Sentencia 19036 de septiembre 4 de 2001 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

Rad. 20019036 01/259.I.01, sep. 4/2001 

M.P. Fernando Coral Villota 

Aprobado Según Acta de Sala 81 del 4 de septiembre de 2001

Ref.: Impugnación de la Acción de Tutela incoada por Olimpo Ojeda Martínez contra la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge.

Procede la Sala a resolver la impugnación contra el fallo de tutela proferido el 23 de julio del año en curso, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante el cual, concedió la acción de tutela incoada por el abogado Olimpo Ojeda Martínez, en representación del señor Pedro Sierra del Castillo, contra la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge.

Hechos y antecedentes procesales

1. El abogado Olimpo Ojeda Martínez, apoderado del señor Pedro Sierra del Castillo, instauró acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, solicitando la protección del derecho fundamental del debido proceso, en virtud de los siguientes hechos:

a) En un proceso de tala de árboles adelantado contra su mandante por la corporación accionada, ésta profirió las resoluciones 667 del 14 de mayo de 2001, mediante la cual le impuso una multa y la 930 del 26 de junio siguiente, “por la que no se accedió a reponer aquélla“.

b) Según el actor, el referido proceso y la correspondiente decisión, se soportaron en “un material probatorio recaudado de manera irregular, además de que se desarrolló dentro de una tramitación llevada a cabo a espaldas del presunto infractor y con pretermisión de la oportunidad para que este (sic) pidiera pruebas, lo que obviamente da cuenta de una ostensible violación del principio constitucional del debido proceso”.

c) Afirmó, que en el trámite del proceso se le negó a su defendido toda posibilidad de defensa “pues se le dio el trato de un simple testigo, y fue así como su vinculación a esta tramitación se limitó única y exclusivamente a recepcionarle una declaración bajo juramento sobre los hechos investigados”.

d) Señaló, que la corporación accionada abrió investigación administrativa a su representado, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 205 del Decreto 1594 de 1984 y sin que se le hubiese dado oportunidad para presentar sus descargos, “y mucho menos le fue notificado, y ni siquiera comunicado”.

e) Aseguró que su representado no tuvo oportunidad para solicitar la práctica de pruebas, y “el instructor de este proceso prestó oídos sordos a la expresa solicitud que él le formuló al rendir su declaración juramentada del día 16 de abril del 200 (sic), en la que expresó su deseo de que se llamara a rendir testimonio sobre lo ocurrido a un vecino de su finca”.

f) Adujo el tutelante, que ante el extravío del expediente, la corporación accionada, mediante Resolución 296 del 6 de marzo de 2001, convocó a las partes para celebrar una audiencia con el objeto de comprobar tanto la actuación surtida como el estado en que se hallaba el proceso al momento de su pérdida; sin embargo, “no solo... se pretermitió la audiencia de reconstrucción del expediente extraviado, sino que se entronizó una forma sui generis de ratificación de testimonios”.

g) Señaló el actor, que los informes de visita ocular contienen verdaderos peritazgos, que debieron practicarse con audiencia de su mandante Sierra del Castillo, y haberse dado traslado de los mismos, para controvertirlos; al no efectuarse tal actuación los considera “formalmente ilegales, y en cuanto a su sustancia, no hay la certeza de que correspondan a la realidad de lo acontecido”.

h) Finalmente el accionante afirmó “al desatarse el recurso de reposición, que interpuse contra la Resolución 667 de mayo 14 de 2001 la CVS no hizo más que reafirmarse en su conducta violatoria de la Constitución Política, y fue así como reconoció evasivamente que no se dio traslado al presunto infractor de la apertura de investigación ni mucho menos se le dio oportunidad para pedir pruebas, que el expediente extraviado no se reconstruyó de conformidad con la ley, que a la prueba pericial practicada no se le aplicaron los principios procesales universales de la publicidad y la contradicción, y que se dio por demostrada la propiedad de un bien raíz por medios idóneos”.

i) En virtud de los hechos anotados, el tutelante solicitó al juez constitucional la protección a los derechos fundamentales del debido proceso y defensa de su mandante y como consecuencia, la revocatoria de las resoluciones 667 y 930 de 1991, proferidas por la corporación accionada.

2. Mediante auto calendado el 9 de julio de 2001, el Magistrado Ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, admitió la acción de tutela invocada, ordenando las notificaciones de rigor y la práctica de pruebas. De igual forma, se allegó al expediente memorial suscrito por el abogado Ángel Palomino Herrera, apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, quien sobre los hechos objeto de controversia, manifestó lo siguiente:

a) Que el sancionado contó con seis (6) oportunidades para controvertir los dos informes de visitas técnicas efectuadas por los funcionarios de la corporación accionada y los testimonios de los señores Teresa de Hernández y Orlando Blanquisett, “sin embargo desde un principio hizo uso de su condición de abogado para cuestionar las actuaciones y formalidades del procedimiento. Es decir nunca solicitó pruebas ni cuestionó objetivamente las practicadas.

b) Que la corporación accionada consideró improcedente recepcionar el testimonio solicitado por el señor Sierra del Castillo, de un vecino suyo, “porque solicitó que el testigo debía declarar sobre la conveniencia del proyecto de electrificación, situación que no era la que se estaba investigando, se trataba de establecer la responsabilidad por la tala de bosques maderables sin la debida autorización... el vecino de quien solicitaba su declaración... no ofrecía ninguna garantía de imparcialidad pues se trataba del Magistrado Jaime Márquez, su cuñado y éste no podría declarar en su contra”.

c) El abogado Palomino Herrera, agregó: “Quiere la entidad mostrar que desde el 11 de enero se da la primera oportunidad al doctor Pedro Sierra del Castillo, quien después de analizar el contenido de su declaración y sobre sus posibles implicaciones se niega a reconocerlo cambiando totalmente sus respuestas. Observa esta corporación que desde esta fecha el contraventor ya conoce las actuaciones administrativas y cargos que contra él se hacían por tala de árboles sin el cumplimiento de las normas legales, no presentó ni solicitó ningún tipo de pruebas tendientes a desvirtuar los hechos”.

d) Agregó el apoderado de la corporación autónoma tutelada: “El accionante de tutela cita el artículo 205 del Decreto 1594 de 1984, norma que según él no fue observada como garantía del derecho de defensa. Advierte la corporación que si bien la Ley 99 de 1993 nos remite a la aplicación del Decreto 1594, su aplicación en el procedimiento sancionatorio no debe entenderse para todas las contravenciones, ya que esta norma fue expedida para aplicación del Ministerio de Salud”.

e) Finalmente, el referido litigante, además de destacar varias jurisprudencias y doctrinas, resaltó: “El debido proceso en las actuaciones administrativas no es tan restrictiva como en lo judicial, no solo por la naturaleza de la actividad, si no por la calidad de los servidores y órganos de la administración pública, por la variedad de los asuntos sometidos a su competencia y por la finalidad de los actos y actuaciones de la administración pública. Es decir, nos referimos a que la naturaleza de la actividad la entendemos como una actividad administrativa de carácter ambiental, diferente de la de juzgamiento propiamente dicha. La calidad de los servidores y órganos de la administración están entrenados para administrar, proteger y preservar el medio ambiente y los recursos naturales con los medios técnicos y logísticos con que cuenta más que con la aplicación estricta de los procedimientos y formalidades del derecho. Los asuntos sometidos a nuestra competencia contemplan un amplio campo de asuntos y situaciones que distan de la exclusividad en la aplicación de procedimientos sancionatorios. Como en todos los actos administrativos de las entidades públicas la finalidad de tales actos consisten en la protección del interés público, trasciende de lo ritual o formalidades del acto, siempre que en tales eventos se haya garantizado por lo menos sumariamente la posibilidad del afectado de controvertir las pruebas y documentos que se hayan recaudado, así lo ha entendido no solo la jurisprudencia y la doctrina nacional, sino nuestra legislación como lo señala el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo”.

3. El 23 de julio de 2001, la Sala a quo, resolvió “Conceder la tutela al debido proceso y a la defensa del doctor Pedro Sierra del Castillo, y en consecuencia, revócase las resoluciones 667 de mayo 4 de 2001 y 930 de junio 26 de 2001, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de este fallo, el demandado reponga la actuación, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 205 y siguientes del Decreto 1594 de 1984, esto es, se le comunique o notifique la existencia de la decisión de marzo 7 del 2001, se le dé oportunidad de descargarse, pedir, aportar y controvertir las pruebas existentes”.

Consideró el juez constitucional de primera instancia, que la corporación accionada inició “la correspondiente investigación previa”, contra el señor Pedro Sierra del Castillo, practicando las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y comprobando que efectivamente se habían talado unos árboles sin la debida autorización, razón por la que el 7 de marzo de 2001 se le abrió investigación administrativa, “en la que no se especifica el cargo imputado, sino que se revelan los hechos y la comprobación de los mismos y, sin que se haya agotado el procedimiento anteriormente señalado se procedió mediante Resolución 667 de mayo 14 de 2001 a imponerle multa, decisión que fue atacada con el recurso de reposición y fue confirmada”, sin que se le hubiesen hechos los traslados ordenados por la ley, para que “se descargara y ejerciera su derecho a la defensa”.

Para la Sala a quo, a partir de la resolución de mediante la cual se ordenó iniciar investigación administrativa contra Sierra del Castillo, “sin indicarle además de qué tipo contravencional se iba a defender, surge la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, pues sin lugar a dudas no se le notificó formalmente, por ninguna de las dos modalidades que trae el mencionado decreto y por taI razón no se efectuaron los descargos del caso con lo cual no podía proseguirse la actuación, hasta tanto no se diera contestación a los cargos, ya fuera por un abogado defensor o por el investigado”.

4. Notificada en debida forma la sentencia de primera instancia, el apoderado de la corporación accionada, Ángel Palomino Herrera, impugnó la decisión, reiterando en un extenso escrito, los mismos argumentos ya anotados, y solicitando la revocatoria del fallo impugnado.

Consideraciones de la Sala

1. La Constitución Política de 1991, asignó en su artículo 86 a los jueces de la República, el conocimiento y trámite de la acción de tutela, como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares.

De igual forma, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 determina que la acción de tutela no procede, cuando existan otros medios de defensa judicial, excepto ante la eventualidad de un perjuicio irremediable que la haga indispensable en forma transitoria.

2. En el caso sub judice, el abogado Olimpo Ojeda Martínez, en representación del señor Pedro Sierra del Castillo, instauró acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, por la presunta violación de los derechos, fundamentales al debido proceso e igualdad, en el trámite de un proceso por tala de árboles adelantado contra su mandante.

3. De los medios probatorios allegados al expediente de tutela se observa lo siguiente:

a) El 26 de diciembre de 2000, el señor José Isabel Hernández denunció ante la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, a Pedro Sierra del Castillo, por la tala de unos árboles en una finca de su propiedad, ubicada en el corregimiento de San Anterito, sin que mediara autorización alguna.

b) El 4 de enero de 2001, el señor Héctor Milanés Vásquez, auxiliar administrativo de la corporación accionada, realizó una inspección al lugar de los hechos, consignado en su informe: “...se observó una tala a rasa pareja de árboles (sic) de especies diferentes. De acuerdo a información del señor José Isabel Hernández Ariza, esta tala se realizó el día 23 de diciembre de 2000, por dos señores, uno de nombre Orlando Herrera y el otro de nombre desconocido; además y de acuerdo a la misma fuente de información, esto fue (sic) ordenado por Señor (sic) Pedro Sierra quien es propietario de una finca que colinda con la finca La Lucha, esto lo hizo con el fin de pasar unas redes eléctrica (sic) del Caserío (sic) Manchego a la finca de su propiedad”. El 6 de enero siguiente, el referido Milanés Vásquez, realizó una segunda inspección ocular al sitio de los hechos.

c) El 11 de enero y 15 de abril de 2001, se recepcionó declaración juramentada al señor Pedro Sierra del Castillo.

d) El 7 de marzo de 2001, La Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, dispuso:

“1. Abrir investigación administrativa contra el señor Pedro Sierra, por los hechos que se explican en los considerandos del presente auto.

2. Cítese y hágase comparecer al señor Pedro Sierra, a esta corporación con el fin de recibirle declaración sobre los hechos que se investigan y establecer las responsabilidades ha que haya lugar.

3. Ordénese practicar todas las pruebas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investigan... comuníquese y cúmplase”.

En la parte de las motivaciones, la corporación tutelada, en el citado acto administrativo, señaló: “Que tales informaciones son la base fundamental de las actuaciones administrativas que deberán surtirse de conformidad con los procedimientos legales y como tal, prestan suficiente mérito para abrir la correspondiente investigación al tenor de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1594 de 1984” (negrilla fuera del texto).

e) Mediante Resolución 667 del 14 de mayo de 2001, “Por la cual se impone una multa y se hace unos requerimientos”, la corporación accionada resolvió sancionar con multa de “cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a... $ 477.650 (sic)”, al señor Pedro Sierra del Castillo y lo requirió para que “dentro de los treinta días hábiles siguientes ala (sic) notificación de la presente resolución proceda a restaurar el sector donde fueron talados los árboles, debiendo reponer en igual cantidad y especies el número de árboles talados, previa presentación a la CVS de un plan de establecimiento forestal”. De acuerdo con la medición efectuada por la tutelada, el área talada fue de 1.560 metros cuadrados.

f) Contra el anterior acto administrativo, el apoderado del señor Sierra del Castillo, interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido mediante Resolución 930 del 26 de junio del año en curso, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada.

4. Si bien es cierto en el asunto sub judice, a simple vista se observa que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es, la interposición de la correspondiente acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también lo es, que la acción de tutela incoada resulta procedente, por evidenciarse una manifiesta vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso y defensa de su representado, como se desprende de las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar, las corporaciones autónomas regionales, han sido definidas como entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución, “concebidas por el constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo... encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables” (1) .

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-593 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

b) En segundo orden, la Ley 99 de 1993 “por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, consagra en su artículo 85 los tipos de sanciones que puede imponer el Ministerio del Medio Ambiente o las corporaciones autónomas regionales a los infractores de las normas sobre protección ambiental o manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables; en el parágrafo 3º del citado precepto normativo se dispone:

“Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya” (negrilla fuera del texto).

Ahora bien, el Decreto 1594 de 1984 citado, consagra en sus artículos 197 y siguientes:

“ART. 197.—El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.

ART. 202.—Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su entidad delegada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas del presente decreto.

ART. 205.—Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación.

ART. 207.—Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación, el presunto infractor, directamente o por intermedio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

ART. 208.—El Ministerio de Salud o su entidad delegada decretará la práctica de las pruebas que consideren conducentes, las que se llevarán a efecto dentro de los treinta (30) días siguientes, término que podrá prorrogarse por un período igual, si en el inicial no se hubiere podido practicar las decretadas.

ART. 209.—Vencido el término de que trata el artículo y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo con dicha calificación” (negrilla fuera del texto).

Como puede observarse, tal procedimiento, aplicable por expresa disposición de la Ley 99 de 1993, brilló por su ausencia en el asunto sub examine, pues del recaudo probatorio aportado al expediente de tutela, se advierte que previa denuncia formulada por José Isabel Hernández Ariza contra el señor Pedro Sierra del Castillo, por la tala de árboles en una finca de su propiedad, la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, la “admitió y se ordenó dar traslado a la subsede del Sinú Medio para que por su conducto practicara visita y se rindiera informe técnico sobre los hechos denunciado (sic). En el mismo auto se ordenó recibir declaraciones a los señores Pedro Sierra, Orlando Blanquisset (sic) y a la señora Teresa de Hernández” (2) .

(2) Cita textual de la Resolución 296 del 6 de marzo de 2001, mediante la cual la corporación accionada ordenó la reconstrucción del expediente, pues en las copias de las diligencias administrativas no aparece el auto ordenando investigación previa.

Una vez efectuadas las anteriores diligencias, la corporación accionada mediante acto del 7 de marzo de 2001, resolvió iniciarle investigación administrativa a Sierra del Castillo omitiendo especificar los cargos formulados, la notificación personal de ese acto administrativo, y el correspondiente traslado para que el presunto infractor presentara sus descargos, tal como lo disponen los artículos 205 y 207 del Decreto 1594 de 1984, ya transcritos.

Adicionalmente, en la parte motiva del citado acto administrativo se dispuso que las pruebas recopiladas prestaban mérito suficiente “para abrir la correspondiente investigación al tenor de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1594 de 1984” (negrilla fuera del texto). Sin embargo, el apoderado de la corporación accionada, abogado Ángel Palomino Herrera, en los escritos presentados durante el trámite de la acción de tutela que se estudia, señaló “si bien la Ley 99 de 1993 nos remite a la aplicación del Decreto 1594, su aplicación en el procedimiento sancionatorio no debe entenderse para todas las contravenciones, ya que esta norma fue expedida para aplicación del Ministerio de Salud en relación con el control de la contaminación por vertimiento de residuos”.

Por un lado, no se entiende cómo se afirma que se inicia investigación administrativa contra Sierra del Castillo, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1594 de 1984, y por otro, que el referido decreto no es aplicable en el caso de la corporación accionada, porque el mismo fue expedido “para aplicación del Ministerio de Salud en relación con el control de la contaminación por vertimiento de residuos”, tal como lo sostuvo el citado abogado Palomino Herrera, desconociendo de tajo que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, al consagrar los tipos de sanciones imponibles por el Ministerio del Medio Ambiente o las corporaciones autónomas regionales, a los infractores de las normas sobre protección ambiental o manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, expresamente señaló en su parágrafo 3º, que tanto el Ministerio como las corporaciones mencionadas, debería estarse “al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya” (negrilla fuera del texto).

De igual forma, resulta procedente destacar que el apoderado de la corporación accionada, abogado Palomino Herrera, resaltó que “El debido proceso en las actuaciones administrativas no es tan restrictiva como en lo judicial, no solo por la naturaleza de la actividad, si no por la calidad de los servidores y órganos de la administración pública, por la variedad de los asuntos sometidos a su competencia y por la finalidad de los actos y actuaciones de la administración pública. Es decir, nos referimos a que la naturaleza de la actividad la entendemos como una actividad administrativa de carácter ambiental, diferente de la de juzgamiento propiamente dicha... Los asuntos sometidos a nuestra competencia contemplan un amplio campo de asuntos y situaciones que distan de la exclusividad en la aplicación de procedimientos sancionatorios. Como en todos los actos administrativos de las entidades públicas la finalidad de tales actos consisten en la protección del interés público, trasciende de lo ritual o formalidades del acto, siempre que en tales eventos se haya garantizado por lo menos sumariamente la posibilidad del afectado de controvertir las pruebas y documentos que se hayan recaudado” (negrilla fuera del texto).

Contrario a lo afirmado por el citado jurista Palomino Herrera, el artículo 29 de nuestra Norma Suprema, dispone: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Por debido proceso se entiende el conjunto de garantías de que gozan los administrados ante la autoridad administrativa o judicial. Respecto de la administración pública, resulta procedente destacar que ésta, se encuentra fundamentada en el principio de la legalidad, es decir, en su sometimiento a la normatividad jurídica reguladora de su actividad, lo cual conduce a afirmar, que aquélla debe respetarla y el administrado, gobernado o particular, tiene derecho a esa legalidad y el incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo, como en el caso de estudio, genera violación y desconocimiento al debido proceso y al derecho a la defensa; respecto al objeto del debido proceso administrativo, el máximo Tribunal Constitucional, precisó:

“El debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los tribunales contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se ajustan al ordenamiento jurídico legal previamente establecido para ellos, con el fin de tutelar la regularidad jurídica y afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado, ante la propia organización y los asociados y asegurar los derechos de los gobernados.

Se observa que el debido proceso se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses.

El debido proceso tiene reglas de legitimación, representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos e instancias garantías establecidas en benéfico del administrado, etapas que deben cumplirse dentro del procedimiento administrativo señalado. Se concluye que estos actos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley, que la observancia de la forma es la regla general, no sólo como garantía para evitar la arbitrariedad, sino para el logro de una organización administrativa racional y ordenada en todo su ejercicio, el cumplimiento estricto para asegurar la vigencia de los fines estatales, y para constituir pruebas de los actos respectivos, que permitan examinarlos respecto de su formación, esencia, eficacia y validez de los mismos” (3) (negrilla fuera del texto).

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.

Con fundamento en los criterios señalados por la Corte Constitucional, en el caso sub judice se advierte que la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, en ejercicio de sus facultades, inició una investigación administrativa contra el señor Pedro Sierra del Castillo, omitiendo, como ya se anotó, especificar los cargos formulados, la notificación personal de ese acto administrativo, y el correspondiente traslado para que el investigado pudiese haber presentado sus descargos, tal como lo disponen los artículos 205 y 207 del Decreto 1594 de 1984; desconociendo la obligatoria aplicación de este decreto en el trámite de esa investigación, actuación que se traduce en un rampante desconocimiento del derecho al debido proceso del administrado.

El debido proceso en los asuntos administrativos no sólo implica el sometimiento de la administración a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, sino a los trámites o procedimientos que ella adelante para el cumplimiento de sus obligaciones; el mismo canon 29 superior, estipula que el debido proceso se aplica con “la plenitud de las formas propias de cada juicio”, es decir, con el pleno cumplimiento de lo prescrito por la ley y las reglas especiales sobre el asunto en trámite.

En el asunto sub examine, fue olvidado ese elemento, pues existiendo el Decreto 1594 de 1984, mediante el cual se fija el procedimiento para que las corporaciones autónomas regionales sancionen a los infractores de las normas sobre protección ambiental o manejo y aprovechamiento de recursos, se omitió notificarse personalmente al infractor la apertura de la investigación administrativa en su contra, para que éste pudiese ejercer debidamente sus derechos, produciendo, por ende, la accionada, un acto arbitrario, es decir, se apartó de las normas aplicables para realizar su propia voluntad, olvidando que el Estado social de derecho, mediante la aplicación del debido proceso, pretenden que la imposición de una sanción sea el resultado de un proceso adelantado con las debidas formalidades, garantías y seguridad jurídica debidas, y no de un acto arbitrario, producto de la voluntad caprichosa de la administración.

5. Como consecuencia de lo anteriormente anotado, la Sala encuentra que la corporación accionada, vulneró los derechos fundamentales del debido proceso y defensa del señor Pedro Sierra del Castillo, razón por la cual procede la acción de tutela que se estudia, pues el otro medio de defensa judicial con que cuenta el accionante, resulta a todas luces ineficaz, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El artículo 86 superior dispone que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado “no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su turno, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591, señala que la acción de tutela no procederá cuando “existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (negrilla fuera del texto).

Por tanto, si bien es cierto, los preceptos normativos citados disponen que la acción de tutela es improcedente si el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, salvo el caso de un perjuicio irremediable, también lo es, que ese “medio judicial alternativo cuya existencia hace improcedente la tutela, debe ser idóneo y eficaz para el específico fin de obtener la cierta y concreta protección de los derechos fundamentales afectados o amenazados” (4) .

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-351 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz.

Sobre la eficacia del otro medio de defensa judicial, el máximo Tribunal Constitucional, ha señalado:

La eficacia de la tutela se evalúa, no en el evento en que no exista otro medio de defensa judicial, sino, precisamente cuando existe y con este otro medio se hace nugatoria la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por tanto, en la evaluación del mecanismo alterno de defensa debe aplicarse el criterio adoptado por la Corte, traducido en que cuando en el trámite del medio alterno de defensa judicial, no sea pertinente la defensa de todos los derechos fundamentales violados, la acción de tutela no sólo procede, sino que debe concederse de manera definitiva. Al respecto la Corte ha señalado lo siguiente... En diversas sentencias de esta Corte (cfr. entre otras, T-414/92), se ha insistido en que eI juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el otro mecanismo de defensa judicial que es aplicable al caso es igual o más eficaz que la tutela. Sólo si la respuesta es afirmativa, podrá rechazar la tutela argumentando esa causal de improcedencia. De otro modo y con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial y los derechos inalienables de la persona humana, deberá conceder la tutela. De no hacerlo, estaría violando el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales (T-100 de 1994)” (5) (negrilla fuera del texto).

(5) Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.

Teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte Constitucional, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, encontramos, en primer término, que los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, como ya se dijo, fueron abiertamente violados al accionante, y si bien es cierto, puede acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, también lo es, que en este caso, tendría en el entretanto, que proceder a cumplir con la decisión administrativa proferida por la corporación accionada, vale decir, cancelar la multa de “cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a... $ 477.650 (sic)” y, “restaurar el sector donde fueron talados los árboles, debiendo reponer en igual cantidad y especies el número de árboles talados”, de acuerdo con la medición efectuada por la tutelada, el área talada fue de 1.560 metros cuadrados.

Ahora bien, en el evento que el juez contencioso finalmente fallare en su favor, podría el actor iniciar un nuevo proceso para que le reembolsaren tanto los gastos de la reforestación como la multa; acción, que amen del tiempo prácticamente indefinible que conlleva, también implica un desgaste innecesario de la administración de justicia, que la tutela tiene la oportunidad de enmendar de manera rápida y eficaz, lo cual es uno de los objetivos de esta figura constitucional, sin que el ciudadano tenga que verse sometido a innecesarios, costosos y extensos procedimientos.

Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a la convicción que es este caso en concreto, el amparo es el medio adecuado, y no el medio de defensa judicial ordinario.

6. Como corolario de lo anteriormente anotado, esta colegiatura encuentra que la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, violó los derechos fundamentales del debido proceso y defensa del señor Pedro Sierra del Castillo, en el trámite de Ia investigación administrativa adelantada en su contra, razón por la cual se impartirá confirmación de la sentencia proferida por el juez constitucional de primer grado.

7. Finalmente, procede aclarar que respecto a las irregularidades denunciadas por el actor, relacionadas con la reconstrucción del expediente, el material probatorio recaudado y las pruebas solicitadas, al confirmarse la acción de tutela objeto de estudio, la Sala considera que la corporación accionada podrá realizar las correcciones pertinentes y el investigado ejercer las acciones correspondientes contra los actos administrativos que se surtan.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, el 23 de julio de 2001, mediante la cual concedió la acción de tutela incoada por el abogado Olimpo Ojeda Martínez, en representación del señor Pedro Sierra del Castillo, contra la Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y San Jorge, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SURTANSE las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temistócles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

SALVAMENTO DE VOTO

Mi disenso, frente a la decisión de la Sala se concreta en expreso a la falta del particular y especial tratamiento del aspecto referido al estudio de los requisitos de procedibilidad, en términos formales de la acción constitucional, quiere decir, que si tratándose, como en el efecto ocurre que se reconoce la existencia de un mecanismo judicial ordinario, sin fórmula de razonamiento alguno se entre a fallar de fondo y reconocer la concurrencia de un vicio en el proceso sancionatorio que afecta el debido proceso y con ello conceder el recurso de amparo.

No consideró la Sala mayoritaria, el tratamiento que en tal sentido ha venido de manera reiterada e insistente construyendo el máximo juez constitucional en punto de reivindicar la naturaleza residual la acción de tutela por oposición a justicia paralela, postura con la cual esta superioridad ha venido siendo de manera pertinaz consecuente, de suerte que tal tratamiento mereció pronunciamiento expreso, razonado y fundado sobre el cambio o desatención de la doctrina al respecto, en aras de preservar el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley que le es vinculante a la corporación por efectos del precedente judicial.

No satisface las aspiraciones de la jurisdicción el tratamiento dado por la Sala mayoritaria, pues pese a reconocer que existía otro mecanismo judicial ordinario, sin entrar a cuestionar su eficacia, que eventualmente habilitaría a esta jurisdicción para estudiar el fondo de la pretensión, sin más se decidió amparar el derecho fundamental alegado.

Jorge Alonso Flechas Díaz 

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