Sentencia 19092 de abril 30 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref. 19092

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Acta 25

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 31 de enero de 2002, en el proceso que le sigue Ana del Carmen Molina Osorio.

I. Antecedentes

Ana del Carmen Molina Osorio convocó a juicio laboral al Instituto de Seguros Sociales para que fuera condenado a pagarle “la pensión de sobreviviente a que tiene derecho por la muerte de su esposo Amado de Jesús Gómez Monsalve” (fl. 2); o, en subsidio, “la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente” (ib.), aduciendo para ello que su esposo Amado de Jesús Gómez Monsalve, quien falleció el 4 de marzo de 1997, cotizó al instituto demandado para los riesgos de IVM 346 semanas “con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993” (ib.). Agregó que el demandado le negó la pensión reclamada porque su difunto esposo no había cotizado 26 semanas en el año anterior a su deceso y el derecho a la indemnización sustitutiva le había prescrito.

Al contestar el instituto, aun cuando aceptó la fecha de fallecimiento de Gómez Monsalve y su vínculo matrimonial con la demandante, alegó en su defensa que no se reunían los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 para ser concedido el derecho reclamado en la demanda pues el causante “hacía veinte años no cotizaba antes de su muerte, al sistema de seguridad social” (fl. 28), y conforme al artículo 36 de la misma ley el derecho a la indemnización sustitutiva había prescrito para cuando se hizo la respectiva solicitud. Propuso las excepciones de falta de causa para pedir, prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y compensación.

El Juzgado de conocimiento, que lo fue el Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 9 de octubre de 2001, condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a Ana del Carmen Molina Osorio “la pensión de sobrevivientes en cuantía de $ 286.000,00 mensuales a partir del mes de octubre del presente año” (fl. 54), y las mesadas adicionales de junio y diciembre “conforme a la Ley 4/76 y 100/93” (ib.). Le impuso costas.

II. La sentencia del tribunal

Al resolverse el recurso de alzada interpuesto por el demandado, con la sentencia aquí acusada el Tribunal de Medellín confirmó la providencia de primera instancia, sin costas en el recurso.

Para ello, una vez dio por probado que el causante Gómez Monsalve estuvo afiliado al instituto demandado para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que cotizó desde el 28 de agosto de 1970 hasta el 16 de mayo de 1987, para un total de 346 semanas de cotización; y que falleció por causas de origen no profesional el 4 de marzo de 1997, aseveró que como para la fecha de su muerte se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, “pudiera pensarse, en principio, que a la parte demandada le asiste razón en los planteamientos que esboza” (fl. 67), pero lo cierto era que “el artículo 46 transcrito debe armonizarse e interpretarse en concordancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional, que desarrolla el principio de garantizar a todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social” (fl. 68), y enlazarse al principio de la condición más beneficiosa previsto en el artículo 53 de aquella, para concluir que, en aplicación de ese principio, debía respetarse “la situación que tenía el asegurado antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 cual era la de hacer valer para sus beneficiarios, la densidad de cotizaciones obtenidas en el evento de fallecer de modo que aquellos quedasen habilitados legalmente para acceder a la pensión de sobrevivientes, situación esta propendida por los artículos 36 y 288 de la Ley 100 de 1993” (fl. 69).

Así las cosas, afirmó que las normas aplicables al caso eran los artículos 6º y 25 del Decreto 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y que como la parte demandada no desconoció que para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 se habían efectuado por cuenta del fallecido 346 semanas de cotización, concluyó que “a la demandante le asiste el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes” (fl. 70). En apoyo de sus aseveraciones transcribió los apartes que consideró pertinentes de la sentencia de la Corte de 13 de agosto de 1997 (Rad. 9758), conforme a la alusión que se hizo en sentencia de 20 de abril de 2001, según precisó.

III. El recurso de casación

Inconforme el demandado con esa decisión interpuso el recurso extraordinario (fls. 20 a 24, cdno. 2), que no fue replicado, en el que le pide a la Corte la casación total del fallo impugnado para que en sede de instancia revoque en su integridad el de primera instancia y, en su lugar, lo absuelva de las pretensiones de la demanda inicial.

Para el efecto la acusa por infringir directamente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, “en relación con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 (aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990)” (fl. 22, cdno. 2).

Cargo para cuya demostración afirma no discutir las conclusiones probatorias del Tribunal relativas a que Amado de Jesús Gómez Monsalve cotizó a la seguridad social 346 semanas, de las cuales ninguna en el año inmediatamente anterior a su deceso, y que falleció el 4 de noviembre de 1997; pero aduce que por el efecto general e inmediato que producen las normas sustantivas laborales, previsto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, a la situación del causante le es aplicable es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 que modificó las exigencias para acceder a la pensión de sobrevivientes —las cuales transcribe— y no las normas que tuvo en cuenta el juez de la alzada.

Argumenta que la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición que hubiere favorecido a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, como sí lo hizo expresamente con los de la pensión por vejez, por tanto, la ausencia de un régimen de transición para la pensión de sobrevivientes indica sin lugar a duda que “la intención clara e inequívoca del legislador fue que dicha situación quedara regulada por la citada Ley 100” (fl. 24, cdno. 2). Por ello, concluye: “el tribunal se equivocó al resolver la presente controversia con aplicación del Acuerdo 49 de 1990, expedido antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando lo correcto, como quedó visto, era decidirla con arreglo a las disposiciones de la nueva legislación” (ib.).

IV. Consideraciones de la Corte

Interesa recordar que el Tribunal, una vez dio por probados los hechos del proceso que expresamente acepta el recurrente, relacionados con el número de cotizaciones del trabajador a la seguridad social antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y su fallecimiento con posterioridad a ella, aseveró que por esta última circunstancia, “en principio” , le era aplicable el régimen previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pero a renglón seguido asentó que dicha norma debía “armonizarse e interpretarse en concordancia con el artículo 48 de la Constitución Nacional” y enlazarse o asociar con “el artículo 53 de la Constitución Nacional, que en su último inciso consolida el principio de la condición más beneficiosa”, razón por la cual concluyó que a la situación del causante debían aplicarse los artículos 6º y 25 del Decreto 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, que era suficiente el número de semanas cotizadas —346— para que a la demandante le asistiera el derecho de acceder a la pensión de sobrevivientes. Tales aseveraciones las apoyó en lo dicho por esta Sala de Casación en sentencia de 13 de agosto de 1997 (Rad. 9758), conforme a la alusión que se hizo en sentencia de 20 de abril de 2001, según precisó.

Quiere decir esto que si el Tribunal de Medellín no le hizo producir efectos en el sub judice a las normas que para el recurrente fueron directamente infringidas, no fue por rebeldía sino, por tener en cuenta los principios que encontró consagrados en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y a los que se refirió como la garantía que tienen los habitantes del territorio nacional a acceder a la seguridad social y el que denominó como ‘de la condición más beneficiosa’, y por tener como atendibles las razones manifestadas por esta Sala de la Corte en sentencias alusivas al asunto en cuestión; razonamientos todos ellos que le permitieron aplicar al sub examine el régimen pensional previsto en el Acuerdo 49 de 1990.

Los anteriores razonamientos del juez de segundo grado impiden a la Corte concluir que dicho juzgador haya ignorado las normas legales que se dicen infringidas directamente, o se haya rebelado contra la voluntad legislativa que ellas expresan, habida consideración que lo que en verdad hizo fue tomar para sí la interpretación de los textos legales a la luz del criterio jurisprudencial sentado mayoritariamente por esta Sala de la Corte en la sentencia de 13 de agosto de 1997 (Rad. 9758), cuyos apartes pertinentes consideró necesario incorporar como motivaciones del fallo ahora impugnado, y que destacó fueron reiterados posteriormente en sentencia de 20 de abril de 2001 (Rad. 14986).

Significa lo anterior que el Tribunal no incurrió en la infracción directa ni en la aplicación indebida denunciadas por el recurrente en su cargo, porque el motivo que lo llevó a no aplicar al litigio los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 que cita, fue haber entendido subsistente, para el caso concreto de la demandante, como beneficiaria de Amado de Jesús Gómez Monsalve, la normatividad prevista en el Acuerdo 49 de 1990 en materia de pensiones de sobrevivientes, por cuanto el artículo 13 de la referida Ley 100 garantiza la eficacia de las cotizaciones anteriores a la vigencia del nuevo sistema de seguridad social.

Adicional a lo expresado, importa recordar que, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte en la que se apoyó el fallador de segunda instancia, fundada en lo establecido por el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 —que garantiza el derecho a optar por una pensión de sobrevivientes en los términos establecidos por los reglamentos del seguro social vigentes antes de esa ley—, en los principios rectores de la seguridad social y en una aplicación sistemática de las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes consultando al respecto su espíritu, bajo los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad, no es admisible negar la pensión de sobrevivientes por la ausencia de cotizaciones durante la anualidad anterior a la fecha de fallecimiento del causante si durante todo el tiempo de su vinculación al instituto demandado, y antes de entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social, el cotizante cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, conclusión a la que arribó el Tribunal y que el censor, por las razones antes anotadas, no logra demostrar implique el quebranto de las normas que cita en su acusación.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de enero de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso instaurado por Ana del Carmen Molina Osorio contra el Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto, expreso mi disentimiento de la tesis de la mayoría de la Sala referida en la sentencia, así:

La pensión de sobrevivientes prevista en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, exige para los eventos en que el afiliado no estuviere aportando al sistema, entre otros requisitos, que se acredite la cotización de veintiséis semanas en el año anterior a la muerte.

La vocación a la universalidad de la cobertura es uno de los principios de la Ley 100 de 1993, la cual puede ser alcanzada a condición de que actúe la solidaridad, otro de los principios rectores del sistema de seguridad social. Ella se cumple si las personas contribuyen según su capacidad, como lo indica el artículo 2º de la misma ley, —aquí como manifestación del principio de la integralidad.

El requisito de las 26 semanas dentro del plazo de un año anterior a la muerte del afiliado, es por una parte, la medida mínima de la capacidad de aporte señalada por la ley, y por otra, la regla de eficacia de la solidaridad; las 26 semanas antes de un hecho que no se sabe cuándo va a ocurrir, ha de conducir a que se contribuya de manera continuada, aunque con intermitencias, al sistema de seguridad social.

El otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, reduciendo el significado de la exigencia de la cotización de las 26 semanas anteriores al deceso, para luego eximir de su cumplimiento, implica desnaturalizar el alcance de la norma. Tal interpretación conduciría al desequilibrio financiero del sistema, concebido se insiste, sobre la premisa de la continua cotización de los afiliados según su capacidad en aras de la efectiva ampliación de la cobertura de la seguridad social en beneficio de toda la población—.

Los artículo 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 de una parte y el del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 de otra, al establecer los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, responden a conceptos diferentes de financiamiento del sistema de seguridad social, de los que no puede predicarse una desproporción del uno frente al otro, deducida de una comparación fragmentada, solo del aspecto cuantitativo de la base de cotización; ciertamente el nuevo esquema se exigen 26 semanas cotización, y no las 300 de antes, pero a condición, inseparable, de que se hubiere esta (sic) cotizando de manera continuada o semipermanente; este supuesto no se cumplió en el caso bajo estudio, puesto que en ninguno de los años de vigencia de la Ley 100 de 1993, ni en los veinte años anteriores al fallecimiento, se hizo cotización alguna.

Fecha ut supra,

Eduardo López Villegas