Sentencia 1897 de mayo 17 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONTRATISTAS INDEPENDIENTES DE EMPRESAS DE PETRÓLEOS

DEBEN PAGAR LOS MISMOS SALARIOS Y PRESTACIONES DE LA EMPRESA BENEFICIARIA

EXTRACTOS: «Se decide la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Constructora Intervías Limitada en contra de la Nación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que se declare que son nulas las resoluciones expedidas por la jefatura de la Sección de visitaduría de trabajo de ese ministerio y la jefatura de la división de inspección de trabajo que confirmó las de la sección, que conminaron con multa a la sociedad demandante para aplicar a sus trabajadores la convención colectiva vigente en la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol” y a título de restablecimiento del derecho se declare que no existe tal conminación.

(...).

Presunta violación de los artículos 22, 24, 37, 38 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo.

Afirmó la sociedad actora que las normas indicadas consagran el principio de la libertad de los particulares para contratar y en cuanto a las obligaciones de las partes, que el contrato debe primar junto con las que surjan por la naturaleza jurídica de la relación laboral o que por la ley sean impuestas a esa relación; que la actora ha cumplido los contratos de trabajo vigentes y las resoluciones acusadas le impusieron una serie de cargas que no están contenidas en los mismos, ni pertenecen a la naturaleza de la relación jurídica laboral ni están impuestas por la ley, con lo cual se modificaron los contratos de trabajo celebrados entre Constructora Intervías y sus trabajadores; que es claro que la ley no le impone pagar a éstos lo que Ecopetrol paga a los suyos, fuera de que esta empresa jamás le advirtió de la existencia de la convención colectiva, por lo que la constructora mal podría imaginar que debía realizar tales pagos.

Se considera:

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, expidieron las resoluciones acusadas, sobre la base de los mandatos del inciso primero del artículo 1º del Decreto Legislativo 284 de 1957, que dispuso:

“Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos realice laborales esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales”.

Como se ve, a la demandante no le asiste razón en su denuncia, porque es inequívoco que por mandato de la norma legal transcrita, sí existe la obligación para el contratista independiente del ramo petrolero de pagarle a sus trabajadores los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido, en este caso, en la convención colectiva, celebrada entre el sindicato que solicitó la investigación y Ecopetrol.

No se trata, entonces, de que el aludido ministerio hubiera modificado los contratos de trabajo, sino que en las condiciones del Decreto Legislativo 284 de 1957, tales contratistas independientes deben acatar las referidas obligaciones laborales impuestas por la ley, que no pueden dejar de cumplirse porque el beneficiario del contrato no hubiera advertido al contratista de la existencia de la convención colectiva, porque éste puede averiguar en las dependencias del mismo ministerio, si existe o no una convención colectiva depositada, que por mandato de la ley deba cumplir, pues para ello estableció el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo la obligación de su depósito, en orden a que cualquier persona pueda enterarse de su contenido.

La acusación carece de fundamento.

2. Presunta transgresión del numeral 4º del artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo.

Planteó la demandante que ella ha cumplido con sus trabajadores la obligación impuesta en dicho numeral, según el cual, debe pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos y por ende como está al día en el pago de tales emolumentos, no ha violado norma legal ni contractual alguna y, por tanto, la imposición de pagar salarios y prestaciones sociales que para ella son perfectamente extraños y que surgen de una relación entre terceros que no le es oponible y que nunca le fue notificada, constituye una actuación que viola el referido artículo 55.

Se considera:

Tampoco acierta la actora porque, como ya se vio, el Decreto Legislativo 284 de 1957 sí le impone la obligación de pagarle a sus trabajadores los salarios y prestaciones de los de la empresa que la contrató, contenidos en la convención colectiva, la cual por lo mismo, le es oponible, aunque no le hubiera sido notificada o comunicada, porque como ya se vio, para ello se estableció el depósito de las convenciones colectivas.

De ahí, que cuando una empresa pretenda contratar con otra la ejecución de labores propias del ramo petrolero, debe averiguar por sus eventuales cargas laborales derivadas de la existencia en la última, de pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, ya que la ley la obliga en los términos del Decreto 284 de 1957.

El cargo no puede prosperar».

(Sentencia de mayo 17 de 2001. Expediente 1897-98. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

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