Sentencia 19201 de mayo 21 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Lombana Trujillo

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dos.

Aprobado acta Nº 54

Considera la Sala la solicitud de nulidad elevada por el apoderado de los procesados en cuya defensa se presentó demanda de casación excepcional contra el fallo de fecha septiembre 21 de 2001, proferido por el Tribunal Superior de Manizales.

Antecedentes

1. En providencia del 18 de octubre de 2000, la Fiscalía Seccional de Manizales elevó acusación en contra de los sindicados Hernando León Cañas Hoyos, Duverley Londoño Vargas, José Fernando Galvis Salazar, Janneth Arcila Montes y Juan Diego Vallejo Ocampo, como coautores del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, previsto en el artículo 241A del Código Penal anterior, adicionado por la Ley 57 de 1993, decisión en la que al primero de los citados se le derivó además la circunstancia específica de agravación contemplada en el citado precepto.

2. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales celebró la audiencia pública y en fallo del 21 de febrero del 2001 absolvió a los procesados del cargo formulado en la resolución acusatoria.

El Tribunal Superior de esa misma ciudad se pronunció sobre la apelación presentada por la fiscalía seccional en sentencia de fecha septiembre 25 del mismo año, mediante la cual revocó el pronunciamiento del a quo. En su lugar, condenó al indagado Cañas Hoyos en calidad de autor, y a los restantes vinculados como cómplices del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, decisión contra la cual se interpuso la casación excepcional.

En auto del 29 de octubre último se concedió la impugnación presentada y el tribunal ordenó surtir los traslados de rigor.

3. En memorial presentado el 18 de diciembre de 2001, el mandatario judicial de los procesados pidió la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a partir del fallo de segundo grado. Argumentó que los escritos defensivos allegados al tribunal durante el trámite de segunda instancia se incorporaron al expediente luego de tal decisión, por lo tanto, que con menoscabo del derecho de contradicción quedaron sustraídos de cualquier respuesta en dicho pronunciamiento.

También solicitó informar la anomalía puesta de presente a la autoridad respectiva para la investigación penal a que hubiere lugar, el otorgamiento de la libertad provisional al sindicado Cañas Hoyos y, finalmente, la suspensión del trámite de la casación "mientras se decide sobre los hechos denunciados".

En auto del 15 de enero de 2002, el magistrado sustanciador ordenó la expedición de copias con destino a la fiscalía para los fines pertinentes y se abstuvo de considerar la petición de nulidad reseñada, pues afirmó que el tribunal había perdido competencia para pronunciarse en torno a ella al haber sido proferido el fallo de segundo grado. Contra esta providencia el apoderado interpuso los recursos de reposición y apelación, este último con carácter subsidiario, a los que tampoco les dio curso argumentando su manifiesta improcedencia.

4. El defensor de los sindicados presentó la demanda de casación excepcional remitida a la Corte para su calificación.

4.1. Mediante escrito separado, el referido profesional insiste en la irregularidad estructurada con ocasión de la tardía incorporación al expediente de los memoriales a través de los cuales y durante el trámite de segunda instancia reivindicó la aplicación retroactiva favorable de los códigos Sustantivo y Procesal Penal vigentes, relegados en consecuencia de cualquier respuesta por parte del tribunal. Tal anomalía se acrecienta, afirma, pues el magistrado sustanciador admitió el oportuno conocimiento de dichos memoriales pero que marginó de toda consideración en el fallo dictado, según adujo, por virtud de su extemporánea presentación, circunstancia de la cual infiere un ocultamiento rayano en la comisión de un delito contra la administración pública.

4.2. Indica que la importancia de los memoriales a los cuales no se les brindó respuesta radica en su contenido, porque argüía en ellos la inaplicabilidad del artículo 241A del Código Penal para los hechos cometidos antes de la Ley 643 de 2001, como acontece respecto del comportamiento imputado a sus asistidos, pues con antelación a la expedición de aquella constituía un imposible legal la integración de la conducta delictiva reprimida en la citada norma, máxime ante las regulaciones contenidas en el artículo 6º del actual estatuto punitivo, a través de las cuales se desarrolla el principio de legalidad.

Con los anteriores argumentos el defensor solicita a la Corte que "disponga la nulidad de todo lo actuado a partir del 9 de agosto de 2001 fecha de presentación del primero de los memoriales, ordenando a la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, que tome la determinación que en derecho corresponda", desde luego, con análisis de las alegaciones contenidas en sus escritos. Alternativamente plantea que si esta corporación lo "tiene a bien, y considera que se ha presentado una flagrante violación de derechos fundamentales de los procesados o de alguno de ellos, dar el trámite de tutela a esta formulación".

Consideraciones de la Corte

1. Resulta incontrastable que la declaratoria de nulidad pretendida por el defensor de los sindicados en esta fase de las diligencias, cuando la actuación arribó para la calificación de la demanda de casación excepcional presentada contra el fallo de segunda instancia dictado en contra de aquellos por el Tribunal Superior de Manizales, desborda con evidencia las limitadas atribuciones de la Corte, que en el presente asunto y de conformidad con el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, aparecen restringidas a la admisión o no del libelo, en el primer caso, con la consecuente orden de surtir el correspondiente traslado al Ministerio Público, para que en los términos del citado precepto "obligatoriamente emita concepto".

Lo anterior, en el entendido que la competencia de la Sala durante la casación se restringe a las cuestiones inherentes a la impugnación extraordinaria, sin que en manera alguna pueda ampliarse a cuestiones incidentales o a la resolución de peticiones ajenas a la misma, como acontece precisamente con evidencia respecto de la solicitud del mandatario judicial de los procesados, mediante la cual no controvierte la legalidad del trámite impartido al recurso excepcional presentado, sino que aduce la comisión de presuntas irregularidades con precedencia incluso al proferimiento del fallo de segundo grado.

No sobra agregar, por otra parte, ante el carácter rogado y limitado de la casación, que de admitirse el libelo la competencia de la Corte al tenor del artículo 216 del estatuto procesal penal se circunscribe a las causales de casación expresamente alegadas por el impugnante, sin perjuicio desde luego de la facultad para declarar nulidades de oficio o para casar la sentencia cuando surja ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales, atribución que en todo caso y de acuerdo con el reiterado criterio de la Sala, presupone una demanda en forma y sólo puede ser ejercitada en el correspondiente fallo.

En este orden de ideas, entonces, frente a la solicitud de nulidad de la defensa no queda alternativa distinta a la de abstenerse de pronunciarse.

2. Adicionalmente, constituye un verdadero despropósito del apoderado pretender, en forma alternativa además, que a la petición comentada se le imparta el "trámite de tutela" en el evento de estimarse vulnerados los derechos fundamentales de los procesados, pues si bien dicha acción está regida por el principio de informalidad, esta característica en manera alguna comporta la posibilidad de que las autoridades públicas accedan a su impulsión oficiosa, a lo cual aspira en últimas el defensor, quien somete incluso a la discrecionalidad de la Corte la precisión sobre la existencia o no de una situación de la cual se derive el menoscabo de tales derechos, pasando por alto que si los estima vulnerados, con las exigencias propias en punto de la representación judicial y las demás previstas en la reglamentación legal respectiva, bien puede solicitar en forma directa su protección de los funcionarios competentes.

3. Resta añadir que esta providencia se sustrae de todo recurso, pues la reposición se encuentra prevista por regla general en el artículo 189 del estatuto procesal penal para las providencias interlocutorias "de primera o única instancia y contra las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en segunda instancia", que no es el caso de la acogida en ese asunto durante el trámite de la casación excepcional presentada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ABSTENERSE de pronunciarse sobre la solicitud de nulidad presentada por el defensor de los procesados.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

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