Sentencia 19057 de marzo 7 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente 19.057

Rad. 1611

Consejero Ponente:

Alier E. Hernández Enríquez

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil dos.

Actor: Banco Agrario de Colombia S.A.

Demandado: Municipio de Buenaventura.

Decide la Sala el recurso de apelación propuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de junio de 2000, por cuya virtud se dispuso rechazar la demanda ejecutiva instaurada por el Banco Agrario de Colombia en contra del municipio de Buenaventura, al considerar que existe falta de jurisdicción.

Providencia impugnada

El tribunal decidió rechazar la demanda por falta de jurisdicción y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito —Reparto— de Buenaventura, con fundamento en consideraciones del siguiente orden (fl. 89, c. 5):

“Revisada la demanda observa la Sala, que el Banco Agrario de Colombia S.A., tiene asignada dentro de sus funciones la de celebrar operaciones de crédito propias de sus actividades comerciales. Lo que significa que las obligaciones que surjan con ocasión de estas actividades, en especial, las de crédito, no son de conocimiento de esta jurisdicción.

Luego entonces, la negociación que le dio origen a los pagarés materia de esta demanda, corresponde al giro ordinario de las actividades que desarrolla el demandante.

En consecuencia, la competencia para esta clase de procesos la tiene la jurisdicción ordinaria, y así lo disponen los artículos 3º del Decreto 2129 de 1992 y 21 del Decreto 679 de 1994”.

Antecedentes

1. Actuando por intermedio de apoderado judicial, el Banco Agrario de Colombia S.A. demandó, en proceso ejecutivo contractual, al municipio de Buenaventura, para hacer efectivo el pago de las obligaciones contenidas en los pagarés suscritos por la mencionada entidad territorial, así como los intereses pactados y las costas procesales a que haya lugar.

2. El tribunal mediante auto del 2 de junio de 2000, dispuso rechazar la demanda en los términos ya indicados (fl. 90, c. 5):

3. El apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, contra el mencionado proveído; se opuso a la providencia impugnada aduciendo lo siguiente (fls. 91, 92, c. 5).

“... los argumentos de la providencia en cuestión, no consultan lo dispuesto por la reforma que sobre el tema introdujo el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 en el sentido de asignar a la jurisdicción administrativa, el conocimiento tanto de las controversias derivadas de los contratos estatales como de las de ejecución emanadas de los mismos, como quiera que los artículos 3º del Decreto 2129 de 1992 y 21 del Decreto 679 de 1994 en que se sustenta el auto en cuestión cuando disponen que los contratos que celebren los establecimientos de crédito ... y demás instituciones financieras de carácter estatal dentro del giro ordinario de sus negocios no estarán sujetos a las disposiciones de dicho estatuto, sino a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades, lo que se quiere significar es que dichos contratos se encuentran exceptuados del procedimiento de selección y demás formalidades que impone el estatuto de contratación administrativa, que harían inoperante la actividad de tales entidades, pero la excepción de ninguna manera se extiende a la jurisdicción que debe conocer de los procesos que se generen a partir de las controversias sobre dichos contratos y menos en este caso en particular cuando se encuentra involucrada una entidad territorial como es el municipio de Buenaventura.

(...).

Como se desprende de los contratos de empréstito celebrados con el municipio de Buenaventura..., las partes expresaron libre y espontáneamente su voluntad de suscribir los pagarés como en efecto lo hicieron (sic) exigibles en el evento de producirse el incumplimiento de la entidad territorial; y para el caso de la acción procedente no es posible deslindar esos títulos valores del contrato aludido, para pasar su ejecución a otra jurisdicción, toda vez que es evidente la vinculación entre los títulos ejecutivos y los contratos de empréstito susodichos, unos y otros allegados con le demanda”.

El tribunal, mediante auto del 28 de julio de 2000 decidió no reponer dicha providencia al considerar “que no ha variado el criterio que motivó la decisión dada en el auto que se recurre”; en consecuencia, concedió el recurso de apelación (fls. 95, 96, c. 5).

El expediente, para conocer de dicho recurso, fue recibido en la secretaría de la Sección el 14 de septiembre de 2000 (fl. 97, c. 5) y pasó a este despacho el 5 de octubre (fl. 99, c. 5).

Por auto del 2 de noviembre de 2000 se ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que notifique personalmente el auto recurrido a la parte demandada, o, se remita copia o constancia de la misma (fl 100, c. 5).

El tribunal dio cumplimiento a lo ordenado en el auto citado, siendo recibido nuevamente el expediente en la secretaría de la Sección el 21 de mayo de 2001, y pasó al despacho el 23 de mayo de 2001 (fls. 116, 117, c. 5).

Mediante providencia del 12 de junio de 2001 se admitió el recurso, dando traslado del escrito de apelación y sustentación a las partes (fl. 118, c. 5).

Surtido este trámite, al 27 de junio de 2001 pasó nuevamente el expediente al despacho para decidir la apelación (fl. 119, c. 5).

Consideraciones de la Sala

En primer lugar, corresponde aclarar que el razonamiento que condujo al tribunal a concluir su falta de jurisdicción para conocer del proceso de la referencia no es acertado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32, parágrafo primero, de la Ley 80 de 1993, reglamentado por el Decreto 679 de 1994, artículo 21, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras del orden estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social que estén autorizadas o reguladas por el estatuto orgánico del sistema financiero, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades, no estando sujetas, por lo tanto, a las regulaciones contenidas en el estatuto general de contratación de la administración pública.

Sin embargo, el régimen de excepción así establecido no está excluyendo la atribución a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales que se deriven de los contratos celebrados en desarrollo de dichas actividades cuando el contratante sea también una entidad estatal de aquellas que están sujetas a dicho estatuto, caso en el cual la atribución de competencia prevista en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 se mantiene, en razón de la naturaleza que adquiere el respectivo contrato.

En otros términos, si el contrato al cual se refiere la figura exceptiva del parágrafo del artículo 32, lo celebra un establecimiento de crédito, compañía de seguros u otra entidad financiera, siendo ella de carácter estatal, con un particular, la regulación y la jurisdicción escaparán a lo previsto en la Ley 80 de 1993. Pero si el contrato es celebrado, no con un particular, sino con otra entidad estatal, como ocurre en este caso en que el contratista es el municipio de Buenaventura, es claro que los preceptos de dicha ley, al menos en cuanto a la jurisdicción se refiere, no se ponen en duda.

En segundo lugar, en cuanto hace referencia a la jurisdicción que conoce de procesos ejecutivos derivados de controversias contractuales, cuando el título ejecutivo está integrado por el contrato estatal y un título valor, situación que atañe al proceso de la referencia, la Sala considera pertinente precisar lo siguiente:

En reiteradas oportunidades el Consejo Superior de la Judicatura ha decidido que la competencia funcional para adelantar procesos ejecutivos que se deriven de una relación contractual del Estado, sin importar si la obligación ha sido incorporada en un título valor, ha sido atribuida a la jurisdicción contencioso administrativa. En cambio, esta Sala (1) ha sostenido que siempre que se allegue un título valor, sin importar la naturaleza del contrato que le sirvió de causa, el crédito debe cobrarse ante la jurisdicción ordinaria en ejercicio de la acción cambiaria.

Las razones expuestas por la Sala, se fundan en los principios de autonomía y literalidad propios de los títulos valores. Se ha entendido que, de acuerdo con el principio de literalidad, los alcances del derecho que se incorpora al título están determinados por su tenor literal, y que, en tratándose de títulos crediticios, ellos adquieren autonomía respecto del contrato subyacente en el momento de su creación.

Este criterio corresponde a la visión según la cual los títulos valores adquieren una absoluta autonomía por virtud de los principios de literalidad e incorporación, tal como lo expone el profesor Roberto Mantilla Molina:

“La literalidad y la incorporación son notas suficientes para delimitar el concepto de título de crédito. La autonomía, que resulta de diversas normas jurídicas... puede deducirse de la literalidad, pues si el texto del documento es medida de los derechos de su tenedor, si no pueden invocarse en contra de él circunstancias que no aparezcan en dicho texto, resulta que su derecho es autónomo, y ello en una doble dirección: independiente de la relación o negocio jurídico que dio lugar a la emisión, si se trata de un título cambiario, que como tal es abstracto, e independiente de la situación jurídica en que hubiera estado cualquier anterior tenedor” (2) .

Teorías de la abstracción y de la causalidad de los títulos valores y sus consecuencias.

La denominada teoría abstracta de los títulos valores, parte

“de la afirmación de que el régimen cambiario difiere fundamentalmente del derecho común y para explicar sus institutos y su razón de ser y su finalidad debemos atenernos únicamente a los principios y normas que rigen en materia cambiaria. En consecuencia, una obligación, sujeta al derecho común... se aparta de él y pasa a estar regida por el derecho cambiario, cuando se documenta en un pagaré o letra de cambio” (3) .

Se enfrenta esta teoría a las teorías causales de los títulos valores, según las cuales los títulos jamás pierden su conexión con el negocio subyacente, de manera que la disciplina que rige tal negocio no es ajena al título de crédito que se creó por su causa.

Las dos tesis tienen relación con la clasificación de los títulos valores, invariablemente aceptada en la doctrina, que toma como punto de partida su estructura o nexo causal (4) , y que distingue entre títulos causales y abstractos. Entre los primeros se encuentran la carta de porte, el certificado de prenda con registro, las acciones de sociedades anónimas, etc.; y entre los segundos los cheques, las letras de cambio y los pagarés.

La discusión sobre la aplicación de una u otra teorías se presenta sólo respecto de los últimos, pues sobre los títulos causales nadie discute que permanecen íntima y constantemente ligados al contrato-origen, ya que el principio de literalidad, en ellos, supone que la letra del contrato subyacente integra el título, limitando o condicionando el ejercicio del derecho cartular.

En cambio, respecto de la letra de cambio y el pagaré —que son algunos de los títulos abstractos, es decir de aquellos cuya relación con el contrato causal pierde importancia— hay quienes sostienen que el derecho incorporado en el título, siempre, sin excepción, se rige por los principios y normas del derecho cambiario y que, por eso, no importa lo que suceda con el contrato subyacente. Otros, en cambio, sobre todo los causalistas, opinan que tal aserto no se cumple en todos los eventos, pues el título sólo cobra independencia absoluta de negocio causal cuando efectivamente ha circulado.

Los defensores de la teoría “absoluta” de la abstracción arguyen que la circulación del título no cambia su naturaleza abstracta, pues

“el deudor que entrega una letra de cambio o un pagaré, no lo hace con el propósito de que éste circule, sino que por el contrario tiene en consideración única y exclusivamente que se compromete a pagar a su acreedor... incondicionalmente una suma determinada, en fecha precisa y con el rigor cambiario. La circunstancia de que por tratarse de un documento endosable pueda pasar a manos de un tercero, es para él secundaria, ya que la persona del acreedor le es indiferente” (5) .

La aplicación práctica de una u otra teoría tiene consecuencias importantes. En efecto, el tipo de excepciones que pueden oponerse al tenedor del título valor varíen, según se sostenga que está absolutamente desvinculado del contrato causal o, si dicha relación se mantiene, pues, en el primer caso, en tanto la disciplina del negocio subyacente es indiferente al derecho cartular, el deudor no podrá valerse de excepciones propias del contrato para evitar el cobro; en cambio si se sostiene que la relación entre el contrato y el título es tal que las normas que rigen el primero limitan los alcances del derecho cartular, o que lo rigen de manera absoluta, el obligado en el título valor podrá oponer al acreedor cambiario algunas o todas las excepciones derivadas del negocio subyacente.

Aplicación de la causalidad y de la abstracción en el Código de Comercio Colombiano.

Nuestro ordenamiento comercial ha previsto eventos en que toma partida por la abstracción y otros en los que aplica la causalidad, pues dependiendo de la situación concreta ha derivado consecuencias propias de una u otra.

En efecto, de una lectura integral del título III del Código de Comercio se desprende que la regla general, en tratándose de títulos valores de contenido crediticio, es su independencia respecto del contrato subyacente, pues así lo demanda la vocación de circulación de tales títulos, vocación que nuestro código consagra al explicar que la eficacia de la obligación cambiaria se deriva de la firma y la entrega del título valor con el ánimo de hacerlo negociable.

Sin embargo, al menos en nuestro ordenamiento (cfr. C. Co., art. 625), no resulta cierta la tesis de que para el creador del pagaré es indiferente el hecho de que éste circule) no, pues la ley comercial prevé consecuencias diversas en los dos casos.

Las consecuencias son diferentes si el título ha circulado o si no ha sido negociado. En efecto, cuando el título circula, se hace efectiva la regla contenida en los numerales 1º a 11 del artículo 784, según la cual al tenedor de un título (si es diferente de la persona que fue parte en el contrato subyacente) sólo se le pueden oponer las excepciones cambiarias, es decir las referidas al título mismo, no las que se relacionan con el negocio causal. Con ello, dice César Darío Gómez, se busca facilitar “la circulación del título, que nace para circular y no para permanecer “capturado” entre las partes primitivas de la relación” (6) . La idea es garantizar al tercero de buena fe, tenedor de un título, que su crédito será saldado por el deudor (7) , se trata de “salvaguardar el crédito... protegiendo al portador que de buena fe confíe en ella” (8) .

En cambio, si nunca se negoció el título, si permaneció siempre entre las partes del contrato originario, no opera

“el fenómeno de la inoponibilidad de excepciones, porque recobra su aplicabilidad el derecho común en toda su extensión. El fenómeno de la inoponibilidad de excepciones “no es el efecto del carácter de circulabilidad impreso al título por su suscriptor, sino que es la consecuencia de su efectiva circulación (Ferri en estudios en homenaje a Garrigues, t. II, pág. 318)” (9) .

En otros términos, la limitación de las excepciones que pueden oponerse al tenedor de un título valor de contenido crediticio, por razón del principio de abstracción, está condicionada a que tal título haya circulado según su ley de circulación, pues si ello no ha sucedido, nuestra legislación entiende que la obligación cartular sigue regida por la disciplina propia del contrato.

Como dice Ferri (10) , “el título de crédito en las manos del contratante no es, si se consiente la expresión, un verdadero título de crédito, es un simple documento de la estimación”, pues su función es muy limitada debido a que las relaciones entre las partes inmediatamente vinculadas se resuelven “con base en las llamadas relaciones subyacentes, relaciones fundamentales o relaciones causales, es decir con la operación jurídica que origina la emisión o transferencia del título” (11) .

Puede decirse, entonces, que de acuerdo con la previsión del numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, respecto de las partes del contrato originario, el título no adquiere la abstracción que se predica del mismo frente a terceros ajenos al negocio. Entre las partes regirán las normas que regulan el contrato que las relaciona. Yadarola explica que “si el documento hubiera de quedar en poder del tomador, todo el sistema jurídico en que se asientan los títulos de crédito habría perdido su razón de ser, puesto que las relaciones entre contratantes inmediatos encuentran su regulación en las normas comunes” (12) .

La diferencia que hace la ley en materia de excepciones oponibles al acreedor cambiario, lleva al intérprete a deducir que el Código de Comercio aplica, según el caso, distintas teorías sobre la causalidad del título. El principio de la abstracción cambiaria, según el código, se aplica a los títulos crediticios cuyo tenedor es un tercero (diferente de las partes del contrato originario), y rige en favor de esos terceros siempre que sean de buena fe, porque para ellos es irrelevante el negocio causal del título dado que su interés se reduce al derecho cartular tal como ha sido incorporado y según su tenor literal; por eso pueden exigir “al deudor la satisfacción de la pretensión sin tener que probar la validez de la causa” (13) .

La teoría de la causalidad, por su parte, se aplica a los títulos crediticios que no han salido de manos de las partes del contrato subyacente, pues, en ese caso, sus relaciones están regidas por dicho contrato.

La aplicación de la teoría de la causalidad y de sus consecuencias, ha sido explicada por la Corte Suprema de Justicia (14) desde el punto de vista del principio de la literalidad:

“La literalidad en particular, determina la dimensión de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al tenedor atenerse a los términos del documento, sin que, por regla general, puedan oponérsele excepciones distintas a las que de él surjan. Es de ver, con todo, que por cuanto la consagración de la literalidad es una garantía para quien desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su circulación, es obvio que ella está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las relaciones cambiarias. Es apenas lógico entender por qué no puede predicarse absolutamente la literalidad entre quienes han sido partícipes del negocio causal o subyacente, determinante de la creación o la emisión del título valor, ya que en este caso no estaría en juego la seguridad en el tráfico jurídico, prevista como razón fundamental para su consagración legal. Por idéntico motivo, el alcance de la presunción legal que ostenta este principio respecto de terceros, en el sentido de considerar que la existencia y magnitud del derecho se condiciona y mide por el contenido del documento mismo, cede ante la prueba que acredite el conocimiento de los mismos en torno a la situación subyacente, constitutiva de excepción personal frente a él”.

Condiciones para determinar la competencia del juez contencioso administrativo en relación con el conocimiento de procesos ejecutivos cuando existe un título valor.

En conclusión, la tesis que ha venido sosteniendo la Sala debe revisarse en cuanto se ha formulado con alcances absolutos, pues la sola existencia de títulos valores de contenido crediticio no siempre hace que la relación entre sus partes se rija por el derecho cambiario. En efecto, cuando el título permanece entre las partes del negocio subyacente conserva relevancia la relación causal entre éste, por lo cual, el deudor puede oponer excepciones propias del contrato y el juez deberá aplicar el derecho que lo rige.

De acuerdo con lo dicho, cuando se trata de contratos estatales que originaron la creación de un título valor, por ejemplo de un pagaré, que no ha circulado y cuyo cobro se pretende por la vía judicial, teniendo en cuenta que se pueden oponer excepciones propias del contrato estatal, el competente para adelantar la ejecución será el juez de lo contencioso administrativo, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el título valor haya tenido como causa un contrato estatal.

b) Que el contrato del que se trate sea de aquellos de los que conoce la jurisdicción contencioso administrativa.

c) Que las partes del título lo sean también del contrato.

c) (sic) Que las excepciones derivadas del contrato sean oponibles en el proceso ejecutivo.

Caso concreto.

Mediante el proceso de la referencia el Banco Agrario de Colombia pretende hacer efectivos los siguientes pagarés:

— Pagaré de amortización gradual 176-93-001-3 por valor de $ 217''000.000 correspondiente al contrato de empréstito para créditos redescontables en la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., celebrado entre el municipio de Buenaventura y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, aprobado por Findeter el 15 de abril de 1993.

Pagaré de amortización gradual 176-96-001-2 por valor de $ 1.499''221.873, correspondiente al contrato de empréstito para créditos redescontables en la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., celebrado entre el Municipio de Buenaventura y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, aprobado por Findeter el 30 de julio de 1996.

— Pagaré de amortización gradual 176-96-001-3 por valor de $ 799''380.937, correspondiente al contrato de empréstito para créditos redescontables en la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., celebrado entre el municipio de Buenaventura y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, aprobado por Findeter el 30 de julio de 1996.

— Pagaré de amortización gradual 176-96-001-4 por valor de $ 1.430''139.415, correspondiente al contrato de empréstito para créditos redescontables en la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., celebrado entre el municipio de Buenaventura y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, aprobado por Findeter el 30 de julio de 1996.

Los contratos de empréstito a los que se ha hecho referencia fueron celebrados entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y el municipio de Buenaventura; esta entidad financiera obró, al suscribir dichos contratos, como intermediaria financiera de la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entidad que otorgó los créditos al citado municipio.

Entre Findeter y el municipio de Buenaventura se suscribió un convenio-compromiso “en el cual se indican los términos y condiciones para la utilización de los dineros...”, el cual hace parte de cada uno de los contratos.

Los pagarés descritos fueron endosados por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, entidad que posteriormente los endosó a dicha institución financiera.

Finalmente, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero endosó estos pagarés al Banco Agrario de Colombia.

En el expediente obra también el documento mediante el cual la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero cedió el contrato de empréstito al Banco Agrario de Colombia.

Así las cosas, si bien, se deduce que los pagarés objeto de la presente acción ejecutiva circularon, es claro también que, en principio, existe identidad entre las partes del título valor y las del contrato que dieron origen a los mismos, en virtud de la cesión que de este se hiciera al Banco Agrario.

Pese a ello, se advierte que, no aparece prueba de que la cesión del contrato de empréstito hubiese sido notificada al deudor, esto es al municipio de Buenaventura, ni que éste la haya aceptado, situación que resulta relevante en este caso puesto que, como bien es sabido, la cesión del contrato, respecto del contratante cedido y de terceros, sólo produce efectos desde la notificación o aceptación de la misma, de allí que, faltando el cumplimiento de dicho requisito, la cesión le es inoponible, por parte del Banco Agrario, al municipio de Buenaventura y, por consiguiente, no pueden oponerse las excepciones derivadas del contrato.

Sin embargo, es posible que en la demanda ejecutiva se soliciten diligencias previas tendientes a posibilitar precisamente la procedencia del proceso ejecutivo; en efecto, el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil preceptúa lo siguiente:

ART. 489.—En la demanda ejecutiva se podrá pedir que previamente se ordene el reconocimiento del documento presentado, el requerimiento para constituir en mora al deudor, o la notificación de la cesión del crédito o de los títulos ejecutivos a los herederos.

Si no fuere posible notificar personalmente el auto que dispone la práctica de alguna de estas diligencias anteriores, se procederá a designar curador ad litem, tal como se prevé en los artículos 318 a 320, para que con él se surta la diligencia (...).

Así las cosas, encontrándose condicionada la competencia de esta jurisdicción para conocer del caso sub iudice, a que se notifique la cesión del contrato de empréstito al municipio de Buenaventura, y habiendo sido esta diligencia previa solicitada por el actor en la demanda, se hace necesario devolver el expediente al tribunal de origen para que dé trámite a la misma.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVOCAR, el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de junio de 2000.

2. En su lugar, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que dé trámite a la diligencia previa de notificación de la cesión al deudor, solicitada por el actor en la demanda.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) Consejo de Estado. Sección Tercera. Autos de 22 de junio de 2000, expediente 17089; de 3 de agosto de 2000, expediente 16959; dos de febrero de 2001, expediente 18403; de 27 de enero de 2000, expediente 16048; de 19 de febrero de 1998, expediente 13690; de 19 de febrero de 1999, expediente 16046; de 28 de septiembre de 2000, expediente 17940, entre otros.

(2) Mantilla Molina, Roberto. Títulos de crédito cambiarios. Editorial Porrúa. S.A. México, 1977. Págs. 43-44.

(3) Despouy, Leandro O. Causa en los títulos de crédito. Revista del derecho comercial y de las obligaciones. Vol. 6 Nº 31-36, año 1973, págs.479-480.

(4) Ver, entre otros, Despouy, Leandro O. Op. Cit., pág. 466.

(5) Así lo explica Despouy en la obra citada. Pág. 482.

(6) Gómez, César Darío. Títulos valores. Editorial Temis S.A. Bogotá. 1996. Pág. 205.

(7) En ese sentido ver Peña Nossa, Lisandro y Ruiz Rueda, Jaime. Curso de títulos valores. Cámara de Comercio. Bogotá, 1999. Pág. 110. “El principio de abstracción no es esencial al título valor; sólo caracteriza el derecho del tercer poseedor de buena fe y es por ello que el orden jurídico, con el fin de proteger a ese tercero o facilitar la circulación, desprende del contenido del negocio cualquier intento personal y atribuye efectos a la declaración de voluntad pura y simple. La abstracción implica que contra el tercero no pueden ejercerse las excepciones personales”.

Ver también Peña Castrillón, Gilberto. De los títulos valores en general y de la letra de cambio en particular. Editorial Temis. Bogotá. 1981. Págs. 22 y 66.

(8) Gómez, César Darío. Op. Cit., pág. 205.

(9) Ibídem, pág. 206.

(10) Citado por Despouy. Op. Cit., pág. 479.

(11) Peña Castrillón, Gilberto. Op. Cit., pág. 22.

(12) Citado por Despouy. Op. Cit., págs. 478-479.

(13) Gómez, César Darío. Op. Cit., pág. 205.

(14) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de abril de 1993.

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