Sentencia 19046 de junio 10 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 27001-23-31-000-2000-02723-01(19046)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Maria Eneida Mosquera Pino y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional

Asunto: acción de reparación directa

Bogotá, D.C, diez de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Comoquiera que la parte demandada es apelante única y que el recurso se limita a impugnar los perjuicios morales reconocidos en la sentencia y su monto, las consideraciones se restringirán a ese punto. En efecto, se debe estar a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, reformado por la modificación 175 del artículo primero del Decreto 2282 de 1989, en el sentido de que: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso...”.

Sin embargo, debe señalarse que la señora Ana Dominga Rentería, quien figura entre las beneficiarias de la indemnización, si bien concedió poder para ser representada en el proceso, no figura como demandante en el libelo respectivo; tan es así que no se le reconoció como tal en el auto admisorio de la demanda y su reposición (fls. 2, 151, 221, 229 y 230, cdno. 1). Por lo anterior, se revocará la indemnización concedida en favor de la persona citada, ya que se trata de un punto íntimamente relacionado con la apelación, en la que por demás se deprecó el no reconocimiento de los perjuicios respecto de las familiares de la lesionada, ello en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 357.

3. Corresponde a la Sala decidir la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del 13 de abril de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en la que se reconocieron 500 gramos de oro a la lesionada y 100 a cada una de sus hijas, por concepto de daño moral.

Sobre la prueba del perjuicio, se tiene que Luz Gabriela Castro Rentería, fue atendida en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, remitida por el Centro de Salud San José Tadó. En la nota de ingreso al servicio de urgencias del 19 de agosto de 1994, al día siguiente de los hechos, se dice:

“Pcte. que ingresa al servicio de urgencias del C.C. Tadó por presentar múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego en diferentes regiones del cuerpo —ingresando en regular estado general, consciente, álgida— distribuidas así:

“1. Región frontal izquierda. Orificio de entrada.

2. Cara interna de brazo izquierdo (orificio de entrada).

3. Orificio de entrada en hemitórax izquierdo sobre glándula mamaria.

4. Orifico de entrada de perdigones en región sub escapular izquierda.

5. Orificio de entrada en cuadrante superior izquierdo sin orificio de salida.

6. Orificio de entrada y de salida glúteo izquierdo de 12 cm de longitud la herida, la cual fue desbridada luego afrontamiento de tejido muscular de la región y se deja con gasa húmeda para tapar la herida para cierre por 2ª intención.

7. Herida a nivel de cara interna de región de articulación de rodilla derecha la cual fue suturada.

8. Herida de orificio de entrada a nivel 1/3 superior de pierna con exposición de tejido óseo tibial, fue suturada.

Es hospitalizada con manejo antibiótico penicilina, gentamicina.

Nota: La paciente manifiesta 7 meses de embarazo se alcanza determinar FcF [frecuencia cardiaca fetal] positiva” (fls. 295 y 339, cdno. 2).

Lo anterior, es prueba suficiente para acreditar de manera plena las lesiones sufridas por la demandante Castro Rentería, en los hechos del 18 de agosto de 1994, por lo tanto, no es cierto, como lo afirma el apelante, que no se acreditó el daño reclamado. Si bien no se documentaron las consecuencias del mismo, en cuanto a la incapacidad laboral generada, sin duda su ocurrencia y magnitud se encuentran plenamente demostrados.

Así mismo, se encuentra probado que Luz Gabriela Castro Rentería es madre de Lorys Mosquera Castro, Anyi Katerine y Diana Machado Castro, conforme a los certificados de registro civil de nacimiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Tadó y de la Notaría Única de Quibdó (fls. 153, 154, 156 y 157, cdno. 1, 375 y 376, cdno. 2).

Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en las demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su madre por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.

Las reglas del común acontecer, y la práctica científica han determinado de manera general, que cuando se está ante un atentado contra la integridad física de un ser querido, se siente aflicción. En efecto, en la sentencia de 17 de julio de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la Constitución, se analizó el tópico, se consideró:

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º, señala que Colombia como Estado social de derecho que es, tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

“Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Y agrega que “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes” (subrayas fuera de texto).

“La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del siguiente tenor:

“En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue:

“1º. Los descendientes legítimos;

2º. Los ascendientes legítimos;

3º. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o ascendientes legítimos;

4º. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 1º, 2º y 3º;

5º. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1º, 2º, y 4º;

6º. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores;

7º. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los consanguíneos anteriormente expresados.

Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos”.

También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza:

La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución”.

La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio.

Así las cosas, la corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental de tener por establecido lo anormal y de requerir la prueba de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la evidencien”.

Así las cosas, como el demandado no desvirtuó la presunción de la aflicción propiciada a los demandantes por las lesiones causadas a su pariente en primer grado de consanguinidad, de acuerdo con los registros civiles allegados al proceso, la Sala da por probado el daño moral con fundamento en la presunción judicial o de hombre, que constituye un criterio de valoración; en el derecho americano a dichas presunciones judiciales se les llama “inferencias”; la presunción es un razonamiento que está basado enteramente en la lógica y la experiencia, por ello no se puede confundir con el indicio ya que este es un hecho. Sin embargo, en su estructura lógica-deductiva, participa de la naturaleza de los indicios, como quiera que el juez las deriva de premisas mayores y de inferencias lógicas.

Conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral; ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado.

De acuerdo con lo anterior, respecto de los gramos de oro reconocidos como indemnización en la sentencia apelada se hará la equivalencia a salarios mínimos legales mensuales del 2009 y se condenará, a la demandada, a pagar la suma equivalente a 50 salarios de esa naturaleza a la lesionada y 10 para cada una de sus hijas.

Lo anterior, de acuerdo con las circunstancias del hecho: un enfrentamiento armado en el que la víctima recibió múltiples heridas con proyectil de arma de fuego, a lo que se agrega su estado de embarazo, por lo cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por el tribunal.

En cuanto a la presunción del perjuicio moral de los familiares en los casos de lesionados, la Sala en sentencia de 18 de marzo de 2004, señaló:

“Una situación distinta se presenta cuando tratándose del daño moral derivado de la muerte o lesionamiento grave de un ser querido, la jurisprudencia ha deducido judicialmente este, de la simple prueba del estado civil —junto con la demostración de la muerte o lesión grave—, tratándose de vínculos de consanguinidad cercanos como los existentes entre padres, hijos, hermanos y abuelos, sin que sea necesario demostrar el padecimiento o dolor moral sufrido. Evento en el cual, la legitimación material en la causa del demandante, podrá aducirse a través de la prueba del estado civil (tratándose de parientes cercanos), junto con la prueba de la muerte o lesión grave del pariente cercano, ya que el juez a partir de estos hechos infiere el dolor; de lo contrario deberá demostrarse el padecimiento moral sufrido con motivo del hecho dañoso (9) . En relación con el daño moral sobre lesiones personales la Sala ha distinguido con fines probatorios las graves de las leves (10) .

En cuanto a las lesiones gravesy respecto a la víctima directa ha indicado que con la demostración de la gravedad de la lesión se deduce la existencia del dolor moral; y en lo que atañe con las víctimas indirectas ha estimado que sufren dolor moral cuando además de demostrar la gravedad de la lesión del lesionado también prueban su condición o de pariente o de persona cercana, hechos que debidamente probados son indicadores de su padecimiento moral. En lo que concierne con las lesiones leves y respecto a la víctima directa ha estimado que la prueba de la lesión es suficiente para deducir el impacto moral; pero respecto a la víctimas indirectas- trátese de parientes o de damnificados - es necesario demostrar a) la lesión leve, b) el parentesco o la condición de damnificado y c) el dolor o padecimiento moral” (11) (subrayado y negrilla del texto).

La Sala ha recogido la anterior tesis jurisprudencial (12) , en el sentido de precisar que para presumir el perjuicio moral de los familiares inmediatos del lesionado, no es necesario establecer si las lesiones causadas fueron graves o leves, toda vez que esta distinción carece de sentido lógico y equitativo, por cuanto no es plausible de ninguna manera que la aflicción pueda establecerse a partir de una condición especial de las lesiones. En efecto, independientemente de la magnitud de la afectación física del lesionado, en una concepción de familia nuclear como la nuestra, no resulta equitativo que ese padecimiento moral y su prueba se condicione al resultado material del daño reclamado.

De allí que, se presume que la lesión física o psíquica de un familiar, independientemente de su gravedad, causa aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales. Así las cosas, para lo único que se debe tener en cuenta la gravedad o levedad de las lesiones es para establecer la graduación del monto del perjuicio que se debe indemnizar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODÍFICASE los numerales primero y segundo de la sentencia del 13 de abril de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, los cuales quedarán así:

1. Declárase a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional responsable del daño moral causado a Luz Gabriela Castro Rentería y a sus hijas Lorys Mosquera Castro, Anyi Katerine Machado Castro y Diana Luz Machado Castro.

2. Condénase a la demandada Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de daño moral, a Luz Gabriela Castro Rentería, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes; a Lorys Mosquera Castro, Anyi Katerine Machado Castro y Diana Luz Machado Castro, la suma equivalente en pesos a diez (10) salarios mínimos legales vigentes, a cada una de ellas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá cuaderno de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(9) Sentencia proferida el día 17 de mayo de 2001. Expediente 12.956. Actor: Hernando Palacios Aroca y otros.

(10) Pueden consultarse las sentencias dictadas los días: 28 de octubre de 1999 (Exp.12.384, actor: Luis Eudoro Jojoa Jojoa); 23 de marzo de 2000 (Exp. 12.814, demandante: Harold Gómez González y otros, demandado: Inpec); 17 de agosto de 2000 (Exp. 12802, demandante: Lucila Méndez y otros, demandado: Inpec); 14 de septiembre de 2000 (Exp. 12.166, actor: Eduardo López Piedrahíta y otros, demandado: ICBF); 8 de noviembre de 2001 (Exp. 13.007, actor: Orlando Miguel Bermúdez Torres y otros, demandado: Municipio de Maicao); 27 de noviembre de 2002 (actor: Vidal Lemus Layton y otros, Exp. 13.874).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004, Expediente 14.003, actor: Hernando Francisco Acosta y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, Expediente: 17.486, actor: Luis Octavio Echeverri Escudero y otros, C.P. Ruth Stella Correa.

_________________________________