Sentencia 19041 de septiembre 20 de 2001 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. Nº 20019041-01, sep. 20/2001

M.S. Leonor Perdomo Perdomo

Aprobado según Acta número 87 del 20 de septiembre de 2001.

I. Asunto por resolver

La impugnación interpuesta por el apoderado de Olga Vásquez Ibáñez contra el fallo del 13 de agosto de 2001, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, que consideró improcedente la acción de tutela a través de la cual se pretendía el amparo de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, presuntamente conculcados por el inspector central de policía del municipio de Cereté.

II. Hechos

La señora Vásquez Ibáñez, a través de apoderado promovió acción de tutela contra el inspector central de policía de Cereté, doctor Guillermo Rhenals Nova, por cuanto al adelantarle un proceso policivo por ocupación de hecho, le habría conculcado los referidos derechos fundamentales.

Manifiesta, que desde marzo de 1980 su mandante tiene una fami-empresa consistente en la venta de fritos, actividad que desarrolla en las inmediaciones de la intersección de la calle 17 con la carretera que de Cereté conduce a Lorica.

Refiere que hace algunos meses Saris López Doria, inició una querella en su contra, aduciendo que el terreno ocupado era de su propiedad y que últimamente el “...inspector de policía de manera reiterada ha amenazado con hacer efectivo un lanzamiento por ocupación de hecho y no da muestras de atender las razones que le asisten en derecho a mi patrocinada” (fl. 23).

En su criterio el procedimiento que adelanta el inspector, así como las amenazas, constituyen vías de hecho, por cuanto el término de 30 días de caducidad que tiene la acción policiva posesoria ya caducó pues su prohijada tiene más de 20 años de posesión del bien inmueble.

Por último, argumenta que sin la efectiva tutela de los derechos, existe el peligro inminente del lanzamiento con graves e irremediables perjuicios para ella y su familia que derivan el sustento de la actividad que ejerce en el citado lugar, por lo cual solicita, que se ordene al inspector se abstenga de realizar dicha diligencia, por hallarse probada la caducidad de la acción y la presencia de una vía de hecho. De igual manera que cese la actuación y se produzca el archivo, dada la transgresión de derechos fundamentales.

III. Actuación procesal

Mediante auto del 31 de julio de 2001, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, avocó el conocimiento de la acción promovida y ordenó que el mismo le fuere notificado a las partes, incluida la señora Saris López Doria (fl. 10).

El inspector de policía accionado contestó la demanda. Adujo que en el trámite de la querella iniciada contra la accionante, estimó que se daba una perturbación a la posesión, en la medida en que Olga Vásquez Ibáñez ubicaba la mesa de fritanga dentro de la propiedad de la señora Saris López Doria.

Que no se presentaba la caducidad de la acción por cuanto los actos de perturbación se realizaban todos los días del año de 6 de la tarde a 9 de la noche.

Al proceso se allegó fotocopia de la actuación policiva adelantada contra Olga Vásquez Ibáñez, estableciéndose que el 25 de julio de 2001, esto es, dos días antes de promoverse esta acción, el inspector de policía había retirado “... del puesto de fritanga, parte de los elementos que se utilizan para esta labor,...” (fl. 38).

IV. Sentencia impugnada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, luego de hacer un recuento de los hechos que dieron lugar al juicio policivo en mención, considera que la acción de tutela instaurada es improcedente, dado su carácter residual y subsidiario “...al que sólo puede acudirse cuando no se cuenta con otras vías ordinarias para reclamar...”. (fl. 33).

Señaló que Olga López contó con las oportunidades que le brindaba el proceso policivo para defenderse, entre otras, impugnando las decisiones que se dictaran en su contra, sin que la acción de tutela se convierta en fórmula salvadora, por la conducta pasiva observada.

En su criterio, la decisión adoptada por la autoridad demandada, no escapa al control de la jurisdicción contenciosa, por tener características administrativas, de tal suerte que a través de este “... instrumento idóneo de lucha ante los estrados para perseguir el fallo policivo, mal puede la tutela ser alternativa utilizable”. (fl. 35).

V. De la impugnación

Refiere el recurrente que no obstante el procedimiento de policía ser el foro para dirimir el conflicto, amén de que la accionante estaba representada judicialmente, en nada desvirtúa la existencia de las vías de hecho, “... ya que en tal caso, jamás habría lugar a tutelas contra sentencias judiciales” (fl. 47).

Que no es cierto que el procedimiento policivo esté sometido a control jurisdiccional alguno y menos a lo contencioso administrativo, según lo disponen los artículos primero y 82 del Código Contencioso Administrativo.

Dice que el legislador le atribuyó fuerza de cosa juzgada a las decisiones dictadas por funcionarios ejecutivos lo cual implica que no puedan ser materia de discusión en ninguna jurisdicción.

Estima que el fallo impugnado no se aviene con el constitucionalismo actual que procura rodear de plenas garantías a los ciudadanos pues no resuelve la controversia que originó esta acción, lo cual equivale a una denegación de justicia; en la medida en que su mandante no cuenta con otro medio de defensa judicial, “...ya que no podría colocarse —sin desvirtuar la esencia del procedimiento— ... que es quien tiene actualmente la posesión, en la situación de recuperarla tras ser desalojada injustamente por una decisión de policía, con graves consecuencias para ella y su familia, cuando es la autoridad de policía la que debe ordenar el statu quo y abrir el camino a la querellante para que acuda ella sí, legitimada en causa por activa, en acción de restitución de la posesión o en juicio de reivindicación del dominio, según crea pertinente“ (fl. 48).

Vl. Para resolver se considera

1. Competencia de la Sala.

Acorde con el inciso primero del artículo 116 de la Constitución Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las respectivas salas de los consejos seccionales de la judicatura, como órganos integrantes de la rama judicial, les asiste la facultad de administrar justicia, razón por la cual tienen competencia para conocer de las acciones de tutela instauradas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente conculcados.

Así mismo, por ser su superior jerárquico, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Pues bien, resulta necesario precisar que conforme con el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela constituye un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala la ley.

De acuerdo con las pruebas allegadas al presente asunto, se establece que motu proprio Saris del Carmen López Doria, mediante escrito visible a folios 1 y 2 del cuaderno anexo, instauró querella ante el inspector central de policía de Cereté Córdoba, contra Olga Vásquez pues según lo consigna en tal libelo, esta última, en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y 9 de la noche, de lunes a sábado, en predios de su propiedad, instalaba una mesa de fritanga, situación que si bien “... no hace ocupación de hecho si hace perturbación a mi posesión, pues por mucho que ruede la mesa de fritanga mi lote de terreno sufre un detrimento, un gravamen, una desvalorización ...” (fl. 1 c. anexo).

Por auto del 28 de marzo de 2001, la inspección admitió la querella y con el fin de determinar en quién radicaba la propiedad del área ocupada por la querellada, ordenó el levantamiento topográfico del lote donde se instalaba la mesa de fritanga; de igual manera dispuso citarla “... a fin de que llegue a una amigable composición con la querellante, toda vez que la ocupación no es permanente ni ha despojado de su uso y goce a la propietaria“ (fl. 11 ibíd.).

Como en criterio de la autoridad accionada, con el levantamiento topográfico se logró determinar que en verdad la señora Vásquez Ibáñez ubicaba la mesa de fritanga en predios de Saris del Carmen López Doria, por auto del 26 de abril de 2001 ordenó el retiro del bien en mención y dispuso citar a su propietaria, para que ejerciera el derecho de defensa (fl. 12). Ésta fue notificada el 3 de mayo siguiente (fl. 13).

El 4 del mismo mes la actora en esta acción, solicitó fotocopia de la actuación y le otorgó poder a Roberto Andrés Uribe Espitia para que asumiera su defensa.

El antes mencionado, con licencia temporal para ejercer la profesión de abogado, presentó un escrito en el que se opone a los hechos aducidos por la querellante; plantea la nulidad de lo actuado, por las presuntas irregularidades que se presentaron en el trámite de la querella e interpuso los recursos de reposición y apelación, contra el auto del 26 de abril de 2001 (fls. 16 y 17).

Mediante providencia del 7 de mayo, el inspector central de policía de Cereté, le reconoció personería jurídica, aplazó el retiro de la mesa de fritanga y declaró que “... existe una perturbación a la posesión ejercida por la señora Olga Vásquez, en el predio de la señora Sari López Doria“ (fl. 36), así mismo dictó orden de policía que ponga “... fin a la perturbación“ (fl. Ibíd.). Negó los recursos interpuestos, sin aducir las razones de esta determinación.

El 25 de julio, en cumplimiento de la referida decisión, procedió a retirar los elementos que la querellada utilizaba en su labor, concretamente el “... cilindro de gas, para que a falta de este combustible no se pueda seguir con las labores de la mesa de fritanga y de esta manera cese la perturbación, artefacto que se le entregará previo reclamo formal ante esta institución, ...” (fl. 38).

Pues bien, varios son los aspectos que necesariamente debe abordar la Sala, tendiente a resolver la impugnación del fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, el que a propósito deberá ser revocado, por cuanto contrario a lo decidido, en el trámite del proceso policivo adelantado por la inspección central de policía de Cereté, claramente se determina la transgresión del derecho constitucional fundamental al debido proceso de la accionante.

Porque el irregular procedimiento que el funcionario de policía le imprimió al referido asunto, necesariamente conlleva el desconocimiento del derecho fundamental en referencia, al apartarse de manera flagrante del trámite previsto por el Decreto 1355 de 1970, toda vez que al variarse el mismo, se vio privada de defenderse eficazmente.

En efecto, el inspector de policía mediante el auto que admitió la querella y conforme con lo previsto en el artículo 131 ibídem, norma que inclusive fue relacionada en el escrito de la querella, debió fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de inspección ocular, con la intervención de peritos. Esta norma textualmente reza:

“Cuando se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia de inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección ocular con intervención de peritos, y se oirá dentro de tal inspección a los declarantes que presente el querellante y el querellado“ (negrillas fuera de texto).

Obsérvese que el inspector simplemente se limitó a ordenar un levantamiento topográfico en el sitio donde la accionante instalaba la mesa de fritanga, con miras a determinar si el terreno ocupado por ésta era o no de propiedad de la querellante, acto irregular con el cual, se repite, se le privó de ejercer el derecho de contradicción y defensa, debido a que la inspección ocular que ineludiblemente debía practicarse, constituía el escenario propicio no solamente para que Olga Vásquez Ibáñez fuera escuchada sobre los hechos objeto de la litis, sino también para que allegara las pruebas e hiciera que los potenciales testigos que quisieran presentar, fuesen oídos en declaración. Es más, los peritos estaban en la obligación de rendir el dictamen respectivo, el cual podría ser objeto de aclaración u objeción.

Para la corporación resulta extraño que el inspector hubiere omitido dar aplicación a la norma transcrita, a pesar de que el apoderado de la accionante, al apreciar esta irregularidad le solicitó la nulidad de lo actuado, aspecto sobre el cual escasamente se limitó a consignar que “... en ningún momento este despacho ha ordenado hacer inspección ocular, pero si ordenó (sic) un levantamiento topográfico ...” (fl. 33).

Como con esta desviación del ordenamiento jurídico, se insiste, no se le permitió a la accionante ejercer en debida forma el derecho de contradicción y defensa, la Sala a quo debió acceder al amparo solicitado, si se tiene en cuenta que no contaba con otro medio de defensa judicial, tendiente a hacer valer sus derechos.

Porque si bien su apoderado a través de un escrito solicitó la nulidad de lo actuado, dicha petición en realidad no fue resuelta por el funcionario demandado; de una lectura de los argumentos esbozados por el libelista, así como de la providencia del 7 de mayo de 2001, se llega a esta conclusión, tanto es así que los recursos interpuestos, fueron negados, sin ninguna motivación.

En conclusión, dentro del proceso policivo en referencia, la querellada contó pero en apariencia, con una defensa, pues en el extraño trámite que el inspector central de policía de Cereté le imprimió a tal asunto, no se le explicó la razón por la cual se prescindía de darle aplicación al artículo 131 del Decreto 1355 de 1970, ni tampoco el motivo por el que no procedían los recursos interpuestos y de ahí que finalmente, ante esta actitud, la señora Olga Vásquez Ibáñez no encontró otro camino que recurrir a la acción de tutela.

Precisamente de acuerdo con lo decidido por el funcionario accionado, queda la sensación que contra las determinaciones adoptadas dentro del proceso policivo, no procede ningún recurso. Sin embargo otra es la realidad, tal como lo precisó la Corte Constitucional, en los siguientes términos: “El trámite de los recursos susceptibles de ser impetrados contra las decisiones de policía se encuentra sumariamente reglado en el código de Policía, razón por la cual se hace necesario acudir al Código de Procedimiento Civil, para integrar el régimen normativo que garantice el debido proceso de las partes en dicho proceso. Es el caso del régimen aplicable al recurso de apelación” (1) .

(1) Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-289 del 5 de julio de 1995. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Como puede apreciarse, además de haberse adelantado la querella mediante un procedimiento equivocado, esto es, desconociendo las formas propias del proceso policivo, también se pretermitió el principio de la doble instancia previsto taxativamente en el artículo 31 de la Constitución Política.

Así las cosas, en criterio de la Sala no solamente se le vulneró a la accionante el derecho al debido proceso, sino también el derecho a la igualdad, porque al tramitarse el asunto policivo en las condiciones puntualizadas en precedencia, ésta quedó en franca desventaja con la contraparte Saris del Carmen López Doria, lo cual constituye un trato discriminatorio a todas luces injustificado, que implica el desconocimiento del derecho previsto en el artículo 13 de la Constitución Política.

En lo concerniente con el derecho al trabajo, considera la corporación que en momento alguno le ha sido transgredido, si se tiene en cuenta que la labor que ella adelantaba en ese sitio, la puede realizar en otro lugar, previo permiso de las autoridades competentes.

Y es que en verdad a través del proceso policivo no se pretende que se le prohíba desarrollar tal actividad; simplemente la querellante busca que no se siga perturbando el derecho a la supuesta posesión que tiene sobre el predio donde la accionante instalaba la mesa de fritanga, luego mal haría en accederse al amparo del mismo, cuando quiera que, se insiste, ella perfectamente puede desempeñar su oficio en otro sitio, obviamente sin pasar por encima de los derechos de otras personas. Por ello, no se accederá al amparo de este derecho.

En conclusión y ante la clara transgresión de los derechos al debido proceso y a la igualdad, se revocará el fallo objeto de impugnación, debiéndose dejar sin efecto lo actuado dentro del proceso policivo adelantado contra la accionante, a fin de que la autoridad demandada, una vez se notifique de esta determinación y previa verificación acerca de si el terreno sobre el cual la accionante instalaba la mesa de fritanga, está ubicado en el área rural o urbana, adecue el procedimiento legalmente previsto y resuelva sobre la querella sometida a su consideración, garantizándole a las partes en un plano de igualdad, el derecho de contradicción y defensa.

Por último, la Sala no puede pasar por alto la gran equivocación en que incurrió la Sala a quo, al declarar improcedente la acción instaurada, porque tal y como lo señala el recurrente, según lo previsto en el inciso tercero del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, la jurisdicción en cita, “...no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”.

Precisamente la Corte Constitucional al pronunciarse acerca de una irregularidad que se presentó dentro de un proceso policivo, anotó lo siguiente:

“Pero, si se concluye que el resultado del proceso policivo es un acto de naturaleza administrativa, tampoco puede afirmarse que ese carácter otorgue al afectado un medio de defensa judicial que sirva con eficiencia al propósito de resguardar sus derechos.

“En efecto, de manera expresa, al indicar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el 12 del Decreto 2304 de 1989, declara que ella “... no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley”.

Excluida, entonces, la posibilidad de hacer valer en forma inmediata los derechos fundamentales dentro del mismo proceso y eliminada también toda ocasión de actuar con idéntico propósito ante lo contencioso administrativo, no cabe duda de que la tutela es mecanismo procedente para brindar efectiva protección a los derechos fundamentales que puedan ser atacados o puestos en peligro en el curso de procesos policivos” (2) .

(2) Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-289 del 5 de julio de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por lo tanto, la Sala a quo, en lugar de declarar improcedente la acción promovida, como erróneamente lo hizo, ha debido revisar el fondo del asunto, esto es, determinar si el inspector central de policía de Cerete como consecuencia del trámite del proceso policivo, desconoció derechos fundamentales de la accionante.

De ahí que no resulte exagerada la apreciación del recurrente, al afirmar que el fallo proferido no resuelve “... el meollo de la controversia que origina la solicitud de amparo lo que equivale prácticamente a una denegación de justicia” (fl. 48).

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo del 13 de agosto de 2001, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada dentro de este asunto, para en su lugar tutelar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, teniendo en cuenta las razones expuestas en esta decisión.

2. Como consecuencia de lo anterior dejar sin efecto lo actuado dentro del proceso policivo que se adelanta contra la accionante, a fin de que la autoridad demandada, una vez se notifique de esta determinación y previa verificación acerca de si el terreno sobre el cual se instalaba la mesa de fritanga, está ubicado en el área rural o urbana, adecue el procedimiento legalmente previsto y resuelva en un plano de igualdad, sobre la querella sometida a su consideración, garantizándole a las partes el derecho de contradicción y defensa.

3. NEGAR el amparo del derecho fundamental al trabajo, conforme con lo dicho en esta decisión.

4. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaria judicial de esta sala remitirá el presente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese a las partes en los términos de los artículos 16 del decreto en cita y 5º del Reglamento 306 de 1992 y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Díaz—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria General.

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