Sentencia 19155 de abril 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Radicación: 85001-23-31-000-1999-00021-01(19155)

Consejera Ponente (E):

Dr. Gladys Agudelo Ordóñez

Actor: Eleuteria Sanabria de Morales y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil once.

Resuelve la Sala el recurso de apelación formulado por los demandantes contra la sentencia de 19 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en cuanto en ella se decidió lo siguiente:

“PRIMERO: Negar las súplicas de la demanda (fls. 151 a 167, cdno. 4).

I. Antecedentes

El 11 de febrero de 1999, los actores(1), mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara responsable a la Nación - Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la muerte violenta del señor Helier Morales Sanabria, quien recibió varios disparos con armas de fuego, accionadas por miembros del Ejército Nacional, en hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1998, en jurisdicción del Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare (fls. 4 a 14, cdno. 1).

Según los hechos de la demanda, la víctima se desplazaba de noche en su motocicleta, en compañía del señor Nelson González, con rumbo hacia la finca La Esmeralda en la cual residía. En el camino, miembros del “Escuadrón C” del Ejército Nacional habían instalado un retén militar, el cual no contaba con la debida señalización del caso, razón por la cual los motociclistas no se percataron de su presencia sino que siguieron de largo, por lo que fueron atacados a bala por los uniformados que allí se encontraban, sufriendo heridas de consideración que ameritaron su traslado a un centro asistencial.

El señor Helier Morales Sanabria fue atendido inicialmente en el Hospital de Aguazul, Departamento de Casanare, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado al Hospital Regional de Yopal, lugar al cual llegó en mal estado de salud, pues había perdido una cantidad considerable de sangre, falleciendo a las 4 de la mañana del 1º de enero de 1999. Su deceso “se produjo como consecuencia de las heridas recibidas en su cuerpo”, lo cual configura una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, por cuanto las lesiones que sufrió la víctima fueron ocasionadas “con armas de dotación oficial manipuladas por soldados del Ejército Nacional de una manera imprudente e irresponsable” (fl. 7, cdno. 1).

A juicio de los actores, el manejo de armas de fuego constituye una actividad peligrosa, de tal suerte que los daños que llegaren a producirse con su uso generan “una responsabilidad presunta de la entidad demandada”.

Por concepto de perjuicios morales, los actores solicitaron el equivalente en pesos a 1.500 gramos de oro para la madre de la víctima y de 700 gramos de oro para cada uno de los hermanos; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitaron para la madre de la víctima las sumas que llegaren a demostrarse en el proceso, según los parámetros trazados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para tal efecto (fl. 5, cdno. 1).

2. La demanda fue admitida el 25 de febrero de 1999 y el auto respectivo fue notificado a la accionada, la cual se opuso a las pretensiones formuladas y solicitó la práctica de pruebas (fls. 28, 29, 32, 44 a 48, cdno. 1).

3. Vencido el período probatorio, el 2 de marzo de 2000 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 59, 60, 80, 81, 82, cdno. 1).

La parte actora solicitó que se condenara a la entidad demandada, por encontrarse acreditada una falla en la prestación del servicio, toda vez que se demostró en el plenario la precariedad del retén militar instalado por la demandada, pues éste no reunía las condiciones mínimas de seguridad; además, se acreditó que los militares dispararon sin autorización alguna contra los motociclistas. Manifestó que la responsabilidad de la entidad demandada también se encuentra acreditada en este caso con fundamento en un régimen de presunción de falla, si se tiene en cuenta que la muerte del señor Morales Sanabria ocurrió con arma de dotación. No hay duda de que los militares encargados del retén militar actuaron de manera imprudente y precipitada y desconocieron obligaciones de carácter legal y constitucional que imponen para los miembros de la Fuerza Pública el deber de proteger la vida y la integridad de los asociados (fls. 83 a 90, cdno. 1).

La enjuiciada manifestó que tales hechos obedecieron a la concurrencia de culpas entre la Administración y la víctima, pues si bien es cierto que los militares accionaron sus armas de dotación, tal proceder se debió a que la víctima, quien se desplazaba en motocicleta a alta velocidad y en estado de embriaguez, hizo caso omiso de manera injustificada del retén militar instalado en la vía por la Fuerza Pública (fls. 142 a 145, cdno. 1).

II. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 19 de julio de 2000, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, por estimar que no existía nexo de causalidad alguno entre la conducta imputada a la Administración y la muerte del señor Helier Morales Sarmiento, pues las heridas que sufrió la víctima con arma de fuego no fueron la causa de su deceso, sino que éste obedeció a una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria y bronco-aspiración alimentaria masiva debido a intoxicación alcohólica”, según lo dictaminó el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Agregó el a quo que hubo una indebida atención médico-hospitalaria por parte del Hospital de Yopal, “puesto que al parecer la víctima, debido a su estado de alicoramiento (sic) arrojó involuntariamente el contenido de su estómago en posición que no era la correcta (acostado en una camilla)”, sufriendo una broncoaspiración, pero como quiera que el citado hospital no fue demandando en el sub lite, las pretensiones de la demanda no podían prosperar (fls. 151 a 167, cdno. 4).

Recurso de apelación

Dentro del término legal, la parte actora formuló recurso de apelación contra la anterior decisión, a fin de que fuera revocada y se procediera, en su lugar, a despachar favorablemente las pretensiones de la demanda.

A juicio del recurrente, la necropsia practicada al cadáver de la víctima pasó por alto las heridas con arma de fuego que recibió Helier Morales Sanabria, las cuales, sin duda, incidieron directamente en la muerte del citado señor. De otro lado, aseguró que resultaban infundadas las conclusiones del citado dictamen, en cuanto señaló que dentro de las posibles causas de muerte del señor Morales Sanabria estaba el grado de intoxicación severa por alcohol que éste presentaba en su organismo, pues la prueba de alcoholemia practicada a la víctima arrojó un porcentaje de 179,9 mgr%, lo cual es indicativo de embriaguez moderada y no de embriaguez severa, como erradamente lo concluyó el médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal. Agregó que un estado moderado de embriaguez en manera alguna puede ser el causante de la muerte de una persona.

El libelista aseguró que en el sub lite se acreditó que la actuación de la demandada fue la causa de la muerte del señor Helier Morales, pues éste “recibió una herida con arma de fuego en el pie izquierdo como consecuencia de una falla del servicio imputable a la entidad demandada y esa fue la razón para que lo trasladaran en principio al hospital de Aguazul y de ahí ser remito (sic) al hospital Regional de Yopal”, de tal suerte que si los miembros del Ejército Nacional no le hubieran disparado, la víctima jamás habría sido llevada a centro asistencial alguno, mucho menos hubiera muerto al cabo de unas pocas horas de ocurridos los hechos.

La responsabilidad de la Administración no puede ser estudiada a la luz del último evento causal, pues no hay duda que la falla de la Administración se configuró mucho antes, es decir, desde el mismo momento en que los uniformados accionaron sus armas contra la humanidad de la víctima. Resulta evidente que el deceso de Helier Morales Sanabria por broncoaspiración masiva “fue un accidente ajeno a la víctima el cual se desarrolló precisamente en razón a la permanencia de éste en el hospital cuando era atendido por una herida con arma de fuego” (fl. 179, cdno. 4).

Resaltó que el registro civil de defunción estableció que el deceso del señor Morales Sanabria se produjo por causa “violenta”, es decir, si la víctima no hubiera sido herida, su muerte no se habría producido. En todo caso, aseguró que en el evento de que se hubiere acreditado en el plenario una concausa en la producción del hecho dañoso, que llegare a comprometer eventualmente la responsabilidad del Hospital Regional de Yopal, como lo insinúa el Tribunal, la demandada debió denunciarle el pleito a dicha entidad para que tuviera la oportunidad de defenderse de tales hechos. Aseguró que el artículo 2344 del Código Civil consagra la responsabilidad solidaria de los causantes del daño, de tal suerte que la persona afectada está facultada para demandar a todos o a uno solo de ellos.

Cuestionó que el Tribunal Administrativo de Casanare haya fundado su decisión únicamente en el contenido del acta de necropsia de la víctima, pues lo cierto es que existen otros medios de prueba en el plenario que demuestran la falla del servicio como consecuencia de las heridas con arma de fuego que recibió la víctima, lo que indefectiblemente le produjo su muerte horas más tarde.

Finalmente, el impugnante manifestó que la jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene que en los casos de muerte con arma de dotación oficial, se presume la responsabilidad de la demandada, la cual, para exonerarse de responsabilidad, deberá acreditar la presencia de una causa extraña, esto es fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y el hecho también exclusivo de un tercero, y es claro que ninguno de ellos se demostró en el proceso (fls. 176 a 180, cdno. 4).

III. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de 17 de agosto de 2000, el Tribunal Administrativo de Casanare concedió el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de primera instancia y, mediante auto de 19 de enero de 2001, el recurso fue admitido por el Consejo de Estado (fls. 171, 182, cdno. 4).

El 9 de febrero de 2001, el Despacho corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 184, cdno. 4).

Las partes reiteraron lo dicho a lo largo del proceso (fls. 185, 186, 189, cdno. 4).

El Ministerio Público deprecó del juez que se confirmara la sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda, toda vez que, según dijo, no obra prueba alguna en el plenario que permita establecer que la muerte del señor Helier Morales Sanabria devino como consecuencia de las heridas producidas con arma de dotación, pues éstas “no tienen la entidad suficiente para ocasionar la muerte al paciente como lo refiere el demandante en su escrito introductorio”; por el contrario, las pruebas indican que la víctima, debido a su estado de embriaguez, sufrió vómito y éste afectó sus pulmones, causándole una bronco-aspiración que le produjo la muerte (fls. 191 a 196, cdno. 4).

IV. Consideraciones

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de 19 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

De conformidad con las pruebas válidamente practicadas en el plenario, entre las que se encuentran aquellas que reposan en el proceso penal militar, adelantado por el Juzgado Trece de Instrucción Penal Militar de Yopal, Casanare, cuyo traslado fue solicitado por la parte actora, las cuales podrán valorarse en este caso, por cuanto fueron practicadas por la entidad contra la cual se oponen y obran en copia auténtica, pues fueron remitidas por la accionada a través de oficio 618 de 7 de octubre de 1999 (fl. 148, cdno. 2) y decretadas por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto de 1º de julio de 1999 (fls. 59, 60, cdno. 1), se encuentra acreditado lo siguiente:

a. El 1º de enero de 1999 perdió la vida el señor Helier Morales Sanabria. Así lo demuestra el registro civil de defunción (fl. 23, cdno. 1), el acta de levantamiento (fls. 63 a 66, cdno. 2) y la necropsia practicada al cadáver de la víctima, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Casanare (fl. 77, cdno. 2).

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues la muerte del señor Helier Morales Sanabria constituye un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

b. Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los cuales murió el señor Morales Sanabria, obra el siguiente material probatorio:

El informe de 1º de enero de 1999, suscrito por el Comandante del Escuadrón “C” del Ejército Nacional, revela lo siguiente en relación con los hechos ocurridos en el Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare, en los que perdió la vida el señor Helier Morales Sanabria:

“(…) El día 31 de diciembre, siendo aproximadamente las 23:15 fui informado por el Comandante del retén sobre un accidente en cercanías del retén instalado en el km 4 de la vía que conduce de Aguazul a Maní, aviendo (sic) resultado heridos los sujetos Elider (sic) Morales Sanabria c.c. 74.752.423 de Aguazul y el joven Nelson González que se movilizaban en la moto Yamaha placas # YCD O3A 125 c.c.

“En cumplimiento a la orden emitida en el plan emperador, di la orden al Cabo Hernández López Robin, con una sección de la contraguerrilla Centauro 2, llevara a cabo presencia y control por medio del retén en el área antes mencionada, dejo constancia de que todo el personal asignado al retén fue instruido sobre normas que rigen estos retenes tales como el uso de mecheros, conos reflectivos, chalecos reflectivos y letreros de pare para mejor vicibilidad (sic) de dicho retén, de igual manera se les había recordado que no debían disparar sino a orden (sic).

“Cuando fui informado de los hechos me trasladé al sitio y ordené que los heridos fueran llevados al hospital, allí los recibieron y fueron atendidos por el Doctor Jhovanny Díaz a las 23:30, siendo hospitalizados y encontrándose estables de salud, presentando hemorragias externas desconociendo su motivo, el sujeto Elider (sic) Morales Sanabria presentaba alto grado de embriagues (sic), así mismo informé a la policía sobre el caso presentando y le informé que levantaran la moto que se encontraba botada aproximadamente a 500 mts. del retén.

“Al efectuar las averiguaciones sobre los hechos ocurridos me enteré que los siguientes soldados, González Baleta, Huila Helver Garzón Peñalosa, Lozano Beltrán, hicieron uso de su arma de dotación cuando los sujetos que se transportaban en la moto hicieron caso omiso a las señales del retén y a los gritos de viva voz” (fl. 16, cdno. 3).

El señor Nelson González, quien el día de los hechos viajaba como parrillero en la motocicleta conducida por la víctima, sobre lo ocurrido la noche del 31 de diciembre de 1998, relató en el curso del proceso contencioso administrativo los siguientes hechos:

“Aproximadamente eran las once de la noche del treinta y uno de diciembre del año de mil novecientos noventa y ocho, íbamos HELIER MORALES el finado y yo en una moto, nosotros no vimos nada de retén ni señalización de nada, cuando pasamos entonces nos hicieron el pare los militares o sea el Ejército pero ya encima y pasamos y nos dispararon los militares, nosotros nos sentimos heridos y paramos, Helier paró bien y yo me bajé y él se cayó con la moto y puso el pie al piso y se cayó al piso y el pie lo tenía herido de los disparos hechos por los militares, yo caminé como diez metros y no fui capaz porque estaba herido, también me pegaron dos tiros, luego llegó el ejército, me preguntó a mi que por qué no habíamos parado, entonces dijo otro militar que cagada que habían disparado, luego llamaron una camioneta y nos trajeron para el Hospital los mismos militares, la moto quedó allá (…) Unos militares le dispararon, me consta porque eran los únicos que estaban ahí y estaban armados y yo iba con el finado Helier (…) Quedó herido en el pie derecho a raíz de los tiros hechos por los militares y posteriormente murió en el Hospital de Yopal a raíz de los tiros (…) No había ningún tipo de señalizaciones, ni mecheros (…) No se veía nada, no había ninguna clase de señalización (…) No hicieron ni pares ni tiros al alto, nos dispararon fue al cuerpo de nosotros sin mediar ninguna voz de alto (…) Íbamos para la finca de Helier Morales a darle el feliz año a la mamá (…) No llevábamos armas ni disparamos” (fls. 55 a 57, cdno. 2).

El Cabo Primero del Ejército Nacional, Roy Roger Hernández López, quien estaba a cargo del retén militar en el que ocurrieron los hechos, en declaración rendida en el proceso penal militar, hizo las siguientes revelaciones:

“(…) Me dio la orden el ST PÉREZ de que efectuara un retén a las 18:00 horas del día 31 de diciembre de 1998. Como todo procedimiento formé los soldados antes de la hora indicada, revisé las armas y salí a ejecutar el retén, distribuí la seguridad, el equipo de cierre y contención en la parte de adelante y el otro de cierre y contención en la parte de atrás y el equipo de requisa. En el retén teníamos chalecos fosforescentes, conos, las señales de pare y mecheros. A las once y media de la noche, más o menos, pasaron dos tipos en una motocicleta a alta velocidad, el soldado que estaba con la señal de pare y siga le indicó la señal con la paleta de pare, los tipos eludieron al soldado, siguieron a la misma velocidad que llevaban, entonces yo con el equipo de requisa gritamos a voz viva que pararan, fue cuando escuché que el equipo de cierre y contención de la parte de atrás, dispararon. En ese momento, los de la motocicleta a unos 300 o 400 metros se detuvieron. En seguida yo informé a mi Teniente Pérez de los disparos y entonces yo le dije que unos tipos habían pasado y los soldados habían hecho algunos disparos y le dije que los tipos se habían detenido y que iba a verificar, cuando iba con los soldados a verificar, los tipos siguieron en la moto y más adelante se detuvieron y cayeron, entonces, yo miré y uno de ellos estaba sangrando, el más gordito, le informé a mi teniente por radio nuevamente que los señores estaban heridos, inmediatamente mi teniente vino con la camioneta del DAS, recogió al señor herido y lo embarcó, el otro muchacho paró y estaba en el retén donde estábamos nosotros, también estaba herido, a este también lo embarcaron en la camioneta. Mi teniente se dirigió hacia el hospital de Aguazul con los heridos (…) QUIERO DEJAR CONSTANCIA QUE YO EN NINGÚN MOMENTO DI LA ORDEN A LOS SOLDADOS QUE DISPARARAN (…) PREGUNTADO: Aparece en estas diligencias que el personal militar no estaba cumpliendo con lo ordenado para realizar el retén, es decir, los mecheros, los conos, los avisos, los chalecos fosforescentes. CONTESTÓ: Sí teníamos todo lo ordenado. PREGUNTADO: Diga si usted disparó. CONTESTÓ: No, en ningún momento (…) PREGUNTADO: Diga quiénes dispararon. CONTESTÓ: Disparó el soldado HUILA HELBER, SL GONZÁLEZ BALETA, SL GARZÓN PEÑALOSA, LOZANO, yo verifiqué porque después de lo sucedido les pregunté y revisé las armas para saber quiénes habían disparado (…) PREGUNTADO: Diga por qué dispararon los soldados. CONTESTÓ: No sé decirle (…) Estábamos haciendo el retén a la altura de la Escuela del DAS, no había luz de alumbrado público, por eso utilizamos los mecheros, era una noche normal (…) PREGUNTADO: Diga si los soldados habían recibido instrucción de la forma cómo hacer un retén. CONTESTÓ: Sí claro, y la orden que hay es que no deben disparar (…) (fls. 107, 108, cdno. 2).

Las pruebas reveladas indican que la noche del 31 de diciembre de 1998, el señor Helier Morales Sanabria se desplazaba de noche en su motocicleta, en compañía del señor Nelson González, con dirección a una finca de su propiedad, cuando fueron impactados con armas de fuego accionadas por miembros del “Escuadrón C” del Ejército Nacional, quienes habían instalado un retén militar en la carretera que comunica los Municipios de Aguazul y Maní, en el Departamento de Casanare, el cual, según el informe rendido por el Comandante de dicho Escuadrón, contaba con las respectivas señales que advertían su presencia inequívoca en el lugar, como por ejemplo mecheros encendidos, conos reflectivos, indicadores de pare, además de que los uniformados tenían puestos sus correspondientes chalecos reflectivos.

Según el Suboficial del Ejército Nacional, Roy Roger Hernández López, quien el día de los hechos estaba a cargo del citado retén militar, el motociclista y su acompañante quienes se movilizaban con exceso de velocidad y el primero de ellos se encontraba en avanzado estado de embriaguez, hicieron caso omiso de la orden de detención que le impartieron los uniformados encargados del retén, razón por la cual éstos reaccionaron inmediatamente disparando sus armas de dotación no obstante que existía la orden expresa de no hacerlo. Instantes después, según el Suboficial mencionado, a escasos 300 metros de distancia de la ubicación del retén militar, los motociclistas cayeron al suelo y los uniformados se acercaron a auxiliarlos, constatando que se encontraban heridos, por lo cual decidieron trasladarlos al Hospital de Aguazul, Departamento de Casanare.

A diferencia de lo manifestado por el citado Suboficial, el señor Nelson González, quien viajaba como parrillero en la motocicleta conducida por la víctima, sostuvo que no se percataron que en la vía existía un retén militar, pues ninguna señal que advirtiera su presencia fue dispuesta en ese lugar, mucho menos escucharon voces de alto, razón por la cual no detuvieron la marcha, lo que desencadenó la reacción armada de los militares quienes les dispararon directamente al cuerpo, causándoles varias heridas.

Como se ve, el material probatorio no permite establecer a ciencia cierta que el retén militar instalado la noche del 31 de diciembre de 1998, en la carretera que conduce de Puerto Azul al Municipio de Maní, Departamento de Casanare, contara con las medidas de seguridad necesarias, pues de un lado hay quienes sostienen que no existían señales de ninguna clase en el lugar de los hechos, mientras que de otro lado se afirma que en ese sitio existían mecheros encendidos, conos y señales reflectivas y que además los uniformados portaban sus respectivos chalecos luminosos, de lo cual se infiere que el retén cumplía con todos los requisitos y protocolos exigidos por la táctica militar.

No obstante las versiones encontradas en torno a dicha situación, lo que dificulta establecer sí efectivamente el retén instalado en ese lugar por el Ejército Nacional cumplía con las normas mínimas de seguridad, lo cierto es que miembros del Escuadrón “C” pertenecientes a dicha Institución, dispararon a quemarropa contra la humanidad de los motociclistas que transitaban por el lugar, tal como se desprende claramente del material probatorio al que se hizo alusión anteriormente, hecho que, por cierto, jamás ha sido cuestionado por la entidad demandada, pues ésta acepta que algunos de los soldados que instalaron el mencionado retén en la carretera que comunica las poblaciones de Aguazul y Maní, Departamento de Casanare, esgrimieron sus armas contra los motociclistas, a pesar de que existía prohibición de hacerlo.

Régimen de responsabilidad aplicable cuando se causan daños con armas de fuego accionadas por miembros de la Fuerza Pública

En los casos en los que se involucran armas de fuego, como ocurre en el presente asunto, el actor está en la obligación de demostrar el daño sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la Administración, para que haya lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, el cual podrá exonerarse si demuestra la presencia de una causa extraña, como la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho también exclusivo de un tercero. En estos casos, quien tiene la guarda de la cosa debe responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado. Sobre el particular, la Sala ha sostenido que:

“El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. (…).

“En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”(2).

En el mismo sentido, mediante sentencia de 14 de junio de 2001, la Sala manifestó lo siguiente:

“Reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política(3). La actividad generadora del daño causado, en el caso que ocupa a la Sala, es una de aquellas actividades. En efecto, la utilización de armas de fuego ha sido tradicionalmente considerada una actividad peligrosa, y cuando su guarda corresponde al Estado, por tratarse de armas de dotación oficial, el daño causado cuando el riesgo se realiza, puede resultar imputable a éste último.

“No se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”(4).

Lo anterior sin perjuicio de que las pruebas valoradas en el proceso acrediten la presencia de una falla en la prestación del servicio, caso en el cual habría que abordar el estudio de la responsabilidad bajo ese título de imputación, ya que éste resulta aplicable aún tratándose de daños causados en el desarrollo de actividades peligrosas y porque además se cumple con la función de identificar las falencias que ocurren en el ejercicio de la actividad estatal, ello con el propósito de implementar las medidas que resulten pertinentes y necesarias con miras a prevenir o evitar que casos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir, y que sirva como fundamento para trazar políticas públicas en materia de administración.

En esa medida, siendo procedente aplicar el régimen de falla del servicio y probados los hechos que la configurarían, la Sala habrá de declarar la responsabilidad de la Administración de manera preferente con fundamento en la referida falla del servicio y no en el régimen objetivo.

Precisamente, la Sala en varias oportunidades se ha referido al régimen de falla del servicio para señalar que éste ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado. Por ello, si al Juez Administrativo le compete —por principio— una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(5).

Caso concreto

En el presente asunto, los actores solicitaron que se declarara la responsabilidad de la Administración, con fundamento en que la muerte del señor Helier Morales Sanabria, se debió a una falla en la prestación del servicio, pues la víctima fue atacada a bala por miembros del Ejército Nacional cuando transitaba por un retén que no tenía señalización alguna, y los uniformados que esgrimieron sus armas contra la víctima no contaban con autorización alguna para disparar.

De conformidad con las pruebas anteriormente referenciadas, no hay duda de que el ataque con arma del cual fue víctima el señor Helier Morales Sanabria, se debió a una falla del servicio imputable a la Administración, pues miembros del “Escuadrón C” del Ejército Nacional hicieron uso injustificado e indiscriminado de sus armas contra unos motociclistas que al parecer no atendieron la orden de pare en un retén militar instalado en la carretera por los uniformados en horas de la noche, supuestamente porque éste no contaba con señalización alguna que diera cuenta de su presencia.

A pesar de que el material probatorio no permite establecer certeramente que el retén aludido hubiese sido instalado de manera irregular, como lo sostienen los demandantes, lo cierto es que los uniformados actuaron irresponsablemente contra los motociclistas, porque si bien éstos habrían omitido una señal de detención, la vida de los miembros del Ejército Nacional nunca estuvo en riesgo o peligro inminente que ameritara la utilización de las armas como última medida o recurso para salvaguardar su integridad personal. Además, se demostró que los motociclistas no portaban armas de ninguna clase y que jamás realizaron un acto hostil contra los uniformados, como para que éstos reaccionaran de la manera como lo hicieron.

A lo anterior habría que añadirse que existía prohibición expresa para los uniformados de utilizar las armas de dotación, como lo aseguró el Suboficial que se encontraba a cargo del retén militar en el cual ocurrieron los hechos, quien sobre el particular manifestó: “la orden que hay es que no deben disparar” (fl. 108, cdno. 2).

El comportamiento asumido por los uniformados que procedieron militarmente contra los motociclistas, desconoció abiertamente principios elementales de orden táctico y militar que indican que las armas de dotación deben utilizarse como última medida o recurso, pues sólo en casos extremos y por excepción la Fuerza Pública está autorizada para hacer uso de las armas, y si lo hace, ha de tomar todas y cada una de las medidas y precauciones que resulten necesarias para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos.

En el sub lite, se demostró que nunca estuvo comprometida la integridad de los uniformados que instalaron el retén militar, de allí que el comportamiento que éstos desarrollaron contra personas indefensas puede considerarse precipitado, innecesario e injustificado desde todo punto de vista. Dicho proceder va en contra de las obligaciones constitucionales y legales que les incumbe a las autoridades de la República, en la medida en que estás fueron instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado; sólo por esa vía se garantizan la efectividad de los principios y derechos consagrados por la Constitución. Resulta evidente que en este caso la entidad demandada asumió y desplegó un comportamiento que sobrepasó el normal cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

No debe perderse de vista que cuando los agentes del Estado hacen uso de las armas, necesariamente deberán tener en cuenta la contingencia o lo inminente del peligro, lo cual implica que podrá acudirse a éstas como última medida para proteger la integridad física o la de terceras personas, evitando siempre cualquier exceso(6), sin embargo, en el asunto sub examine, ello no ocurrió así, pues miembros del Ejército Nacional procedieron arbitraria e injustificadamente contra los motociclistas, lo cual evidencia un comportamiento que se encuentra por fuera de todo marco legal y constitucional al que están obligados los miembros de la Fuerza Pública.

Nexo causal

El nexo causal es la determinación de que un hecho es la causa de un daño. En esa medida, en aras de establecer la existencia del nexo causal es necesario determinar si la conducta imputada a la Administración fue la causa eficiente y determinante del daño que dicen haber sufrido quienes deciden acudir ante el juez con miras a que les sean restablecidos los derechos conculcados. 

En el presente asunto, la parte actora solicitó que se condenara a la entidad demandada, por cuanto “las graves heridas causadas al señor Helier Morales Sanabria, que le produjeron la muerte, constituyen una falla en la prestación del servicio público, porque fueron hechas con armas de dotación oficial manipuladas por soldados del Ejército Nacional” (fl. 7, cdno. 1).  

El Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se acreditó nexo causal alguno entre la conducta imputada a la demandada y la muerte del señor Helier Morales Sanabria, por cuanto obra prueba en el plenario que su deceso no se debió a las heridas causadas con arma de fuego, sino por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria y bronco aspiración alimentaria masiva debido a intoxicación alcohólica”.

En efecto, la necropsia practicada al cadáver del señor Morales Sanabria, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Regional Oriente, concluyó lo siguiente acerca de su muerte: “HOMBRE DE 24 AÑOS DE EDAD QUIEN FALLECE POR INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA SECUNDARIA A BRONCO-ASPIRACIÓN ALIMENTARIA MASIVA DEBIDO A INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA SEVERA” (fl. 77, cdno. 2), de lo cual se infiere que efectivamente la causa de la muerte del mencionado señor, obedeció a una razón distinta a la esgrimida por los actores en la demanda, por cuanto éstos alegaron que fueron las heridas causadas con arma de fuego las que desencadenaron su deceso, pero lo cierto es que los médicos legistas dictaminaron que la víctima sufrió una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a bronco-aspiración alimentaria por intoxicación alcohólica severa. 

Según el Ministerio Público, las heridas con arma de fuego causadas a la víctima no revestían una gravedad tal como para causarle la muerte, pues según el dictamen de Medicina Legal, Helier Morales Sanabria sufrió heridas con arma de fuego en el pie derecho y en el muslo izquierdo, es decir, tales heridas no tenían el carácter de mortales.  

En efecto, el dictamen médico legal practicado al cadáver de la víctima, estableció claramente que el señor Morales Sanabria murió como consecuencia de una insuficiencia respiratoria por bronco-aspiración alimentaria masiva debido a intoxicación alcohólica severa. En parte alguna del dictamen se hace alusión a que fueron las lesiones causadas con armas de fuego las que provocaron su deceso.

La Sala no comparte las afirmaciones de los actores en el recurso de apelación en cuanto aseguraron que si Helier Morales Sanabria no hubiese resultado herido con los disparos de arma de fuego accionadas por los uniformados, no habría surgido la necesidad de su traslado inmediato a un centro hospitalario y, por lo tanto, su deceso no se hubiera producido horas más tarde, pero lo cierto es que tales afirmaciones no gozan de respaldo probatorio alguno, máxime cuando la causa de su muerte no fue la que alegaron los actores en la demanda.

Un razonamiento en ese sentido implicaría la adopción de la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada en el ordenamiento nacional por la doctrina y la jurisprudencia desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad(7). Como se sabe, de tiempo a atrás, la jurisprudencia del Consejo de Estado viene aplicando la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata.

Al respecto, es menester traer a colación lo que la doctrina ha manifestado al respecto:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

“(…) Aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño...”(8).

Si bien en este asunto se acreditó que hubo una falla en la prestación del servicio imputable a la Administración, la cual consistió en haber disparado injustificadamente contra personas indefensas que no ofrecían peligro alguno, las heridas ocasionadas a la víctima con dicha actuación irregular no fueron las causantes de su muerte, como quedó establecido con la necropsia practicada al cadáver de la víctima, por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Tampoco resultan aceptables las razones esgrimidas por el recurrente en cuanto pretende cuestionar infundamente el dictamen de Medicina Legal, por cuanto en él se estableció que la víctima presentaba intoxicación severa por alcohol, cuando la verdad es que, según la prueba de alcoholemia, Helier Morales Sanabria tenía en su organismo una concentración de alcohol equivalente a 179,9 mgr%, lo cual es indicativo de embriaguez moderada, pues lo cierto es que independientemente de la cantidad de alcohol que la víctima había ingerido, su muerte obedeció a una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a bronco-aspiración alimentaria masiva por intoxicación alcohólica. Es decir, si se llegare a aceptar el hecho de que la víctima tenía una embriaguez moderada, en lugar de una embriaguez severa, como lo sostiene el recurrente, dicha circunstancia en nada cambiaría el resultado final, toda vez que la víctima presentó vómito cuando se encontraba acostada en una camilla, sufriendo bronco-aspiración alimentaria masiva, lo que le produjo una insuficiencia respiratoria aguda, siendo ésta la verdadera causa de su muerte y no las heridas producidas con arma de fuego, pues el resultado de la necropsia no dijo nada al respecto.

Cabe resaltar, asimismo, que el recurrente manifestó que la demandada debió denunciarle el pleito al centro hospitalario en el cual murió el señor Helier Morales Sanabria, ante la posibilidad de que en este asunto se hubiese configurado una falla en la prestación del servicio médico de salud, como lo insinúo en el fallo el Tribunal Administrativo de Casanare; sin embargo, la Sala estima que no es del caso hacer pronunciamiento alguno en torno a una posible falla en la prestación del servicio de salud, so pena de incurrir en violación al debido proceso del aludido centro asistencial, si se tiene en cuenta que la parte actora no formuló demanda alguna contra los centros asistenciales en los cuales fue atendido el señor Helier Morales Sanabria, obligación que por su puesto estaba radicada en cabeza de la parte actora.  

De otro lado, si bien es cierto que el registro civil de defunción de la víctima estableció que su deceso se produjo por causa “violenta”, como lo manifestó el recurrente, lo cierto es que la prueba idónea para establecer la causa de muerte de una persona es el documento público que contiene los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, pues a través de dicho procedimiento, personas expertas en la materia investigan exhaustivamente los diferentes hallazgos y causas relacionadas con la muerte de un ser humano y, en el sub lite, como se dijo, la necropsia practicada al cuerpo del señor Morales Sanabria estableció que su deceso se debió a insuficiencia respiratoria por bronco aspiración alimentaria masiva debido a intoxicación alcohólica.  

Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará la sentencia de 19 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por cuanto no se acreditó el nexo causal entre la conducta imputada a la víctima y el daño causado a los demandantes.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna procedió de esa forma, razón por la cual no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 19 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Gladys Agudelo Ordóñez (E)—Mauricio Fajardo Gómez.

1 El grupo demandante está conformado por: Eleuteria Sanabria Morales, madre de la víctima, María Dolores, Marco Aurelio, Jorge Eduardo, Blanca Nieves, María Elena, María Oliva y María Amelia Morales Sanabria, hermanos.

2 Sentencia de 5 de marzo de 2001, expediente 11.222, reiterada en las siguientes providencias: 2 de marzo de 2002, expediente 11.250; 16 de marzo de 2002, expediente 11.670 y 26 de abril de 2002, expediente 13.273; 4 de diciembre 4 de 2006, expedientes 16.092 y 16.188.

3 Nota original de la sentencia citada: Ver, entre otras, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997, expediente 10024.

4 Consejo de Estado, expediente 12.696.

5 Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, expediente 8163.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 15.390.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 26.308.

8 Nota original de la providencia citada: TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, págs. 245, 246.