Sentencia 192 de abril 25 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 192

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. El eje central de la acusación expresada en el cargo primero recae sobre la imposibilidad de aplicar las normas de carácter mercantil al vínculo jurídico que se dio entre las partes en litigio, con apoyo en que la sociedad portuaria se rige por reglas legales propias que actúan en armonía con otras atañederas con la actividad aduanera; en ese sentido, afirma el censor, el tribunal incurrió en yerro de índole jurídica por haber aplicado las normas del estatuto comercial donde no era dable hacerlo.

2. Más allá de la defectuosa formulación del cargo que brota de haberse denunciado la violación directa de la ley, sin parar mientes en que esta exige la plena conformidad del censor con las conclusiones probatorias del tribunal que en este caso dio por sentada la demostración de un contrato de depósito mercantil, a partir de cuya existencia precisamente aplicó las normas comerciales correspondientes, hecho base del cual discrepa abiertamente el casacionista, lo que sería suficiente para despacharlo de modo adverso al recurrente, basta verificar que no le asiste la razón a quien impugna el fallo del tribunal.

3. En efecto, existen normas positivas vigentes que regulan especialmente el servicio público que desarrollan dentro de su objeto social las sociedades portuarias, sean estas de carácter público o privado; pero tales normas, ni por asomo, excluyen la aplicación de otros preceptos en torno a las relaciones jurídicas específicas que se generan en relación con los usuarios, de las cuales ciertamente no se ocupa en particular la Ley 01 de 1991 que consagra el estatuto de puertos marítimos, ni el Decreto 1909 de 1992 que modifica parcialmente la legislación aduanera.

Por el contrario, el artículo 5º, n. 20, de la Ley 1ª de 1991, señala que pueden constituirse sociedades anónimas con capital privado, público o mixto, cuyo objeto social sea la inversión en construcción y mantenimiento de puertos y su administración, las cuales “podrán también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos” y otros servicios relacionados con dicha actividad.

En esa dirección con referencia a las sociedades y a los operadores portuarios determina el artículo 31 su régimen jurídico para disponer que “las sociedades portuarias se rigen por las normas del código de comercio, por esta ley y por las disposiciones concordantes”, e incluso añade, como para refrendar tal remisión, que “los actos y contratos de las sociedades portuarias en donde existen aportes públicos, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atención al porcentaje que tales aportes representen dentro del capital, ni a la naturaleza del acto o contrato”; de donde es dable deducir que para todas ellas se impone la aplicación de las normas comerciales, cuanto más si se trata de la celebración de actos o contratos celebrados con los usuarios.

4. Si lo anterior sucede en relación con el régimen portuario, con mayor razón se observa en el régimen aduanero, toda vez que el Decreto 1909 de 1992 determina el procedimiento que debe agotar la mercancía de procedencia extranjera para ser introducida en el territorio nacional y para el efecto establece que cuando la responsabilidad del transportador termina con el descargue de la mercancía, a partir de ese momento esta queda bajo la responsabilidad del puerto, operador portuario o importador, según el caso, hasta su entrega a un depósito habilitado (art. 13).

En cuanto al almacenamiento de la mercancía de procedencia extranjera en proceso de nacionalización, la legislación en mención prevé que se utilizarán depósitos habilitados para el efecto basta cuando se realicen los trámites para obtener su levante, a menos que la mercancía se entregue directamente al importador (arts. 16 a 18 ibíd.).

Igualmente se determina que el retiro de la mercancía, o lo que usualmente se conoce como el levante, solo podrá efectuarse con la debida autorización de la Dirección de Aduanas Nacionales para lo cual deberá entregarse al depósito autorizado en el cual se encuentre la mercancía, copia de la declaración de importación.

El depósito de la mercancía pendiente de ser nacionalizada se hace en los sitios que con tal fin habilita la Dirección de Aduanas Nacionales y por ello determina el artículo 102 del estatuto en mención, que “la habilitación conferida a un puerto de servicio público o privado, para efectuar operaciones de arribo, cargue, descargue y manejo de mercancías de procedencia extranjera, comprenderá su habilitación como depósito para el almacenamiento de tales mercancías”.

En esas condiciones, las obligaciones que incumben a las personas habilitadas para efectuar el depósito de las mercancías en proceso de importación, las regula el artículo 106 de dicho Decreto 1909 de 1992, y entre ellas se establecen las de “recibir, almacenar y custodiar las mercancías que le sean entregadas por el transportador” y “entregar, según el caso, la mercancía al declarante únicamente cuando se haya autorizado su levante por la Dirección de Aduanas Nacionales”.

5. De allí que la protesta del impugnante por haberse aplicado la legislación mercantil carezca de fundamento, motivo por el cual el cargo primero está llamado a fracasar, y por ese camino el de las demás acusaciones, pues en lo que respecta a la prueba del contrato de depósito y al monto de la indemnización pronto se advierten también como infundados los demás cargos, según pasa a verse enseguida:

a) En este caso, el certificado expedido por la cámara de comercio para probar la existencia de la sociedad demandada, define que aquélla se creó para administrar el puerto de servicio público de Buenaventura mediante la ejecución de todas las actividades que las normas atribuyen a las sociedades portuarias regionales.

b) La empresa demandante aportó la factura de exportación de la mercancía; la declaración de importación en que figura la mercancía con las características y el peso que se especificaron en el primer documento; la denuncia penal que Aduanimex Ltda. formuló y en la que adujo que la vigilancia de la mercancía al momento del hurto estaba a cargo de la sociedad portuaria; factura en la que consta el pago que la empresa demandante hizo a la demandada por el uso de la infraestructura, en la que, además, aparece el contenedor con el peso registrado en los restantes documentos; carta de Aduanimex a la sociedad portuaria para informar el arribo de la mercancía con la advertencia que por su naturaleza requería especiales precauciones; reclamación hecha por Aduanimex en representación de la empresa demandante a la sociedad portuaria por la pérdida de la mercancía que salió de dichas instalaciones con orden de retiro falsa pero con todas las especificaciones técnicas; la orden de retiro en mención; y las ulteriores reclamaciones por la pérdida.

Documentos, los mencionados, que apreciados en conjunto le permitieron al tribunal constatar razonablemente la presencia de un contrato de depósito, no sin dejar de ver que en las circunstancias que este caso ofrece se imponía la celebración de dicho vínculo con carácter oneroso, apreciación que no reluce en últimas contraevidente, cuanto mas sí en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada, este afirmó que se le prestó servicio de almacenaje y uso de la infraestructura a la empresa demandante y que por consiguiente la obligación de la sociedad portuaria “desde el momento en que le es entregada la carga y/o mercancía en custodia es protegerla, cuidarla hasta su entrega al embarcador representante de la Cía. o directamente a este”.

c) Igualmente cuando la sociedad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, adujo buena fe al momento de recibir en depósito la unidad de carga, lo que a las claras evidencia que el tribunal no se inventó el contrato de depósito existente entre las partes, por el contrario, lo encontró probado con el estudio de múltiples piezas del expediente y la correcta evaluación que hizo de las circunstancias fácticas que rodearon el caso, sin que desde luego se requiera para el efecto que las partes se expresaran de modo manifiesto y por su denominación sobre el carácter exacto del vínculo que se generaba entre ellas.

d) No sobra añadir que el sentenciador para deducir la responsabilidad de la demandada se basó inicialmente en la constancia de haber recibido el contenedor con la especificación de la mercancía recibida, en la falta de diligencia de ella para hacer las constataciones correspondientes, en que tampoco tuvo reparo para hacer la reclamación a su aseguradora aludiendo tanto al contenedor como a la mercancía guardada en él, hechos de los cuales, aun prescindiendo de la calificación jurídica que se le otorgó al bodegaje aceptado, resultaren ser también fundamento del fallo acusado respecto de los cuales la censura pasó de largo. De allí que el cardo secundó, tampoco pueda alcanzar la prosperidad.

3. Finalmente, y hacia donde apunta el cargo tercero, la operadora portuaria pretende eximirse de su responsabilidad con el argumento de no estar probada la existencia de la mercancía y en cuanto a la indemnización, aduce que no se demostró el monto de la misma.

Esas, sin embargo, son acusaciones que, como ocurrió con las examinadas anteriormente, caen en el vacío porque no existe ninguna evidencia que desvirtúe la prueba documental que acredita la naturaleza, cantidad, calidad, cuantía y demás características de la mercancía de propiedad de la empresa demandante, lo que por consiguiente no hace significativa la premisa expuesta por la sociedad demandada en el sentido de carecer de competencia para hacer un examen previo de la misma que fue puesta de todos modos a su disposición y apoyar así su ausencia de responsabilidad.

Constituye sin duda una muy débil defensa pretender que la custodia por parte de la sociedad demandada se refería al simple contenedor y no a la mercancía guardada dentro de él, cuando no es solamente la realidad la que evidencia que no se trata de nacionalizar el empaque sino su contenido, sino que es la propia legislación interna, la que tanto reclama en su favor la demandada, la que se refiere al depósito de la mercancía pendiente de ser importada.

4. Es extraña, de otra parte, la acusación que gira alrededor del terna de la cuantía en que se fijó el monto de la indemnización, porque este se refiere al precio de compra de la mercancía importada que sustrajeron las personas referidas en la resolución de acusación que obra en el expediente, cuya demostración está dada por la factura de exportación y las declaraciones en tal sentido dadas a las autoridades portuarias y aduaneras.

5. A todo lo anterior se agrega el silencio guardado por el censor sobre los elementos de juicio que tuvo el tribunal para deducir que la sociedad demandada sí tuvo conocimiento de qué y de cuánta mercancía habría de responder, tal como se señaló en el compendio del cargo, los cuales, aparte de la negligencia que se le imputa a la demandada por no haber verificado el contenido de la carga, no merecieron ningún comentario del impugnante.

6. En suma, pues, ninguno de los cargos propuestos puede alcanzar éxito.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de diciembre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en el proceso de la referencia.

Las costas causadas en casación son de cargo de la parte recurrente y serán tasadas en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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