Sentencia 190-01 de agosto 6 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

MANERAS DE PROBAR SU AUTENTICIDAD

EXTRACTOS: «En lo que atañe a la prueba de la sentencia, ella se aportó con apego a los requisitos establecidos en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, además de traducida por intérprete oficial, fue autenticada por el cónsul general de Colombia en Lisboa, cuya firma, además, aparece abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 3 a 83).

Es cierto, como lo afirma la parte opositora, que ni la sentencia, ni la certificación sobre su notificación y ejecutoria, como tampoco la prueba de la existencia y representación legal de la sociedad demandante, se acompañaron del certificado que, bajo el título de “Apostille”, establece la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada por Colombia mediante la Ley 455 de 1998, en vigor para nuestro país desde el 30 de enero de 2001, convención de la que también hace parte la República de Portugal.

Sin embargo, considera la Sala que esa circunstancia no afecta la eficacia probatoria de tales documentos, puesto que dicha convención no derogó el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, ni expresa ni tácitamente, de suerte que bien podía el interesado plegarse a esta disposición, muy a pesar de que el tratado aludido consagra un mecanismo menos formal y más expedito para establecer la autenticidad de los referidos documentos. Al fin y al cabo, “la Apostille” solo aplica para documentos públicos extranjeros “que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante” (art. 1º), de modo que respecto de los documentos que emanen de autoridades pertenecientes a Estados que no son parte, la única manera de probar su autenticidad es con sujeción a los términos del artículo 259 citado.

Con otras palabras, la convención que entró a regir en Colombia el 30 de enero de 2001, únicamente facilitó la prueba sobre la autenticidad de documentos públicos otorgados en los países que la aprobaron y ratificaron, de suerte que ellos quedaron “eximidos”, dispensados o relevados de cumplir el requisito de legalización diplomática o consular (art. 2º), lo cual significa que las autoridades del país donde se pretenden hacer valer, no pueden exigir más formalidad que la “Apostille” (art. 3º). Pero una cosa es que, en tales casos, la Corte no pueda reclamar la legalización diplomática o consular del documento público extranjero, si este se aportó con el referido certificado, y otra bien distinta que desestime su valor probatorio por cumplir mayores formalidades como son las establecidas en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, pues ello equivaldría a inaplicar una disposición que, se itera, está vigente en el ordenamiento jurídico patrio, y que resulta ser suficiente garantía. En suma, no podría descalificarse el trámite por cumplir requisitos más exigentes que los que dispone la nueva norma —la convención—.

En suma, si el núcleo de la discusión radica en la forma de certificar la autenticidad de los documentos públicos extranjeros, bien puede concluirse que ella se establece dependiendo del país de origen, así: si el documento se otorgó por un funcionario de un Estado que no forma parte de la convención suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, necesariamente deberá legalizarse en los términos del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil; pero si el documento público se extendió por funcionario de un Estado parte, el interesado tiene dos opciones: o acude a la legalización diplomática o consular, o instrumenta la “Apostille”, desde luego que las autoridades colombianas no pueden exigir aquella, cuando se les presente esta última.

No desconoce la Corte que el propósito de los Estados signatarios de la convención, fue el de “abolir” el requisito de legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros; sin embargo, del texto mismo del tratado se desprende que esa finalidad se concretó en la implementación de un trámite que facilita la certificación sobre la autenticidad de aquellos, sin llegar al punto de derogar las disposiciones nacionales que regulan la materia, con las cuales vino a coexistir. No debe perderse de vista, además, que el trámite presente se inició antes de entrar en vigor la Ley 455 de 1998.

3. En consecuencia, como se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil, se concederá el exequátur».

(Sentencia de exequátur, 6 de agosto de 2004. Expediente 11001-0203-000-2001-0190-01. Magistrado Ponente: Dr. Edgardo Villamil Portilla).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto discrepo de la decisión de la Sala que concedió el exequátur de la sentencia expedida el 19 de mayo de 2000, por el Tercer Juzgado Civil de la Comarca de Oporto (Portugal).

En su momento sostuve, como ahora lo hago, que el exequátur debió denegarse, bajo la consideración de que la sentencia aportada a trámite incumplía el requisito contenido en el numeral 3º del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no se encontraba “debidamente autenticada y legalizada”, tema este de enorme relevancia e incidencia, por las razones que paso a explicar seguidamente:

1. Por medio de la Ley 455 de 4 de agosto de 1998 fue aprobada la “Convención sobre la abolición del requisito de la legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.

En cuanto al alcance de este instrumento, como se desprende de su propia denominación, aflora la inequívoca intención de los Estados contratantes encaminada a derogar la exigencia reclamada por el ordenamiento jurídico interno de cada uno de ellos, relativa a la legalización de los documentos públicos extranjeros, para establecer, en su lugar, un procedimiento uniforme conocido como “Apostilla”, consistente en una especie de certificación —sello o estampilla— expedida por el funcionario competente del país donde se emite u origina el documento y que suple el requisito de la legalización, que la misma convención entiende como “el trámite mediante el cual los agentes diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare” (art. 2º), el cual corresponde en Colombia a la actuación descrita por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

El propósito derogatorio del tratado, he de reiterarlo, aparece claramente expresado desde su preámbulo, donde se hace constar que “los Estados signatarios de la presente convención, deseando abolir el requisito de legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros, han resuelto celebrar una convención a este respecto y han convenido las disposiciones siguientes”, y es, igualmente, reafirmado a lo largo de su texto, por ejemplo, en los artículos 2º y 9º, que establecen, por un lado, que “cada Estado contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la presente convención y que han de ser presentados en su territorio” y, por el otro, que “cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para evitar la realización de legalizaciones por sus agentes diplomáticos o consulares en los casos en que la exención estuviere prevista por la presente convención” (se destaca).

Ahora, de conformidad con el artículo 1º del instrumento internacional, el mismo resulta aplicable a “documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante”, como acontece aquí, disposición esta que no hace otra cosa que enfatizar el principio rector de los acuerdos celebrados en el marco de las relaciones entre las naciones, cual es el de que un tratado sólo genera derechos y obligaciones para aquellos Estados signatarios.

Además, ha de precisarse también que la eliminación del requisito de la legalización sólo es predicable acerca de los documentos públicos extranjeros expresamente previstos por la convención (art. 1º), entre los que se encuentran aquellos que “emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado”, que son los que interesan al caso objeto de estudio.

2. En el presente asunto se solicitó el exequátur de una sentencia proferida por una autoridad portuguesa dentro de un proceso contencioso, situación que, de entrada, impone advertir que tanto Portugal como Colombia tienen la calidad de Estados contratantes de la comentada convención, habida cuenta que el primero la ratificó el 6 de diciembre de 1968, entrando en vigencia el 4 de febrero de 1969, como lo certificó la oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 222), al paso que el segundo hizo lo propio a través de la Ley 455 de 1998, que determinó que, al cabo de las gestiones diplomáticas respectivas, el instrumento cobrara fuerza a partir del 30 de enero de 2001.

El libelo que dio inicio al trámite fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia el 30 de octubre de 2001 (fl. 105), esto es, en una fecha en la que la “convención sobre la abolición del requisito de la legalización para documentos públicos extranjeros” regía plenamente en el territorio de Portugal, Estado del que proviene el documento público —sentencia— cuyo reconocimiento se depreca, así como en el de Colombia, país donde desea hacerse valer y producir efectos, de donde emerge que dicho documento debía ajustarse íntegramente a los dictados de la convención, pues esta se había incorporado válidamente a los ordenamientos jurídicos nacionales. En este aspecto, disiento de la afirmación mayoritaria consistente en que “el trámite ... se inició antes de entrar en vigor la Ley 455 de 1998”.

En este sentido ha de verse que la copia de la sentencia extranjera que se aportó al proceso (fls. 3 a 23) aparece legalizada ante el Consulado de Colombia en la ciudad de Lisboa (Portugal) y que, a su turno, la firma de este funcionario fue abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si bien es cierto esta gestión se adelantó en la forma consagrada por el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, también lo es —y resulta cardinal decirlo— que cuando dicho documento se presentó ante las autoridades colombianas para los efectos del exequátur —30 de octubre de 2001—, la norma observada se había tornado inaplicable, pues, a más de encontrarse en vigor la citada convención, las circunstancias del caso concreto, es decir, un documento público originario de un Estado contratante destinado a ser empleado en otro Estado contratante, determinaban la derogación de los preceptos internos e imponían el acatamiento exclusivo del tratado internacional, que prevé la “Apostilla” como único procedimiento aceptable, que, justamente, se echa de menos aquí. Por lo demás, no es dable entender este enunciado, como se sugiere en la providencia, a manera de una derogatoria general del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, pues es nítido que ello sólo ocurrirá en aquellos casos, como este, donde resulte plenamente aplicable la convención, toda vez que cuando no se cumplen los presupuestos anotados por la misma, ahí sí habrá de observarse la norma interna.

Ciertamente, al ordenar el artículo 3º de la convención que “el único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4º, expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento” (destaco), viene ello a acompasar con el propósito unificador del tratado que, en la práctica, se traduce en que el procedimiento para allegar documentos públicos extranjeros debe ser uniforme, desde luego, repito, cuando se trate de Estados signatarios del instrumento.

En suma, si para el momento en que se formuló la demanda de exequátur, ya se había perfeccionado el vínculo internacional que imponía al Estado Colombiano —y por supuesto, a sus autoridades— la atención de las normas de la “Convención sobre la abolición del requisito de la legalización para documentos públicos extranjeros”, es claro que en este evento, donde el tratado era aplicable, no podía tenerse en cuenta la disposición del Código de Procedimiento Civil.

No se trata, como se sostiene en la sentencia, de hacer una comparación cuantitativa acerca de cuál trámite supone mayores o menores formalidades, pues me parece que ello no corresponde a la tarea de la Corte, sino de ver que con el instrumento internacional se introdujo un procedimiento único, que se contrapone a lo expresado por la Sala cuando dice: “si el documento público se extendió por funcionario de un Estado parte, el interesado tiene dos opciones: o acude a la legalización diplomática o consular, o instrumenta la “Apostille”, desde luego que las autoridades colombianas no pueden exigir aquella, cuando se les presenta esta última”. Evidentemente, si fuera dable comprender de este modo la convención, entonces qué justificación tendría el artículo 9º de la misma, que obliga terminantemente a los Estados contratantes a tomar “... las medidas necesarias para evitar la realización de legalizaciones por sus agentes diplomáticos o consulares en los casos en que la exención estuviere prevista por la presente convención” (se resalta).

En este orden de ideas, forzoso era concluir que el ejemplar de la sentencia no acataba los requisitos legales, carga esta que, a términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, recaía sobre la sociedad solicitante y que, al no haber sido colmada, acarreaba el fracaso de la pretensión.

Y no otro podía ser el análisis, pues si la finalidad de una convención internacional como la que se estudia es la de adoptar reglas de derecho uniforme, que ampliamente favorecen las relaciones de intercambio y el desarrollo, la observancia de ellas no puede ser alternada o sustituida por la del derecho doméstico de cada Estado, pues, de ser así, poco valor tendría el compromiso que estos adquieren con la incorporación normativa del instrumento, si, en últimas, da lo mismo hacer actuar el uno o el otro, como erradamente lo entendió la mayoría.

En fin, todo lo que dejo expuesto puede compendiarse en lo que claramente pregona la Carta Fundamental, en cuanto de manera perentoria manda que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, con el debido reconocimiento de los elementales principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

César Julio Valencia Copete 

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