Sentencia 19198 de febrero 5 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 19198

Acta 007

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., febrero cinco dos mil tres.

EXTRACTOS: «Se considera

La acusación se centra en controvertir la conclusión del tribunal en el sentido que el demandante no demostró en el juicio su condición de trabajador oficial, afirmada en la demanda ordinaria, por lo que carece de competencia para dirimir el conflicto jurídico planteado entre las partes.

En tal dirección aduce el censor que el tema de la forma de vinculación del accionante a la empleadora no fue objeto de controversia entre las partes, y que la afirmación que hiciera éste en el gestor en el sentido que su vinculación laboral siempre estuvo regida por un contrato de trabajo es prueba suficiente para concluir que la jurisdicción ordinaria laboral es competente para dirimir el litigio, máxime cuando la entidad llamada al juicio ni siquiera propuso la excepción de “falta de competencia en la jurisdicción laboral (...)” (fl. 14 cdno. de cas.), y fue ella misma quien aportó copia autentica del contrato laboral.

Sin embargo, el ataque no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

1. Del examen al escrito que le dio génesis al presente proceso, visibles a folios 3 a 18 del expediente, si bien es cierto que la actora afirmó haber mantenido la condición de trabajadora oficial durante toda su vinculación al servicio de la demandada, ésta en ningún momento acepta tal aseveración al dar contestación a la demanda que obra a folios 44 a 47, al punto de expresar en forma general sobre los hechos, que ellos deberán ser probados en el curso del juicio. En esa dirección, el tribunal no pudo haber incurrido en la primera equivocación fáctica que se le imputa, de donde deviene razonable que el ad quem hubiera entrado inicialmente a examinar en su proveído el tema de la forma de vinculación laboral entre las partes, en camino de determinar si la jurisdicción ordinaria laboral era la competente para dirimir el conflicto surgido entre ellas.

De ahí que no es atendible la tesis de la acusación en el sentido que el fallo gravado desbordó los límites que le impone a los juzgadores el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al contencioso laboral por la integración procesal que permite el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral y de la seguridad social, dado que al no poderse inferir de la contestación de la demanda, como se constata, que la entidad pública demandada aceptó inequívocamente la afirmación del actor de que su forma de vinculación laboral era la contractual, propia de los trabajadores oficiales, es incuestionablemente congruente, en desarrollo además del artículo 177 del Código de Procedimiento Laboral, que el tribunal examinara en su proveído si el accionante cumplió con la carga de demostrar lo que expresó en el gestor, esto es, que su vinculación a la función pública en el ente descentralizado demandado estuvo regida por un contrato laboral.

2. Aunque es cierto que inveteradamente la jurisprudencia ha dejado sentado que la sola afirmación del demandante en el introductorio de que su vinculación laboral con el empleador de derecho público estuvo gobernada por un contrato de trabajo, es suficiente para que el juez laboral adquiera competencia para dirimir el conflicto, ello no va más allá de tener tal estricta consecuencia de índole adjetivo, pero no apareja que indefectiblemente el litigio deba resolverse con la premisa de que existió el contrato laboral, pues la decisión de mérito precisamente tiene que estar presidida por la determinación de si efectivamente entre las partes del juicio existió tal tipo de vinculación laboral.

3. Dentro del expediente no obra ningún documento de donde pueda inferirse, la existencia del contrato de trabajo escrito que suscribieron las partes contratantes, a que alude el recurrente en la demostración del cargo, pues si se observa la parte motiva de la sentencia controvertida, el ad quem dedujo el cargo desempeñado por la promotora del presente juicio, esto es, el de “revisor documentos nivel IV, categoría 112, en auditoría, de la prueba que contiene la Resolución Interna 05 del 7 de octubre de 1987, visible a folio 222, al igual que de la de folio 22 del expediente, medios de convicción que no fueron objeto de ataque en el presente cargo.

4. Y precisamente, como fue en perspectiva del cargo que ostentaba la demandante, de donde dedujo el sentenciador de alzada que las funciones inherentes al mismo, no correspondían a las de construcción y sostenimiento de obras públicas, ha debido el censor cuestionar esa conclusión cardinal del tribunal recurrido, demostrando como es su deber, que ese no era el cargo que desempeñaba la actora o que simple y llanamente, contrario a lo inferido por el ad quem, sí aparece acreditada la situación de hecho que se desestimó en la providencia.

5. El impugnante se abstiene de cuestionar el otro argumento que sirvió de soporte al tribunal para denegar los pedimentos de la demandada, en cuanto se dice que aun aceptando en gracia de discusión la calidad de trabajadora oficial de la demandante y por ende la competencia de esta jurisdicción, los acuerdos municipales de donde se soportan los derechos reclamados no le son aplicables a los trabajadores de la demandada, apoyado para ello en sentencias de esta corporación. En esa dirección, la providencia cuestionada ha de quedar inalterable, por permanecer con fundamento en aquel aspecto puntual inatacado, como insistentemente lo ha puntualizado la Sala.

Por tanto, el cargo no prospera.

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