Sentencia 19019 de febrero 26 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESAFILIADOS AL SISTEMA QUE SON DECLARADOS INVÁLIDOS

EL REQUISITO DE SEMANAS COTIZADAS SE RIGE SÓLO POR LA LEY 100

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Miryam de Jesús Patiño Arango contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 13 de marzo de 2002, en el proceso ordinario laboral que la recurrente promovió contra el Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes

Miryam de Jesús Patiño Arango dio inicio al proceso para que se condenara al instituto demandado a pagarle la pensión de invalidez de origen común a partir del 7 de julio de 1989 y las mesadas adicionales, y a suministrarle atención médica, hospitalaria, de laboratorios y de medicamentos.

Como sustento de las pretensiones expuso: que padece un trastorno afectivo bipolar que implica una pérdida del 100% de su capacidad de trabajo y en razón de que, a través de diferentes empresas, que detalló en el libelo, le ha cotizado al demandado 341 semanas en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, tiene derecho a la pensión que reclama, la cual solicitó mediante escrito del 19 de mayo de 1997, obteniendo como única respuesta una nota manuscrita del jefe de medicina laboral del 31 de julio de 1998 en la que se le indicó “declarada inválida en julio-94, cotizó hasta 1989. La Ley 100 exige 26 semanas de cotización en el último año si no está afiliada” (fl. 4), cuando en realidad su invalidez se estructuró antes de la vigencia de esa norma.

Además expresó: que a su caso no se le aplica la Ley 100 de 1993, y tramitó un proceso laboral que terminó ordenándose la sustitución pensional por la muerte de su padre, a pasar de lo cual tiene derecho a la pensión que demandada por tener como causa jurídica sus aportes realizados en calidad de asalariada, proceso laboral en el que se estableció que su incapacidad laboral es del 55% (fls. 2-10).

El demandado contestó la demanda con oposición a las pretensiones; aceptó que a la demandante se le otorgó la sustitución pensional por la muerte de su progenitor a raíz de un proceso que promovió, y propuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa y de competencia, cobro de lo no debido, imposibilidad de asumir una carga prestacional que no ha reconocido como tal, cobro de lo no debido, prescripción e inexistencia de la obligación. Adujo en su defensa que

“...conforme a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 la demandante no le asiste el derecho para acceder a la pensión de invalidez, ya que ni siquiera cumple con las semanas cotizadas (26 semanas cotizadas válidamente en el año inmediatamente anterior al de estructuración del estado de invalidez) requeridas para acceder a la pensión de invalidez de origen común, además deberá someterse a un examen médico para determinar la pérdida de la capacidad laboral... (fls. 34-38).

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín desató la primera instancia con fallo del 15 de mayo de 2001, en el que absolvió al ISS de todos los cargos. Decisión que se confirmó a través de la sentencia objeto de recurso extraordinario.

El tribunal en sustento de su determinación adujo: que según el dictamen de la junta regional de calificación, la incapacidad de la actora es del 55.02%, que se estructuró el 15 de julio de 1994, en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que según el documento de folio 99 la accionante cotizó válidamente 27.14 serranas ente el 14 de julio de 1986 y el 12 de julio de 1989; que por tal razón no se cumple con los presupuestos de la Ley 100 de 1993; que aun si se analizara el asunto con referencia a las normas anteriores a ésta, tampoco le asiste el derecho a la actora porque no reúne la densidad de semanas prevista en la norma: 150 cotizadas en los tres últimos años anteriores a la estructuración del estado de invalidez o 300 en cualquier tiempo.

El recurso de casación

Fue propuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal, admitido por esta corporación, que procede a resolverlo, previo estudio de la demanda que lo sustenta. No hubo réplica.

(...).

Se considera

Estudia la Corte conjuntamente los dos cargos propuestos porque, así estén dirigidos por vías distintas, comparten esencialmente la misma proposición jurídica y procuren igual objetivo: quebrar la sentencia de segunda instancia en cuanto no reconoció a la demandante la pensión de invalidez por riesgo común, para lo cual se preconiza que la situación de la demandante y recurrente en casación, afiliada al sistema pensional, debe examinarse en perspectiva del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990.

Las acusaciones no están llamadas a prosperar por las siguientes razones:

1. En el primero de los ataques, se duele el censor que el tribunal no haya encontrado demostrado que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la demandante ya había cotizado para el riesgo IVM más de 300 semanas.

En efecto, con fundamento en el documento de folio 99, el fallador concluyó que, así fueran miradas las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, “tampoco le asiste derecho a la accionante a percibir pensión de invalidez, porque no reúne la densidad de semanas previstas en la norma, esto es 150 semanas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de invalidez o 300 en cualquier tiempo (fl. 134).

Y si bien, como lo pone de presente la recurrente, para arribar a esa inferencia el juez de la alzada evidentemente no tuvo en cuenta los documentos de folios 20 a 24, en los que constan los informes de cotizaciones facturadas de la seccional Antioquia del Instituto de Seguros Sociales, cuya aportación al proceso no fue materia de pronunciamiento alguno por parte del demandado, y que de los mismos es dable concluir que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 la actora cotizó al Instituto de Seguros Sociales más de 300 semanas, también es cierto que lo anterior no es suficiente para anular la sentencia impugnada, ya que al proferir el fallo de instancia, la Sala arribaría a la conclusión que la accionante no tiene derecho a la pensión de invalidez por riesgo común que pretende.

Así se afirma porque siendo indiscutible que el estado de invalidez de la patente se estructuró el 15 de julio de 1994, como lo informa el documento de folio 101 del expediente, y lo acepta la impugnante en el segundo ataque, indefectiblemente la normatividad bajo la cual debe examinarse su situación pensional es la de la Ley 100 de 1993, vigente para aquella calenda, y no el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, como lo pretende la acusación, contexto en el que es aseverable que aquélla no reúne la cantidad de semanas mínimas cotizadas a que se refiere el artículo 39 literal b de la Ley 100 de 1993, según es posible deducirlo pacíficamente de los documentos de folios 20-24 del expediente, que dan cuenta que las últimas cotizaciones de la afiliada al sistema fueron realizadas en julio de 1989, casi cinco (5) años antes que se configurara la condición de invalidez sobre la que gira el debate.

2. No desconoce la Corte los múltiples pronunciamientos que ha efectuado en relación con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en asuntos que atañen al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como también que tal criterio, por mayoría, se ha aplicado en asuntos como el que se trata, referentes a la concesión de una pensión de invalidez por riesgo común, estructurada en vigencia de la Ley 100 de 1993, así sea que la demandante posea el número de semanas cotizadas para acceder a dicha prestación dentro del régimen del Acuerdo 49 de 1990; pauta jurisprudencial que habrá de recogerse por las razones que a continuación se explican (*) .

(*) La pauta jurisprudencial que se rectifica estaba fijada en la sentencia de julio 26 de 2001, publicada en J. y D., Nº 358, pág. 1880 (N. del D.).

En la historia normativa del lSS, el riesgo de invalidez, vejez y muerte ha sido objeto de diversas regulaciones. En lo que concierne a este recurso extraordinario, bueno es mencionar los artículos 5º y 6º del Acuerdo 49 de 1990, a probado por el artículo 1º del Decreto 758 del mismo año, y los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

El primero de los señalados ordenamientos exige los siguientes requisitos para acceder a la pensión de invalidez: pérdida al menos del 50% de la capacidad laboral para desempeñar el oficio en que se haya capacitado el trabajador y constituya su actividad habitual; haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha en que se estructure el estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época.

Los artículos 38 y 39 de la segunda de las preceptivas en cita consagran que para acceder a la prestación motivo de este análisis se requiere: a) Haberse perdido el 50% o más de la capacidad laboral; b) Estar cotizándose al momento de producirse el estado de invalidez y haber sufragado en ese momento por lo menos 26 semanas; c) Que habiendo dejado de cotizar con anterioridad al momento de producirse el estado de invalidez, se hubieren efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior.

Por su parte, el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que las normas de esa naturaleza, por ser de orden público producen efecto general inmediato, debiéndose aplicar a los contratos de trabajo que estén vigentes en el momento en que dichas normas empiecen a regir, luego teniendo en cuenta que el demandante fue declarado inválido a partir del 15 de julio de 1994, fecha para la cual las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ya estaban en plena vigencia, según se infiere de los artículos 151 y 289 ibídem, los preceptos aplicables son esos y no los del Acuerdo 49 de 1990, como lo prohíja la recurrente, toda vez que estos últimos no gobiernan la situación de autos, porque la invalidez no se estructuró con anterioridad al 1º de abril de 1994; tampoco se previó un régimen de transición en la Ley 100 respecto a esta prestación, y, es inadmisible aplicar el principio de la condición más beneficiosa al trabajador, en razón que no existe duda sobre la preceptiva que debe aplicarse.

Es que la circunstancia de que el legislador consagre regímenes de transición cada vez que modifica la normatividad que regula las pensiones de jubilación o vejez, constituye reconocimiento de la situación en que se encuentra el trabajador frente a ese derecho en ciernes. Amén de que el estado de invalidez no priva a la persona de la posibilidad de llegar a la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, y si ha sufragado las cotizaciones necesarias para ello su fallecimiento prematuro ni siquiera afecta el derecho que puedan tener sus beneficiarios.

Así mismo, importa para el caso resaltar que no es dable asimilar la pensión de invalidez a la pensión de sobrevivientes para efectos de tener en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas por el afiliado, ya que siendo prestaciones sustancialmente diferentes el legislador no le dio a ambas igual tratamiento normativo. De manera que lo que es obligatorio respecto a la segunda no puede predicarse de la primera. Así está dicho en sentencia de 19 de enero de 2000, que ratifica lo expresado, por esta misma Sala, en providencia de 17 de abril de 1997.

De otro lado, se impone dejar sentado que lo recién expuesto no desconoce lo que dispone los parágrafos f y g del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 ni el parágrafo del artículo 39 ibídem, pues las cotizaciones anteriores deben tenerse en cuenta para efectos de establecer si se reúne el número que exige esta última norma para tener derecho a la pensión de invalidez; advirtiendo que para el caso del cotizante que regula el literal a del citado artículo 39, no existe la limitación en el tiempo que contiene el literal b.

Además, tratándose de la pensión de vejez y jubilación también hay que tener en cuenta que la normatividad que la regula, desde antes de la Ley 100, disponía que cuando se tuviera el número de cotizaciones mínimas o el tiempo de servicio requerido, se tenía derecho a ellas al llegar a la edad así la persona se retirara del servicio o dejara de cotizar, y por esa misma razón si ésta fallecía antes de cumplir la edad surgía el derecho a la pensión de sobrevivientes; situación por la cual no puede afirmarse que en estos casos existía una simple expectativa. Circunstancia que no es predicable respecto a la pensión de invalidez, en la cual la posibilidad de que se presente el riesgo, así se tenga las cotizaciones, no configura un derecho adquirido y, por ende, al ser una simple expectativa no puede protegerse a través de la figura de la condición más beneficiosa.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Aunque la acusación no salió avante, no se impondrán costas en el recurso extraordinario, pues no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 13 de marzo de 2002 en el proceso promovido por Miryam de Jesús Patiño Arango contra el Instituto de Seguros Sociales».

(Sentencia de casación, 26 de febrero de 2003. Radicación 19.019. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente manifestamos a la Sala nuestro disentimiento en cuanto a la decisión del recurso de casación interpuesto por el apoderado de Miryam de Jesús Patiño Arango, en el proceso seguido contra el Instituto de Seguros Sociales por las siguientes razones:

1. En el sub judice es claro que incurrió el tribunal en el desacierto de hecho que le atribuye el cargo, error que incidió notablemente en la decisión absolutoria que se adoptó puesto que, al haber concluido que la actora contaba con más de trescientas semanas de cotización antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y estando acreditado su estado de invalidez, ha debido aplicar en el asunto sub examine lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, norma que no utilizó por la errada conclusión fáctica que obtuvo, y, en consecuencia, otorgada la pensión de invalidez demandada por estar acreditados los requisitos en materia de cotización allí exigidos, esto es, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, trescientas semanas en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.

2. En la correcta utilización del Acuerdo 49 de 1990 para determinar si Miryam de Jesús Patiño Arango tiene derecho a la pensión de invalidez no tiene relevancia el hecho de que da cuenta el dictamen de folio 101, según el cual la fecha de estructuración de su estado de invalidez fue el 15 de julio de 1994, es decir, después de estar rigiendo el sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, puesto que, como se vio, el tribunal no desechó de plano la utilización de la normatividad anterior, sólo que no encontró acreditados los supuestos de hecho que contempla, y porque a la luz del nuevo criterio jurisprudencial de esta Sala de la Corte, vertido acerca de situaciones de quienes habiendo cotizado al Instituto de Seguros Sociales en número de semanas igual o superior al exigido en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión por invalidez, dejan de cotizar y quedan inválidos con posterioridad a la vigencia de esta norma, como en el caso presente, se ha explicado que debe aplicarse las normas que se hallaban vigentes antes de regir la susodicha Ley 100 de 1993, al amparo de las cuales el afiliado al sistema de seguridad social ha cumplido con la densidad de cotizaciones para tener derecho a la pensión de invalidez.

En estos términos dejamos expuesto nuestro parecer frente a la decisión mayoritaria de no casar la sentencia recurrida, debido al cambio jurisprudencial del que nos apartamos.

Isaura Vargas Díaz—Luis Gonzalo Toro Correa 

ACLARACIÓN DE VOTO

El motivo de esta aclaración es precisar que, si bien entiendo las diferencias que existen entre las pensiones de invalidez y las de sobrevinientes, no considero que ellas lleven a justificar las diferenciaciones que se han hecho en algunas sentencias en cuanto a los requisitos de causación y, particularmente, en cuanto el régimen aplicable según ellos.

He sostenido invariablemente que en uno y otro caso, debido a que frente a ninguno se estableció por la Ley 100 de 1993 un régimen de transición, debe aplicarse esta última y, en consecuencia, deben exigirse los requisitos que ella contempla, sin tener en cuenta lo que cada individuo hubiera podido alcanzar en número de cotizaciones frente al riesgo correspondiente a la luz de la normatividad anterior que, por tanto, bajo ningún concepto resulta aplicable.

Lo expuesto es suficiente para explicar mi posición.

Germán G. Valdés Sánchez 

_________________________________