 40, anexo 1).

Por su parte, los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, que participaron en los hechos en los que murió el gobernador indígena y resultó lesionada su hermana, manifestaron que ese día se encontraban acompañando al inspector de policía municipal y a otras autoridades locales, en la práctica de una diligencia policiva relacionada con la aclaración de linderos en un predio rural, y que una vez finalizada esta fueron atacados con machete, piedra y palo por varios miembros de la comunidad indígena denominada “La Sortija”, liderados por el señor Medardo Ducuara Leyton.

Sobre el particular, el agente Ermel Ospina Patarroyo aseguró que finalizada la diligencia fueron agredidos verbal y físicamente por los indígenas del resguardo “La Sortija” y que el hoy fallecido se abalanzó contra el comandante de la estación de policía, para despojarlo de su arma de dotación, presentándose un forcejeo entre ellos, sin embargo, cuando el agente estatal logró zafarse de las manos del indígena, este sacó una peinilla y se lanzó encima del uniformado, quien sacó un revólver e hizo dos disparos al suelo con el propósito de que el indígena soltara el arma, pero este hizo caso omiso de ello. Manifestó que el agente de policía Pedro Murillo Martínez intervino en el asunto para auxiliar a su comandante, pero que el señor Ducuara Leyton también trató de despojarlo de su arma, momento en el cual ambos cayeron al suelo y se escuchó un disparo que hirió al gobernador indígena, a quien trató de brindársele inmediatamente los primeros auxilios, pero los miembros de su comunidad lo impidieron (fls. 177, 178, anexo 1).

A su turno, el agente Leonardo Rodrigo Rodríguez dijo que al ver que los indígenas se encontraban enardecidos, trataron de calmarlos, pero que estos empezaron a insultar a los funcionarios que intervinieron en la diligencia policiva e instantes después amenazaron con sus machetes a los uniformados, percatándose que uno de ellos se encontraba forcejeando con el agente Murillo Martínez y que luego escuchó “unos disparos”, los cuales no supo de dónde provenían y que la gente gritaba que habían matado al señor Ducuara Leyton. Agregó que los indígenas no permitieron que le prestaran los primeros auxilios a la víctima y que ante lo complicado de la situación debieron abandonar rápidamente el lugar, particularmente porque su obligación era proteger la integridad de los funcionarios encargados de practicar la diligencia policiva (fls. 4 a 6, anexo 3).

El agente Carlos Eduardo Muñoz indicó que el sargento Jesús Antonio Marulanda Bedoya, comandante de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, se dirigió al líder indígena Medardo Ducuara Leyton con el propósito de que apaciguara los ánimos de los miembros de su comunidad, pero este lo amenazó con un machete, frente a lo cual el sargento sacó su revólver y disparó al suelo en dos ocasiones para desarmar al indígena. Instantes después, se dio cuenta de que el señor Ducuara Leyton se encontraba forcejeando con el agente Murillo Martínez quien resbaló y cayó al suelo, circunstancia que fue aprovechada por la víctima para abalanzarse contra el uniformado con el propósito de desarmarlo, escuchándose un disparo que hirió de gravedad al indígena, pero que no supo de dónde provenía porque la visibilidad se lo impedía (fls. 7 a 9, anexo 2).

El agente Fernando Melo Quintana aludió igualmente a los dos disparos que realizó al piso el comandante de la estación de policía de Ortega para disuadir al señor Ducuara Leyton, quien en actitud amenazante y peligrosa enfrentaba al uniformado con un machete. Posteriormente, según el declarante, el líder indígena se enfrascó en un forcejeo con el agente Murillo Martínez al pie de una laguna, al parecer porque pretendía despojarlo de su arma de dotación, momento en el cual escuchó un disparo y observó que el señor Ducuara Leyton cayó al piso, pero que no supo de dónde provenía (fls. 9 a 11, anexo 2).

El agente Jesús Antonio Marulanda Bedoya, comandante de la estación de policía del municipio de Ortega, manifestó que después de culminar una diligencia policiva en la vereda Sortija y cuando se disponían a salir del lugar, fueron abordados por un grupo de indígenas quienes los agredieron con machete, palos y piedras, impidiéndoles la salida del lugar. Sostuvo que forcejeó con uno de ellos para despojarlo de una peinilla, sin alcanzar su objetivo, ya que otro de los indígenas le lanzó una olla con peto caliente. Luego, cuando se encontraba en el suelo, observó que el agente Pedro Orlando Murillo Martínez forcejeaba con el señor Medardo Ducuara Leyton y que en ese momento escuchó varios disparos, pero que no supo de dónde provenían. Adicionalmente aseveró:

“Al verificar las novedades que mencioné anteriormente encontré tres cartuchos disparados, dos del arma mía y uno de la del agente Murillo Martínez Pedro, las armas son revólveres Smith & Wesson, calibre 38 largo. Aparte de eso quiero informar que todos llevábamos fusil Galil los agentes y carabina M-1 yo, cuatro revólveres eran en total, nadie más disparó, pero en el sitio escuché más de diez o quince disparos sin poder asegurar quién los produjo o de qué parte venían ya que en ese momento la preocupación es con el contrincante de turno y casi se olvida uno de lo que hay alrededor (...) Preguntado: ¿Diga cómo se efectuó el empleo de los dos revólveres y por qué? Contestó: En mi caso para asustar si se puede decir a quien me agredía y tratar de disuadirlo para que frenara la agresión en contra mía, los disparos los hice al piso, en el caso del agente Murillo o del otro revólver disparado y según manifestación de dicho agente, al tener el fusil terciado y el contrincante al querer despojarlo de él y encontrándose en el piso con el otro individuo disparó el revólver tratando seguramente de disuadirlo a Medardo Ducuara Leyton para que cesara la agresión (...) Como dije antes, yo me encontraba en el piso y observé lo último del forcejeo del occiso con el agente y al estar en el piso ambos estaban a escasos centímetros el uno del otro, cuando digo haber visto salir sangre del cuello del herido ya Murillo se estaba incorporando y lógicamente a 30 o 40 centímetros de distancia del otro señor (...) Por parte de la policía no hubo daños, levemente lesionado el agente Murillo Martínez Pedro en el tobillo izquierdo y la rodilla derecha, el suscrito quemado con el peto pero sin señales o consecuencias y una excoriación leve en la muñeca de la mano derecha pero muy leve, de la otra parte, a más del occiso escuché de una señora herida en un brazo y un joven en una rodilla, como no quieren nada con la policía no he podido establecer sus identidades ni con qué se causaron esas heridas y mucho menos por parte de quién” (fls. 90, 91, anexo 2).

Por su parte, el señor Rubén Hernández, quien para la época de los hechos se desempeñaba como inspector de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, afirmó que después de finalizada la diligencia policiva, en la que se ordenó el levantamiento de un cerco de alambre de púas instalado irregularmente por la comunidad indígena, fueron atacados con armas blancas, piedras y palos por varios miembros de dicha colectividad, lo cual motivó la intervención de la fuerza pública con el fin de desarmarlos, siendo esta también agredida con machete por parte del grupo indígena mencionado. A pesar de los insistentes ruegos que él y el personero municipal les hicieron a los indígenas para que se calmaran, ello no fue posible; por el contrario, arreciaron sus ataques contra la fuerza pública y en medio de la confusión se escucharon varios disparos por parte de la policía y de los indígenas, resultando herido el señor Medardo Ducuara Leyton al pie de un lago. Señaló que trató de impedir que la situación empeorara, pero los indígenas enfurecidos le lanzaron ocho machetazos, por lo cual salió corriendo para salvaguardar su integridad. Sostuvo que no supo quién hirió al señor Ducuara Leyton, pues en ese momento se escucharon varios disparos, pero no observó quién los efectuó porque se encontraba a una distancia de 30 metros aproximadamente. Por último, relató que la actitud de la policía fue en todo momento pacífica, pero cuando fueron atacados con machete por los indígenas se vieron en la necesidad de defenderse (fls. 13 a 15, anexo 1).

No obstante lo manifestado por las personas citadas, existen versiones contrarias como es el caso de varios de los indígenas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, quienes aseguraron que no era cierto que ellos hubiesen atacado verbal y físicamente a autoridad o miembro alguno de la fuerza pública; todo lo contrario, lo que ocurrió realmente fue que la policía llegó al lugar de los hechos preguntando quién era el gobernador de la comunidad indígena e inmediatamente procedió a disparar y golpear a las personas que allí se encontraban, perdiendo la vida en los hechos el señor Medardo Ducuara Leyton y resultando lesionada la señora Clara Inés Ducuara Leyton.

Sobre lo ocurrido, la Asociación de Cabildos del Consejo Regional Indígena del Tolima, formuló la siguiente denuncia:

“Que el día de ayer 22 de abril de 1997 a las 5:00 p.m., fue asesinado el gobernador de la comunidad indígena de Sortija, el compañero Medardo Ducuara Leyton a manos del comandante de la policía de Ortega, sargento Jesús Antonio Marulanda Bedoya.

“Cuando el gobernador se desplazaba en predios de la comunidad en labores diarias, se encontraron con aproximadamente 18 policías al mando del mencionado comandante, además estaba presente el inspector de policía y el personero municipal, también se hicieron presentes los señores Daniel Lozano y José de la Cruz Lozano, a quien la comunidad logró recuperar el territorio denominado predio Trapichito mediante negociación hecha por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria “Incora” en el año de 1992.

“El comandante de la policía y los individuos que lo acompañaban preguntaron por el gobernador de la comunidad y una vez identificado, el sargento Jesús Antonio Marulanda Bedoya procedió con amedrentamiento (sic) y disparando a los pies de las personas y otros policías procedieron a golpear a los miembros de la comunidad, luego el comandante de la policía le disparó, hiriendo al gobernador indígena en el esófago y en la espalda, heridas que produjeron su muerte.

“En los hechos también fue herida de bala en el brazo izquierdo, la hermana del gobernador Clara Ducuara y su hijo William Hugo Ducuara de 17 años, quien recibió un tiro en la rodilla derecha.

“Estos hechos se presentaron porque el cabildo y la comunidad indígena están haciendo respetar los linderos del territorio entregado por el Incora.

“Informamos que la comunidad no fue notificada de ninguna orden judicial, pero la policía y los funcionarios que participaron cometieron estas arbitrariedades violando los derechos humanos, más cuando la legislación colombiana nos protege y da los mecanismos, instrumentos y procedimientos para estos casos” (fls. 16, 17, anexo 1).

La señora Nini Johana Leyton Marín, quien el día de los hechos se encontraba trabajando con otros miembros de la comunidad indígena, manifestó que fueron abordados por agentes de la Policía Nacional quienes los increparon y que tres de ellos sujetaron al hoy fallecido y lo apartaron del grupo. Manifestó que algunos miembros del grupo indígena portaban peinillas, pero que nunca las utilizaron ni amenazaron a la policía, a tal punto que cuando los agentes estatales le exigieron al gobernador asesinado que botara la peinilla que portaba en la mano, este la lanzó a una laguna e inmediatamente lo asesinaron. Señaló que el disparo que le cegó la vida al líder indígena fue el mismo que lesionó a la señora Clara Inés Ducuara. Negó que la víctima hubiese forcejeado con miembro alguno de la Policía Nacional, mucho menos que hubiese esgrimido la peinilla contra alguno de ellos (fl. 127, anexo 1).

En el mismo sentido se pronunció Enrique Leyton, quien aseguró que ante la solicitud de la policía, el gobernador arrojó a una laguna la peinilla que portaba en la mano y que después de eso un agente le disparó en dos oportunidades con un revólver 38 largo, causándole la muerte y heridas a la señora Clara Inés Ducuara Leyton, hermana del difunto. Señaló que en total se realizaron 5 disparos, tres de ellos se hicieron a los pies de la víctima, los otros dos contra la humanidad del señor Ducuara Leyton. Seguidamente, el sargento que disparó contra el gobernador pidió ayuda para trasladar al herido al hospital, pero los miembros de la comunidad indígena se opusieron inmediatamente a que fuera tocado, pues ya estaba muerto. Desmintió que la víctima hubiese tratado de desarmar al agente que lo atacó. Finalmente, el testigo expuso que antes de que mataran al líder indígena, tres agentes golpearon fuertemente a la víctima con la culata de sus armas hasta hacerlo vomitar (fls. 130 a 133, anexo 1).

La misma versión de los hechos esgrimieron Melquisidec y Clara Inés Ducuara Leyton (fls. 142, 147, anexo 1), pero lo dicho por ellos no puede ser valorado en este caso por el juez, toda vez que las citadas personas fungen en el sub lite como integrantes de la parte demandante(4).

Los testimonios revelados evidencian, por un lado, que los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, habrían utilizado sus armas de dotación para defenderse de los ataques de un grupo de indígenas pertenecientes a la comunidad La Sortija, liderados por el señor Medardo Ducuara Leyton, quienes habrían utilizado peinillas, palos y piedras para agredir a la fuerza pública, cuya única misión era prestar protección a las autoridades locales en el desarrollo de una diligencia policial, y que la muerte del líder indígena se habría producido de manera accidental cuando este habría tratado de desarmar a uno de los agentes que participaron en los hechos; por otro lado, hay quienes sostienen que fueron los policías los que agredieron con sus armas a un grupo de indígenas de la comunidad La Sortija y que si bien estos portaban machetes, jamás los utilizaron, es decir, nunca estuvo en peligro la vida de los miembros de la fuerza pública ni la de los integrantes de la diligencia policiva.

Como puede verse, las declaraciones rendidas por quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos resultan divergentes entre sí, pues un grupo de testigos aseguró que fueron los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, los que provocaron y causaron los hechos en los cuales resultó muerto el gobernador indígena Medardo Ducuara Leyton y fue lesionada su hermana, mientras que otro grupo aseguró que fueron los miembros de la comunidad indígena La Sortija los que atacaron con armas blancas, piedras y palos a los integrantes de una diligencia policiva y a los miembros de la fuerza pública que los acompañaban, quienes se vieron obligados a defenderse de la agresión para salvaguardar su integridad.

Así se desprende de las declaraciones citadas, incluyendo las de los propios agentes de policía que intervinieron en los hechos, cobrando particularmente importancia la declaración del sargento Jesús Antonio Marulanda Bedoya, comandante de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, quien aseguró que el día de los hechos fueron accionadas dos armas de dotación oficial, tipo revólver, marca Smith & Wesson, el primero de los cuales habría sido disparado por el citado comandante, en dos oportunidades y contra el piso, con el propósito de desarmar al gobernador indígena quien portaba una peinilla con la cual estaba amedrentando a los miembros de la fuerza pública, y que el otro habría sido disparado, en una ocasión, por el agente Pedro Orlando Murillo Martínez cuando este se encontraba en el piso, cuyo único propósito no era otro que el de disuadir al hoy occiso para que cesara la agresión en su contra.

En línea con lo anterior, el informe de novedad de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, indicó que el día de los hechos fueron disparadas dos armas de dotación, esto es el revólver identificado con el número ABF63-82/6913X, asignado al sargento Jesús Antonio Marulanda Bedoya, y el revólver identificado con el número ABH13-76/69616, asignado al agente Pedro Orlando Murillo Martínez, “presumiéndose que el homicidio se cometió con el segundo de los revólveres” (fl. 40, anexo 1).

A lo antes expuesto habría que adicionar el hecho según el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Tolima, concluyó que las lesiones que le produjeron la muerte al señor Ducuara Leyton fueron causadas por un proyectil disparado con arma de corto alcance (fl. 61, anexo 1). Pero además no debe perderse de vista que la entidad demandada jamás ha negado el hecho de que la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton se produjo con arma de dotación oficial, aunque en su defensa siempre ha alegado que el disparo se produjo de manera accidental durante un forcejeo entre un agente de la institución y el líder indígena quien habría pretendido despojar del arma al primero.

Así mismo, se encuentra acreditado en el plenario que en los mismos hechos en los cuales perdió la vida el líder indígena, también resultó lesionada en un brazo la señora Clara Inés Ducuara Leyton, hermana del primero, quien al parecer fue alcanzada por el mismo proyectil que hirió mortalmente al gobernador indígena, tal como se logra inferir de los testimonios rendidos en el proceso por Nini Johana Leyton Marín, Enrique Leyton y el comandante de la estación de policía de Ortega, así como de la denuncia instaurada por la comunidad indígena La Sortija y la valoración médico-legal practicada a la lesionada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Tolima, pruebas a las que se hizo alusión anteriormente y que se encuentran referenciadas ab initio.

Se descarta, en todo caso, que los disparos que causaron la muerte del líder indígena y las lesiones a la señora Clara Inés Ducuara hubiesen provenido de personas distintas a los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, pues es claro que los únicos que portaban armas de fuego, el día de los hechos, eran los uniformados quienes aceptaron haber disparado, pero además porque se encuentra acreditado que los indígenas portaban consigo machetes, piedras y palos, pero no armas de fuego, según se evidencia claramente de la prueba testimonial recogida en el plenario. Lo anterior, por cuanto algunos de los agentes que declararon en el proceso, manifestaron que en el momento del forcejeo con los indígenas, escucharon varios disparos cuya procedencia dijeron desconocer, dejando abierta la posibilidad de que las víctimas hayan sido heridas con armas de fuego distintas a las que ellos portaban.

Teniendo claro que la muerte del líder indígena y las lesiones sufridas por su hermana fueron causadas con arma de fuego, es preciso analizar, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, si tales hechos obedecieron a la culpa exclusiva del señor Medardo Leyton Ducuara, pues según lo sostenido por la entidad demandada, este habría intentado desarmar a uno de los agentes de policía, presentándose un forcejeo entre ellos, que habría accionado accidentalmente el arma de fuego, con el resultado ya conocido.

Cabe precisar que en los casos en los que se involucran armas de fuego de dotación oficial, al actor le basta demostrar el daño y la relación de causalidad entre este y el actuar administrativo, para que se abra paso la declaratoria de responsabilidad, pudiéndose exonerar la administración tan solo si acredita la ocurrencia de fuerza mayor, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. En estos casos, quien tiene la guarda de la cosa debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado.

Al respecto, la Sala, reiteradamente ha sostenido:

“El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. (...).

“En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”(5).

Lo anterior, sin perjuicio de que las pruebas valoradas en el proceso permitan establecer la presencia de una falla en la prestación del servicio, evento en el cual el juez deberá declararla, siempre que no exista una causal eximente de responsabilidad. En esa medida, siendo procedente aplicar el régimen de falla del servicio y probados los hechos que la configurarían, la Sala habrá de declarar la responsabilidad de la administración de manera preferente con fundamento en la referida falla del servicio y no en el régimen objetivo.

Precisamente, la Sala en varias oportunidades se ha referido al régimen de falla del servicio para señalar que este ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado. Por ello, si al juez administrativo le compete —por principio— una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(6).

Según los actores, los miembros de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, ajusticiaron sin razón aparente al señor Medardo Ducuara Leyton y lesionaron a su hermana. Sobre el particular, varios de los testigos que declararon en el proceso aseguraron que la víctima portaba una peinilla en la mano y que ante la insistencia de los agentes de policía, este se deshizo del arma arrojándola a una laguna cercana, y cuando se encontraba desarmado fue atacado por el agente Murillo Martínez quien accionó su arma de dotación sobre la humanidad del líder indígena, cegándole la vida e hiriendo a Clara Inés Ducuara Leyton que se encontraba a su lado. De otro lado, están quienes afirmaron que la muerte del citado señor ocurrió cuando este trató de desarmar a uno de los agentes de policía, presentándose un forcejeo entre ellos, durante el cual se habría accionado accidentalmente el arma de dotación oficial, causándole la muerte al líder indígena.

No obstante las versiones enfrentadas de unos y otros, lo cierto es que se encuentra debidamente acreditado en el plenario que, el día de los hechos, los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, fueron comisionados para acompañar al inspector municipal de esa localidad y a otros funcionarios, en la práctica de una diligencia de inspección ocular en un predio rural, al cabo de la cual se presentó un altercado con varios miembros de la comunidad indígena denominada La Sortija, quienes intentaron reclamar y recuperar un alambre de púa que fue levantado por orden de la autoridad competente y que según ellos les pertenecía. Tales hechos habrían caldeado los ánimos de los indígenas quienes se encontraban armados con machetes, palos y piedra y trataron de impedir la salida de las autoridades que participaron en la diligencia y de los miembros de la fuerza pública que los acompañaban, presentándose un forcejeo entre ellos, pues mientras los agentes intentaban desarmar a los indígenas, estos trataban de impedirlo a toda costa, situación que dejó como desenlace una persona muerta y otra lesionada.

Si bien la entidad demandada ha tratado de justificar el hecho esgrimiendo en su defensa que la muerte del señor Ducuara Leyton se produjo durante un forcejeo cuando este trataba de desarmar al agente estatal, evento en el cual se habría accionado accidentalmente el arma de dotación del uniformado, hiriendo mortalmente al líder indígena y causando lesiones a la señora Clara Inés Ducuara Leyton, lo cierto es que todo indica que ello no fue así, pues el material probatorio apunta a que el agente Murillo Martínez atacó con su arma de dotación al líder indígena cuando este se encontraba desarmado, ya que previamente había arrojado a una laguna la peinilla que portaba en la mano, tal como se deduce claramente del testimonio rendido por el citado agente ante la fiscalía delegada para los derechos humanos, declaración que resulta de suma importancia en aras de esclarecer los hechos, en la medida en que el uniformado fue señalado como la persona que habría disparado contra el hoy fallecido y su hermana, y que sobre lo ocurrido aseveró:

“(...) Terminada la diligencia comenzamos a desplazarnos al sitio donde se encontraba la camioneta o sea sobre la carretera principal. Al llegar a este sitio nos ofrecieron una gaseosa al clima, a otros una limonada con panela, a eso de las 17:20 horas cuando fuimos a abordar la camioneta se nos aparecieron en el sitio un número indeterminado de indígenas, aproximado entre 20 o 25 manifestando de que no nos dejarían partir, en lo que observamos estaban armados de machetes, piedras y palos. Prácticamente nos estaban haciendo una asonada, a lo cual tratamos de dialogar con ellos, de calmarlos, algunos de nosotros les preguntamos que qué les pasaba, que qué querían, que ahí con nosotros se encontraba el señor inspector de policía, el personero municipal, que con ellos podrían dialogar, pero estos individuos agresivos, sobervios (sic) con sus machetes en mano nos decían que no nos arrimáramos porque nos bajaban la cabeza. Yo personalmente así como de pronto alguno de mis compañeros nos entendimos uno a uno con cada uno de los indígenas, tratando de mediar la situación y en lo posible tratar de desarmarlos. Con el señor indígena que yo me entendí yo le manifestaba que botara esa peinilla, que dialogara, le amagué como para llegar a desarmarlo pero este me amagó también con su arma, le esquivé y volví y le amagué, íbamos por la orilla de un pequeño lago, en un momento dado el indígena botó el machete a la laguna, traté de llegarle ya que se encontraba sin armamento, al amargarle este se me agarró del cañón del revólver el cual portaba yo en la mano derecha. Al tratar de no dejarme quitar el armamento forcejeamos continuando por la orilla del lago, llegamos por la orilla de un desagüe o laguna, traté de resbalar, el indígena también resbaló, en ese momento sonaron varios disparos incluyendo el que fue producto del forcejeo en el arma que yo portaba. En ese momento vi caer al señor indígena (...) Preguntado: ¿Puede usted decirnos cuántos disparos logró efectuar en esa oportunidad y con qué arma? Contestó: Como dije anteriormente, disparos que se hayan dado con el arma que yo portaba producto del forcejeo aparece un revólver Smith Wesson, un cartucho disparado (...). Preguntado: ¿En los hechos que se le preguntan pudo percibir usted si el sargento Marulanda disparó algún arma? Contestó: Con anterioridad a los varios disparos que he manifestado, se escucharon dos disparos los cuales según versión de mi sargento, él dice haberlos disparado, no sé contra quién ni en qué circunstancias o modo (...) Lo único que puedo deducir es que esos disparos se escucharon en el mismo instante en que se produjo el del forcejeo y que han podido ser disparados hacia mí, para que así el señor indígena lograra el objetivo de apoderarse de mi armamento (...)” (fls. 29 a 31, anexo 2) (se resalta).

De otro lado, existen suficientes elementos de juicio que permiten afirmar a la Sala que el disparo que lesionó mortalmente al líder indígena no se produjo como consecuencia de un forcejeo con el agente Murillo Martínez, como lo sostiene este último y la demandada, por la sencilla razón de que el disparo que lo impactó se produjo a una distancia superior a 1 metro, según lo concluyó la necropsia practicada al cadáver de la víctima, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Tolima, en cuanto indicó que: “La distancia del disparo fue mayor a 1 mt por las características del orificio de entrada”. El cuerpo de la víctima presentaba:

1.1. Orificio de entrada por proyectil de arma de fuego, regular con anillo de contusión, de bordes invertidos que mide 0,7 x 0,4 cms, sin tatuaje ni ahumamiento, ubicada a 30 cms del vertex y a 0,5 cms línea media a nivel supra clavicular izquierdo.

“1.2. Orificio de salida por proyectil de arma de fuego, irregular de bordes evertidos de 1,1 x 0,5 cms ubicado a 6 cms línea media y a 40 cms vertex en el 6º espacio intercostal izquierdo, a nivel dorsal” (fls. 68 a 70, anexo 1).

En consonancia con lo anterior, obra la declaración de la doctora Claudia Patricia Alvarado Sánchez, quien practicó la necropsia al cadáver del señor Ducuara Leyton y aseguró que era muy probable que el disparo se haya producido a una distancia superior a un metro “debido a que no se encontraron ni ahumamiento, ni tatuajes ni residuos de disparos por dentro de la herida del occiso ni de la señora Clara Inés” (fl. 166, anexo 1). Cabe agregar que, según la necropsia, el cadáver de la víctima presentaba anillo de contusión, lo cual es indicativo de que el disparo se realizó a una distancia superior a un metro.

Como se sabe, la presencia de tatuaje o ahumamiento en un cuerpo evidencia que el disparo se hizo a menos de un metro de distancia, mientras que la presencia de anillo de contusión indica que este se realizó a una distancia superior. En el sub lite, el cadáver del señor Ducuara Leyton presentaba anillo de contusión, pero no tenía tatuaje o ahumamiento, lo cual muestra que el disparo se realizó a una distancia superior a un metro, descartándose de plano la posibilidad de que dicho disparo hubiese sido producto de un forcejeo entre la víctima y el agente Murillo Martínez. Al respecto, cabe resaltar lo siguiente:

“La corta distancia presenta como característica fundamental el ahumamiento, y comprende una distancia de 0 a 20 centímetros.

“La distancia intermedia va de 20 centímetros a un (1) metro, y ostenta como característica fundamental el tatuaje. Este son(sic) las partículas de pólvora incrustadas en la dermis de la piel, y se observan como puntos rojizos.

“La larga distancia comprende una distancia mayor de un (1) metro, y su característica fundamental es el anillo de contusión y el anillo de enjugamiento(7).

De otro lado, debe quedar claro que los únicos que portaban armas de fuego, el día de los hechos, eran los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, pues los indígenas únicamente tenían en su poder peinillas, palos y piedras, tal como lo manifestaron al unísono los testigos que rindieron declaración en el proceso. Lo anterior, por cuanto los agentes Murillo Martínez y Marulanda Bedoya aseguraron que además de los tres disparos que ellos realizaron, dos de ellos al piso, el otro que afectó al líder indígena y a su hermana, escucharon varios más, supuestamente realizados por los indígenas, pero lo cierto es que no hay prueba de ello.

Todo parece indicar que el mismo disparo que hirió mortalmente al líder indígena fue el mismo que lesionó a la señora Ducuara Leyton, pues ella se encontraba junto a su hermano, y según la necropsia del cadáver practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, el proyectil que impacto al señor Ducuara Leyton ingresó y salió del cuerpo de la víctima. En todo caso, debe quedar claro que los únicos que portaban armas de fuego eran los agentes estatales y dado que la citada señora resultó lesionada en el brazo por un disparo con arma de fuego, se infiere que este provino de un arma de dotación oficial.

Lo anterior permite sostener que las razones esgrimidas por la entidad demandada en el sentido de que el señor Medardo Ducuara Leyton habría dado lugar con su conducta a los hechos que culminaron con su muerte y con las lesiones de su hermana, son infundadas, pues si bien el hoy fallecido portaba un machete en la mano, lo cierto es que este lo arrojó al agua ante la insistencia de los agentes de policía que pretendían desarmarlo. Seguidamente a ello, es decir cuando el líder indígena se encontraba desarmado, recibió un disparo con arma de dotación oficial, accionada por el agente Pedro Orlando Murillo Martínez, disparo que igualmente lesionó a su hermana quien se encontraba cerca de la víctima.

Se resalta el hecho de que la peinilla perteneciente al señor Medardo Ducuara Leyton, la cual portaba en la mano el día de su muerte, fue encontrada en la laguna contigua al lugar de los acontecimientos, durante una diligencia de inspección judicial practicada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se constató lo siguiente: “Se observa en unas piedras que se encuentran en el sitio determinado, huellas o vestigios de sangre sobre estas, luego de una búsqueda prolongada dentro de la laguna fue encontrada una peinilla (machete) marca águila corneta tres canales, cacha negra de 18 pulgadas que de acorde (sic) con lo dicho por el señor fiscal de la comunidad, fue la que lanzó el hoy occiso a dicha laguna cuando la policía se lo solicitó” (fl. 116, anexo 3), versión esta última que coincide con la del agente Murillo Martínez en cuanto el uniformado aseguró que la víctima arrojó a una laguna la peinilla que portaba en la mano.

Siendo consecuente con lo anterior, el material probatorio recaudado permite afirmar que el disparo que acabó con la vida del señor Medardo Ducuara Leyton y produjo lesiones a su hermana, ocurrió cuando la víctima se encontraba desarmada. De igual manera se descarta que tal hecho hubiese ocurrido durante un forcejeo, si se tiene en cuenta que el disparo se realizó a más de un metro de distancia, tal como se evidencia con la necropsia practicada al cadáver de la víctima.

El hecho de que el indígena fallecido se hubiese despojado de la peinilla que portaba, lanzándola al agua, lejos de su alcance, permite concluir a las claras que el agente Pedro Orlando Murillo Martínez no se encontraba en peligro inminente de muerte o de ser lesionado por el señor Ducuara Leyton. Sin duda, la única posibilidad que habría justificado la utilización del arma de dotación por parte del uniformado hubiera sido el hecho de que este o alguno de sus compañeros se encontrara en peligro inminente de muerte, pero, como se vio, ello no fue así. Tan cierto es esto, que ninguno de los agentes involucrados en los hechos resultó lesionado ese día. En ese orden de ideas, la medida aplicada por el agente Murillo Martínez al señor Ducuara Leyton y a su hermana fue exagerada, desproporcionada e irracional.

Todo lo anterior lleva a concluir que la administración incurrió en una falla del servicio, habida consideración de que uno de los agentes de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, omitió hacer uso legítimo de su arma de dotación, pues la accionó contra una persona indefensa. Tal proceder, abiertamente ilegal y arbitrario, va en contra de las obligaciones constitucionales y legales que les incumbe a las autoridades de la República, en la medida en que estas fueron instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado; solo por esa vía se garantizan la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. Las autoridades públicas que incumplan las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, atenten contra los derechos de las personas, comprometen su responsabilidad y, por lo tanto, están obligadas a resarcir los perjuicios que causen con su irregular proceder.

Resulta evidente que en este caso la entidad demandada asumió y desplegó un comportamiento que sobrepasó el normal cumplimiento de sus deberes, pues solo en casos extremos y por excepción la fuerza pública está autorizada para hacer uso de las armas de dotación, y si lo hace, ha de tomar todas la precauciones que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

No debe perderse de vista que el numeral 1º del artículo 131 de la Resolución 9960 de 13 de noviembre de 1992, “Por la cual se aprueba el reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional”, proferida por el Director General de la Policía, aplicable al presente asunto, en relación con el uso de las armas de dotación oficial, dispone que el personal de la policía: “En cumplimiento de su actividad preventiva y ocasionalmente coercitiva, para preservar el orden público empleará solo los medios autorizados por la ley o reglamento y escogerá, entre los eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes”.

A su turno, el numeral 3º del artículo mencionado señala que: “En el uso de las armas se deberá tener en cuenta su naturaleza de contingencia y peligro que exige el manejo prudente. Su empleo, requiere equilibrio emocional, mesura, serenidad, firmeza y control evitando siempre cualquier exceso. Como último recurso debe emplearse para proteger la integridad personal o la de terceras personas” (se resalta).

Resulta incuestionable el proceder irregular de uno los agentes de policía, toda vez que hizo uso desmedido de su arma de dotación en el marco de una actuación que en criterio de la Sala puede calificarse como precipitada, innecesaria y desproporcionada, pues con todo y que Medardo Ducuara Leyton portaba una peinilla en la mano, resulta evidente que el indígena se deshizo de la misma lanzándola a una laguna ante el pedido de los agentes de policía, pero ello no fue suficiente, pues seguidamente fue dado de baja. Lo cierto es que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, permiten sostener que una vez el líder indígena se despojó de la peinilla, era innecesario el uso del arma de dotación por parte del agente Murillo Martínez, pues aparentemente la situación estaba controlada. Solo en casos extremos se justifica el uso de las armas de dotación, y aun utilizándolas, se debe procurar causar el menor daño posible a los derechos e integridad de las personas.

Cuando los agentes del Estado hacen uso de sus armas de dotación oficial, necesariamente deberán tener en cuenta la contingencia o lo inminente del peligro, lo cual implica que podrá acudirse a estas como última medida para proteger la integridad física o la de terceras personas, evitando siempre cualquier exceso, de lo contrario, los daños que llegaren a ocasionarse con su utilización, deberán ser reparados.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará la sentencia de 27 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto se declaró la responsabilidad de la entidad demandada por la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton y las lesiones causadas a la señora Clara Inés Ducuara Leyton, en hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento del Tolima.

V. Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

a. Por la muerte de Medardo Ducuara Leyton concurrieron al proceso: Pablo Ducuara Murcia y Dioselina Leyton Ducuara, padres de la víctima, Melquisidec, María Deyanira, Virgelina, Clara Inés, Pablo Emilio, Reynaldo, Ana Belén, Flor Ángela, Dioselina, José Víctor y Alexander Ducuara Leyton, hermanos, según se infiere de la demanda y de los poderes debidamente conferidos a su apoderado (fls. 2 a 13, 215 a 241, cdno. 1).

Con ocasión de la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton, los actores solicitaron, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente, en pesos, a 2.000 gramos de oro para cada uno de ellos y de 5.000 gramos oro para la comunidad indígena La Sortija.

El Tribunal Administrativo del Tolima condenó a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente, en pesos, a 1.000 gramos de oro para Pablo Ducuara Murcia y Dioselina Leyton Ducuara, a cada uno de ellos, en calidad de padres de la víctima y negó el pago de dicho perjuicio para los hermanos del indígena asesinado y para la comunidad indígena a la cual pertenecía.

El a quo negó el reconocimiento de los perjuicios morales reclamados por los hermanos del señor Medardo Ducuara Leyton, con fundamento en que para la época de lo hechos estos ya habían alcanzado la mayoría de edad, pues, a su juicio, tales perjuicios se presumen únicamente en relación con los padres, hijos, cónyuge y hermanos menores de edad de la víctima, pero no con respecto a los hermanos que han alcanzado la mayoría de edad, como era el caso de los hermanos Ducuara Leyton; sin embargo, la Sala se aparta del criterio esgrimido por el tribunal, por estimar que la jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce el pago de dicho perjuicio a quienes acrediten la calidad de hermanos de la víctima, independientemente de si estos son menores o mayores de edad, al igual que lo reconoce para los padres, abuelos, hijos, cónyuge o compañero permanente, pues se infiere que estos sufren un profundo dolor por la pérdida de un ser querido, debido a los lazos de afecto, sentimiento y solidaridad que se crean en los núcleos familiares y que indudablemente van a verse afectados por un hecho de esa naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de que se acredite en el proceso que la muerte de una persona no afectó en manera alguna a los miembros de ese núcleo familiar, caso en el cual no resultará procedente el reconocimiento de dicha clase de perjuicios.

En el presente asunto está acreditado, con las pruebas aportadas al plenario, que Pablo Ducuara Murcia y Dioselina Leyton Ducuara son los padres de Medardo (occiso), y que Melquisidec, María Deyanira, Virgelina, Clara Inés, Pablo Emilio, Reinaldo, Ana Belén, Flor Ángela, Dioselina, José Víctor y Alexander Ducuara Leyton son hermanos de la víctima, según los registros civiles de nacimiento provenientes de la Notaría Única del municipio de Ortega, departamento del Tolima, visibles a folios 14 a 25 del cuaderno 1 y folios 76 a 81 del cuaderno 2.

Acreditado el parentesco de los demandantes con el señor Medardo Ducuara Leyton, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores citados tenían un nexo afectivo importante con la víctima, y que su muerte violenta les produjo un profundo dolor y pesar, encontrándose acreditado por tanto el perjuicio moral por ellos reclamado.

En cuanto se refiere a la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(8).

En virtud de lo anterior, la Sala condenará a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Pablo Ducuara Murcia y Dioselina Leyton Ducuara, a cada uno de ellos, y la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Melquisidec Ducuara Leyton, María Deyanira Ducuara Leyton, Virgelina Ducuara Leyton, Clara Inés Ducuara Leyton, Pablo Emilio Ducuara Leyton, Reinaldo Ducuara Leyton, Ana Belén Ducuara Leyton, Flor Ángela Ducuara Leyton, Dioselina Ducuara Leyton, José Víctor Ducuara Leyton y Alexander Ducuara Leyton, a cada uno de ellos.

De otra parte, el Tribunal Administrativo del Tolima negó el pago de perjuicios morales reclamados por la comunidad indígena “La Sortija”, por estimar que no se demostró en el plenario en qué consistían estos, pero particularmente porque dicho reconocimiento exige que se demuestre un grado de congoja o aflicción en la persona que lo sufre, lo cual solo es posible tratándose de personas naturales, pero no de personas jurídicas, como es el caso de la citada comunidad.

En el sub lite, no hay duda de que la comunidad La Sortija resultó afectada con la muerte de su líder indígena, hecho que debió producir gran congoja y profundo dolor entre sus miembros, pues el hoy fallecido era el representante de la comunidad y gozaba de gran respeto y admiración. No debe perderse de vista que los grupos indígenas gozan de una especial protección por parte del Estado, particularmente por su grado de debilidad manifiesta y porque a lo largo de los años han sido víctimas de toda clase de ultrajes, persecuciones, discriminaciones y desplazamientos, lo cual ha puesto en riesgo su estructura como grupo social.

La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser “sujeto” de derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente constituye el presupuesto del reconocimiento que la Constitución hace a “la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”(9).

En tal virtud, la Sala condenará a la entidad demandada a pagar a la comunidad indígena La Sortija la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, a título de perjuicios morales y como una medida simbólica por la muerte del líder indígena Medardo Ducuara Leyton.

b. Por las lesiones que sufrió la señora Clara Inés Ducuara Leyton, la víctima directa del daño solicitó que se la indemnizara con una suma equivalente, en pesos, a 1.000 gramos. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima condenó a la entidad demandada a pagar a la lesionada, por dicho concepto, una suma equivalente, en pesos, a 500 gramos de oro.

A su turno, el Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones solicitadas por la señora Ducuara Leyton, si se tiene en cuenta que la lesionada no otorgó facultades expresas a su apoderada para formular reclamación alguna, con ocasión de las lesiones por ella sufridas, pues el poder que obra en el expediente fue conferido para formular reclamación por los perjuicios causados por la muerte de su hermano, sin embargo, la Sala encuentra que si bien lo anotado por el Ministerio Público es cierto, dicha circunstancia no constituye impedimento alguno que le permita a la señora Ducuara Leyton comparecer al proceso para obtener la reparación de los perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones padecidas en los hechos del 22 de abril de 1997.

La Sala(10) ha considerado que la ausencia de este requisito constituye la causal de nulidad prevista en el artículo 140, numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, consistente en la indebida representación, por carencia total de poder, la cual en este caso se encuentra saneada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1º y 4º del artículo 144 ibídem.

El primero de los numerales referidos indica que el saneamiento opera cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente y debe considerarse, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 143 del mismo estatuto, que la disposición no se refiere exclusivamente a la persona o parte indebidamente representada, sino también a la parte contraria, que puede ver afectado su derecho de defensa cuando aquella actúa por intermedio de una persona que carece de poder(11).

En el presente caso, se advierte que la parte demandada no dijo nada sobre la ausencia total de poder de la citada señora, a pesar de haber intervenido a lo largo del proceso en cada una de las etapas, por manera que esta nulidad fue saneada por la entidad a cuyo cargo se proferirán las condenas en esta sentencia.

Así mismo, se observa que la nulidad por carencia total de poder también fue saneada por la parte demandante indebidamente representada, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º de la norma en comento, dado que, a pesar del vicio, el acto procesal de representación judicial cumplió su finalidad, en tanto no se violó el derecho de defensa(12) de los actores(13).

En efecto, el vicio procesal de representación judicial no vulneró el derecho de defensa de la persona indebidamente representada, puesto que la sentencia resulta favorable a sus intereses. En ese orden de ideas, se tiene que la nulidad fue debidamente saneada, razón por la cual la Sala entrará a estudiar, de acuerdo con las pruebas debidamente valoradas en el proceso, si la señora Clara Inés Ducuara Leyton tiene o no derecho a los perjuicios reclamados.

La jurisprudencia del Consejo de Estado reconoce perjuicios morales en los casos en los que una persona sufre lesiones, siempre que tal daño resulte imputable al Estado, pero su tasación dependerá, en gran medida, de la magnitud del daño sufrido, pues habrá situaciones en las cuales las lesiones padecidas son de tal magnitud que indudablemente pueden llegar a alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona. En otros casos, quizá, las lesiones sufridas no alcancen a tener tal grado de repercusión.

En el sub lite, se encuentra acreditado que la señora Clara Inés Ducuara Leyton sufrió lesiones en el brazo izquierdo como consecuencia de un disparo con arma de fuego, lo cual ameritó una incapacidad médico-legal definitiva de 12 días, sin secuelas, según valoración realizada el 23 de abril de 1997, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, seccional Tolima (fl. 153, anexo 3).

Como se aprecia, las lesiones que sufrió la señora Ducuara Leyton no pueden considerarse graves, pues el Instituto Nacional de Medicina Legal le dictaminó una incapacidad de 12 días, sin secuelas, circunstancia que en manera alguna le impedirá a la víctima desarrollar una actividad productiva. En esa medida, es dable afirmar que la condena impuesta por el tribunal a la demandada, por dicho concepto, fue exagerada, por lo cual será modificada y tasada en 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo al grado de complejidad de las lesiones sufridas por la señora Clara Inés Ducuara Leyton.

Perjuicios materiales

a. En relación con la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton, los actores solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 5'000.000, correspondiente a gastos funerarios y honorarios de abogado, condena a la cual se opuso el tribunal por estimar que no se encontraba acreditada en el proceso, decisión que será confirmada en este caso, con fundamento en las mismas razones que adujo el tribunal.

La Sala igualmente confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, reclamados por los padres de la víctima con ocasión de la muerte del señor Medardo Ducuara Leyton, por estimar que estos no fueron acreditados en el proceso.

En efecto, tratándose de la reclamación de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, formulada por un padre de familia con ocasión de la muerte de un hijo, la Sala ha manifestado y así lo viene reconociendo, que habrá lugar al pago de dicha indemnización hasta que la víctima haya alcanzado la edad de 25 años, pues se presume que a partir de ese momento de la vida, este decide formar su propio hogar. No obstante, si el padre o la madre acreditan que dependían económicamente de su hijo ante la imposibilidad de solventarse o valerse por sí mismos, dicha indemnización podrá calcularse hasta la vida probable de aquellos(14).

En el presente asunto, se acreditó que el señor Medardo Ducuara Leyton convivía en unión libre con la señora Martha Flórez Capera, de cuya relación es hija Elizabeth Ducuara Flórez, quienes formularon demanda por los mismos hechos ante el Tribunal Administrativo del Tolima, proceso que culminó con una conciliación judicial, la cual fue aprobada mediante auto de 13 de enero de 1999, proferida por el citado tribunal (fls. 54, 55, anexo 5),

En el proceso aludido se acreditó que las personas mencionadas dependían económicamente de la víctima, razón por la cual el Tribunal Administrativo del Tolima condenó a la entidad demandada a pagarles perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, de lo cual se infiere que el señor Ducuara Leyton tenía obligaciones económicas con su compañera permanente y con su hija.

Las razones anteriores, aunado al hecho de que los padres de la víctima no demostraron la dependencia económica en relación con el señor Ducuara Leyton, impiden el reconocimiento de esa clase de perjuicios.

b. En cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, solicitados por Clara Inés Ducuara Leyton, la Sala encuentra que no obra prueba alguna en el plenario que permita establecerlos, de tal suerte que estos serán negados.

Por concepto de lucro cesante, la señora Ducuara Leyton solicitó la suma de $ 500.000, correspondiente a lo que habría dejado de percibir durante el término que permaneció en incapacidad, pues ello le habría impedido dedicarse al ejercicio de la actividad agrícola.

Si bien en la demanda se dijo que la víctima se dedicaba a la agricultura, lo cierto es que no obra prueba alguna en el expediente que demuestre a qué actividad se dedicaba ella cuando ocurrieron los hechos en los cuales resultó lesionada; tampoco obra prueba sobre el monto de sus ingresos mensuales. Sin embargo, la Sala reconocerá el pago de dicho perjuicio, para lo cual tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos, toda vez que no existe dentro del expediente un parámetro cierto y concreto con base en el cual pueda establecerse cuál era el ingreso mensual que devengaba la citada señora, entendiéndose que toda persona, en condiciones de productividad, debe percibir por lo menos el mínimo vital que le permita vivir en condiciones dignas(15).

En el año 1997, el salario mínimo era de $ 172.005, de lo cual se infiere que un día de trabajo valía $ 5.733, suma que multiplicada por 12, correspondiente al número de días que Clara Inés estuvo incapacitada, arroja un valor de $ 68.802.

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 68.802, suma dejada de percibir por la lesionada) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos, esto es abril de 1997.

 

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Finalmente, el grupo demandante solicitó en el recurso de apelación que además de las condenas pecuniarias a que haya lugar, se ordenara un resarcimiento de tipo social, como por ejemplo la construcción de un monumento en el lugar donde ocurrieron los hechos en memoria del gobernador indígena asesinado, para que de esta forma no pasen al olvido los lamentables hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, reparación social que deberá incluir además la adjudicación y legalización de las tierras ocupadas por la comunidad indígena La Sortija.

Para la Sala es claro que la reparación de los perjuicios causados por el ajusticiamiento del líder indígena Medardo Ducuara Leyton no solo comporta una indemnización de tipo patrimonial, sino que va mucho más allá, en la medida en que dicho crimen constituye una violación a los derechos humanos, particularmente porque las comunidades indígenas gozan de una especial protección por parte del Estado, la cual se ve reflejada en disposiciones de carácter legal y constitucional y en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Así, por ejemplo, el país ratificó la Convención 169 de la OIT(16) sobre pueblos indígenas y tribales y la incluyó en el derecho nacional mediante Ley 21 de 1991, normatividad que exige de los gobiernos el compromiso de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad —art. 2º—. De igual manera, se hace especial énfasis en que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación alguna —art. 3º—, en tal sentido no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio.

A su turno, la Corte Constitucional ha sostenido que las comunidades indígenas, como tales, son sujetos de derechos fundamentales. Ha precisado que los derechos de las comunidades indígenas no deben ser confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos. Con base en la anterior doctrina, ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida; el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual se desprende no solo de la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la Nación sino, también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada; el derecho a la propiedad colectiva; y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios(17).

A tono con el orden internacional, la legislación colombiana consagra y desarrolla el principio de reparación integral, el cual cobra su verdadera dimensión en aquellos casos en los que las conductas que se juzgan son atentatorias de derechos humanos, permitiendo no solo el restablecimiento pecuniario de los derechos conculcados sino que se hace extensivo a la implementación de medidas de justicia restaurativa en aspectos tales como la rehabilitación, la satisfacción, el compromiso de no repetición de las conductas vulneradoras de derechos humanos, así como el restablecimiento simbólico, entre otros aspectos, dejando claro que la aplicación de tales medidas, cuando se trata de violación a los derechos humanos, no atentan contra los principios de jurisdicción rogada y de congruencia, pues en estos casos el orden jurídico interno debe ceder frente al internacional, en tanto este último impone la obligación a los Estados, incluida la Rama Judicial del poder público, de adoptar todas las medidas tendientes a la protección y reparación de esas garantías del individuo, de la misma forma que ello no comporta en manera alguna la vulneración de la garantía fundamental de la no reformatio in pejus, en tanto no supone la modificación o el desconocimiento de los límites trazados por la causa petendi de la demanda, sino que esas medidas suponen una labor pedagógica e instructiva encaminada a sensibilizar a las entidades públicas y a toda la población, acerca de la importancia del respeto de las garantías fundamentales del individuo(18).

Sobre el particular, resulta pertinente señalar lo que la Sala ha dicho al respecto:

“De allí que, la labor del juez de lo contencioso administrativo, en tratándose de los procesos que se formulen para su conocimiento, con ocasión de la vulneración o trasgresión de derechos humanos, es la de un funcionario dinámico, con amplias facultades resarcitorias y de restablecimiento, suministradas estas por el propio ordenamiento jurídico interno e internacional, encaminadas a que se obtenga una verdadera reparación integral del daño derivada de ese quebrantamiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia contencioso administrativa, debe acompasarse con los lineamientos que le son trazados por los principios y la regulación contenida en la Constitución Política y en el ordenamiento jurídico, comoquiera que dichas disposiciones prevalecen sobre cualquier otra norma o regla de derecho vigente, en los términos del artículo 93 de la Carta Política...

En ese contexto, y si es claro que prevalece la regulación internacional que reconoce y regula derechos humanos, a nivel normativo e interpretativo, frente al sistema interno, es ostensible que el juez de lo contencioso administrativo cuenta con diversas herramientas e instrumentos dirigidos a asegurar la reparación integral derivada del quebrantamiento de derechos humanos, cuandoquiera que sean sometidas a su consideración, con miras al resarcimiento del perjuicio. Por lo tanto, es deber del juez, en estos eventos, no solo limitarse a decretar indemnizaciones monetarias —a partir de la aplicación de bases y criterios actuariales—, sino que, su obligación, es integrar las medidas con que cuenta a partir del ordenamiento jurídico interno en su plenitud, como del internacional, con miras a que el restablecimiento derivado de una vulneración a los derechos humanos sea materializado.

(...).

“Por consiguiente, resulta perfectamente viable, en aplicación del principio de “reparación integral”, como se ha visto, que el juez de lo contencioso administrativo adopte medidas pecuniarias y no pecuniarias, en idéntico o similar sentido a las que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decantado, entre las cuales encontramos:

a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, es la forma perfecta de reparación, y que solo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias(19).

b) La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial(20).

c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole(21).

d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.(22).

e) Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras”(23).

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos y habida consideración de que la ejecución del líder indígena Medardo Ducuara Leyton constituye una violación a los derechos humanos, la Sala estima que en este asunto resulta procedente la implementación de medidas cuyo propósito no es otro que el de garantizar la satisfacción de los derechos y garantías vulneradas por la entidad demandada.

En consecuencia, la Policía Nacional deberá presentar excusas públicamente a la familia y a la comunidad indígena a la cual pertenecía el señor Ducuara Leyton, en razón de los hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento del Tolima, con el compromiso de que actos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir.

Así mismo, la demandada deberá publicar el contenido de esta sentencia en un lugar visible de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, por un término no inferior a 6 meses, a fin de que cualquier persona se entere de su contenido.

De otro lado, en cuanto a la solicitud formulada por la parte actora dirigida a que se ordene en la sentencia la adjudicación y legalización de las tierras ocupadas por la comunidad indígena La Sortija, la misma resulta improcedente, por cuanto ello escapa al fuero y a la competencia que tiene el juez contencioso administrativo en este caso.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna procedió de esa forma, razón por la cual no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia de 27 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima; en su lugar,

2. DECLÁRASE responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte violenta del señor Medardo Ducuara Leyton y por las lesiones ocasionadas a la señora Clara Inés Ducuara Leyton, en hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento del Tolima.

3. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales y con ocasión de la muerte de Medardo Ducuara Leyton, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Pablo Ducuara Murcia y Dioselina Leyton Ducuara, a cada uno de ellos, y la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Melquisidec Ducuara Leyton, María Deyanira Ducuara Leyton, Virgelina Ducuara Leyton, Clara Inés Ducuara Leyton, Pablo Emilio Ducuara Leyton, Reinaldo Ducuara Leyton, Ana Belén Ducuara Leyton, Flor Ángela Ducuara Leyton, Dioselina Ducuara Leyton, José Víctor Ducuara Leyton y Alexander Ducuara Leyton, a cada uno de ellos.

4. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a la señora Clara Inés Ducuara Leyton, por concepto de perjuicios morales y con ocasión de las lesiones por ella sufridas, la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a Clara Inés Ducuara Leyton, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento setenta y siete mil setecientos veinte pesos ($ 177.720) m/cte.

6. CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar a la comunidad indígena La Sortija la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales, como consecuencia del homicidio del líder indígena Medardo Ducuara Leyton.

7. CONDÉNASE a la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional— a la reparación por la violación de los derechos humanos de que fue víctima Medardo Ducuara Leyton, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:

— La Policía Nacional deberá presentar excusas públicamente a la familia y a la comunidad indígena a la cual pertenecía el señor Ducuara Leyton, en razón a los hechos ocurridos el 22 de abril de 1997, en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento del Tolima, con el compromiso de que actos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir.

— La Policía Nacional deberá publicar el contenido de esta sentencia en un lugar visible de la estación de policía del municipio de Ortega, departamento del Tolima, por un término no inferior a 6 meses, a fin de que cualquier persona se entere de su contenido.

— La Policía Nacional deberá levantar un monumento simbólico en memoria del líder indígena asesinado.

8. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

9. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

10. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2011, expediente 18.648.

(5) Sentencia del 5 de marzo de 2001, expediente 11.222, la cual ha sido reiterada, entre otras, en las siguientes providencias: del 2 de marzo de 2002, expediente 11.250, del 16 de marzo de 2002, expediente 11.670 y del 26 de abril de 2002, expediente 13.273, de diciembre 4 de 2006, expedientes 16.092 y 16.188.

(6) Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, expediente 8163.

(7) Angulo González, Rubén Darío, Medicina Forense y Criminalística, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2002, pág. 88.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

(9) Corte Constitucional, T-380 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(10) Consejo de Estado, sentencia de 21 de febrero de 2002, expediente 12.422.

(11) Al respecto, el profesor Hernán Fabio López Blanco, en su libro de Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, expresa:

“... cuando el artículo 143 en su inciso tercero dispone que la nulidad por indebida representación solo podrá alegarse por la persona afectada, no permite inferir que únicamente puede considerarse como persona perjudicada quien está mal representado. En absoluto, la otra parte puede resultar también afectada por esa circunstancia y es por eso que estimamos que está habilitada para demandar la declaración de la nulidad operando tan solo las restricciones derivadas del artículo 100 del Código de Procedimiento Civil en lo que a posibilidad de alegar nulidad por parte del demandado corresponde”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 11.335.

(13) Al respecto, resultan pertinentes las siguientes observaciones del profesor Hernán Fabio López Blanco:

“... el numeral 4º del artículo 144 establece que la nulidad se entiende saneada cuando a pesar del vicio del acto procesal “cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”, con lo cual se acoge... el concepto finalista en materia de nulidades. (...).

“Aclarado.., que la norma no emplea la frase “derecho de defensa” como sinónimo de excepción, corresponde al juez determinar si el acto procesal cumplió su fin sin menoscabar el derecho de defensa de la parte respectiva.

“Supongamos el caso de un menor que demanda como si fuera mayor de edad y obtiene sentencia condenatoria en su favor. En este caso, nos parece que no cabe declarar la nulidad por indebida representación, si el acto procesal cumplió su fin, al igual de como sucedería si la sentencia favoreciera a la parte demandada que no se citó debidamente al proceso y fue absuelta. (...).

“Un ejemplo puede arrojar más luz sobre nuestra posición. Si se adelanta un juicio y la parte demandada no actuó debidamente representada y se dicta sentencia condenatoria en su contra debido a que el material probatorio equívocamente (sic) lleva a que la decisión justa sea esa, no es posible tener por saneada la nulidad con el argumento de que aun en el caso de que ese demandado hubiera estado debidamente representado, la decisión hubiera sido la misma; no podemos anticipar cuál hubiera sido la conducta de ese representante no citado si hubiera actuado oportunamente; se impone, de no existir saneamiento por otra de las circunstancias legales, la declaratoria de nulidad.

“Sigamos con el mismo caso de indebida representación en la parte demandada, pero imaginemos que la sentencia fue absolutoria por ser esta la decisión justa, la que conforme a derecho se imponía. En tal hipótesis, la circunstancia de no estar presente el representante del demandado en nada incidió, por cuanto no se menoscabó su derecho de defensa pues de haber sido debidamente citado a lo máximo que podía aspirar era a una decisión como la proferida; por esa razón operaría el saneamiento de que trata el numeral 4º del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil” (López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I. Dupré Editores, 7ª edición, Bogotá, 1997, pp. 877 a 879).

(14) Ver sentencia de 8 de julio de 2009, expediente 17.191, Sección Tercera, Consejo de Estado.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de octubre de 2008, expediente 16.592.

(16) Convenio que fue adoptado por la 76 reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1989.

(17) Corte Constitucional, SU 510/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(18) Ver sentencia de 28 de enero de 2009, expediente 30.340, Sección Tercera, Consejo de Estado.

(19) Nota original de la sentencia citada: Corte Interamericana. Voto razonado del juez Sergio García Ramírez en la sentencia de reparaciones del Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 22 de febrero de 2002.

(20) Nota original de la sentencia citada: Corte Interamericana. Caso Aloeboetoe y otros, sentencia de reparaciones, párr. 50.

(21) Nota original de la sentencia citada: Corte Interamericana. Caso masacre de Pueblo Bello, párr. 273.

(22) Nota original de la sentencia citada: Corte Interamericana. Caso Las Palmeras. vs. Colombia, Sentencia del 6 de diciembre de 2001. párr. 68.

(23) Nota original de la sentencia citada. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2008, expediente: 16.996. Sobre el tema pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia de 19 de octubre de 2007, expediente 29.273; sentencia de 28 de enero de 2009, expediente 30.340, sentencia de 19 de agosto de 2009, expediente 18.364, Sección Tercera, Consejo de Estado.