Sentencia 19159/1996-03221 de marzo 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000-23-26-000-1996-03221-01(19159)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Nota: Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Actor: F.A.V. y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., marzo diez de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de agosto 24 de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

I. Síntesis del caso.

1. El joven C.A.A.G. ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado regular con el fin de prestar su servicio militar obligatorio y fue asignado al batallón de servicios XXX “XXX” con sede en XXX (Cundinamarca). El 15 de abril de 19XX, el soldado C.A.A.G. recibió la orden de cortar unas ramas en un techo de la sede del batallón, para lo cual debió subirse en una escalera de la que se cayó sobre un palo incrustado en el suelo, que le perforó la pierna derecha, cerca del área inguinal. Pese a la atención médica recibida, el joven A.G. quedó con una discapacidad médico-laboral del 39.58%, pues tiene graves dificultades para el movimiento de dicha extremidad, ello además, le impide practicar actividades placenteras como bailar, practicar deportes y montar bicicleta.

II. Lo que se demanda

2. Mediante demanda presentada el 2 de diciembre de 19XX, los señores F.A.V. y E.I.G., en nombre propio y en representación de su hija menor de edad B.Y.A.G., así como los señores F.T., R.A., A.J., y C.A.A.G., a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del CCA, solicitaron que se declarara que “La Nación (Ministerio de Defensa-Ejército Nacional) es responsable de todos los daños y perjuicios, tanto morales, como materiales y por pérdida del goce fisiológico, ocasionados a los demandantes con las graves lesiones corporales de que fue víctima el señor C.A.A.G., en hechos sucedidos el día 15 de abril de 19XX en el batallón de servicios XXX con sede en XXX (Cundinamarca), al resultar gravemente lesionado cuando cumplía órdenes del servicio y en razón del mismo” (fls. 3 a 9, cdno. p.).

3. En consecuencia, pidieron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral, el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, con el propósito de compensar la tristeza por ellos sufrida. Por concepto de perjuicios fisiológicos a favor del señor C.A.A.G., un valor de $ 40.000.000, con el propósito de compensar la pérdida del goce de la vida, pues sus lesiones lo dejaron imposibilitado para practicar deportes y bailar, entre otras actividades, propias de una vida normal (fl. 4, cdno. p.).

4. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, se pidió a favor del señor C.A.A.G. lo que resultara probado en el proceso, o como mínimo la suma de $ 100.000.000 en atención a que con ocasión de las lesiones por él padecidas su capacidad laboral se disminuyó en un 60% por el resto de su vida probable. Por daño emergente consolidado y futuro, se solicitó a favor del lesionado, como mínimo un monto de $ 30.000.000, por los gastos en los cuales ha debido incurrir y en los que incurrirá a lo largo de su vida, con el fin de recuperar y mantener su salud (fl. 4, cdno. p.).

III. Trámite procesal

5. La Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y señaló que se atenía a lo que resultara acreditado en el expediente. Así mismo, señaló que en el caso en estudio no se avizoraba que la administración hubiere incurrido en falla del servicio alguna; no obstante lo anterior, en atención de que a través de la división de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa se efectuó una compensación por invalidez a favor del exsoldado C.A.A.G., no habría lugar, en esta oportunidad, a efectuar reconocimiento indemnizatorio alguno (fls. 18 a 20, cdno. p.).

6. En la oportunidad para alegar de conclusión la parte demandada solicitó que no se acogieran las pretensiones de la demanda, ya que no se encontraba acreditada ninguna falla del servicio en la cual hubiere incurrido la entidad pública demandada, ya que la lesión sufrida por el soldado C.A.A.G. constituyó la concreción de un riesgo propio del servicio, pues las funciones a él asignadas durante su período de conscripción eran las de mantenimiento de las instalaciones del batallón. Así mismo, señaló la demandada que en virtud de que por sus lesiones, a dicho soldado ya se le habría pagado una indemnización de tipo administrativa, no habría lugar a reconocimiento alguno en sede judicial, por el mismo concepto. Finalmente pidió que se considerara la presencia de la causal excluyente de responsabilidad de culpa de la víctima, pues si el soldado A.G. era el encargado del mantenimiento físico del batallón, debía ser experto en la materia y cuidadoso al desempeñar las tareas que se le asignaran (fls. 63 a 68, cdno. p.).

7. Por sentencia de agosto 24 de 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la lesión sufrida por el entonces soldado conscripto C.A.A.G. el 15 de abril de 19XX, constituiría un accidente propio del servicio militar que desempeñaba, por la cual ya fue indemnizado administrativamente y en consecuencia, no habría lugar a un reconocimiento similar en sede judicial; a menos que, se acreditara que la lesión se derivó de una falla del servicio, lo cual no habría ocurrido en el caso bajo análisis, pues las pruebas del expediente serían contundentes en demostrar que lo que ocurrió el 15 de abril de 19XX, fue un lamentable accidente (fls. 71 a 82, cdno. p.).

8. La parte actora interpuso en tiempo recurso de apelación contra la sentencia anterior, solicitó que la misma fuera revocada y que en su lugar se acogieran las pretensiones de la demanda, en atención a que se encontraba plenamente demostrado que el 15 de abril de 19XX el Ejército Nacional sí incurrió en una falla del servicio, pues le ordenó a su soldado conscripto que se subiera a una escalera de más de 5 metros de altura, con el fin de cortar unas ramas en un techo del batallón, sin ninguna medida de seguridad, como por ejemplo una reata que lo sujetara en caso de un accidente, por lo cual, cuando el soldado perdió el equilibrio se precipitó al piso sin que nada lo sujetara y evitara su caída.

9. Señaló la recurrente que además de lo anterior, no podía desconocerse que, por el hecho de encontrarse prestando su servicio militar obligatorio, el Estado tenía un deber de custodia sobre el joven C.A.A.G., por lo cual debía reintegrarlo al seno de su hogar en condiciones sicofísicas similares a aquellas que presentaba cuando fue reclutado y que de no ser así —como en efecto ocurrió— era el Estado el que debía asumir los daños padecidos por aquel (fls. 85 y 90 a 95, cdno. p.).

10. De la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia solo hizo uso la parte demandada, e insistió en que las lesiones del soldado C.A.A.G. fueron causadas por su culpa exclusiva y excluyente, pues si la labor que desempeñaba mientras prestaba su servicio militar obligatorio era la de efectuar el mantenimiento de las instalaciones del batallón, ya debía ser experto en la materia y por tanto, debía ser cuidadoso al desempeñar las tareas que se le asignaran (fls. 100 a 105, cdno. p.).

Consideraciones de la Sala

I. Competencia

11. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(1), el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 24 de agosto de 20XX.

II. Hechos probados

12. Con base en las pruebas válida y oportunamente allegadas al expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

a. El joven C.A.A.G. ingresó al Ejército Nacional el 18 de julio de 19XX, con el propósito de prestar su servicio militar obligatorio y fue incorporado, como soldado regular, al batallón de servicios XXX “XXX”, con sede en XXX (Cundinamarca), como integrante del 4º contingente de 19XX. En dicho batallón a su vez, fue asignado a la escuadra de mantenimiento, por lo cual no fue dotado de armamento de guerra (en original constancia de junio 21 de 19XX, suscrita por el jefe de personal del batallón de servicios XXX “XXX”; informe XXX dirigido al a quo el 23 de junio de 19XX, suscrito por el comandante del batallón de servicios XXX “XXX” y certificación XXX del 14 de mayo de 19XX, dirigida al a quo por el subjefe del departamento de personal del Ejército Nacional, fls. 73, 74, 77 y 80, cdno. pbas.).

b. El 15 de abril de 19XX alrededor de las 4:30 p.m., el soldado regular C.A.A.G. se encontraba ejerciendo las funciones propias de mantenimiento de las instalaciones del batallón de servicios XXX “XXX” y cuando se encontraba subido en una escalera a más de 4 metros de altura, en labores de poda de unas palmas junto al casino de oficiales de la brigada, cayó sobre una estaca de madera incrustada en el suelo, la cual le perforó el muslo derecho en la región inguinal (en original informe XXX dirigido al a quo el 23 de junio de 19XX, suscrito por el comandante del batallón de servicios XXX “XXX” y copia auténtica del informe administrativo por lesiones personales XXX del 20 de abril de 19XX, suscrito por dicho comandante, fls. 73, 74 y 75, cdno. pbas.).

c. Inmediatamente ocurrió el accidente, el soldado C.A.A.G. fue llevado a la UPS XXX, donde le prestaron los primeros auxilios, pero dada la gravedad de sus heridas, fue remitido al Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá D.C. (copia auténtica de la hoja de diagnóstico y de la orden de remisión del paciente C.A.A.G., elaboradas en la UPS XXX, fls. 18 y 19, cdno. pbas.).

d. Con ocasión de las lesiones sufridas el 15 de abril de 19XX, el soldado C.A.A.G. permaneció internado en el Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá D.C. por el término de 31 días, en atención a que presentaba una “herida por objeto punzante en muslo derecho y abdomen que requirió laparotomía exploratoria sin hallazgos e injerto cutáneo en muslo derecho que deja como secuela a) cicatriz queloide dolorosa abdominal y b) cicatrices en muslo derecho queloides dolorosas” (copia auténtica de la historia clínica XXX, perteneciente al señor C.A.A.G., remitida al a quo por el Ministerio de Defensa, Hospital Militar Central y del acta de la junta médica laboral XXX del 10 de julio de 19XX, perteneciente al señor C.A.A.G., practicada por los médicos legistas de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, fls. 10 a 19, cdno. pbas. y 47 a 50, cdno. p.).

e. El 20 de abril de 19XX, mediante el informe administrativo por lesiones personales XXX, el comandante del batallón de servicios XXX “XXX” calificó oficialmente el accidente sufrido por el soldado regular C.A.A.G. como ocurrido “en el servicio por causa y razón del mismo”. En consecuencia, el Ejército Nacional no inició ningún proceso disciplinario o penal, ya que las lesiones padecidas por el soldado A.G. “no fueron causadas por un tercero, sino sufridas en accidente personal, cuando cumplía órdenes inherentes al servicio” (en original informe XXX dirigido al a quo el 23 de junio de 19XX, suscrito por el comandante del batallón de servicios XXX “XXX” y copia auténtica del informe administrativo por lesiones personales XXX del 20 de abril de 19XX, suscrito por dicho comandante, fls. 73, 74 y 75, cdno. pbas.).

f. El 10 de julio de 19XX el soldado C.A.A.G. fue sometido a una junta médica-laboral, practicada por los médicos legistas de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, en la cual se dictaminó que presentaba una incapacidad relativa pero permanente, toda vez que las lesiones por él sufridas el 15 de abril de 19XX y sus secuelas, le produjeron una “disminución de la capacidad laboral de treinta y nueve punto cincuenta y ocho por ciento (39.58%)”, por tal razón, fue declarado no apto para el servicio militar. El 17 de julio de 19XX, el joven C.A.A.G. fue licenciado del Ejército Nacional por tiempo de servicio militar cumplido (copia auténtica del acta de la junta médica laboral XXX del 10 de julio de 19XX, perteneciente al señor C.A.A.G., practicada por los médicos legistas de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional y en original certificación XXX del 14 de mayo de 19XX, dirigida al a quo por el subjefe del departamento de personal del Ejército Nacional, fls. 47 a 50, cdno. p. y 80, cdno. pbas.).

III. Problema jurídico

13. Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis —con base en alguno de los títulos de imputación decantados por la jurisprudencia contenciosa administrativa— la parte demandada es responsable de las lesiones sufridas por el soldado regular C.A.A.G. o si por el contrario, se presenta la causal excluyente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima.

IV. Análisis de la Sala

14. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora y las circunstancias en las cuales ocurrió el mismo, es decir, está debidamente acreditado que el 15 de abril de 19XX alrededor de las 4:30 p.m., el entonces soldado regular C.A.A.G., sufrió una caída desde una altura superior a los 4 metros, cuando se encontraba adelantando labores de mantenimiento de las instalaciones del batallón de servicios XXX “XXX”, ubicado en XXX (Cundinamarca); al caer lo hizo sobre una estaca por lo que su muslo derecho resultó perforado y a consecuencia de ello quedó con una disminución de su capacidad laboral de un 39.58%.

15. En relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a los soldados que prestan su servicio militar obligatorio, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional—, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada aquella(2).

16. Así, frente a los perjuicios ocasionados a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de un deber público, la organización estatal debe responder, bien porque respecto de ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(3). No debe perderse de vista que, en tanto el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la medida en la cual se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones lo pone en estado de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

17. Igualmente, en relación con los soldados que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en uno cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados.

18. De otro lado, en cada caso concreto en el que se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada como generadora del daño, será necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el mismo, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a su generación. En consecuencia, la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material de los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, no es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles a la administración pública, pues se requiere, además, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Se afirma lo anterior en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle atribuible jurídicamente el daño(4).

19. De conformidad con lo expuesto y una vez establecido el daño padecido por la parte demandante, considera la Sala que el mismo debe serle imputado a la parte demandada —Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional—, toda vez que aquel constituyó la concreción de un riesgo anormal al cual fue sometido el entonces soldado regular C.A.A.G., por parte de la entidad pública accionada. En efecto, para el cumplimiento de su servicio militar obligatorio, al aludido soldado le fue asignada la tarea de efectuar el mantenimiento físico de las instalaciones del batallón de servicios XXX “XXX”, con sede en XXX (Cundinamarca), para la cual, el 15 de abril de 19XX debió subirse a una escalera a más de 4 metros de altura, para podar unas palmas que crecían sobre el techo del casino de oficiales de la brigada. Dicha actividad en concreto entrañaba un riesgo de naturaleza excepcional, el cual se materializó cuando el soldado cayó de forma accidental, desde la mencionada altura, sobre una estaca empotrada en el suelo, la cual se incrustó en su muslo derecho a la altura de la región inguinal, causándole como consecuencia una pérdida de su capacidad laboral en una proporción del 39.58%. 

20. El peligro que entrañaba el subirse a una escalera a más de 4 metros de altura a ejecutar una actividad de jardinería —tarea que le fue asignada al soldado regular A.G.— fue un riesgo anormal y de una entidad relevante, que dicho soldado no asumió voluntariamente ni mucho menos eligió compartir con el Estado; fue un peligro al que se vio expuesto en razón de la ejecución del servicio militar obligatorio y, en concreto, de una orden impartida en razón del servicio; por lo tanto el riesgo no le pertenecía al aludido soldado regular, sino a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y, al materializarse en la lesión padecida por el joven C.A.A.G. el 15 de abril de 19XX, dicha entidad pública es la llamada a reparar los perjuicios derivados de ella. 

21. Para la Sala resulta claro que la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se ve comprometida en el caso bajo análisis a título de riesgo excepcional, pues en el momento en el cual el mencionado joven fue incorporado a las filas del Ejército Nacional para cumplir con su obligación de definir su situación militar, este únicamente tenía el deber de soportar aquellas limitaciones o inconvenientes inherentes a la prestación del servicio militar obligatorio, como la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad, etc. Pero como durante la ejecución de su deber constitucional, le sobrevino una vulneración a derechos que tienen protección jurídica, como lo son la integridad personal, la salud y la vida, ella es causa de imputación al Estado del daño por él padecido, por cuanto en este caso, el mencionado soldado regular no compartió ni asumió ese tipo de riesgos con el Estado. 

22. En el presente caso no se encuentra configurada la cgausal excluyente de responsabilidad de hecho exclusivo y determinante de la víctima, como lo aseveró la parte demandada en las distintas oportunidades procesales en las cuales intervino, donde señaló que el soldado regular C.A.A.G. al tener asignada la tarea de mantenimiento de las instalaciones del batallón, ya debía ser experto en el desempeño de la misma, por lo cual la caída de la escalera, de la cual se derivaron las lesiones por las cuales en esta oportunidad demanda indemnización, se habría debido a su propio descuido y, por lo tanto, dicha situación implicaría la negación de las súplicas de la demanda.

23. Al respecto, ha sostenido la Sala que para que el hecho de la víctima pueda considerarse como causal excluyente de responsabilidad de la administración, en primer lugar, este debe ser imprevisible e irresistible para quien lo alega y además, debe acreditarse no solo que la víctima participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada(5), entendida como aquella causa idónea, eficiente y preponderante cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo:

... el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado. (...) la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño (...)(6).

Así mismo:

El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, como quiera que teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo(7)

24. En el expediente no obra prueba alguna que de manera fehaciente demuestre que la conducta de la víctima hubiere sido la causa exclusiva —y ni siquiera concurrente— del daño por ella padecido. Por el contrario, el material probatorio señala que la lesión sufrida por el soldado regular C.A.A.G. se debió a un lamentable accidente y no a un acto en el cual su obrar imprudente o irresponsable hubiere sido la causa adecuada del mismo. 

25. En este punto es relevante el informe administrativo por lesiones personales XXX del 20 de abril de 19XX, suscrito por el comandante del batallón de servicios XXX “XXX”, según el cual el 15 de abril de ese mismo año, cerca de las 4:30 p.m., en momentos en los cuales el soldado regular A.G. se encontraba subido en una escalera cortando unas ramas de palma junto al casino de oficiales de la brigada, sufrió una caída por lo cual “el accidente del SL. A.G.C.A. ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo”; es decir, fue la misma entidad pública demandada —debido a su inmediatez con los sucesos acaecidos— la que calificó el hecho en el cual resultó lesionado el soldado regular A.G. como un accidente por causa y razón del servicio, afirmación que no fue desvirtuada por otras pruebas allegadas al expediente, así como tampoco obra material probatorio alguno que ilustre a la Sala acerca del descuido en la ejecución de las tareas a él asignadas, en el cual habría incurrido el aludido soldado regular, según lo aseveró la parte demandada (fl. 75, cdno. pbas.).

26. En consecuencia, precisa la Sala que la causal excluyente de responsabilidad que consiste en el hecho exclusivo de la víctima, alegada por la parte demandada, no fue acreditada por esta, en cuanto era su carga al tenor del artículo 177 del CPC, según el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo cual, la declaratoria de responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional será declarada a título de riesgo excepcional.

27. Una vez establecido lo anterior, pasa a Sala efectuar la correspondiente liquidación de los perjuicios padecidos por la parte actora.

V. Liquidación de perjuicios

V.1. Consideración previa

28. Si bien la parte demandada afirmó en las distintas oportunidades en las cuales intervino a lo largo del proceso, que por las lesiones padecidas el 15 de abril de 19XX, el soldado regular C.A.A.G. ya habría sido indemnizado administrativamente, por lo cual no habría lugar a efectuar reconocimiento alguno en sede judicial, lo cierto es que en el expediente no obra prueba alguna que respalde tal aseveración, por lo cual, la Sala no hará pronunciamiento de fondo alguno al respecto.

V.2. Perjuicios inmateriales

a. Perjuicios morales

29. Por concepto de perjuicios morales, la parte actora solicitó para cada uno de los demandantes el pago del equivalente en pesos de 1.000 gramos oro, con el propósito de compensar el sufrimiento por ellos padecido, con ocasión de las lesiones sufridas por el joven C.A.A.G. el 15 de abril de 19XX, cuando se encontraba prestando su servicio militar obligatorio en el batallón de servicios XXX “XXX” con sede en XXX (Cundinamarca) (fl. 4, cdno. p.).

30. Se encuentra acreditado en el proceso que el joven C.A.A.G. (lesionado) es hijo de los señores F.A.V. y E.I.G. y que tenía por hermanos a la menor de edad B.Y.A.G., así como a los señores F.T., R.A. y A.J.A.G., ello de conformidad con las copias auténticas de los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 1 a 6, cdno. pbas.).

31. Respecto de la menor de edad B.Y.A.G., se tiene que estuvo debidamente representada en el proceso de la referencia, en tanto que sus padres, de los señores F.A.V. y E.I.G., otorgaron poder a un profesional del derecho, en nombre propio y en representación de la referida menor. Al efecto se allegó al expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento de la niña, de donde se desprende que dichos señores tenían vigente la patria potestad de aquella, por ser menor de edad —17 años de edad— al momento de otorgar el poder a su representante judicial y de presentación de la demanda (fls. 1 y 2, cdno. p. y 5, cdno. pbas.).

32. Así mismo, se encuentra acreditado testimonialmente que tanto el joven C.A.A.G., como sus padres y hermanos, padecieron profunda tristeza y aflicción con ocasión de las lesiones sufridas por el primero de ellos el 15 de abril de 19XX, por conformar todos una cariñosa y unida familia y por la entidad misma de las lesiones, a consecuencia de las cuales el joven A.G. debió permanecer hospitalizado 31 días y fue sometido a intervenciones quirúrgicas e injertos de piel, además(8), como secuelas de sus heridas, el exsoldado quedó con cicatrices dolorosas y queloides y con una merma de su capacidad laboral del 39.58%(9) (testimonios rendidos ante el a quo los días 24, 27 y 28 de octubre de 19XX por los señores H.O.M.S., F.R.C., G.L.C.A., H.F.G.C., P.V.A., E.M.G. y L.A., fls. 59 a 71, cdno. pbas.).

33. Con base en lo anterior, para la Sala es claro que a raíz de las heridas sufridas por el joven C.A.A.G. el 15 de abril de 19XX, tanto el lesionado como sus familiares, padecieron un perjuicio moral que debe ser compensado por la parte demandada. Ahora, si bien en el presente caso existe prueba fehaciente de la congoja padecida por los familiares cercanos del joven A.G., es importante precisar que respecto de la indemnización por perjuicios morales en casos de lesiones, la Sección Tercera había considerado que, para efectos del reconocimiento de dicho perjuicio era necesario diferenciar el tipo de lesión —grave o leve— con el fin de establecer una presunción de carácter probatorio para acceder a la indemnización.

34. En varias oportunidades y con fundamento en dicha posición, se afirmó que cuando la lesión fuese de aquellas graves, los parientes cercanos de la víctima estaban obligados a demostrar la gravedad de la lesión y el parentesco, para que se pudiera inferir que padecieron el perjuicio moral; y que, en los casos en que la lesión fuere leve, los parientes cercanos tenían la carga de acreditar la lesión, el parentesco y la congoja o tristeza que sufrieron, dado que sin esas pruebas resultaba imposible inferir el padecimiento moral de los familiares cercanos. En todo caso, en ambos eventos, el directamente lesionado tenía derecho a la indemnización por concepto de perjuicios morales, en consideración a que fue quien sufrió directamente el impacto de la lesión.

35. Esa posición varió y mediante sentencia del 16 de octubre de 20XX, la Sala consideró que no hay lugar a diferenciar por razón del tipo de lesión a efecto de reconocer los perjuicios morales, sino que el efecto útil de dicha diferenciación recae en el grado de intensidad del daño y cobra relevancia en la graduación del monto de la indemnización, mas no en la prueba del perjuicio como tal. En esa oportunidad, la Sala abandonó la tesis según la cual la presunción del perjuicio dependía de la intensidad de la lesión y acogió la posición descrita, según la cual, hay lugar al reconocimiento de perjuicios morales en los eventos de lesiones corporales, sin importar si son graves o leves:

Y es que se trata de dos temas diferentes, uno es la lesión que padece la víctima directa del daño y otro es el perjuicio moral que sufre el lesionado y sus parientes más cercanos. En efecto, la diferencia entre lesiones graves y leves no es la que permite crear la presunción de los perjuicios morales causados a los parientes cercanos a la víctima del daño, en tanto que esta distinción solo sirve para establecer la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y, por el contrario la presunción surge por el simple hecho de que se le haya causado la lesión o la muerte a la víctima.

En este sentido, no se le puede exigir a los parientes cercanos de la víctima que prueben el daño moral en razón de que la lesión fue leve, para en cambio presumir este perjuicio cuando la lesión fue grave, toda vez que, una lesión genera un perjuicio de carácter moral no solo para quien padece el daño antijurídico, sino también para las víctimas indirectas, por cuanto es la de la naturaleza humana que la afectación de un familiar cercano o de una persona allegada genere dolor moral en las personas más próximas, en tanto que deben soportar el dolor que les produce ver a un familiar lesionado y en las más de las veces son estas personas las que acompañan al lesionado en su recuperación, razón por la cual se debe presumir el perjuicio moral en los eventos de lesiones corporales, sin importar que esta sea de naturaleza grave o leve.

No obstante, cabe precisar que si bien se presume el perjuicio moral para los parientes cercanos de la víctima cuando se le genere una lesión corporal, la intensidad de la lesión permitirá graduar el monto de la indemnización, motivo por el cual, en los eventos en que la lesión sea grave el monto de la condena se aproximará a la máxima que la jurisprudencia otorga en estos eventos, pero si es leve, la condena disminuirá.

Así las cosas, la Sala recoge la tesis que entendía que la presunción por perjuicios morales dependía de la intensidad de la lesión, para en cambio señalar mayoritariamente que la presunción para los perjuicios morales opera en los eventos de lesiones corporales sin importar que estas sean graves o leves(10).

36. La Sala reitera en esta oportunidad la anterior perspectiva y con fundamento en ella, se considera que si bien las lesiones sufridas por el joven C.A.A.G. no pueden calificarse como leves, tampoco se encuentran en el rango de aquellas que la jurisprudencia ha considerado como gravísimas(11) pero, dadas las condiciones de las mismas (cirugía, inserción de injertos de piel, cicatrices permanentes dolorosas y queloides y disminución de su capacidad laboral), considera la Sala que un monto razonable, tasado en salarios mínimos legales mensuales(12), corresponde a 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el lesionado; para cada uno de sus padres, los señores F.A.V. y E.I.G. 35 smmlv y para cada uno de sus hermanos, B.J., F.T., R.A. y A.J.A.G., 17.5 smmlv.

b. Perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia

37. Por concepto de “perjuicios fisiológicos” a favor del señor C.A.A.G., se solicitó en la demanda un valor de $ 40.000.000, con el propósito de compensar la pérdida del goce de la vida, pues sus lesiones lo dejaron imposibilitado para practicar deportes y bailar, entre otras actividades, propias de una vida normal (fl. 4, cdno. p.).

38. Respecto al perjuicio solicitado en la demanda, denominado en ella “perjuicio fisiológico”, estima la Sala necesario precisar que mediante sentencia del 19 de julio de 20XX se reformuló dicho concepto por el de daño a la vida de relación; al respecto se dijo:

... el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial —distinto del moral— es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre(13).

39. Más adelante, según lo refleja la sentencia proferida el 15 de agosto de 20XX(14), la Sala abandonó dicha denominación y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, en los siguientes términos:

En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando —en ocasiones de manera inadecuada o excesiva— para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no solo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado social de derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1º de la Constitución Política.

En la citada sentencia del 19 de julio de 2000 se dijo, refiriéndose al daño a la vida de relación social que “[p]ara designar este tipo de perjuicio, ha acudido la jurisprudencia administrativa francesa a la expresión alteración de las condiciones de existencia, que, en principio y por lo expresado anteriormente, parecería más afortunada. No obstante, considera la Sala que su utilización puede ser equívoca, en la medida en que, en estricto sentido, cualquier perjuicio implica, en sí mismo, alteraciones en las condiciones de existencia de una persona, ya sea que estas se ubiquen en su patrimonio económico o por fuera de él”.

Resulta ahora pertinente recoger estos planteamientos para señalar que si bien es cierto que la expresión relativa a la alteración de las condiciones de existencia resulta ser más compresiva y adecuada, mal podría pensarse, desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, que todo perjuicio, de cualquier carácter y magnitud, comporte necesaria y automáticamente una alteración a las condiciones de existencia jurídicamente relevante.

(...).

El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial —que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral—, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones (resaltado original).

40. En el presente caso, para la Sala resulta claro que el joven C.A.A.G. sufrió, además del daño moral que le produjeron per se las lesiones por él padecidas el 15 de abril de 19XX, una alteración grave a sus condiciones de existencia, cuya indemnización depreca como “perjuicio fisiológico”, el cual rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida exterior.

41. Tal como se analizó anteriormente, la Sala ha considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, estas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas.

42. Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en las cuales se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de cualquier otra índole.

43. En el presente asunto resulta evidente que el lesionado sufrió tanto un daño moral como una alteración grave a las condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas y se refieren, especialmente, a la preocupación y a la angustia que le produjo la gravedad de la lesión. Pero además resulta incuestionable que el exsoldado A.G. se vio afectado por la imposibilidad que le ocasionó el daño para realizar en el futuro aquellas actividades que cotidiana y normalmente desarrollaba.

44. En relación con las limitaciones que ha tenido que padecer el joven A.G., por los hechos ocurridos el 15 de abril de 19XX, mediante prueba testimonial se tiene acreditado que el mencionado lesionado se ha visto considerablemente afectado, teniendo en cuenta que quedó impedido para desarrollar las actividades que normalmente desplegaba, las cuales le producían placer, como lo era jugar fútbol, caminar sin dificultades, montar en bicicleta, bailar, e incluso bañarse en el río y en las piscinas pues aparte del dolor que le produce la natación, le da mucha vergüenza exhibir sus cicatrices por su aspecto queloidal (testimonios rendidos ante el a quo los días 24, 27 y 28 de octubre de 19XX por los señores H.O.M.S., F.R.C., G.L.C.A., H.F.G.C., P.V.A., E.M.G .y L.A., fls. 59 a 71, cdno. pbas.).

45. En consecuencia de lo expuesto, la Sala reconocerá dicho perjuicio, a favor del señor C.A.A.G. en la cuantía equivalente a 85 smlmv.

V.3. Perjuicios materiales

a. Daño emergente

46. Por daño emergente consolidado y futuro, se solicitó a favor del lesionado, como mínimo un monto de $ 30.000.000, por los gastos en los cuales ha debido incurrir y en los que incurrirá a lo largo de su vida, con el fin de recuperar y mantener su salud (fl. 4, cdno. p.). Al respecto observa la Sala que en el expediente no se encuentra acreditado este rubro indemnizatorio, motivo por el cual no se accederá al mismo.

b. Lucro cesante

47. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se pidió en la demanda, a favor del señor C.A.A.G. lo que resultara probado en el proceso, o como mínimo la suma de $ 100.000.000 en atención a que con ocasión de las lesiones por él padecidas el 15 de abril de 19XX, su capacidad laboral se disminuyó por el resto de su vida probable (fl. 4, cdno. p.).

48. Frente a lo anterior precisa la Sala que, mientras esté establecido el carácter cierto del daño —pérdida o disminución de la capacidad laboral— aunque en ese preciso momento la víctima no desarrolle una actividad económicamente productiva —el joven A.G. se encontraba prestando el servicio militar obligatorio—, tiene derecho a que se le indemnice, a título de lucro cesante, la pérdida o aminoración de la posibilidad que tenía de ganarse la vida en una actividad lucrativa empleando el 100% de su capacidad laboral. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal(15).

49. En el caso bajo análisis se tiene acreditado que como consecuencia de las lesiones sufridas el 15 de abril de 19XX, el exsoldado C.A.A.G. quedó con una pérdida de su capacidad laboral de forma definitiva y permanente, en una proporción del 39.58%(16), con base en la cual, procede la Sala a liquidar tanto el lucro cesante consolidado, como el futuro.

50. En cuanto al período de tiempo a indemnizar, este va desde el momento en el cual el perjuicio se evidenció, esto es, el 17 de julio de 19XX, fecha en la que el soldado A.G. fue licenciado por tiempo de servicio militar cumplido(17), es decir, a partir de ese día el joven A.G. se encontraba en la posibilidad de desempeñar una actividad económicamente productiva, con el uso del 100% de sus capacidades, lo cual no ocurrió en tanto que durante su período de conscripción le sobrevino una lesión que lo dejo con su capacidad laboral aminorada; hasta el límite de la vida probable del lesionado.

51. Respecto del ingreso base para llevar a cabo la liquidación, se tomará el salario mínimo legal mensual vigente al momento en que el perjuicio se hizo hecho evidente, aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales. En consecuencia la renta a actualizar será la correspondiente al salario mínimo mensual vigente en 19XXX:

— Actualización de la renta:

19159 F1
 

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica, el smlmv de 19XX, que fue de $ 142.125.

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 106,83 que es el correspondiente a febrero de 20XX.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 26,27 que es el que correspondió al mes de julio de 19XX.

19159 F2
 

52. En este punto del cálculo, nota la Sala que a la fecha, la actualización del salario mínimo legal mensual vigente en 19XX ($ 419.889) es inferior al salario mínimo legal mensual actual ($ 535.600.). Por tal razón, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo(18). A dicho monto se le suma el 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 669.500) y del resultado obtenido se extrae el 39.58% ($ 264.988) que equivale a la pérdida de la capacidad laboral sufrida por el lesionado.

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica

19159 F3
 

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $ 264.988.

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

n = Número de meses transcurridos desde el momento en que el perjuicio se hizo evidente —jul. 17/XX— hasta la sentencia, es decir 181,53 meses.

1 = Es una constante

19159 F4
 

— Cálculo de la indemnización futura o anticipada

19159 F5
 

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $ 264.988.

i = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

n = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable del lesionado (nacido el 14 de septiembre de 1975), es decir 488,91 meses.

1 = Es una constante

19159 F6
 

53. De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para el señor C.A.A.G., es el siguiente:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 76.996.741$ 49.375.288 $ 126.372.029

IV. Costas

54. En atención a que para el momento en el cual se dicta este fallo la Ley 446 de 1998, en su artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de agosto 24 de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las lesiones sufridas por el señor C.A.A.G. el 15 de abril de 19XX.

2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Sesenta y cinco (65) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el señor C.A.A.G.;

Treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los señores F.A.V. y E.I.G. y,

Diecisiete punto cinco (17.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de los siguientes demandantes: B.J.A.G., F.T.A.G., R.A.A.G. y A.J.A.G.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, a favor del señor C.A.A.G. un monto de ochenta y cinco (85) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4. CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento veintiséis millones trescientos setenta y dos mil veintinueve pesos ($ 126.372.029) a favor del señor C.A.A.G.

5. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo —Ruth Stella Correa Palacio—Danilo Rojas Betancourth.

1 En razón de la cuantía, el proceso es de doble instancia, pues la pretensión mayor correspondiente a lucro cesante a favor de C.A.A.G., se estimó en $ 100.000.000, monto que supera la cuantía requerida en 19XX ($ 13.460.000) para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, fuere de doble instancia.

2 Al respecto, consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, exp. 18725, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008, exp. 18586 C.P. Enrique Gil Botero.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, C.P. Enrique Gil Botero.

4 Ibídem.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 3 de 2002, exp. 14207, C.P. Ricardo Hoyos.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 18 de 2000, exp. 11981, C.P. Alier Hernández.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 30 de 2007, exp. 15635, C.P. Ramiro Saavedra.

8 Ver supra párrafo 12 - d.

9 Ver supra párrafo 12 - f.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de octubre de 2008, exp. 17486, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada entre otras por la sentencia de noviembre 19 de 2008, exp. 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

11 Por ejemplo mutilaciones, pérdida de órganos o cuadriplejia.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes acumulados 13232 y 15646, C.P. Alier Hernández.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 2000, exp. 11842. C.P. Alier Hernández.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia AG-385 de agosto 15 de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

15 Sentencias en ese sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 17 de 2000, exp. 12123, C.P. Alier Hernández; sentencia de noviembre 22 de 2001, exp. 13121, C.P. Ricardo Hoyos y sentencia de marzo 8 de 2007, exp. 15739, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; entre otras.

16 Ver supra párrafo 12 - f.

17 Ibídem.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, exp. 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.